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Jorge Corrales Quesada
31/07/2012, 11:48
LEY CONTRA DELITOS INFORMÁTICOS
Por Jorge Corrales Quesada

Tal vez por tratarse de una ley que restringe la libertad para que el costarricense pueda ser libremente informado por la prensa o porque limita el ejercicio libre del periodismo, fue que afortunadamente los ciudadanos conocimos a plenitud su intención, entre otras cosas, de introducir penas de cárcel porque se divulgara información política secreta. Para empezar, no sé a que se refiere eso de “información política secreta”, si se trata de evitar que el país pueda llegar a conocer pactos políticos forjados en secreto o que algún impertinente periodista crea que, divulgando un secreto de la vida sexual de algún político, hace conveniente que la ciudadanía seria reciba tal información o tal vez que no se deba a conocer el costo del vestido de última moda adquirido en Nueva York por la presidenta o bien acerca de la decisión para la apertura de la trocha en la frontera norte. Todas estas cosas, entre muchas otras más, podrían ser consideradas como “información política secreta”.

También me llamó la atención lo rápidamente que surgieron periodistas y medios, como defensores de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, para exponer la torpeza de la legislación aprobada. Yo también, como liberal que me considero, me opongo a este intento estatal de coaccionarnos. La libertad no es sino la ausencia de coacción de unos sobre otros. Aunque se habla de diferentes clases de libertad, tales como libertad de y libertad para, como dice Hayek, “en nuestro sentido la ‘libertad’ es una, variando en grado, pero no en clase” (Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, p. 27). Por eso, posiblemente los periodistas, quienes tan rápidamente saltaron en contra de esa clara pretensión de violar la libertad de los ciudadanos, lo hicieron porque restringía, no la libertad, sino su clase o tipo de libertad: la de prensa o de información. Por ello, no es extraño ver cómo muchos de esos mismos periodistas, en muchas ocasiones, no se oponen a la restricción de la libertad, como tal, sino sólo de aquella parte que particularmente les interesa.

Lo que comento en el párrafo previo no lo hago con una mala intención, sino con la esperanza de que esos periodistas acuciosos, así lo sean cuando se trate de defender la libertad de las personas en toda su extensión. Tal vez el haber experimentado este amago de coacción, despierte en ellos la idea de que, al igual que como fervientemente defienden –gracias a Dios- la libertad de prensa y la libertad de expresión, por lo gravosa que puede resultar para el logro de sus fines propios, lo hagan igualmente por la libertad de las personas, de poder actuar según sus propias decisiones y planes, independientemente de la voluntad arbitraria de un tercero.

El segundo aspecto que me llamó la atención es la forma chapucera como se hace la legislación en nuestro país. Ahora se nos ha dicho que los culpables de introducir esta norma restrictiva de la libertad, son los “asesores legislativos” quienes participaron en su preparación, alegato que parece ser una forma barata de los diputados del caso, para sacudirse de la responsabilidad por el grave error cometido.

Pero igualmente sorprendente es que la Presidenta de la República, ahora afortunadamente dispuesta a que en la Asamblea Legislativa se corrija esa mala ley, en su momento la firmó, lo cual parece indicar, ante el repudio que ella misma ha manifestado a la ley, que firma sin conocer lo que firma: una ley restrictiva de nuestra libertad.

Publicado en La Extra del 31 de julio del 2012.