Jorge Corrales Quesada
18/05/2015, 13:36
EL ESTADO INEFICIENTE-EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL
Por Jorge Corrales Quesada
No hay duda que el tema de la aprobación de un presupuesto del gobierno central, con un aumento de un 19% con respecto al mismo del año anterior, se las sigue trayendo. Hace poco releía un artículo de La Nación del 10 de setiembre, el cual lleva por título “Hacienda lanza alerta por fuerte alza en gasto del Poder Judicial: Presupuesto de la Corte creció en 7.9% en el 2013 y un 14.5% para el 2015”. Me imagino que, por falta de espacio en ese encabezado, se omite que ese presupuesto aumentó también en casi un 12% en el 2014. En todos esos años las alzas fueron muy superiores al crecimiento de los precios (inflación), por lo cual hubo aumentos reales significativos del gasto del Poder Judicial.
Tan es así, que el mismo viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, señaló que “El Poder Judicial es un rubro presupuestario de altísimo peso y cumple con los dos requisitos para ser un disparador del gasto: es voluminoso y crece rápido. Además es un destino específico. Una reforma tributaria implicaría un alza del presupuesto de la Corte… (ese presupuesto) tiene un efecto en cadena. Por el efecto acumulado del porcentaje en sí mismo y los salarios crecientes.” De paso, de ese presupuesto un 85.7% se dedica a la partida de “remuneraciones”, que es la que comprende los sueldos, los incentivos salariales, el alza en los aportes al fondo de pensiones y la creación de nuevas plazas. Gastos corrientes…
A mí no me extraña el porqué de la preocupación del señor viceministro, pues incluso “para el 2015, la entidad (el Poder Judicial) consumirá el 9.6% de la recaudación de impuestos, recalcó Pacheco”. Pero es aquí en donde saltan mis dudas. En primer lugar, no sé si este monto tan elevado del presupuesto incrementado del Poder Judicial, está contenido dentro del presupuesto del 2015 que en su momento el Poder Ejecutivo, por medio del ministerio de Hacienda, envió para la aprobación de la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, no sé si en el presupuesto que finalmente (se supone, si no es que las cortes deciden en contrario) se aprobó en medio de acusaciones sustentadas de abuso de poder por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, se incluye ese aumento que tanto preocupa al señor viceministro. Y, en tercer lugar, de ser cierto lo expuesto en el punto segundo antes mencionado, no entiende uno porqué el propio ministerio de Hacienda, quien es el que confecciona los presupuestos del gobierno central, que incluye los del Poder Judicial, no hizo nada para reducirlo al enviarlo a la aprobación legislativa.
La verdad es que es necesario que se conozca lo sucedido, pues podríamos estar enfrentando una hipocresía más en torno al presupuesto recién aprobado: pedir la aprobación por el monto que se remitió y, al mismo tiempo, quejarse porque ese monto está fuera de toda proporción y provocando un serio daño al convertirse en un fuerte disparador del gasto público.
Pero también es necesario destacar que el 56% de los salarios será cubierto mediante créditos, dejando de lado aquel principio esencial para una buena administración financiera y presupuestaria, cual es que no se puede financiar gastos corrientes -como los salarios- mediante ingresos extraordinarios (esto es aquellos distintos a los ingresos ordinarios de la institución como es el caso de ingresos provenientes de préstamos, de endeudamiento). Este principio está claramente contenido en la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera. Esto me permite hacer gala de mi suspicacia: ¿habrá alguna relación entre la forma en que se financian los gastos corrientes del Poder Judicial mediante endeudamiento y la posición de la Corte en ciertos fallos que ha permitido, incluso ante señalamientos en contrario de la Contraloría General de la República expuestos en muchas ocasiones previas, que se financien gastos corrientes con deuda? Piense usted, amigo lector, lo que quiera en este sentido.
Publicado el 18 de diciembre del 2014.
Por Jorge Corrales Quesada
No hay duda que el tema de la aprobación de un presupuesto del gobierno central, con un aumento de un 19% con respecto al mismo del año anterior, se las sigue trayendo. Hace poco releía un artículo de La Nación del 10 de setiembre, el cual lleva por título “Hacienda lanza alerta por fuerte alza en gasto del Poder Judicial: Presupuesto de la Corte creció en 7.9% en el 2013 y un 14.5% para el 2015”. Me imagino que, por falta de espacio en ese encabezado, se omite que ese presupuesto aumentó también en casi un 12% en el 2014. En todos esos años las alzas fueron muy superiores al crecimiento de los precios (inflación), por lo cual hubo aumentos reales significativos del gasto del Poder Judicial.
Tan es así, que el mismo viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, señaló que “El Poder Judicial es un rubro presupuestario de altísimo peso y cumple con los dos requisitos para ser un disparador del gasto: es voluminoso y crece rápido. Además es un destino específico. Una reforma tributaria implicaría un alza del presupuesto de la Corte… (ese presupuesto) tiene un efecto en cadena. Por el efecto acumulado del porcentaje en sí mismo y los salarios crecientes.” De paso, de ese presupuesto un 85.7% se dedica a la partida de “remuneraciones”, que es la que comprende los sueldos, los incentivos salariales, el alza en los aportes al fondo de pensiones y la creación de nuevas plazas. Gastos corrientes…
A mí no me extraña el porqué de la preocupación del señor viceministro, pues incluso “para el 2015, la entidad (el Poder Judicial) consumirá el 9.6% de la recaudación de impuestos, recalcó Pacheco”. Pero es aquí en donde saltan mis dudas. En primer lugar, no sé si este monto tan elevado del presupuesto incrementado del Poder Judicial, está contenido dentro del presupuesto del 2015 que en su momento el Poder Ejecutivo, por medio del ministerio de Hacienda, envió para la aprobación de la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, no sé si en el presupuesto que finalmente (se supone, si no es que las cortes deciden en contrario) se aprobó en medio de acusaciones sustentadas de abuso de poder por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, se incluye ese aumento que tanto preocupa al señor viceministro. Y, en tercer lugar, de ser cierto lo expuesto en el punto segundo antes mencionado, no entiende uno porqué el propio ministerio de Hacienda, quien es el que confecciona los presupuestos del gobierno central, que incluye los del Poder Judicial, no hizo nada para reducirlo al enviarlo a la aprobación legislativa.
La verdad es que es necesario que se conozca lo sucedido, pues podríamos estar enfrentando una hipocresía más en torno al presupuesto recién aprobado: pedir la aprobación por el monto que se remitió y, al mismo tiempo, quejarse porque ese monto está fuera de toda proporción y provocando un serio daño al convertirse en un fuerte disparador del gasto público.
Pero también es necesario destacar que el 56% de los salarios será cubierto mediante créditos, dejando de lado aquel principio esencial para una buena administración financiera y presupuestaria, cual es que no se puede financiar gastos corrientes -como los salarios- mediante ingresos extraordinarios (esto es aquellos distintos a los ingresos ordinarios de la institución como es el caso de ingresos provenientes de préstamos, de endeudamiento). Este principio está claramente contenido en la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera. Esto me permite hacer gala de mi suspicacia: ¿habrá alguna relación entre la forma en que se financian los gastos corrientes del Poder Judicial mediante endeudamiento y la posición de la Corte en ciertos fallos que ha permitido, incluso ante señalamientos en contrario de la Contraloría General de la República expuestos en muchas ocasiones previas, que se financien gastos corrientes con deuda? Piense usted, amigo lector, lo que quiera en este sentido.
Publicado el 18 de diciembre del 2014.