PDA

Ver la Versión Completa : UNA ENORME RESPONSABILIDAD: SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE SISTEMAS DE PENSIONES INJUSTOS



Jorge Corrales Quesada
27/08/2014, 17:14
UNA ENORME RESPONSABILIDAD: SOLUCIONAR EL PROBLEMA
DE SISTEMAS DE PENSIONES INJUSTOS
Por Jorge Corrales Quesada

Los costarricenses estamos bien bravos -para usar un término “decente”- y no usar uno que tal vez más apropiadamente describa nuestro estado de ánimo, pero lo hago porque deseo que esto también lo lean menores de edad. Muy molestos estamos con todo lo que hemos venido leyendo y escuchando en torno a las pensiones de privilegio –por llamarlas también con una palabra apropiada. La publicidad; esto es, el conocimiento que acerca de ellas ha llegado al público, quienes con horror (envidia, diría el cínico) ven cómo se dispensan fondos que nunca han sido ahorrados por los beneficiarios de pensiones que desafían nuestra imaginación, no sólo en cuanto a montos, sino que también sirven para retiros a edad muy temprana, en comparación con la del resto de los trabajadores, tanto privados, como muchísimos otros del sector público.

Por ello, he visto con interés lo que la actual administración, presuntamente empeñada en eliminar la corruptela implícita en esos pagos desproporcionados que reciben algunos pensionados, ha buscado hacer para desguazar tales gollerías. Recuerdo incluso cuando ese mismo gobierno apeló a la ciudadanía para que hiciera propuestas concretas para remediar tales injusticias.

Ni lerda ni perezosa, la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana presentó un proyecto para reformar al menos uno de esos regímenes de pensiones de privilegio (defino a una pensión privilegiada cuando se recibe una pensión para la cual el monto que ha pagado el receptor más los intereses acumulados, no son suficientes para financiar plenamente lo que recibe de pensión para el resto de su vida y de sus dependientes). Me refiero al proyecto de ley 19226 presentado por aquel partido, que busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de entrarle al tema de su Fondo de Pensiones y Jubilaciones.

Todos los costarricenses que estamos molestos con la situación actual del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, debemos dejar de lado esa jodedera egoísta de oponerse o callar ante un proyecto de ley que, no sólo está bien elaborado, sino que es indispensable para sanear lo que la ciudadanía en su gran mayoría percibe como una enorme injusticia. Por ello, venga de quien venga, sea cual sea el partido que lo propuso, ese proyecto de ley debe ser apoyado por todos los costarricenses.

Vean si la indiferencia puede ser corresponsable por omisión de esa iniquidad, que el periódico La Nación, en su editorial del 16 de agosto, enfatiza que el gobierno hizo “suyo el proyecto de reforma a las pensiones del Poder Judicial redactado por los administradores del fondo. Lo envió a la Asamblea Legislativa, pero la Superintendencia de Pensiones (Supén) no tardó en señalar su insuficiencia. Un transitorio impide aplicar la nueva normativa a quienes hayan cumplido 20 años de pertenecer al régimen especial. Así, deja por fuera a gran cantidad de empleados y en nada contribuye a modificar el pronóstico de un colapso en el 2026, como lo teme la Supén.”

Lo que el gobierno debería de haber hecho es, por el contrario, en vez de apoyar un proyecto de reforma, que fue preparado por interesados que hoy se benefician con la transferencia hacia ellos de recursos de todos los ciudadanos, manifestar públicamente su apoyo el buen proyecto presentado por el PUSC en la Asamblea. Pues éste, como lo señala La Nación, propone “un impuesto proporcional, de conformidad con el monto de la pensión de los actuales y futuros jubilados, para fortalecer el fondo del Poder Judicial. Además, el cálculo de la pensión se haría a partir de un salario de referencia equivalente al 60% del promedio de todos los salarios devengados, y no con base en el 100% del promedio de los últimos 24 salarios, como sucede en la actualidad.”

El jefe de la fracción legislativa del PUSC, don Rafael Ortiz, señaló con buen tino, que el proyecto que presentó su grupo “se busca asemejar el cálculo de la pensión a lo dispuesto para los otros regímenes básicos (IVM y Magisterio Nacional) con el reconocimiento de un porcentaje adicional por el exceso de 20 años de servicio”, además de que se eleva la edad de jubilación a 65 años, con el propósito de hacer comparable el régimen de pensiones del Poder Judicial, con aquellos que cubren a la gran mayoría de los ciudadanos de este país.

Como era de esperarse, en Costa Rica hay libertad hasta para defender lo injusto en las cortes. Por ello, ante un proyecto como éste, los favorecidos con el actual, ya sea del Poder Judicial o de otros similares, como el del Magisterio, entre otros, no tardarán en presentar recursos ante la Sala Constitucional, tal como ya lo hicieron con otro que presentó el gobierno para poner un tope a pensiones “de lujo”, como también las conoce el pueblo.

Mi angustia personal es que, cuando uno escucha las reacciones de muchas personas serias, acerca de su enorme desconfianza no sólo antes las instituciones de todo tipo, principalmente del gobierno, que en este caso concreto también le digan que “cómo van a votar por eliminar privilegios, si va en los intereses de los jueces el que eso se quede así como está o que se acepten propuestas que a todas luces lo que promueven es obtener fondos de platas ajenas, que pertenecen a terceras personas.” Eso me entristece, porque la gente de esa manera -diría que tal vez apresurada o producto de un escepticismo que recorre a nuestro país- expresa que ya no confía en nuestros jueces.

Los partidos políticos representados en nuestra Asamblea Legislativa tienen la obligación de hacer lo apropiado para que ese escepticismo no se convierta en un rechazo pleno de los ciudadanos hacia nuestro sistema de justicia, porque, de ahí en adelante, no hay más que un camino hacia el caos y la anarquía en lo que se refiere a nuestro comportamiento en sociedad. Al ordenamiento indispensable de nuestros desprestigiados sistemas de pensiones de privilegio, de montos exorbitantes y de jubilación “juvenil”, se deben dedicar no sólo nuestros legisladores, sino -y en primer lugar- el gobierno de la República encabezada por don Luis Guillermo Solís, acuerpando lo que es correcto y no aupando jugadas de vivos para conservar sus privilegios.

Publicado en mi sitio en Facebook Jcorralesq Libertad el 27 de agosto del 2014