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Jorge Corrales Quesada
30/01/2014, 08:51
EN DEFENSA DE MI LIBERTAD
Por Jorge Corrales Quesada

Todos debemos apoyar a La Extra en su denuncia por violación a la libertad de expresión. El rastreo de llamadas de sus periodistas por parte de nuestro Poder Judicial, constituye una seria amenaza a mi derecho consagrado de poder expresarme libremente. Dicho derecho está claramente señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice en su artículo 19 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Para poder expresar mis ideas en plena libertad es esencial que exista libertad de prensa, de forma que, como individuo, como ciudadano, pueda tener acceso a la información que requiero para poder expresar libremente lo que pienso. De aquella libertad de expresión que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos, se deriva lo que recoge la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 13 que dice “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto”.

La amenaza gubernamental –en este caso la actuación acusada por La Extra contra una parte de nuestro Poder Judicial- debe ser frenada de inmediato. Es cierto que desde hace un cierto número de años la intimidación ha sido norma en ciertos sectores del estado, como lo fue en cierto momento tener escuchas impropias a comunicaciones de ciudadanos, pero eso se creía que había sido superado. Ahora surge de nuevo un intento de arrebatar el derecho y la libertad ciudadana. La intención de ejercer coacción contra la libertad de prensa me afecta indirectamente, pues no soy un periodista, pero, al así hacerlo el estado, daña mis posibilidades de expresar plenamente lo que deseo -sin que lo ejerza para dañar los derechos de terceros.

El estado siempre tratará de evitar que los ciudadanos conozcan las interioridades de su funcionamiento, ni aquellos detalles indeseables que muchas veces allí se cuecen. Busca casi naturalmente que el conocimiento de esas cosas no sea compartido con los gobernados, sino que quede allí, en sus entrañas, para evitar dar cuenta plena de sus acciones a los ciudadanos soberanos. Por eso persigue, coacciona, a cualquier periodista que se atreva a divulgar algo que los gobernantes no desean que sea de conocimiento público. Por eso apoyo denodadamente la acción denunciada por La Extra, pues, al hacerlo, lo que hace es defender mi derecho básico, fundamental, de saber qué es lo que está haciendo un estado, cuya existencia es debida a los ciudadanos y a quienes está obligado a rendirle cuentas con toda transparencia. Primero está el individuo, la persona, con sus derechos plenos. Luego puede estar el estado, cuya creación ciudadana se supone que es para tener algún orden ante la anarquía. De aquí la obligación de los gobernantes de tener que explicar todo lo que se tenga que explicar a los ciudadanos soberanos. No deben existir secretos que les impidan saber qué hace esa criatura –el estado- que los individuos crearon para satisfacer sus propios fines e intereses.

El secreto en el gobierno debe ser asociado a la corrupción. Entendamos por corrupción no sólo el robo de dineros públicos. También lo es el uso que algún individuo hace de un poder que no le fue expresamente otorgado por la Constitución ni las leyes. Es un acto de corrupción la pretensión de impedir el derecho a un periodista de informar al ciudadano, quien, como yo, aprecia que le expongan a plenitud quién, qué, cómo, cuándo y dónde actúan nuestros gobernantes.

Al apoyar a La Extra en su denuncia, lo hago porque defiende mi libertad de expresarme, de pensar y de estar informado.

“(...) Todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de información. Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación.”

Mario Vargas Llosa

Publicado en La Extra del 30 de enero del 2014.