Jorge Corrales Quesada
17/03/2015, 08:43
RAZONES CIUDADANAS PARA NO ACEPTAR MÁS IMPUESTOS
Por Jorge Corrales Quesada
Una información de La Nación del 10 de diciembre, bajo el encabezado “Estado recibe mala nota en gestión de tributos: ITCR dio resultados de encuesta de opinión”, entre otras cosas importantes, señala que “Un 86% de los costarricenses (la entrevista fue formulada a 513 jefes de hogares) opina que el Estado desperdicia el dinero mediante impuestos.” No sólo esto podría reiterar la antigua creencia de que, al ser los impuestos una materia odiosa, sería de esperar un alto porcentaje de rechazo a los gravámenes de parte de la población, pero más bien indica que la gente considera que esos fondos, que paga como impuestos, no son bien utilizados por el gobierno y que, por el contrario, son desperdiciados.
Aunque lo que señala La Nación de esa encuesta realizada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica no brinda específicamente el porcentaje de aceptación de los impuestos, sí expresa que “aunque muchos apoyan una reforma fiscal, se oponen a que esto conlleve un aumento tributario.” Habría sido interesante tener una idea de cuántos son esos “muchos”. Pero, por datos indirectos, me da la impresión de que los tales “muchos” en realidad no son tantos. Veamos, por ejemplo: La Nación indica que “sólo el 21% de los entrevistados cree que el Estado recauda el dinero de manera eficiente.” Si el 79% restante -pienso- considera que el estado es ineficiente en su recaudación (o no sabe o que no es eficiente ni ineficiente), me imagino que no estaría tan dispuesto a darle la plata a un recaudador ineficiente, pues tal conducta podría estar reflejando un alejamiento de lo que se podría considerar como un sistema tributario “justo o equitativo”. Pero también porque “un 72% de los entrevistados opina” que los impuestos recaudados “les benefician poco”. Casi que uno puede considerar como extraña una conducta por la cual la persona desee pagar por algo que siente le beneficia poco. Lo lógico, más bien, es que, si se considera que algo casi no lo beneficia, tendería a abstenerse de pagar por ello. De paso, además de ese 72%, “un 13% es más radical aún y sostiene que no ayudan en nada,” según informa el reportaje citado.
Para mí es evidente el divorcio que hay entre la decisión ciudadana de pagar impuestos y el beneficio que obtiene de ellos, ya sea directa o indirectamente. Como me dijo una persona cercana en una ocasión: “si uno viera que con las platas que uno paga como impuestos, el gobierno hace cosas que uno necesita o le sirven, tendría una mayor voluntad de pagarlos.”
Ya sabemos del estado deficitario de las finanzas del gobierno; esto es, que hay un exceso de gasto más allá de los tributos que percibe. En gran parte, el gobierno ha planteado la necesidad de aumentar los impuestos (y, en menor proporción, reducir el gasto) pero, con toda franqueza, creo que la aprobación de aquella propuesta está en alitas de cucaracha, cuando el ciudadano observa el comportamiento de un gobierno que aprueba un presupuesto de gastos para el 2015 con un incremento de un 19% con respecto al del 2014. Por ello, es interesante señalar que sólo el 21% de las personas encuestadas “estarían dispuestas a pagar más para mejorar las finanzas del Estado”, según lo señala La Nación. Esta posición se me hace cuesta arriba, cuando lo comparo con aquél 86% que dice que el gobierno desperdicia la plata que recauda como impuestos y con aquel 79% (con la calificación que antes hice) que habría indicado que la recaudación de impuestos por el gobierno es ineficiente.
Por otra parte, 2 de cada 5 entrevistados dicen que el gobierno “ya debería de estar” impulsando la reforma fiscal -seamos claros, la expresión “reforma fiscal” no es más que un eufemismo de “aumentar los impuestos- pero habrá que ver si, una vez que el gobierno anuncie sus propuestas específicas de alzas en los tributos, los ciudadanos van a estar tan de acuerdo con que se pongan ya los nuevos y mayores gravámenes. No me extraña que entre los proponentes de que el gobierno desde ahora le debe entrar a la reforma fiscal con los mayores impuestos, estén quienes de manera significativa reciben ingresos provenientes de ese gasto estatal, ya sea como empleados públicos o como empresas proveedoras contratistas de bienes y servicios al estado.
A su vez, según la encuesta antes citada, 2 de cada 5 entrevistados creen que el gobierno “debería esperar” a ganarse “la confianza de la gente”, reduciendo el sobredimensionado gasto público, antes de proceder a un aumento de los impuestos.
Si la persona siente que el estado es ineficiente, en cuanto a proveerle los servicios que considera que debe brindarle a partir de los impuestos que paga, no van a querer que haya mayores impuestos. Al mismo tiempo, si ve que el país encara un serio problema fiscal que puede afectar a la ciudadanía, preferirá que se reduzca el gasto exagerado y desproporcionado, antes que haya un aumento de los impuestos. Y, me imagino, también pensará que, si le entrega más recursos propios al gobierno mediante más extensos y elevados tributos, éste pronto los gastará y así se nos sumirá, poco tiempo después, en un nuevo déficit. Esa ha sido la historia fiscal del país, en donde con frecuencia se han aprobado mayores impuestos con la excusa de reducir el déficit, pero la verdad es que simplemente se ha terminado en un gasto más elevado y un resurgimiento del déficit.
Asimismo, la persona es consciente de que, con una economía alicaída, de poco crecimiento a causa de esos nuevos o mayores impuestos, no se generará la inversión requerida y hasta provocará que desciendan los niveles de empleo en la economía. Y sabe que todo eso se traducirá en una reducción de los ingresos de las familias.
Publicado en los sitios de ASOJOD y en los míos en Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 17 de marzo del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Una información de La Nación del 10 de diciembre, bajo el encabezado “Estado recibe mala nota en gestión de tributos: ITCR dio resultados de encuesta de opinión”, entre otras cosas importantes, señala que “Un 86% de los costarricenses (la entrevista fue formulada a 513 jefes de hogares) opina que el Estado desperdicia el dinero mediante impuestos.” No sólo esto podría reiterar la antigua creencia de que, al ser los impuestos una materia odiosa, sería de esperar un alto porcentaje de rechazo a los gravámenes de parte de la población, pero más bien indica que la gente considera que esos fondos, que paga como impuestos, no son bien utilizados por el gobierno y que, por el contrario, son desperdiciados.
Aunque lo que señala La Nación de esa encuesta realizada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica no brinda específicamente el porcentaje de aceptación de los impuestos, sí expresa que “aunque muchos apoyan una reforma fiscal, se oponen a que esto conlleve un aumento tributario.” Habría sido interesante tener una idea de cuántos son esos “muchos”. Pero, por datos indirectos, me da la impresión de que los tales “muchos” en realidad no son tantos. Veamos, por ejemplo: La Nación indica que “sólo el 21% de los entrevistados cree que el Estado recauda el dinero de manera eficiente.” Si el 79% restante -pienso- considera que el estado es ineficiente en su recaudación (o no sabe o que no es eficiente ni ineficiente), me imagino que no estaría tan dispuesto a darle la plata a un recaudador ineficiente, pues tal conducta podría estar reflejando un alejamiento de lo que se podría considerar como un sistema tributario “justo o equitativo”. Pero también porque “un 72% de los entrevistados opina” que los impuestos recaudados “les benefician poco”. Casi que uno puede considerar como extraña una conducta por la cual la persona desee pagar por algo que siente le beneficia poco. Lo lógico, más bien, es que, si se considera que algo casi no lo beneficia, tendería a abstenerse de pagar por ello. De paso, además de ese 72%, “un 13% es más radical aún y sostiene que no ayudan en nada,” según informa el reportaje citado.
Para mí es evidente el divorcio que hay entre la decisión ciudadana de pagar impuestos y el beneficio que obtiene de ellos, ya sea directa o indirectamente. Como me dijo una persona cercana en una ocasión: “si uno viera que con las platas que uno paga como impuestos, el gobierno hace cosas que uno necesita o le sirven, tendría una mayor voluntad de pagarlos.”
Ya sabemos del estado deficitario de las finanzas del gobierno; esto es, que hay un exceso de gasto más allá de los tributos que percibe. En gran parte, el gobierno ha planteado la necesidad de aumentar los impuestos (y, en menor proporción, reducir el gasto) pero, con toda franqueza, creo que la aprobación de aquella propuesta está en alitas de cucaracha, cuando el ciudadano observa el comportamiento de un gobierno que aprueba un presupuesto de gastos para el 2015 con un incremento de un 19% con respecto al del 2014. Por ello, es interesante señalar que sólo el 21% de las personas encuestadas “estarían dispuestas a pagar más para mejorar las finanzas del Estado”, según lo señala La Nación. Esta posición se me hace cuesta arriba, cuando lo comparo con aquél 86% que dice que el gobierno desperdicia la plata que recauda como impuestos y con aquel 79% (con la calificación que antes hice) que habría indicado que la recaudación de impuestos por el gobierno es ineficiente.
Por otra parte, 2 de cada 5 entrevistados dicen que el gobierno “ya debería de estar” impulsando la reforma fiscal -seamos claros, la expresión “reforma fiscal” no es más que un eufemismo de “aumentar los impuestos- pero habrá que ver si, una vez que el gobierno anuncie sus propuestas específicas de alzas en los tributos, los ciudadanos van a estar tan de acuerdo con que se pongan ya los nuevos y mayores gravámenes. No me extraña que entre los proponentes de que el gobierno desde ahora le debe entrar a la reforma fiscal con los mayores impuestos, estén quienes de manera significativa reciben ingresos provenientes de ese gasto estatal, ya sea como empleados públicos o como empresas proveedoras contratistas de bienes y servicios al estado.
A su vez, según la encuesta antes citada, 2 de cada 5 entrevistados creen que el gobierno “debería esperar” a ganarse “la confianza de la gente”, reduciendo el sobredimensionado gasto público, antes de proceder a un aumento de los impuestos.
Si la persona siente que el estado es ineficiente, en cuanto a proveerle los servicios que considera que debe brindarle a partir de los impuestos que paga, no van a querer que haya mayores impuestos. Al mismo tiempo, si ve que el país encara un serio problema fiscal que puede afectar a la ciudadanía, preferirá que se reduzca el gasto exagerado y desproporcionado, antes que haya un aumento de los impuestos. Y, me imagino, también pensará que, si le entrega más recursos propios al gobierno mediante más extensos y elevados tributos, éste pronto los gastará y así se nos sumirá, poco tiempo después, en un nuevo déficit. Esa ha sido la historia fiscal del país, en donde con frecuencia se han aprobado mayores impuestos con la excusa de reducir el déficit, pero la verdad es que simplemente se ha terminado en un gasto más elevado y un resurgimiento del déficit.
Asimismo, la persona es consciente de que, con una economía alicaída, de poco crecimiento a causa de esos nuevos o mayores impuestos, no se generará la inversión requerida y hasta provocará que desciendan los niveles de empleo en la economía. Y sabe que todo eso se traducirá en una reducción de los ingresos de las familias.
Publicado en los sitios de ASOJOD y en los míos en Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 17 de marzo del 2015.