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Jorge Corrales Quesada
19/09/2014, 09:59
SE ACERCA LA HORA DE PONER ALGÚN ORDEN EN LO FISCAL
Por Jorge Corrales Quesada

Parece que va llegando la hora de que se ponga algún orden en el caos fiscal en que a los costarricenses se nos ha metido. El detonante de esa desagradable y onerosa situación puede haber sido el presupuesto estúpido, que recién presentó este gobierno para su aprobación en la Asamblea Legislativa. Lo he llamado “estúpido”, porque es la palabra que considero más apropiada para calificarlo. Podría haberlo tildado de “tonto” o “ridículo” o tal vez “imbécil”, pero, si bien este último término se acerca a la impresión que me causó aquel enojoso presupuesto, prefiero usar una palabra que todos conocemos bien y sabemos con plena claridad lo que significa: una torpeza notable.

Ya se sabía que la situación fiscal estaba muy mala. No se necesitaba de economistas presuntuosos o fiscalistas expertos en llenar huecos financieros, para que los ciudadanos pudiéramos habernos dado cuenta de la gravedad fiscal. Hasta los periodistas, con sus usuales limitaciones y vagas generalidades, ya a cada rato nos anuncian el Armagedón fiscal costarricense y de cómo nos estamos acercando a un precipicio en el cual, de caer en él, muchos seremos golpeados con fuerza descarnada.

A sabiendas, pues no puede salir diciéndonos[JC1] (http://latforum.org/forums/#_msocom_1) ahora que no sabían de eso, el Ministerio de Hacienda le dio el puntillazo al toro fiscal, cuando osó presentar un presupuesto de gastos del gobierno central con un desfinanciamiento de casi el 6.7% del valor de la producción de los costarricenses (PIB). La reacción humana, de natural preocupación, no se hizo esperar. Y empezaré por la de los de afuera: las agencias calificadoras internacionales ya han empezado a rebajar la calificación de nuestro país, de una mediocre pero aceptable posición de “inversión” a una menor, de “especulativa”. Con esta nueva calificación del país, invertir fondos aquí se convierte en un acto de especulación, de incertidumbre, y con pocos prospectos de que la situación cambie, lo cual significa que nuestro crédito es cuestionable, aunque del pago del capital y de los intereses están protegidos. Esa recalificación provocó que, de inmediato, se elevara el costo del financiamiento en el extranjero para los costarricenses -estado y personas privadas-, aumento que pronto se reflejará en el costo de los préstamos internos.

El origen del problema es el exceso de gasto del gobierno por encima de sus recaudaciones; es a lo que se le llama déficit del gobierno. Por eso, el proyecto de presupuesto que el gobierno envió para su aprobación legislativa, más bien hacía que ese problema aumentara y no que disminuyera, como debería de ser el objetivo de buscar algún grado de estabilidad en la economía. Agravaba la situación deficitaria del gobierno que ya se tenía en el año anterior.
La reacción en contra de ese presupuesto no se ha hecho esperar y es a lo sucedido en el campo político a lo que quiero referirme. Es muy meritoria la reacción inmediata en contra del exceso de gasto de fondos de todos los costarricenses, por parte del diputado del PAC y actual presidente de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea, señor Ottón Solís, quien expresó que era necesario practicarle un recorte al abotagado presupuesto -ya fuera con hacha o con bisturí- por unos ₡300.000 millones; o sea, de cerca de un 1% del PIB, reducción que se debe comparar con aquel déficit estimado de un 6.7% del PIB.

La reacción en contra del llamado urgente de don Ottón no se hizo esperar y citaré de inmediato un par de ellas, en mi intención de mostrar la osadía de algunos funcionarios públicos. Destaco la del Poder Judicial ante la propuesta del diputado de reducir su presupuesto en ₡20.000 millones (contrástelo con el hecho de que el presupuesto que remitió el gobierno a la Asamblea contenía un destacable aumento de cerca de ₡50.000 millones a los gastos autorizados a dicho Poder): De darse ese recorte, en palabras de una funcionaria de ese cuerpo, “implica una afectación severa en los servicios que se presentan y eventualmente, el incumplimiento de responsabilidades que ya tiene la institución a niveles de contratación en firme… Fuimos explícitos en manifestar que iban a afectar el servicio público… un Tribunal necesita de tres jueces para poder sesionar. Cuando falta alguno para no suspender un juicio… traería mayor perjuicio al servicio público… lo que van a hacer es retrasar el servicio de administración de justicia en algunos lugares importantes donde está involucrado regiones indígenas, proyectos especiales de violencia doméstica y pensiones alimentarios, penal juvenil o justicia restaurativa, por citarle algunos ejemplos”, dijo la funcionaria.

Cuando leí esta respuesta, francamente me dio cólera: en sencillo; lo que nos dice es que, si les recortan la plata, nos recortarán aquello que nos va a doler. Por eso, el Poder Judicial dice: dennos la plata que queremos para que sigan teniendo nuestro servicio. Punto. Es grosero, ¿verdad? No hay forma de reducir el gasto estatal, porque de hacerlo se no se fregará a los ciudadanos en donde más nos duele: la administración oportuna de justicia. Piense: ¿qué es, que no hay nada posible de recortar en grande en nuestro rebosante y ubérrimo Poder Judicial? Esa respuesta ominosa, amenazadora a los ciudadanos que buscan hacer un buen uso y con mesura de sus recursos escasos, en una situación tan difícil como la actual, la puede haber dado cualquier otro ente burocrático, cuando afronta la posibilidad de que se reduzcan sus ingresos: “pues reduzcamos el gasto adonde les duele a quienes pretenden moderar nuestros apetitos”.

Similar fue la reacción de un diputado de la misma fracción del señor Solís. El diputado Víctor Morales Zapata gritó en plenario, cuando se tocó el tema de la reducción del presupuesto promovida por el diputado Ottón Solís, que él era un neoliberal, un fundamentalista y un ortodoxo. Bueno, me imagino que para Ottón, que lo llame “neoliberal” un compañero de su bancada política es el peor insulto que se le puede hacer. Nosotros no somos tontos: ya sabemos que cuando esos estatistas quieren insultar a alguien o denigrar algo, lo usual que se les ocurre de inmediato es acusarlo de “neoliberal”. ¡Cómo estarán aprendiendo algunos!

Pero el esfuerzo de don Ottón no ha sido en vano. De otros grupos políticos -al igual que de algunos compañeros de su misma bancada del PAC- han surgido propuestas muy similares. Por ejemplo, muy moderada y bien clara fue la opinión del diputado Rolando González, quien preside la fracción de su partido Liberación Nacional, al señalar que todo el parlamento costarricense ha tomado absoluta consciencia de que “el volumen del presupuesto y del déficit al que nos lleva son elementos altamente riesgosos que implican una toma de consciencia y una toma de posición para encararlos.” Es posible que no apoye literalmente la propuesta exacta del diputado Solís, pero su fracción parece estar encaminada hacia lograr reducir significativamente el volumen del presupuesto y del déficit, que son ahora la raíz del problema que agobia a los costarricenses.

Igualmente notorio es el planteamiento que hoy formuló la fracción del partido Unidad Social Cristiana, la cual básicamente busca una reducción de aproximadamente unos ₡350 mil millones del presupuesto enviado por el gobierno a la Asamblea Legislativa, lo cual equivale a un 1.2% del PIB. Esencialmente, el PUSC propone que el presupuesto que se mandó al parlamento “no supere, en los gastos primarios, la tasa de crecimiento real del PIB prevista por el Banco Central para el año 2015, proyectada en un 3.4%”. O sea, “un 9.2% en términos nominales”.

En cuanto al Movimiento Libertario ya es bien conocida su posición histórica en favor del orden en las finanzas públicas, por lo cual es de esperar que apoye cualquier esfuerzo orientado a reducir un gasto público descomunal; movimiento que, como hemos señalado, actualmente está en proceso de materializarse en la Asamblea Legislativa y que tiene, creo, un fuerte apoyo de un pueblo, con toda razón preocupado por el desbalance fiscal.

Falta conocer la opinión de algunas otras fracciones legislativas, pero las más importantes ya han ido definiendo sus posiciones y es de esperar que apoyen los esfuerzos por reducir el gasto desbordado. Saben que, si no se pone orden, el mercado terminará imponiéndolo, lo cual significa que en el futuro no habrá recursos, aunado a una fuerte inflación, que provocará que sus proyectos no se podrán convertir en realidades. En síntesis, es mejor “agarrar un poquito de algo, que todo de nada”. Es de esperar que esa sea la reacción de las fracciones más pequeñas del Congreso.

Finalmente el día de hoy fue conspicua la declaración de la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, quien no tuvo dudas para clamar por una reducción del gasto público contenido en el presupuesto bajo discusión en unos ₡200.000 millones. Muy importante que haya dicho que “la medida no afectaría la prestación de servicios del Gobierno, pues este ha demostrado ser incapaz de gastar la totalidad de lo que presupuestó en los últimos siete años.” Es decir lo que la Contraloría señala es que aquella suma de ₡200.000 millones es lo que al fin de cuentas el gobierno no va a gastar, por lo cual se acercó a las propuestas de don Ottón y del PUSC en cuanto a un control efectivo del gasto gubernamental. Ah, y de paso, después de todo, fue el propio presidente de la República quien en campaña les prometió a los costarricenses que no haría propuestas de aumento de impuestos sin antes controlar el gasto gubernamental innecesario y dispendioso. La prueba de que aquellas no eran simples palabras expresadas en un jolgorio electoral, se habría de ver en los presupuestos de gasto gubernamental. Pues bien, con lo sucedido, de un crecimiento de un 19% en este presupuesto comparado con el del año anterior, ya nos damos cuenta de qué tan lejos se está de lo que se prometió hace unos 9 meses, en campaña.

La intervención de la Contraloría en esta conversación acerca del presupuesto es muy oportuna, especialmente porque es esa institución la que aprueba los presupuestos de las entidades descentralizadas y lo que ahora se está discutiendo tiene que ver tan sólo con los presupuestos del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo (los presupuestos del gobierno central). Pero igualmente de inflados y abotagados están los de ciertas entidades autónomas. ¿Acaso alguien tiene dudas acerca de que es posible recortar los presupuestos de Japdeva o del ICE o de ARESEP o de RECOPE o de lo que usted quiera agregar aquí? La misma diligencia que la contralora ha demostrado al señalar la posible reducción del presupuesto del gobierno central, debería de multiplicarse, de expandirse, para el caso de la restricción necesaria, requerida, de los presupuestos de las autónomas o descentralizadas -como quieran llamárselas. Si la Contraloría hace bien y a fondo tal labor, los ciudadanos lo aplaudiremos; en caso contrario, ante el dolor que se nos va a provocar, no nos quedará más que despreciarla y dudar de su razón para existir.

Publicado en mi sitio en Facebook Jcorralesq Libertad el 19 de setiembre del 2014.