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Jorge Corrales Quesada
15/01/2013, 09:33
EL ENGAÑO DE LOS POLÍTICOS
Por Jorge Corrales Quesada

Lo sucedido con el marchamo a fines del año pasado, merece que se vuelva a analizar, con el fin de desnudar la hipocresía que suele caracterizar a ciertos políticos de la mediocracia vigente. No me referiré a la opinión expresada por el abogado Pablo Ureña Jiménez, quien públicamente cuestionó la legalidad del traslado que hizo el INS, de una obligación que esa entidad tenía con COSEVI y que ahora deben pagarla los dueños de carros particulares. Creo que eso se debe dilucidar en los tribunales; posiblemente en la Sala Cuarta. Prefiero analizar la simulación de los diputados encargados de legislar, a última hora del año pasado, una nueva disposición legal acerca del cobro del marchamo.

El asunto tuvo su origen en el malestar de los motociclistas, quienes tenían que pagar para el 2013 un monto mayor del marchamo debido a su mayor siniestralidad: es decir, que las motos están porcentualmente más involucradas en accidentes de tránsito que el resto de vehículos. Ante su protesta, a los políticos acomodadores de intereses lo único que se les ocurrió fue proponer que la Asamblea Legislativa definiera un pago distinto del marchamo: rebajárselo a los motociclistas y cargárselo a los conductores de vehículos particulares. Es decir, que los dueños de carros subsidiaran a los dueños de motos en lo que al marchamo se refiere. Por supuesto, las finanzas del estado debían quedar estables, pues es lo que más le interesa a los políticos.

Lo primero que alegaron los engañadores para tomar su decisión, fue que los motociclistas eran más pobres, más desvalidos, que los más ricos dueños de carros. Así, dada esa “justicia social” eternamente invocada por los próceres patrios, la decisión fue que el “rico pagara como rico y el pobre como pobre”, independientemente de que los costos de accidentes de tránsito de las motos fuera muy superior a los de los carros. Alegando que de esta manera se haría justicia social, corrieron casi todos los diputados (con la honrosa excepción de algunos libertarios) a pasar una ley en tal sentido, aunque por su tardanza en hacerlo –usualmente esperable entre los diputadazos- no se aplicó en su totalidad en el 2012, pero sí regirá plenamente en el bolsillo del ciudadano a partir del 2013.

Resulta que hay “motos de ricos” y “motos de pobres”, así como “carros de ricos” y carros de pobres”. Si fuera cierto que los diputados buscaban ser “socialmente justos”, ¿por qué no rebajaron el marchamo sólo a las motos de menor cilindraje, que suelen usarlas los pobres, a la vez que el aumentó se le cargaría a los carros de mayor cilindraje, que suelen usar los ricos? A pesar de este último tipo decisión es asimismo un abuso, por lo menos con ella se guardaba cierta apariencia justiciera. No lo hicieron así y de esta manera favorecieron a motociclistas ricos y dañaron a dueños de carros relativamente pobres. No olviden que, también, hay empresas “muy ricas” que usan motos. Ellas cubren el marchamo, que, con cierto grado de posibilidad, luego trasladan ese costo a los consumidores. Y no olviden que, en el sector público, a los altos funcionarios que disfrutan del uso de vehículos gubernamentales, el marchamo se lo pagamos todos los ciudadanos con fondos del erario público.

Ante este vulgar arroz con mango social, cada vez que alguien nos intente meter el cuentico de que se actúa en función de la justicia social, lo mejor que podemos hacer es analizar quiénes en verdad son los que terminan favorecidos y quiénes perjudicados. Así veremos como el engaño hipócrita se cocina en la Asamblea Legislativa; eso sí envuelto en hojas de un tamal de “justicia social”.

Publicado en La Extra del 15 de enero del 2013.