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Elisa
14/05/2012, 10:01
Ensayos en el Boletín de ANFE (Asociación Nacional de Fomento Económico)

Elisa
14/05/2012, 11:07
2007-01-31-CONSECUENCIAS NO PREVISTAS

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COLUMNA LIBRE:CONSECUENCIAS NO PREVISTAS

Boletín de ANFE, 31 de enero del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 121-123.

Una idea clave en el pensamiento de Adam Smith es la de las consecuencias no previstas derivadas de la acción de los individuos. Recuerden su “mano invisible” en donde la acción de una persona, cuyo propósito era aumentar su bienestar, conducía, sin él proponérselo, al bienestar de toda una sociedad. Esta es un ejemplo de una consecuencia no prevista positiva. Pero también los economistas han enfatizado consecuencias no previstas negativas. Por ejemplo, cuando por ley se fija un precio inferior al que determina el mercado, la consecuencia no prevista negativa es que surja, a ese precio, una escasez del bien cuyo precio se pretende controlar.

Al exponer un abrumador ejemplo reciente en nuestro país de la ley de las consecuencias no previstas, empiezo por felicitar a la Junta Directiva de la ARESEP, por su decisión de eliminar una serie de subsidios cruzados que, como verán, es causa de serios daños al país. Tuvieron el coraje de deshacer un camino indebidamente proseguido desde los años setentas, cuando, sin base legal alguna, la propia ARESEP autorizó subsidiar a algunos derivados de petróleo a cambio de aumentar el costo para otros.

Al decidir el burócrata subsidiar un bien, generalmente lo hace –y no duda en proclamarlo urbi et orbi- con la mejor de las intenciones: favorecer a los consumidores que no pueden adquirirlo al precio que, sin subsidio, regiría en el mercado. Así, decidieron subsidiar el consumo del diesel, del bunker y de la gasolina para avión, pero, dado el efecto que tenía en el gasto de la economía y, por ende, en las “pobres” finanzas de RECOPE, optaron por compensar esa pérdida por los subsidios, con un aumento en los precios de otros derivados de petróleo, como fueron el asfalto, las gasolinas para vehículos y el gas licuado, entre otros. Hasta aquí todo suena muy bonito: los subsidios iban a favorecer a los más “necesitados”.

Pero los burócratas no tomaron en cuenta la ley de las consecuencias no previstas, tal como quedó desnudado durante una comparecencia de los interesados que la ARESEP realiza cuando varía el precio de alguno de los bienes sujetos a su control.

Los costarricenses conocemos bien el estado patético de nuestros caminos, particularmente los huecos en vías asfaltadas, cuyo mantenimiento, se ha dicho, no se efectúa debido a la limitación de recursos. Así, si el asfalto fuere más barato, se podría mejorara situación de esas carreteras. ¿Cuál fue el efecto que tuvo en el costo del asfalto la compensación de subsidios dados a otras actividades? De acuerdo con un informe presentado por una empresa constructora de carreteras, al quitarse el sobreprecio de ¢150 por litro de asfalto debido al subsidio a los otros derivados de petróleo, el costo unitario de reparación se reduciría en cerca de un 18%. ¡Se imaginan ustedes cuántas comunidades podrían mejorar sus caminos con sólo eliminar dicho subsidio cruzado! Hay esperanzas de que nuestras calles sean más decentes.

Pero el problema es mucho más extenso. El llamado gas LPG también ha sido víctima de los subsidios cruzados. Se estima que este costo se traduce en una elevación de su precio de ¢30 por litro. Lo más grave es que este producto es usado por las familias de menores ingresos del país. Según información presentada ante la ARESEP, cerca del 30% de los hogares costarricenses utiliza el LPG para cocinar (porcentaje que obviamente sería mucho más alto con un precio menor, que está distorsionado por el traslado del subsidio dado a otros combustibles).

Casualmente es en las provincias más pobres del país, Puntarenas y Limón, en donde se usa en mayor proporción (52% en Puntarenas y 55% en Limón), provincias que, a su vez, son aquellas en las que, en mayor proporción, se usa leña para cocinar (20% en Puntarenas y 12% en Limón). Esto se debe a que la alternativa de usar leña, el LPG, es relativamente muy cara debido a los subsidios cruzados. Esta inequidad e ineficiencia se lleva a cabo en nombre de la llamada “justicia social”. ¿Será que “eso” significa poder recargar a los más pobres del país el subsidio que se da a algunos otros? ¿Acaso “justicia social” significa empujar a la gente a usar leña para cocinar, desforestando nuestros bosques? Juzgue las consecuencias no previstas de subsidiar algunos combustibles cargando tal abuso a las espaldas de otros.

Tampoco debemos olvidar que lujosos carros, yates, entre otros, utilizan el combustible subsidiado relativamente abaratado. ¿Qué pensará el usuario de un carro que usa gasolina, que mucho le puede haber costado y que lo necesita para trasladarse a su trabajo, de que a él se le cargue el subsidio del diesel que usa un Mercedes Diesel (entre muchas otras marcas de carros que ya proliferan en el país)? Justicia social... Bien hecho por los señores de la Junta Directiva de la ARESEP.

Y eso que no me refiero en esta ocasión al sobreprecio doméstico, independientemente del subsidio cruzado cargado al LPG. Esto es, al precio mayor que pagamos los consumidores costarricenses con respecto al precio internacional (que no tiene nada que ver con el subsidio cruzado). Las estimaciones presentadas en la audiencia de la ARESEP señalan que dicho sobreprecio doméstico es casi de un 38% mayor que el precio internacional. ¿Se imaginan ustedes en cuánto se podría beneficiar el consumidor si se eliminara tal sobreprecio? La reducción posible por litro de LPG podría ascender a ¢56 por litro.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 11:17
2007-02-28-RETRASO FINANCIERO

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COLUMNA LIBRE: RETRASO FINANCIERO

Boletín de ANFE, 28 de febrero del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 124-126.

Me imagino que muchos de nuestros lectores no han podido entender cómo es que nuestro sistema financiero muestra signos de retraso inconcebibles en el mundo financiero actual. Esto en medio de un pregón por más y más regulaciones, como forma presunta de asegurar el bienestar de los costarricenses, a la vez que esos mismos seudo-protectores se hacen los ciegos ante la presencia de obstáculos elementales al esfuerzo que por ahorrar los ciudadanos hacen diariamente. Yo tampoco he podido comprender la incapacidad de nuestras autoridades para modernizar el sistema financiero. Posiblemente es que simplonamente entienden por modernización a la introducción de más y más regulaciones que van más allá de los estándares usualmente aceptados internacionalmente, a la vez que hacen caso omiso de ciertas prácticas que, a estas alturas del desarrollo financiero, nos dejan pasmados y que, por ende, deberían de ser fácilmente erradicadas.

En esta ocasión quiero referirme tan sólo a dos de esas prácticas que paran los pelos de punta a cualquier persona. Una de ellas es la obligación que tiene quien ahorra de acreditar un domicilio local al, por ejemplo, adquirir un certificado de depósito por medio de un puesto de la bolsa o al abrir una cuenta corriente en un banco. Puede entenderse que esa regulación sea un medio de lucha contra del lavado de dinero –tal es el argumento oficial- pero uno no cree que los lavadores son tan tontos como para no cumplir con ese requisito de tener un domicilio local, si eso es lo que les impide salirse con la suya.

Resulta que a nosotros nos piden presentar una fotocopia de un recibo de servicios públicos –por ejemplo, de agua, teléfonos o electricidad- en que aparezcan el nombre y dirección exacta del domicilio, a fin de que sirva para acreditar que tenemos un lugar en donde vivimos en Costa Rica.

Claro que eso es un absurdo, porque simplemente va en contra de las formas normales y usuales en que el costarricense acomoda las cosas de su vida. Por ejemplo, muchos simplemente indican en tales recibos no su dirección física, sino algo que se llama apartado postal (aparentemente los reguladores ignoran que son una forma más o menos efectiva de recibir el correo), lo cual ya no les permite certificar un domicilio. Es muy posible que esos costarricenses eligieron que sus recibos les fueran enviados a su apartado porque antes, cuando los echaban bajo el portón de las casas, muchas veces se perdían o se mojaban si era en invierno. Decidieron modernizarse, pero al hacerlo no disponen de un papelito (presuntamente oficial) en que aparezca su dirección propia.

Hay más: muchas personas suelen cargar los servicios públicos a una tarjeta de crédito, en donde tampoco aparece el domicilio en tales recibos. ¡Desean más de este absurdo Kafkiano!: ¿Qué pasa si usted es un solterón (o un divorciado o lo que sea) y vive con sus padres, a cuyo nombre vienen los recibos de servicios públicos? Pues también queda incapacitado para acreditar adónde es que mora.

Asimismo, es muy frecuente que haya viviendas a nombre de una sociedad anónima, a cuyo nombre llegan los recibos de servicios públicos. Con ello tampoco usted puede mostrar que vive en algún lado. ¿Y si Usted alquila una vivienda cuyos servicios son cubiertos por el propietario? Pues tampoco puede.

En resumen: se trata de obstáculos ridículos, pues si alguien quisiera lavar dinero simplemente alquila por una mes una casa, solicita la instalación de algún servicio público, con cuyo recibo a su nombre cumple con la regulación absurda y elude el control pretendido. Son estorbos para la vida común de las personas, con las consiguientes pérdidas de tiempo y recursos.

Veamos otro caso. En un mundo globalizado, las personas saben lo que se hace en países diferentes de Costa Rica y posiblemente más desarrollados en el campo financiero, como, por ejemplo, Estados Unidos, muchos de Europa, Panamá, México, El Caribe, en los cuales es posible abrir cuentas conjuntas entre esposos.

Así, digamos, don Juan Pérez y su esposa doña María González pueden abrir una cuenta conjunta, como buenos maridos, de la siguiente manera. Juan Pérez o María González (o como aparece en países de habla inglesa, Juan Pérez or María González). ¿Qué es lo que pretenden marido y mujer quienes así abren una cuenta? Que cada uno de ellos pueda actuar con independencia del otro. En cierta manera es una prueba de la solidez y confianza de un hogar (si no confían entre sí, uno sólo podría sacar la plata, y en ese tanto no abrirían una cuenta como esa). Si la muerte llega a uno de ellos, esa cuenta no tiene problemas de mortual (y que alguien ajeno al matrimonio agarre una tajada), pues el sobreviviente pueda seguir como si nada con su ahorro. Así de sencillo; así de fácil; así de moderno y civilizado.

En Costa Rica no hay tal cosa. O sólo cada uno de ellos o conjuntamente (esto es, que uno no puede actuar sin la firma del otro). Así, al final de los días de uno de ellos, el otro pobre tendrá que pasar por abogados y mortuales y todos esos enredos absolutamente innecesarios y costosos

¿Habrá forma de que nuestros sobre-reguladores hagan algo por facilitar la vida (y los ahorros y los acuerdos financieros) de los ciudadanos? ¿Seguirán pensando tan sólo en poner más y más obstáculos que, al fin de cuentas, como los expuestos resultan como echar agua en un canasto, pues casi de nada sirven? Claro, estas prácticas les conceden más poder, mientras que los ciudadanos, en cuyo nombre es que se introducen obstáculos como los expuestos, seguiremos pagando los costos de estos desaguisados absurdos.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 11:26
2007-03-31-LA APERTURA DEL MONOPOLIO DEL INS

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COLUMNA LIBRE: LA APERTURA DEL MONOPOLIO DEL INS

Boletín de ANFE, 31 de marzo del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 127-130.

He visto con interés y, ¿por qué no decirlo?, con sumo agrado, que los días del monopolio del INS parecen estar contados. Como todo monopolio resulta ser injusto, pues restringe la libertad elemental de que dispone todo ser humano: la de poder elegir; de poder escoger libremente lo que desea hacer con su dinero. Ese monopolio, que durante años ha limitado nuestra libertad, así quedará sujeto a que el costarricense le beneficie con su patrocinio o que escoja a otro proveedor de seguros. Resulta paradójico que, a estas alturas de la historia de la humanidad, Costa Rica sea de los pocos países del mundo que aún tiene un monopolio estatal de los seguros, en donde se ha convertido a muchos ciudadanos en simples delincuentes, pues han cometido el delito (como si no hubiera ya suficiente criminalidad) de comprar algún seguro a empresas ubicadas más allá de las fronteras nacionales.

Hubiera preferido un INS privatizado (y, antes de que alguien piense mal, no pido que se haga mediante actos corruptos), pero la alternativa presentada hace poco, de que un INS reformado sea objeto de competencia, se supone que beneficiará a los consumidores nacionales. Esta apertura al menos permitirá evaluar, con el paso de los años y bajo competencia efectiva, si los recursos escasos de que dispone el Estado se destinen a mantener una actividad aseguradora –supuestamente ahora bien provista por empresas privadas- en vez de dirigirlos a labores propias de un estado moderno, como podrían ser la seguridad, la educación y la salud de la gente.

En primer lugar, en una sección de su artículo 119 se lee así: “El Instituto (Nacional de Seguros) contará con la garantía y las más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones”. Con ello viene a la mente si el Estado garantizará todas las pólizas (como sucede con los depósitos a la vista en el campo bancario), la totalidad de la actividad del INS o sus resultados económicos. Como está redactado el proyecto, simplemente se da un sesgo en contra de la competencia, pues esa garantía es sólo para el INS (no debería serlo para nadie) y excluye al resto de empresas privadas que prestarían el servicio. Si el proyecto era para que hubiera un INS compitiendo en igualdad de condiciones con otras empresas aseguradoras, pues desde el inicio se nos está mintiendo.

En segundo lugar, una forma de evitar que haya competidores es creando costos de entrada al mercado. Los requerimientos de capital tan elevados que se proponen en el proyecto de Ley de marras son fuertes indicadores de que, en realidad, no se desea que surja una verdadera competencia y, si acaso, que sean pocos los que den el servicio, lo cual incitará a la colusión en contra de los consumidores. Según su artículo 16, el capital requerido va de, más o menos, 8 millones de dólares a 40 millones, según sea la actividad aseguradora a que se dedique la empresa. A estos montos se le suma una suma indefinida llamada capital regulatorio requerido, que, según el artículo 17 del proyecto, “deberá reflejar el monto de capital necesario para cubrir todas las obligaciones de la entidad dentro de un horizonte de tiempo determinado…” en donde el “Consejo Nacional de Supervisión definirá reglamentariamente el requerimiento de capital regulatorio para las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Definirá también los activos admisibles para su cobertura.”

En tercer término, para permitir que una empresa opere, si a lo anterior se le adicionan otros requisitos como, por ejemplo, de personal (tener un defensor del asegurado, un contralor normativo, entre otros) o bien que cumpla con obligaciones onerosas, como obtener y mantener una calificación de riesgo de una calificadora reconocida por la SUGEVAL, su instalación no se va a dar y, si se diera, probablemente con una cantidad muy limitada de firmas, dando así lugar a una falta de verdadera de competencia.

En cuarto lugar, según el Transitorio X del proyecto de Ley, al INS se le autoriza “para capitalizar las utilidades líquidas que por ley deba girar al Estado correspondientes a los cinco períodos anuales siguientes a la aprobación de esta Ley. Lo anterior a efectos de capitalizar el requerimiento de capital mínimo, de capital regulatorio, el contenido financiero de los activos del Cuerpo de Bomberos y en general para prepararse financieramente a cumplir con los requerimientos de esta Ley y afrontar las nuevas condiciones de mercado.” Esto es, al INS se le da un plazo de cinco años para cumplir con los requisitos de capital, mientras que a las empresas privadas que ingresen al mercado se les exige su inmediatez, pues de no disponer de ello no se le daría el permiso para operar. Obviamente se trata de una discriminación clara en contra de la competencia potencial, que enfrenta así mayores costos para entrar a operar.

En síntesis, nos lo diría Shakespeare: Ser o no ser. La propuesta no posee las condiciones para decir que es una apertura con competencia. No se cumple con el principio enunciado en la presentación del proyecto de Ley: “Hoy en día, la realidad es muy distinta a la de 1924, la globalización y la política en materia comercial del país generan necesidades de aseguramiento compatibles más bien con un mercado en competencia, mercado en el que el INS con su poderío económico y técnico cumpliría sin duda un rol predominante.” Más bien, se intenta mantener un INS con poca y debilitada competencia. Una vez más no se tiene presente, en su verdadera dimensión, el valor y el interés del consumidor, sino tan sólo con cumplir con las apariencias. Este proyecto debe reformarse en la Asamblea Legislativa, de manera que en realidad surja la competencia y no sea un simple atavismo o una acción que sencillamente se toma para cumplir con algún requisito contractual internacional. Los consumidores merecemos lo mejor y no una falsa solución de libertad frente al monopolio.
Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 11:27
2007-04-30-EL LIBRE COMERCIO Y LAS FALACIAS QUE A VECES SE ESGRIMEN

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COLUMNA LIBRE: EL LIBRE COMERCIO Y LAS FALACIAS QUE A VECES SE ESGRIMEN

Boletín de ANFE, 30 de abril del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 131-134.

En los oídos liberales resuenan (o, con mayor realismo de mi parte, deberían de resonar) aquellas palabras que Adam Smith escribió hace más de doscientos treinta años: “Rara vez deja de ser prudente en la dirección económica de un Estado la máxima que es acertada en el gobierno de una familia particular. Cuando de un país extranjero se nos puede surtir de una mercancía a un precio más cómodo que al que nosotros podemos fabricarla, será mejor comprarla que hacerla, dando por ella parte del producto de nuestra propia industria, y dejando a ésta emplearse en aquellos ramos en que saque ventaja al extranjero.” (La Riqueza de las Naciones, IV, ii). Su idea clave de que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado, encontró, en la ampliación que el libre comercio da al tamaño del mercado, la fuerza que permite un mayor crecimiento y una mayor riqueza de las naciones. Desde ese entonces quedó fundamentado el caso en favor del libre comercio, a pesar de las constantes críticas (muchas sanas) de que ha sido objeto. Tal vez esta sea la mayor idea generada por los economistas (Smith) para impulsar el progreso de los pueblos; idea abrazada como parte del pensamiento liberal.

Es obvio que un tratado comercial que busca un país es algo diferente de incorporarse al libre comercio: en la primera situación, por definición, no es unilateral, mientras que, en la segunda, sí debería serlo, dado el beneficio que trae a las personas y las naciones. No conozco caso en el mundo en donde haya habido una apertura unilateral al comercio internacional, aunque hay que reconocer aproximaciones hacia tal ideal. El caso moderno de Chile parece ser uno de ellos (o el intento inglés después de la aprobación de las llamadas Corn Laws). Lo cierto es que ninguna nación se ha abierto unilateralmente de forma total al comercio, lo que es entendible en el contexto de intereses que se benefician con la existencia de un proteccionismo promotor de ganancias monopólicas, las que desaparecerían con la competencia internacional.

Por ello, oponerse al Tratado de Libre Comercio entre nuestro país, Centro América y los Estados Unidos (TLC) con base en que nosotros deberíamos haber seguido el camino chileno, de primero abrirnos unilateralmente y luego proceder a un acuerdo comercial con los Estados Unidos, no sólo es una falacia de gran monta, sino que da alas a quienes verdaderamente se oponen al libre comercio, algunos porque simplemente no creen en él, y otros porque, por lo general, no creen en la libertad de las personas.

Los liberales estamos en principio por la apertura unilateral al libre comercio, si bien tomar tal decisión no garantiza que con ello el país logra un acceso a los mercados internacionales. Es cierto que, con la unilateralidad mencionada, se está mejor que con el proteccionismo rampante, pero aquella política no garantiza que podamos vender eficientemente nuestros productos en otros mercados, lo que nos impide obtener las divisas necesarias para lograr importar, que es el objetivo de una economía de intercambio a fin de lograr lo que es el fin último de una economía: satisfacer los deseos y necesidades humanas, las de los consumidores.

Al mismo tiempo, mediante el TLC logramos una ampliación del mercado, como nos lo enseñó Smith, que fomenta una división del trabajo más eficiente y más productivo, con lo cual los costarricenses veremos aumentar nuestra riqueza. Por ello, no es de extrañar que un reciente estudio de CEPAL señale que la región, al formar parte del TLC, tendría un incremento adicional de al menos el 2% anual; esto, por sí sólo, permitiría que los habitantes de la región dupliquemos nuestro ingreso per cápita en 35 años, agregado al crecimiento que se lograría si no existiera el TLC. Crecer no es nada fácil, como lo pueden atestiguar tantas naciones pobres de nuestro planeta, por lo que los costarricenses jamás podremos desperdiciar esta oportunidad que el TLC nos da de que nuestra economía pueda aún creer más.

Chile se abrió al comercio internacional, pero no del todo, pues si bien tenía desde un principio aranceles bajos –y eso fue muy sabio- lo cierto es que los ha ido reduciendo sólo gradualmente y, sobre todo, fue en el camino cuando eliminó una serie de distorsiones que tenía y cuya equivalencia arancelaria es fácil de comprender. Después de llevar a cabo esa muy amplia apertura, se dieron cuenta de que muchos y muy importantes mercados en algún grado permanecían cerrados a sus exportaciones, lo que les motivó a diseñar una estrategia comercial basada en acuerdos bilaterales, en la cual, obviamente, Chile ya no podía disminuir mucho sus ya bajos aranceles, pero había áreas en donde si podía “ceder” -lo propio que hagan las partes en un acuerdo comercial negociado- como lo fue en inversión, derechos de propiedad, participación de capital extranjero en áreas antes circunscritas al capital doméstico, entre otras, además de eliminar su ya pocos aranceles. Así fue como tuvieron éxito en negociar acuerdos comerciales bilaterales con muchos países del mundo.

En resumen, como es propio de estos acuerdos, tuvieron que “ceder” (no creo que de mala gana, aunque no dejó de doler a ciertos sectores proteccionistas y estatistas), a cambio de acceder a los mercados de los países con que negociaban. Chile lo ha hecho con los Estados Unidos, con Costa Rica, para que no se olviden, con Japón, con países de Europa y muchas otras naciones.
Por ello, es una falacia decir (ah, con estos árbitros del futbol de los lunes) que Costa Rica debería haberse abierto primero, como Chile y, después, buscar acuerdos comerciales bilaterales tipo TLC, cuando precisamente, al igual que Chile, en su momento abrió su economía (ojalá lo hubiera hecho aún más) y ahora busca firmar acuerdos tipo TLC urbi et orbi.

Igualmente es un error señalar que el TLC no debía haber introducido innecesariamente temas políticamente sensibles que complicaron las negociaciones. Claro que sería un mundo más fácil sin la negociación de esos temas sensibles: es más, lo más fácil sería lógicamente aquél en que nadie tuviera que ceder en algo, pero, les recuerdo, en esos acuerdos comerciales las partes “intercambian” protecciones vigentes; yo me abro en esto y el otro y vos te abrís en eso y aquello. En cierta manera, los socios comerciales del TLC le pidieron a Costa Rica que, a cambio de dar acceso a sus economías, el país abriera sus barreras a la competencia, y lo que alguien puede considerar como políticamente sensible en el TLC (además del arroz, cuya protección hoy favorece a cinco ricos a costa de los más pobres del país), son la apertura (parcial) del monopolio de telefonía y de seguros, que creo que, como liberales siempre opuestos a la coerción indebida de nuestra libertad de escoger, no lo vemos como algo malo o inconveniente.

Los enemigos de la libertad se pondrán muy contentos con esta argumentación contraria al TLC que hemos venido analizando -en mucho malentendida, pero se debe a que está mal argüida- que es presuntamente liberal en su fuente, pero en realidad contraria a la libertad de escoger, lo cual es en verdad lo propio del pensamiento liberal. Tal vez si las cosas se hubieran hecho con mayor cuidado…
Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 11:29
2007-05-31-FALSEDAD Y OPORTUNISMO

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COLUMNA LIBRE:FALSEDAD Y OPORTUNISMO

Boletín de ANFE, 31 de mayo de 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 135-136.

Hace poco los presidentes de Perú, Panamá y Colombia acudieron presurosos a conversar con congresistas de los Estados Unidos, con el fin de lograr que sus países pudieran firmar un TLC con los Estados Unidos, los cuales estaban en proceso de negociación y, de acuerdo con la legislación de este país, el plazo para firmarlo se cumplía en pocos días.

Después de un amplio cabildeo, el Congreso, dominado por los demócratas y en acuerdo con los republicanos, decidió ampliar el plazo para la firma de TLCs entre los países que estaban en proceso de negociación, concretamente Perú, Panamá y Corea del Sur, a cambio de que esos acuerdos en proceso de negociación, incorporaran cláusulas llamadas laborales y medio-ambientales, destinadas a su protección. (Además, a Colombia se le exigió que aceptara una serie de cláusulas sobre seguridad interna de ese país, la cual tenía nerviosos a destacados líderes demócratas). Obsérvese, desde ya, que el Congreso de los Estados Unidos amplió el plazo para llegar a un acuerdo sobre un TLC sólo con los países que a la fecha no lo habían concluido y que de ninguna manera dijo que aquellos ya negociados y firmados podrían reabrirse a renegociación alguna.

En Costa Rica, un político del No, Ottón Solís, de inmediato, oportunista, salió a la palestra nacional diciendo que los Estados Unidos aceptaban renegociar los TLCs, tales como el ya firmado con Centro América y República Dominicana, el cual incluye a nuestro país. Así, bastaría con que ahora Costa Rica le pidiera a los Estados Unidos renegociar el CAFTA, para que resolviéramos todo lo que él y otros consideraban inconveniente en dicho tratado.

A veces desafía el sentido común del ciudadano ver a ciertos políticos de pasarela distorsionar los hechos de forma tan flagrante, quienes nos creen tontos de capirote, que no podemos darnos cuenta de que, más que pelear por un interés nacional que dicen defender, lo hacen para mantener una vigencia política que se esfuma cada vez más. Así, no les importa distorsionar y falsear los hechos en la creencia de que con ello jalan agua para sus molinos. Lo cierto es que, en este momento, los costarricenses no tenemos más alternativa que aprobar o improbar lo ya acordado. Cualquier otro alegato, es falso.

Yo sí quiero la aprobación del TLC, no sólo porque significará un aumento
sustancial del crecimiento de nuestra economía, de al menos un 2% anual según estudios de las Naciones Unidas, lo cual permitiría que, por ese simple hecho, en 35 años los costarricenses dupliquemos nuestro ingreso, adición que alternativamente es difícil de lograr, sino también porque la propuesta que, al menos algunos aunque veladamente, han planteado frente al CAFTA, es el proyecto llamado ALBA de Hugo Cháves y acólitos zurdos, quienes ni siquiera tiene muy claro de que se trata, excepto convertirnos en peones de un estatismo retrógrado e incompatible con un mundo que avanza hacia el progreso por la vía de la globalización y el comercio internacional. Ante esto, los liberales, una vez más en la Historia, nos diferenciamos de aquellos que en España, a principios del siglo 19, se les llamó “los serviles”, quienes antes servían a los nobles y a la monarquía absoluta y hoy quieren que volvamos a servir al poder del estado por encima del de las personas. Son los Cháves y los Castros y sus compañeros de viaje quienes proclaman apoyo para los costarricenses del No, en contra de los costarricenses que Sí apoyamos la libertad de escoger y de elegir.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 11:30
2007-06-30--GRAVES DISTORSIONES EN PRECIOS DE ENERGÉTICOS

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COLUMNA LIBRE: GRAVES DISTORSIONES EN PRECIOS DE ENERGÉTICOS

Boletín de ANFE, 30 de junio de 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 137-138.

Recientemente la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) tomó importantes decisiones que permitieron algún grado de racionalidad en los precios de energéticos tales como combustibles, gas licuado y algunos derivados de petróleo. Simplemente tomó una decisión de sentido común: eliminar distorsiones derivadas de subsidios cruzados en los productos arriba citados que distribuye RECOPE. Si bien la nueva política se está llevando a cabo gradualmente, en esencia elimina el subsidio que ciertas gasolinas y el gas licuado brindaban al diesel y al combustible para aviones, entre otros.

Sin embargo, el mercado de estos derivados y concretamente, de la electricidad, los combustibles y el gas licuado, continúan distorsionados debido a políticas públicas erradas de fijación de precios, en circunstancias de prácticas monopólicas que causan un grave daño a grupos de nacionales y, en general, a todo el país, por las señalas equivocadas que se envían para la toma de decisiones y la formulación de planes individuales.
En Costa Rica se subsidia el uso doméstico de la electricidad, a la vez que, a causa del monopolio de RECOPE, se encarece artificialmente el del gas licuado, lo cual induce a que muchas de las familias más pobres del país quemen leña para satisfacer las necesidades energéticas de sus hogares.

RECOPE ostenta el monopolio de la importación del gas licuado y ello se traduce en que el precio doméstico al que RECOPE vende a los distribuidores de gas en el país (lo cual es determinado por la ARESEP) sea superior en más de un 35% al precio internacional –cosa que por definición varía diariamente, pero, al menos, así lo ha sido en promedio en épocas recientes.

El truco está en que RECOPE, a ese precio monopólico del gas importado no le asigna los costos en que incurre propiamente por la operación doméstica relacionada con el gas, sino que incluye lo que a su juicio es pertinente. ARESEP le adiciona al precio de importación el costo que defina RECOPE (con algunos estira y encojes), pero de forma tal que permite ese sobreprecio doméstico muy por encima del precio internacional, que luego es simplemente trasladado a los consumidores de gas.

Así, el consumidor nacional encuentra que, por una parte, mientras el precio que se le cobra por la electricidad está subsidiado por el sobreprecio de esa misma energía a otras actividades nacionales, por otra parte, el gas le resulta más caro que la energía eléctrica y, al mismo tiempo, para los sectores más pobres, la leña es aún más barata.

Una decisión correcta de ARESEP que elimine esa práctica malévola derivada en última instancia del monopolio y de no definir claramente los costos por parte de RECOPE, permitiría eliminar el sesgo en contra del gas licuado que se importa, permitiendo que su costo se reduzca para los consumidores (que podría llegar tal vez hasta una rebaja de un tercio de su precio), quienes ahora enfrentarán los siguientes precios: un gas más barato comparado con la electricidad actual, lo que, a la vez, haría que la leña ya no fuera la opción que escogería, pues ya no resultaría ser relativamente tan barata.

De esta forma, además de ayudar a cumplir los sueños de grupos interesados en la conservación de los bosques nacionales, aumentaría el ingreso real de los grupos más pobres del país, como lo han corroborado los datos sobre consumo de la Encuesta de Hogares del Instituto de Estadísticas y Censos. La decisión de eliminar el sobreprecio que cobra RECOPE está en manos de ARESEP, la cual tiene ante sí la enorme posibilidad de poner algo de orden en un mercado profundamente distorsionado, al tiempo que, de verdad, se favorece a los más pobres del país.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 15:27
2007-07-31-CLARO QUE SÍ AL TLC- 10 RAZONES PARA ELLO
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COLUMNA LIBRE: CLARO QUE SÍ AL TLC: 10 RAZONES PARA ELLO

Boletín de ANFE, 31 de julio del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 139-142.

1.- El TLC va acorde con el espíritu liberal al ampliar nuestra libertad para escoger. Hay partidarios del No (conservadores, socialistas, comunistas, trotskistas, ecologistas extremos, estatistas) que se oponen por no creer en aquella forma de ver las cosas. ¿Acaso le extraña que Chávez, Ortega, Albino, Carazo, entre otros, vayan contra el TLC por ser éste una prueba más de las bondades de la economía de mercado en contraste con las perversiones de la economía estatizada?

2.- El TLC amplía las posibilidades de crear empleo y mejores salarios, al elevar el potencial de la inversión, tanto doméstica como extranjera. Por ello se oponen al TLC los grupos sindicales estadounidenses del AFL-CIO, quienes alegan que aumentaría el empleo en nuestros países en detrimento del de su país. ¿No le extraña que ciertos grupos sindicales como la ANEP también se oponen al TLC, aunque la AFL-CIO diga que crearía más empleo aquí?

3.- El TLC garantiza el acceso de nuestras exportaciones tanto hacia el principal socio comercial (Estados Unidos), como también a Centro América (un mercado casi tan importante) y a la República Dominicana (mercado creciente, y si no que lo digan nuestros lecheros exportadores). Hoy exportamos a Estados Unidos gracias a su Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), pero está a punto de expirar. Los del No (como Ottón Solís) creen que tal cierre no se va a dar: no ha pensado que si eso se diera, los otros países competidores, ya miembros del TLC, reclamarán que ellos deben exportar siguiendo las reglas de ese acuerdo, mientras Costa Rica lo haría sin pagar impuestos aún cuando no aprobara el TLC. ¿Acaso los del No creen que la competencia no juega en este asunto, y que, simplemente porque “me gusta Costa Rica mucho”, se nos dejará seguir jugando con reglas diferenciadas? Hay que ser un poco más serios…

4.- El TLC es constitucional. La Constitución define las reglas de juego en una sociedad, por lo que una inconstitucionalidad del Tratado sería muy grave. Partidarios del No insistieron, con el patrocinio y apoyo explicito de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que el TLC era inconstitucional, pero, para su desmayo, la Sala IV definió que tal cosa no era así.
5.- El TLC aumenta los beneficios que nuestros consumidores obtienen con el comercio internacional. Lamentablemente, mientras la Ronda de Doha y, por ende, la Organización Mundial de Comercio (OMC) no se dirijan a una apertura mayor del comercio mundial, la única forma que el país tiene para garantizar el acceso de sus exportaciones es con TLCs (ya tenemos 4 y hay otros en camino con Europa y China). La apertura unilateral es deseable, pero en este momento es poco viable que sea aceptada por el costarricense. Esta es la razón por la que Chile primero se abrió unilateralmente y luego usó los TLCs para garantizar el acceso de sus exportaciones a los mercados extranjeros.

6.- El TLC crea competencia para los monopolios locales y con ello reduce el costo que la sociedad debe pagar hoy en día por su existencia: una menor cantidad y calidad de los servicios. Mucha de la oposición al TLC viene de ciertos sindicatos enquistados en esos monopolios. La competencia pone en peligro privilegios tales como las SALES, que hace que ciertos sindicatos sean los únicos proveedores de servicios a empresas públicas como el ICE. Esa misma competencia se encargará de mejorar los salarios de los buenos y eficientes trabajadores de los hoy monopolios, tal y como sucedió con la eliminación de la banca estatal hace más de diez años. Los del No van a tener mucho trabajo de oposición en el futuro, al surgir la posibilidad de un TLC con Europa, pues han manifestado que en el tapete de la apertura estarán servicios que hoy son monopolio estatal, como son energía, combustibles, telecomunicaciones y seguros. ¿Acaso creen ustedes que, en un eventual TLC con China, los chinitos no nos van a pedir negociar eso mismo?

7.- Con el TLC es de esperar un incremento en la inversión que dará lugar a un aumento en la producción nacional o Producto Interno Bruto (PIB). Esa mayor base sobre la cual cobrar tributos provocará un aumento en los ingresos fiscales, lo cual permitiría, entre otras cosas, remunerar mejor a los buenos empleados públicos, muchos de quienes son hoy empujados por Albino y la ANEP para oponerse, porque sí, al TLC.

8.- De dos viejos liberales, el Dr. Fernando Trejos Escalante y don Alberto Di Mare, aprendimos la importancia de que el país contara con un sistema de salud de la Caja, en donde el ciudadano no muriera por falta de buen cuidado médico. Veo con complacencia que el TLC en nada impide cumplir con este objetivo de solidaridad; pese a que proponentes del No insisten en que el TLC encarecerá las medicinas, la Sala Constitucional se encargó de desmentirlos.

9.- Si Costa Rica rechaza el TLC (lo cual no creo), enviaría una señal equivocada a un mundo que se globaliza gradualmente. ¿Con qué cara le vamos a pedir a Europa que firme un TLC con nosotros si, hipotéticamente, hemos rechazado un acuerdo con el país (Estados Unidos) y la región (Centro América) con los que realizamos la mayor parte de nuestro intercambio comercial? Obviamente, nos van a ver como el cangrejo, cada vez más p’atrás.

10.- El TLC nos ofrece grandes oportunidades para desarrollarnos y las que tenemos que aprovechar (hoy día Costa Rica, subestimada por los del No, exporta competitivamente más de 3.500 diferentes productos). Los del NO nunca nos han dicho cuál es la alternativa que proponen al TLC. ¿Acaso es la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), promovida por Hugo Chávez y añorada por algunos en nuestro terruño, quienes coherentemente también se oponen al TLC? Sabemos que el ALBA es un ejemplo más de la insania de un proto-dictador criollo, que ya muchas veces hemos visto en América Latina. ¿Fidel Castro nos dice que no aprobemos el TLC, pero paradójicamente clama porque eliminar el boicot estadounidense a la economía cubana, para que así Cuba pueda beneficiarse del comercio internacional? Como buen comunista, lo que quiere es que nos empobrezcamos para así, consistente con su doctrina marxista, surjan contradicciones que nos lleven a repudiar una economía liberal.

Por todo esto (y más), digo: Claro que SÍ al TLC.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 15:48
2007-08-31-EL HILO EN COMÚN QUE LOS ATA

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COLUMNA LIBRE:EL HILO EN COMÚN QUE LOS ATA

Boletín de ANFE, 31 de agosto del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 143-146.

Desde hace buen rato he tratado de encontrar una explicación del porqué de la agrupación de tan diferentes participantes en el llamado No, por su oposición a la aprobación del TLC. No me quedaba claro cuál era el elemento que los unía en dicha antipatía, en especial porque conozco las diferentes procedencias ideológicas de algunos de ellos. Se me ha hecho cuesta arriba encontrar un rasero común que me faculte homogeneizar posiciones diversas y hasta antagónicas de sus integrantes. ¿Cómo amalgamar los alaridos de un párvulo de rostro tapado, creyendo que así puede liberarse de su salvajada, con los buenos modales de un caballero abogado, usual agente de empresas interesadas en que se les resuelva problemas comerciales y no en oponerse a un TLC? O, ¿qué hacer para poder emulsificar a un político obsoleto, quien cree que con aplicar términos científicos modernos a un viejo emplasto, recupera una respetabilidad intelectual que presuntamente tuvo en el pasado, con otro político lleno de caritas y gestos, que cree le podrán abrir el paso hacia un poder con el cual siempre ha soñado? ¿Será posible unir al vocablo grosero y ramplón de un líder sindical, ignorante de los principios básicos de convivencia pacífica, a aquella sencillez de una trabajadora que se opone porque considera que su negocio tiene poco futuro frente a una potencialmente avasalladora competencia internacional? Porque entre los partidarios más notorios del No hay amoríos y juntas inexplicables: por ejemplo, uno de ellos dijo, cerca de unos troskos, que él estaba a favor de una apertura unilateral al libre comercio y por ello se oponía al TLC, entre otras cosas. Por supuesto, los rojos extremistas no lo entendieron. Por ello a esos improvisados es que se les conoce como tontos útiles: siempre creen ser los más vivos, hasta que aquellos que juzga como los tontos llegan a tomar el poder… y lo primero que hacen es botarlos a un lado, con lo cual se dan cuenta de la realidad de las cosas.

Afortunadamente Friederich Hayek escribió en 1959 un Post-Scriptum a su libro clásico La Constitución de la Libertad, al cual le puso por título: ¿Por qué no soy un Conservador? Al releerlo encontré el hilo que une ese tejido tan dispar de pensamientos agrupados alrededor del llamado No al TLC y que hoy día ata a sus más connotados actores en una muy incómoda colcha parchada. Lo que los une es que son conservadores. Su interés básico para oponerse al TLC es mantener el estado de cosas, para lo cual acuden a esa forma de verlas caracterizada por no ofrecer alternativa alguna, excepto mantener, cualquiera que sea, la situación actual. Es el No al cambio, per se.
Está bien mantener algún grado de escepticismo, lo cual puede inclinarnos a pensar que no hay instrumento humano perfecto que venga a resolver todos nuestros problemas. Lo cierto es que la mayoría de los proponentes del Sí han sido enfáticos en que dicho tratado no es perfecto y que se caracteriza porque hay que dar cosas a cambio de otras. Pero la actitud de los conservadores del No radica en no ofrecer alternativa alguna a un simple tratado comercial, ni siquiera proponen alguna novedad. En su momento pensé que algunos camaradas que integran el movimiento por el No tal vez abogarían por un TLC con China Roja, tal como muy en sus entrañas sí lo hacen algunos europeizantes que, porque no les caen bien los “gringos imperialistas” se oponen a este TLC, pero saben que uno con Europa es inevitable, aunque no se atreven a decirlo. Lo más probable es que la negociación de un TLC con Europa vaya a ser más “difícil”; en otras palabras, que éste va a requerir más de lo que hemos tenido que ceder en el acuerdo con Estados Unidos.
Lo que permite la unión de grupos aparentemente tan diversos –comunistas, ex-comunistas, conservadores criollos, ecólogos in extremis, trotskistas, sindicalistas extremistas, social-demócratas estatistas, políticos que buscan la redención y el perdón por daños no olvidados, universitarios en sus cómodas cátedras, entre otros- es un temor acendrado al cambio. Prefieren oponerse a cualquier evolución y al progreso; muchos de ellos se dan cuenta de que el mundo ha ido cambiando y la globalización es un hecho al cual debemos adaptarnos adecuadamente, pero escogen el inmovilismo que da el temor ante esos cambios. Ni siquiera son capaces de reconocer que un país tan pequeño como Costa Rica hoy día exporta exitosamente, sin subsidios ni privilegio alguno y compitiendo con todo el mundo, más de 3.600 distintos productos a las más diversas naciones esparcidas por todo el mundo. Y lo hace con gran éxito, causando admiración y hasta envidia de otros que no han podido lograrlo. Costa Rica ha logrado vencer el temor a exportar y de integrarse al comercio mundial.
Los conservadores del No prefieren exhibirse como temerosos a la mutación, al cambio. Nos quieren asustar –intentan apelar a lo más profundo de nuestro cuerpo calloso- con cuanta amenaza pase por su febril imaginación: que nos van a devorar, que nos van a acabar, que nuestros cadáveres van a ser objeto de un comercio desenfrenado, que los ticos no pueden competir, cuando ya lo han hecho y, por el contrario, de no aprobarse el TLC lo que sí lograrán es impedir que los costarricenses podamos seguir haciéndolo exitosamente.
Nos han querido engañar diciéndonos que el extranjero nos va a dejar sin oportunidades, pero el obrero y el empresario, quienes hoy participan de la exportación, constituyen el mentís más firme al sueño autoritario de que sólo si hay alguna autoridad superior que supervise todo, será posible seguir progresando. Porque eso es lo que cree el conservador. Como ejemplo, quieren que sea el actual ICE el que continúe obligándonos a elegir lo que le da la gana que tengamos en el campo de la telefonía, en vez de que se nos abran las puertas de un progreso que cunde por todo el mundo en el campo de las telecomunicaciones, progreso que sólo la competencia del mercado nos puede brindar.
Ese temor que se nos quiere inculcar, de que el extranjero nos va a acabar, es falso. Ya hemos probado hasta la saciedad de que Sí podemos hacerlo, mostrando el error de la correlación entre el mensaje conservador en cuanto al No y una hostilidad al comercio internacional. Lo cierto es por más que de un nacional provenga tal idea anti-progreso, eso no la va a convertir en una idea inteligente: ninguna economía del mundo ha progresado aislándose del comercio internacional.
Es el espíritu conservador el hilo que ata a los partidarios del No: esclaviza su alma, pero no la nuestra, que siempre mira al futuro con optimismo, pues lo único que pretendemos es ver cómo podemos vivir mejor y no en mantener per se el estado de cosas.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 15:49
2007-09-30-EL TLC Y EL CONSUMIDOR
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COLUMNA LIBRE:EL TLC Y EL CONSUMIDOR

Boletín de ANFE, 30 de setiembre del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 147-150.

Recientemente el columnista de La Nación, señor Jorge Guardia, considerado por muchos como un pensador de tendencia liberal, en esencia escribió que permanecía indeciso ante la aprobación del TLC por su falta de defensa de los intereses del consumidor y por considerar que éste poco ganaría con él.

Es un tema que creo se ha discutido bastante en la palestra, pero la columna de don Jorge pretende dar un baño frío a quienes hemos venido abogando por la aprobación del TLC. ¿Estará don Jorge en lo correcto? ¿Es su análisis del TLC el apropiado para llegar a la confusión que dice tener? En mi opinión, como economista y liberal, creo que no: No está en lo correcto y su análisis es inapropiado para ayudarnos a decidir en este referendo.

Como introducción contaré una anécdota relevante. En una presentación de un libro del economista doctor Rigoberto Stewart, como es propio de tan distinguido académico, defendió la posición liberal del libre comercio que muchos compartimos y lo contrastó con lo que se ha denominado “acuerdos de libre comercio” (tal como el TLC), en los que no hay libre comercio a plenitud, sino un acuerdo de desgravación o apertura parcial resultante de negociaciones entre los países firmantes. En esa oportunidad se había invitado a otro distinguido economista, el doctor Alberto Trejos, para que comentara el libro de don Rigoberto. Ante los señalamientos de éste sobre los TLCs, don Alberto aclaró que él (quien, como Ministro de Comercio Exterior, había negociado el TLC), compartía muchos de los ideales de don Rigoberto sobre las virtudes del libre comercio, pero le había tocado lidiar con realidades diferentes a las de su colega. Esencialmente, ese TLC era lo posible de acordar entre muchas peticiones contrastantes y hasta hostiles de los diferentes países, si bien él hubiera deseado una mayor apertura pro-libre comercio de todas las partes; en segundo lugar, en el mundo, en esos momentos (y también hoy en día), las negociaciones de la Ronda de Doha de apertura alrededor de la Organización Mundial de Comercio, estaban paralizadas y por eso las naciones acudían a lo único disponible en pro de la apertura comercial, como eran los acuerdos de libre comercio.

Ante la argumentación de don Alberto, don Rigoberto, como académico y caballero que es, reconoció públicamente el esfuerzo hecho por los negociadores encabezados por el Dr. Trejos y aceptó que ciertamente esa era una realidad con la cual se tenía que convivir y que consideraba que siempre era importante tener como un marco de referencia las ventajas de un libre comercio sin traba alguna.

Por supuesto, los asistentes reconocimos el esfuerzo de estos dos economistas liberales y sobre todo su disposición a que los costarricenses nos siguiéramos beneficiando en lo posible de aquellas máximas que conocemos desde Adam Smith y David Ricardo.

Lástima que el Sr. Guardia no asistió a esa presentación del libro de don Rigoberto, pues no hubiera cometido el fatal error en que incurre para declararse indeciso ante la aprobación o rechazo impostergable del TLC. El hecho es que este tratado contiene una serie de provisiones, que como indicaré luego, pueden no ser las ideales para quienes creemos en un verdadero libre comercio, pero que SÍ benefician notoriamente a los consumidores.

Don Jorge me alegará en contrario (y hasta podría calificarme de ingenuo) citándome un valioso trabajo de la CEPAL, que sirve de base para que él considere que el beneficio del consumidor con el TLC es relativamente inocuo.

Sobre esto cabe hacerle dos señalamientos. El primero es que don Jorge, al igual que quien esto escribe, somos poco conocedores de las técnicas econométricas.

Por ello, para informarme bien, consulté a dos apreciados economistas de mi confianza académica e ideológica, como son los doctores Juan Muñoz y Ricardo Monge, ambos profusos conocedores de las técnicas econométricas, quienes me indicaron que uno de los problemas con los llamados modelos de equilibrio general, como el de la CEPAL mencionado, es que, por su grado de agregación, resultados como los expuestos no permiten indicar el grado en qué se podrán desarrollar las cosas. Así, por ejemplo, se me explicó, ningún modelo de equilibrio general podía haber predicho allá por los años ochentas, cuando Costa Rica inició su proceso de apertura, que el país se convertiría en el mayor exportador de piña a los Estados Unidos, o que llegaría a exportar más de 3.500 diferentes productos a ese mercado. Simplemente los modelos de equilibrio general no llegan a ese nivel de detalle y ello es aplicable en la estimación plena de los beneficios que los consumidores obtendríamos con un TLC como el de comentario. (De paso, tampoco es posible, de acuerdo con el economista Roemer, que esos modelos de equilibrio general incorporen las diversas demandas futuras, ni tampoco incluyan productos que hoy no se intercambian y que sí lo harían gracias a dichos acuerdos comerciales… la acción humana no forma parte de esos modelos de equilibrio general).

En segundo lugar, el gran error en el comentario de la columna de don Jorge, es que no explica que la alternativa es entre lo que tenemos actualmente (sin TLC) en contraste con lo que ese TLC propone, para evaluar los posibles beneficios para los consumidores. Así, con el TLC tendríamos la apertura de un monopolio que hoy día impide escoger a los consumidores, como es en la telefonía celular y la Internet, así como sucede algo similar con los seguros. Hasta con el caso del arroz, en que si bien el TLC nos queda debiendo, la apertura total se dará en 20 años: Eso es mejor que la no apertura para los consumidores que hoy día tenemos y que, tanto don Jorge como yo, desearíamos que fuera desde ahora. Hay muchos productos que se desgravan y que se irán abaratando con el paso del tiempo (y que creo permitirá una reducción de la inflación si hay una política monetaria congruente), que permitirán un aumento del ingreso real de los consumidores. Porque aquí surge otro de los errores de la columna del señor Guardia: No toma en cuenta lo que los economistas llamamos el efecto ingreso.

Si con el TLC es factible que mejoren los salarios y el empleo, así como las exportaciones que ya no estarían sujetas a la actual inseguridad alrededor de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, los consumidores tendríamos mayores recursos para consumir.

Por eso sorprende la alacridad con que el ex Presidente de ANFE, señor Guardia, se declaró perplejo y titubeante ante la decisión que los costarricenses debemos tomar en el corto plazo. Era cuestión de, antes de escribir, consultar a los que podían haberlo aconsejado mejor, en lo técnico y hasta en lo político, si bien esto último no me atrevo a hacer, pero de seguro otros ya lo habrán hecho, para bien de don Jorge.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 15:51
2007-10-30-FIASCO DEL BANCO CENTRAL

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COLUMNA LIBRE:FIASCO DEL BANCO CENTRAL

Boletín de ANFE, 31 de octubre del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 151-153.

Cuando hace ya varios meses el Banco Central anunció que sustituiría el antiguo régimen cambiario basado en una devaluación cotidiana del colón frente al dólar, que supuestamente tomaba en cuenta los diferenciales de inflación entre Costa Rica y los Estados Unidos o con el resto del mundo, hacia uno en que el precio de la divisa se determinaría dentro de una banda cambiaria, se pensó que el mercado, en vez del ucase imperial del Banco, tendría mayor importancia para la determinación de un valor verdadero de nuestra moneda vis a vis el dólar. Es cierto que siempre se dijo que el Banco Central intervendría en dicho mercado, pero no se esperaba que fuera de un grado tal que definiría el valor de nuestra moneda que le entrara en gana.

Cuando a inicios del nuevo régimen cambiario se permitió algún grado de flotación del colón, se observó una rápida revaluación de esta moneda frente al dólar, al punto que su precio se ancló en el límite inferior de la banda cambiaria. La señal que enviaba el mercado era clara: el colón tendría que continuar un proceso de revaluación frente a la divisa norteamericana, pero el Banco Central decidió que ello no debería de ser así, probablemente por el temor de que las exportaciones se vieran afectadas negativamente ante un encarecimiento del colón. Este temor es infundado porque, de ser que las exportaciones se afecten de tal manera, por sí mismo daría lugar a que el dólar escaseara y que consecuentemente su precio se elevara, provocando una reacción positiva hacia una reversión de la caída de las exportaciones. Por supuesto, que la excusa para no actuar de esta manera la encontró el Banco en la gran entrada de capitales al país que se había venido dando en el curso de muchos, pero muchos, meses.

Ahora la situación es aún más incierta, porque no se sabe el rumbo que habrá de tomar el Banco, cuya conducta errática ha causado enormes daños al país, si bien ha beneficiado a algunos en concreto. Y digámoslo desde ya: su política ha privilegiado a los exportadores a costa del resto de los costarricenses, consumidores, importadores y oferentes de trabajo denominado en colones, ante la ausencia de un mercado que defina cuál es el valor de las cosas en nuestra economía.

La situación que hoy se vislumbra en nuestra economía es compleja, para ponerla lo más suave posible, pues si bien el crecimiento económico continúa con un dinamismo aceptable, ello ha tenido un enorme costo para los costarricenses en aspectos tales como inflación y en una subestimación de sus salarios reales.

¿Acaso no nos habían dicho que, con las nuevas políticas económicas de rescate del colón ante la dolarización, la tasa de inflación de este año sería cercana a un 8% y ahora resulta que, con suerte, llegaremos a un 9.5-10%? Asimismo, como parte de la conducción monetaria el Banco Central ha forzado una reducción de la tasa de interés en la economía, pero, dada la tasa de inflación mencionada, lo que ha logrado es que, en este año, la tasa real de interés –que es el precio de nuestro ahorro- sea negativa (véalo en el descenso de los rendimientos de su régimen de pensiones). Tras que somos un país que ahorra un bajo porcentaje de su PIB (algo menos de un 20%, lo cual contrasta con más de un 50% en China), ahora el Banco Central ha decidido castigar al ahorrante y, de paso, aprovecha para quejarse, hipócritamente, del alto nivel de consumo en nuestra economía, con lo que demuestra creer que los costarricenses somos unos tonticos de capirote.

Lo más grave es que el Banco, al subvaluar el colón, ha disminuido notablemente el salario real que percibe el costarricense (no sólo al impedir con tal medida la entrada de importaciones más baratas), pues, si en vez de los ¢520 por dólar que el Banco “ha fijado”, se tuviera un valor que determina el mercado (¢450 según en su momento lo señaló un destacado banco comercial), el salario real del costarricense se vería aumentado en ¢70 por el equivalente de cada dólar generado en salarios. Hemos estado exportando pobreza. Pero, además, con este subsidio a las exportaciones, hemos incentivado a nuestro exportador para que no busque la eficiencia y la competitividad, pues el incentivo es para que presione porque el Banco Central mantenga un tipo de cambio con un colón subvaluado, sin que se les someta al rigor empresarial que significa luchar permanentemente por lograr una mayor eficiencia competitiva en los mercados.

Alguien va a alegar que de dónde saco esos ¢450 y ese diferencial de ¢70, el cual es ahora mucho menor, pues alegan que las entradas de divisas han disminuido recientemente. (Por supuesto, dicen que al Banco Central le están entrando menos divisas que antes, pero no dicen qué es lo que pasa en la economía como un todo, que es lo que importa). Lo cierto es que ese diferencial ha operado por mucho tiempo durante el año 2007 y, si ahora fuera diferente, pues el mecanismo que nos diría cuál es el verdadero valor del colón hoy en día, precisamente el Banco Central es quien impide que opere. Si no hubiera tal limitación, sabríamos a la fecha cuál el verdadero monto del impuesto que hoy se carga sobre el comercio internacional (la importación) y sobre el salario de la mano de obra costarricense denominado en colones.


Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 16:00
2007-11-30-LOS POBRES SON MÁS POBRES Y LOS RICOS MÁS RICOS

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COLUMNA LIBRE: LOS POBRES SON MÁS POBRES Y LOS RICOS MÁS RICOS

Boletín de ANFE, 30 de noviembre del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 154-162.

Debido a la importancia que como forjador de opinión en el país posee el periódico La Nación, vale la pena referirse a un conjunto de informaciones aparecidas en su edición del domingo 18 de noviembre, el cual hace referencia al llamado décimo tercer Informe del Estado de la Nación.

El titular de La Nación de ese día reza así: “Dispar distribución de la riqueza provoca mayor violencia social”, supongo que con base en lo expuesto por dicho Informe, de que ha empeorado la distribución de la riqueza en el país. De tal forma lo asevera, en esa misma edición, el coordinador de dicho informe, quien señaló que “los pobres hoy son más pobres y los ricos un poco más ricos”.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares que suele llevar a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre el 2005 y el 2006 se redujo el ingreso de los hogares del quintil (el 20%) de más bajos ingresos, y, si se compara el ingreso per cápita de cada familia con el nivel de ingreso de referencia por debajo del cual se considera existe un estado de pobreza, sería factible afirmar que la pobreza aumentó durante dicho lapso. Resulta que, de acuerdo con el estudio del INEC antes mencionado, entre el año 2005 y el 2006 la pobreza más bien se redujo, pues pasó del 21.2 a 20.2 por ciento de los hogares.

Es que en este tema sorprende el embrollo que se hace de los términos económicos empleados en el artículo principal de aquella fecha, cual es la confusión de lo que se conoce como un flujo, el cual es diferente de un stock. Trataré de explicar la diferencia entre estos dos conceptos en función de los no versados en Economía. Uno aprende que un flujo es muy diferente de un stock (o existencia), pues, mientras el segundo se refiere a un cierto valor, medido en términos de una unidad monetaria en un momento dado, por ejemplo de tantos colones, el primer concepto (el de flujo) trata de un cierto valor por unidad de tiempo; esto es, tantos colones por día o por mes o por año. Para entender mejor estos dos conceptos, usaré un símil: mientras una piscina (llena de agua) es un concepto de stock (tantos litros o galones de agua en ese momento dado), el tubo que la llena (y el que la desagua) es un concepto de flujo (tantos litros o galones por minuto o por hora, por ejemplo). Así, la riqueza es un stock: de tantos colones en ciertos activos, mientras que el ingreso es un flujo: tantos colones por mes. Por ello, observen la definición que un conocido pensador hace de riqueza: “Consiste de activos que prometen un flujo futuro de ingresos” (George Gilder, Wealth and Poverty, New York; Basic Books Inc., 1981, p. 48).

Esta confusión de conceptos está presente en el Informe de marras, trascrito por La Nación y reiterado por su coordinador: pues confunde riqueza, que es un concepto stock, con ingreso, que es un flujo en el tiempo. Ahora bien, ¿por qué es importante que esto se aclare? Porque de no hacerse da lugar a confusiones y malas interpretaciones que terminan por promover políticas a todas luces inconvenientes y hasta onerosas.

Por ejemplo, el periódico La Nación señala que (no conozco si la información proviene del Informe de marras) “aunque el ingreso promedio de los hogares subió…la desigualdad aumentó” y que “según el Informe, el 20% más rico de los ticos aumentó en 20 veces su ingreso en el 2006. El 20% más pobre subió su ingreso 10 veces.” Y de seguido se cita a Miguel Gutiérrez Saxe, coordinador del Estado de la Nación, quien basado en su informe asevera que “Los pobres hoy son más pobres y los ricos un poco más ricos”. (Para impactar, un recuadro del periódico la destaca como la frase del día). Ustedes ya se habrán dado cuenta del enredo conceptual del Informe: confunde la riqueza con el ingreso. La información que en él aparece se refiere al ingreso y de ella podría deducirse que su distribución es, al momento, menos igualitaria que en años previos, pero no puede decir nada sobre la distribución de la riqueza, que es un concepto distinto e incluso no exactamente medido en nuestra economía.

Sobre este tema agradezco a un buen amigo quien me brindó la siguiente información, la cual pone en duda la relevancia de los datos acabados de citar. Me indicó que, de acuerdo con el Informe del Estado de la Nación, en el cuadro 1.1 de su página 55, “…la relación de ingresos entre los hogares del décimo decil (el más alto) y los del primero (el más bajo)… pasó de 18.3 veces a 19.9, y en el caso del quinto quintil respecto del primero de 9.5 a 10” (p. 54 del informe de referencia). Esto, evidentemente, es muy, pero muy, diferente de lo que aparece en las páginas de La Nación.

Además, cuando La Nación indica que, presuntamente de acuerdo con el Informe, “el 20% más rico de los ticos aumentó en 20 veces su ingreso en el 2006”, significaría que si, por ejemplo, el ingreso medio de los hogares del quintil (el 20%) de mayores ingresos relativos (no los más ricos) en el país en el 2005 era de, digamos, un millón de colones al mes, en el 2006 sería de veinte millones de colones (20 veces aquél millón), lo cual resulta ser increíblemente alto (incluso si no se practicara el debido ajuste por el alza de la inflación en ese lapso).

La lucha contra la pobreza sí se puede decir que se ha venido ganando en tiempos recientes (ahora lo que falta es asegurarse que sea algo permanente y no transitorio, pero ese es otro tema), lo cual se debe a que, como por ahí también se menciona, la economía ha venido creciendo, entre otros factores. Ya don Víctor Hugo Céspedes lo había explicado en ese mismo periódico, el día 1 de noviembre, cuando se señala que “el crecimiento económico rápido y sostenido de los últimos años ha permitido un incremento en el empleo y los ingresos que explican la mayor parte de la reducción de la pobreza” entre el 2006 y el 2007, que, según informa ese mismo periódico, se redujo “de 20.2% de los hogares en el 2006 a 16.7% este año”. (Un hogar se considera pobre cuando el ingreso por persona no alcanza para cubrir las necesidades básicas, que incluye alimentos y otras necesidades como vivienda y salud). En otras palabras, resulta no ser cierto, a la luz de los datos para el 2007, lo expuesto por La Nación al referirse a lo indicado en el Informe del Estado de la Nación, acerca de que, “los pobres son hoy más pobres y los ricos un poco más ricos”. No es que empeoró la distribución de la riqueza, tampoco que aumentó la pobreza; si acaso, que empeoró la distribución del ingreso. ¿Estamos claros?

El artículo del 18 de noviembre de La Nación trae a colación otro tema de suma importancia. Dice que “uno de los documentos utilizados para la elaboración de este último informe, estudia la relación de la desigualdad con los delitos contra la vida y la propiedad” y concluye en que “a mayor desigualdad se registró una mayor tasa de delitos contra la vida y la propiedad” en el lapso 1986-2006. No creo que este Informe del Estado de la Nación haya logrado, por el uso de una simple correlación entre desigualdad en la distribución (del ingreso, no de la riqueza) y tasas de delitos contra la vida y la propiedad, hacer un descubrimiento que revolucione el conocimiento sobre este tema. Por el contrario, lo que refleja es un elevado grado de simplismo al hacer su análisis de un tema tan complejo como es el del crimen. No puede adscribirse que la causa de mayor criminalidad en el país sea un empeoramiento de la distribución de los ingresos, cuando los estudiosos de estos asuntos abundan en exponer la multiplicidad de factores que, en un momento dado, suelen incidir sobre un aumento de la criminalidad.

Así, me refiero a, por ejemplo, que el crimen puede ser resultado de la acción económica, como lo expuso un importante trabajo del economista Gary Becker, en donde el delincuente actúa con base en la comparación de los costos con los beneficios del crimen, o bien puede encontrarse motivado por razones de pobreza, muy distinto de una desigualdad en la distribución de los ingresos, factor que también puede ser explicativo de la criminalidad. Asimismo, puede originarse en razones de exclusión social, de desigualdad de salarios (que también es diferente de una desigualdad de ingresos), en antecedentes culturales o familiares, en los niveles de educación o en muchos otros factores económicos y sociales que pueden incidir en el crimen; tal vez hasta en un decaimiento de la calidad de nuestra educación pública y de la educación, en general o, como me lo comentó el buen amigo a quien antes me referí, ese aumento en la delincuencia podría deberse a una fuerte inmigración concentrada en centros densamente poblados y caracterizados por desequilibrios tales como hacinamiento, una pobre ambientación y problemas de reacomodo. Estamos frente a algo posiblemente heterogéneo en su causalidad y no como simplonamente lo pretende el Informe del Estado de la Nación, que el reciente aumento en la criminalidad en nuestro país se debe a una más desigual distribución del ingreso.

No sólo es desabrido ese análisis de una presunta correlación significativa entre crimen y distribución del ingreso, sino a uno se le ocurre pensar que la reducción habida en los niveles de pobreza del país bien puede, en contrario, tender a disminuir el crimen. O que don Juan Diego Castro, quien ha mostrado con datos al país el reciente aumento en la impunidad y el consiguiente abaratamiento de la comisión de delitos, tiene razón en explicar ese aumento en la criminalidad a resultas del cálculo de los costos y beneficios de ese delito. Lamentablemente, las reformas penales recientes bien pueden haber constituido un estímulo para que, al reducir el costo del crimen dados los beneficios para el delincuente, el negocio del crimen haya aumentado su rentabilidad (si ni siquiera ya se denuncian los delitos, si cada vez se agarran menos delincuentes, si son relativamente pocos los que van a juicio y, quienes son condenados por delitos, al poco rato salen –y tal vez hasta ni se les eleva a juicio pues, si roban menos de ¢250.000, eso se considera una bagatela que no debe ser alzado a tribunales). Todo parece indicar que ahora el crimen es una actividad económica más rentable que antes y posiblemente tenga una mayor incidencia en la criminalidad que la envidia a que puede dar el que a algunos –pocos si se quiere- les vaya mejor que al resto de los conciudadanos.

Dejo para otra ocasión analizar si una distribución del ingreso igualitaria o menos desigual puede incidir en los incentivos para que una economía capitalista crezca sostenidamente. Esto podrá no gustarle a algunos, pero el tema de los incentivos es algo del cual está totalmente ayuno, tanto el informe del Estado de la Nación, como el análisis que de éste hacen los periodistas de La Nación.

Finalmente, debo comentar otras dos cosas que me reafirman en mi llamado a tratar estos temas con sumo cuidado. Voy a transcribir unas pocas líneas del Editorial de La nación del 18 de noviembre titulado “Desencuentros nacionales”. El primer párrafo dice que “este año, al igual que los 12 anteriores, el informe Estado de la Nación nos ofrece la oportunidad de observar el país desde una multiplicidad de interesantes perspectivas, sustentadas en una sólida recopilación de datos y análisis documentales...” Luego agrega que “entre esas mejoras e importantes desafíos sociales y ambientales, se mantuvieron una serie de “desencuentros”; entre ellos, la desigualdad y la pobreza…” para pocas líneas después decirnos el editorialista que, “gracias a una mezcla de crecimiento sustentado en adecuadas políticas macroeconómicas, al dinamismo del comercio internacional, a los avances en ciertos “encadenamientos” productivos y a una política social mejor orientada desde el Gobierno, este año logramos reducir la pobreza en poco más de tres puntos porcentuales…” Entonces, ¿en qué quedamos?; mientras se nos afirmó que se mantienen “desencuentros” como la desigualdad y la pobreza, poco después señala los resultados en la reducción de la pobreza.

Lo anterior se debe, en parte, a la confusión que hay en el periódico sobre una serie de conceptos que aquí hemos tratado de aclarar, pero también puede deberse al descuido con que se hicieron las cosas, al no aclarar debidamente que lo consignado en el Informe del Estado de la Nación, se efectuó con datos del 2006, mientras que la información más actualizada al 2007 muestra lo señalado en el segundo párrafo citado del Editorial: cuando el periódico dice “este año” se refiere a dos años diferentes. Alguien podría pensar que el intríngulis se debe a un apresuramiento por tratar de vender algo que puede inducir la compra: el titular “Dispar distribución de riqueza provoca más violencia social” puede ser que venda.

Líneas atrás aseveré que el mal trato dado al tema de la distribución del ingreso y de la riqueza podría promover políticas inconvenientes y hasta dañinas. Lo hice teniendo en mente lo que, en esa misma edición del periódico La Nación, señaló, en una entrevista titulada “Solución es atacar causas”, la vicepresidenta en ejercicio, doña Laura Chinchilla. En ella los periodistas le preguntan: “¿Cómo se combate la causa?” (de la pobreza), a lo que la politóloga responde: “si hablamos de desigualdad se combate por dos vías: redistribución del ingreso por medio de estructuras tributarias, donde el que más tiene más paga y más contribuye al desarrollo del país. El que menos tiene, menos paga y recibe los beneficios de la redistribución. Y por la vía del gasto social que tiene que ir a nivelar esas desigualdades…”

Lo que doña Laura no analiza es si nuestra actual estructura tributaria sobre el ingreso induce a redistribuirlo. Porque quienes abundan con la cantinela “quienes más tienen, que más paguen” suelen tener en mente la idea de que tan sólo es necesario aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta para asegurar que, efectivamente, quienes más tienen sean los que más paguen, pero la verdad no parece ir por ahí. Lo cierto es que hay un muy elevado grado de excepciones y exenciones que a quienes más benefician es a los que pagan sus impuestos con tasas marginales más elevadas. Si lo que se desea es mejorar nuestro sistema tributario, un impuesto sobre la renta con tasas más bajas y sin excepciones (o muy pocas) podría resultar más efectivo en reducir esa desigualdad que tiene en mente doña Laura.

Pero, además, hay un error muy similar a la confusión entre ingreso y riqueza en que cayeron el Informe del Estado de la Nación y el periódico la Nación. Cuando se dice “quienes más tienen” se refieren a los que son más ricos y no que a quienes perciben mayores ingresos relativos. Me explico volviendo al ejemplo de la piscina expuesto a inicios de este comentario. Un impuesto (mayor) sobre la renta grava al agua que fluye por el tubo; reduce su diámetro por así decirlo. De esta manera, ahora la persona no podrá llenar la piscina (hacerse rica o más rica; esto es, “tener más”) con la misma fluidez de antes. Pero los que ya tienen una gran piscina (los ricos) no necesariamente se ven afectados, porque es posible que no tengan ingresos gravables altos. Para entender esto: alguien muy rico, por ejemplo, un dueño de un edificio (o de tierras), no necesariamente tiene ingresos altos, pues estos resultarían de la diferencia de ingresos por los alquileres menos los gastos y es posible que esa diferencia no sea necesariamente muy alta. Por el contrario, un ingeniero joven, quien por hipótesis no es rico, puede encontrar un empleo bien pagado (digamos en una Intel), con lo cual sus ingresos son altos pero no (aún) su riqueza y tardará más en acumularla si el Gobierno le quita una parte importante de esos ingresos por la vía de impuestos; esto es, será menos rico con el paso del tiempo pues le han reducido el flujo por el tubo.

En cuanto al otro elemento que doña Laura señala para combatir la desigualdad (la vía de los gastos “sociales”) nada más hay que hacer varias reflexiones para evaluar esa posibilidad. Tendría que valorarse si el beneficio del gasto de esos recursos es mayor que el costo por la disminución de esos ingresos a los ciudadanos que pagan los impuestos; asimismo, debe pensarse en si ese transferencia de recursos de unos hacia otros no es muy onerosa; por ejemplo, tomar en cuenta los recursos que el Gobierno usa para lograr esa redistribución. También ver quienes son esos beneficiarios, porque muchos de los llamados gastos “sociales” no van directamente a las personas que tienen pocos ingresos o poca riqueza, sino a los proveedores o vendedores y también a la burocracia. Finalmente, pensar en que es posible que las personas a las cuales se les redujeron sus ingresos por los impuestos, lo habrían invertido o gastado mejor a como lo hace el Gobierno (por ejemplo creando empleo), con lo cual el reajuste en el gasto puede dar lugar a una pérdida para la sociedad pues la economía crecería menos que lo que podría hacerlo. Claro, nada de esto suena bonito, como “que los ricos paguen como ricos y que los pobres paguen como pobres” como suelen canturrearlo políticos y demagogos, entre otros. Pero sí nos obliga a pensar un poco.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:14
2007-12-31-IGUALDAD ANTE LA LEY E IGUALDAD DE RESULTADOS

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COLUMNA LIBRE:IGUALDAD ANTE LA LEY E IGUALDAD DE RESULTADOS

Boletín de ANFE, 31 de diciembre del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 163-169.

Desde un inicio debo definir lo que, en mi criterio, los liberales entendemos por igualdad, dada la frecuencia con que se escuchan prédicas a favor de la igualdad de todo tipo, sin definición alguna en cuanto a lo que implica ese deseo. Los liberales suelen decir que están a favor de la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, pero es evidente que, si se le toma literalmente, no hay posibilidades de alcanzar tal objetivo. Piénsese, por ejemplo, si al nacer un parapléjico tiene las mismas oportunidades que un niño que cuando nace posee todas sus facultades motoras. Medítese, asimismo, acerca de si, al nacer en un hogar en donde reinan vicios e ignorancia, con descuido de su crianza y donde los valores que se le transmiten no suelen ser los más proclives para su desarrollo exitoso, un niño tiene las mismas oportunidades que si naciera en uno en donde se le cuidara y se le brindaran estímulos para su desarrollo y en el cual se le enseñan valores que le potencian para un mejor vivir. Me parece obvio que, comparativamente, todos los seres humanos no tienen las mismas oportunidades; por ello no hay que tomar esa expresión en un sentido literal.

De aquí que la forma adecuada de interpretarla es señalando que no deberían existir obstáculos para que la gente pueda desarrollar su talento de la mejor forma posible en el logro de los objetivos que una persona considere deseables; esto es, la igualdad de oportunidades se refiere a que haya posibilidades de que la persona pueda actuar desarrollando sus habilidades al máximo. Esta forma de ver la igualdad de las personas es conocida como igualdad ante la ley; esto es, igualdad ante las reglas de convivencia social. Tal es la forma en que los seres humanos, tan distintos en sus características genéticas y culturales, pueden proseguir diferentes vías en la búsqueda de su felicidad.

Por ello se debe enfatizar en la consistencia que existe entre los conceptos de igualdad ante la ley y la libertad individual.

Hayek expuso esta idea adecuadamente y con mayor amplitud al escribir que “Ha constituido el gran objetivo de la lucha por la libertad conseguir la implantación de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley. Esta igualdad ante las normas legales que la coacción estatal hace respetar puede complementarse con una similar igualdad de las reglas que los hombres acatan voluntariamente en sus relaciones con los semejantes. La extensión del principio de igualdad a las reglas de conducta social y moral es la principal expresión de lo que comúnmente denominamos espíritu democrático y, probablemente, este espíritu democrático es lo que hace más inofensivas las desigualdades que ineludiblemente provoca la libertad.

La igualdad de los preceptos legales generales y de las normas de la conducta social es la única clase de igualdad que conduce a la libertad y que cabe implantar sin destruir la propia libertad. La libertad no solamente nada tiene que ver con cualquier clase de igualdad, sino que incluso produce desigualdades en muchos respectos. Se trata de un resultado necesario que forma parte de la justificación de la libertad individual. Si el resultado de la libertad individual no demostrase que ciertas formas de vivir tienen más éxito que otras, muchas de las razones a favor de tal libertad se desvanecerían.” (Friedrich Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Madrid: Unión Editorial, 1975, p. 101).

Sin embargo hay otro concepto de igualdad que ha intentado sustituir la idea de igualdad ante la ley. Me refiero a la búsqueda de una igualdad en los resultados. Es cierto que nadie (de lo que conozco) ha predicado que todos los seres humanos, con independencia de sus condiciones individuales, deben de tener una igualdad material literal, sino que suelen referirse a que exista una “justa” distribución material (tampoco he visto que se abogue por una “justa” distribución intelectual, espiritual o genética). Esta infiltración del término “justa” no sólo incorpora una vaguedad y confusión innecesaria en cuanto al verdadero sentido que pueda tener el término justicia, sino que también casi que se deja en manos de “alguien” definir qué es lo que se va a entender por “justa”. Por ello no extraña que se juzgue que sean los políticos quienes van a decir cuál es una “justa” distribución o, más generalmente, que sea el Estado quien decida qué es lo “justo” que debe percibir cada individuo o familia. (También dicha potestad sobre lo que consiste la distribución del producto se ha propuesto que quede en manos de Dioses, iglesias, castas, monarcas y así por el estilo).

Con la pretensión de lograr una “igualdad de resultados” o de “una justa distribución”, una vez que se decide –por alguien- cómo es que se va a distribuir lo producido, se requiere preguntar ¿cuáles son los incentivos para que se dé la producción que deberá distribuirse acorde con la voluntad de ese alguien? Sobre esto nos dicen los esposos Friedman, “el punto clave no es simplemente que la práctica diferirá de lo ideal… El punto es más bien que hay un conflicto fundamental entre el ideal de las “reparticiones justas” o de su precursor, “a cada cual según sus necesidades”, con el ideal de la libertad individual. Este conflicto ha plagado cada intento de hacer de la igualdad de resultados el principio general de la organización social… en todos los casos, la desigualdad ha persistido bajo cualquier criterio empleado; desigualdad entre los gobernantes y los gobernados, no sólo en cuanto al poder, sino también en los estándares materiales de vida. (Milton y Rose Friedman, Free to Choose, New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1979, p. 135).

Tal vez un ejemplo simple puede contribuir a exponer la diferencia que hay entre el concepto de igualdad ante la ley y el de igualdad de resultados. Imagínese una carrera de maratón en la que hay diversos participantes. La idea de la igualdad ante la ley sería en cuanto a que las reglas aplicables para dicha carrera sean esencialmente las mismas para cada uno de los participantes, en donde potencialmente cualquiera puede ser el ganador. Si acaso, como dice Hayek, se acepta “con carácter de generalidad que, mientras los hombres fueran diferentes y crecieran en familias distintas, no podría asegurárseles un mismo punto de partida” (Op. Cit., p. 107), de manera que la función del gobierno no será la de asegurar que todos tengan los mismos prospectos de llegar a una posición dada, sino la de hacer disponible para todos y en términos de igualdad aquellas facilidades que dependen de la función propia de ese gobierno. Por ejemplo, sería aceptable que, si en dicha maratón decide participar una persona con una discapacidad que le diferencia significativamente del resto de los participantes, no tenga que correr bajo las mismas reglas que los otros (por ejemplo, que corra una distancia menor), pero no de forma tal que se le garantice que llegará, por ejemplo, en un primer lugar, pues se desvirtuaría el propósito de realizar una carrera de maratón.

Lo importante para esta competencia es que se remueva cualquier obstáculo puesto por otros hombres para impedir que algún otro pueda ser el ganador. Así, se deben eliminar privilegios individuales (como, por ejemplo, que sólo puedan participar los que provienen de tal o cual familia o porque son miembros de algo considerado como nobleza), al igual que asegurar que la contribución de la acción del estado sea la misma para todos (que no se subsidie a algunos o que se grave a otros con tal de provocar que alguno de ellos gane en la lid o que otro no pueda hacerlo). Por lo tanto, se trata de que no haya discriminación de los participantes en cuanto a color, raza, sexo, nacimiento, nacionalidad, origen étnico u otras características poco relevantes para la maratónica. Se supone que así ganaría el más veloz de los participantes -el atleta mejor capacitado y con mayores habilidades- no en función de su color de piel, raza, etnia, nacionalidad, familia, riqueza o lo que fuere que no tenga que ver con lo requerido para la carrera. Así, todos son iguales ante las reglas del juego. Hayek escribe que se da “por supuesto que los resultados serían forzosamente distintos no sólo en razón a las diferencias individuales, sino también porque una pequeña parte de las circunstancias relevantes dependían de quienes asumen el poder público.” (Op. Cit., p. 107).

Por el contrario, la idea de igualdad de resultados (un resultado que fuera “justo” de acuerdo con el criterio definido por alguien) se refiere a que, con independencia de esa velocidad y de las habilidades individuales para arribar prioritariamente a la meta, sean otros los criterios aplicados; por ejemplo, se podría alegar que el primer lugar le corresponde a alguna persona que tenga ciertos atributos distintos de esa velocidad y habilidades, tales como el color de la piel, el origen familiar, la religión que se profesa, y un etcétera muy amplio de criterios para logar la clasificación, según sean los deseos de quienes se supone son ungidos para definirlos. Tal como lo menciona Hayek, bajo este criterio de igualdad de resultados, “el gobernante, en vez de proporcionar los mismos medios a todos, debiera tender a controlar las condiciones relevantes para las posibilidades especiales del individuo y ajustarlas a la inteligencia individual hasta asegurar a cada uno las mismas perspectivas que a cualquier otro. Tal adaptación deliberada de oportunidades a fines y capacidades individuales sería, desde luego, opuesta a la libertad y no podría justificarse como medio de hacer el mejor uso de todos los conocimientos disponibles, salvo la mejor presunción de que el gobernante conoce mejor que nadie la manera de utilizar las inteligencias individuales.” (Op. Cit, p. 107).

La idea de igualdad ante la ley puede resumirse en aquella expresión proveniente de la Revolución Francesa: Une carrière ouverte aux talents; una carrera abierta a los talentos. Por el contrario, la idea de igualdad de resultados se puede concebir como que, cualquiera que sea el talento y las diferencias individuales, así como cualquier cosa que se haga o no, al final de la carrera todos los individuos llegarán iguales… al mismo tiempo. En el famoso libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, aparece una carrera de esta naturaleza (la define como “Carrera Loca”). Un personaje, el Dodo, “trazó una pista para la Carrera, más o menos en círculo (‘la forma exacta no tiene importancia’, dijo) y después todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo el ‘A la una, a las dos, a las tres, ya’, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron, y cada uno paró cuando quiso, de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora, y volvían a estar ya secos, el Dodo gritó súbitamente:

--‘¡La carrera ha terminado!’
Y todos se agruparon jadeantes a su alrededor, preguntando:
--‘¿Pero quién ha ganado?’
El Dodo no podía contestar a esta pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones, y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente (la postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores), mientras los demás esperaban en silencio. Por fin el Dodo dijo:
--‘Todos hemos ganado, y todos tenemos que recibir un premio.’
--‘¿Pero quién dará los premios?’ --preguntó un coro de voces.¨

En esta carrera se aseguraba la igualdad de los resultados, todos ganan y reciben su premio, aunque al final de cuentas haya que preguntar, quién deberá otorgarlos.

La distinción entre igualdad ante la ley e igualdad de resultados es crucial en una sociedad libre, porque la igualdad de resultados se pretende lograr mediante la coacción del Estado, que anule lo que se obtiene por una valoración que la sociedad efectúa de la acción de las personas, como compensación por hacer lo que cada cual considera es lo mejor. Cuando esa compensación se hace con base en lo que alguien aprecia es meritorio que se reciba algo que no se ha producido, el camino está abierto para que el Estado defina qué es lo que los individuos deberán hacer y cómo es que deberán de hacerlo, lo cual significa, ni más ni menos, que la sociedad libre, tal como la concebimos, llegue a su fin.
Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:14
2008-01-31-IGUALDAD Y DESIGUALDAD
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COLUMNA LIBRE:IGUALDAD Y DESIGUALDAD

Boletín de ANFE, 31 de enero del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 170-180.

La desigualdad que muchas veces suele preocuparnos, en realidad resulta ser inmensamente útil. No me refiero tanto en términos estéticos, como cuando se hace la pregunta de qué clase de sociedad sería la nuestra si todos fuéramos idénticos, duplicados el uno del otro, sino más bien se trata de la utilidad que tiene para la asignación de recursos. En un mercado, la distribución del ingreso se basa en el principio de que el pago sea de acuerdo con lo que hagan la persona y lo que ésta posee. Como los individuos son diferentes en sus preferencias y habilidades, muchas de las desigualdades en sus ingresos precisamente se deben a ello. Por ejemplo, hay trabajos poco atractivos comparados con otros, lo cual requiere, bajo el concepto de una igualdad de tratamiento, que el pago sea mayor por los primeros que por los segundos (a esto los economistas lo llaman diferencias igualadoras). Son muchos los ejemplos que podrían darse de empleos que poseen diferentes características no monetarias y que, por tanto, tales diferencias no monetarias deberán ser compensadas mediante la remuneración correspondiente. Esto evidentemente impacta la distribución el ingreso y es un factor crucial que deberá ser tomado en cuenta cuando se alegue porque haya una igual (o justa) distribución.


Adam Smith ya había señalado la importancia que tienen estas diferencias igualadoras en los ingresos, al notar que “Los diferentes empleos del trabajo y de los fondos, que necesariamente se verifican dentro de un mismo territorio en toda sociedad, no pueden menos de ser unos más ventajosos que otros, pero todas estas ventajas y desventajas, en general, o han de ser perfectamente iguales o han de gravitar perpetuamente hasta cierto centro de igualdad. Si en un mismo territorio se verificase un empleo, o evidentemente más o ciertamente menos ventajoso que otro, naturalmente ocurriría el caso de emplearse en el uno tanta gente y en el otro tan poca, que se verían muy en breve volver a su nivel todas aquellas ventajas, igualándose proporcionalmente con las de la mayoría de los empleos.” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Libro I, Capítulo IX, San José; Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 146).

Hay otra desigualdad que surge de las distintas preferencias que tienen las personas en cuanto a la incertidumbre. Esto se puede ejemplificar con un juego de lotería en que participan diversas personas de acuerdo con sus preferencias. Si se parte de que para participar todos tienen una igual cantidad de dinero inicial, lo harán en mayor o menor grado según sean sus preferencias en cuanto al sacrificio de comprar distintos “pedacitos” del sorteo y del monto de los diferentes premios que se pueden obtener. Uno en la vida realiza muchas elecciones de este tipo con base en preferencias ante la incertidumbre: por ejemplo, al escoger inversiones, carreras, matrimonios, negocios, exploraciones, experimentos y muchas otras cosas similares. La persona está dispuesta a arriesgar ante la incertidumbre en función de los premios. Si, después de ganarse un premio, en aras de la “igualdad” se le redistribuye, lógicamente eso haría que la persona no escoja participar, en parte o del todo, en dicha lotería.

Ante lo expuesto anteriormente, muchas de las diferencias en los ingresos son resultado de la actitud de las personas hacia asumir riesgos en un marco de incertidumbre en los resultados. Entonces, debe tenerse presente, cuando alguien sugiera lograr una igualdad (o “justicia”) en la distribución del ingreso, que en una economía dinámica el futuro siempre es incierto, lo cual hace que la persona deba asumir riesgos, por lo que se le debe de compensar en función de ello. Hay ocupaciones y actividades que implican grandes riesgos de que se fracase o que haya perjuicios y la personas no decidirían, por ejemplo, ser aviadores, pilotos de carreras, actores, limpiadores de vidrios en rascacielos, cantantes o boxeadores, si por tal labor recibieran remuneraciones idénticas a las del resto de los empleos.

Pero ciertamente muchas de las diferencias en los ingresos se deben a las diferentes dotaciones que poseen las personas, tanto en lo referente a capacidades propias como en lo que sea de su propiedad. Quienes por esta razón objetan las disparidades en los ingresos no acostumbran hacerlo por los diferenciales en las capacidades individuales (por ejemplo, no suelen oponerse a que un excelente atleta reciba mucho más ingresos que uno mediocre), sino que ante todo basan su argumento en razones derivadas de la propiedad; concretamente, de la herencia y no tanto por la acumulación de riqueza que una persona pueda haber hecho a lo largo de su vida.

Partiendo de lo anterior, es necesario resaltar que no resulta fácil hacer una distinción entre las disparidades producto de diferenciales en las habilidades individuales, de aquellas provenientes de las dotaciones de propiedad. Así, por ejemplo, cabe preguntarse si ¿es éticamente apropiado aceptar un alto diferencial de ingresos debido a alguna cualidad genética heredada de los padres (por ejemplo, una buena voz o un cuerpo bello) pero no en el caso de que se originen en una dotación monetaria heredada de ellos? Así, puede pensarse en que un padre tiene las siguientes alternativas frente a su hijo: en primer lugar, puede financiarle una buena educación universitaria, que le generará futuros ingresos diferenciados y usualmente superiores a la media en una sociedad, gracias a esas habilidades así adquiridas. En segundo término, ese padre podría montarle un negocio a su hijo, que similarmente le puede generar ingresos relativamente superiores, gracias a las ganancias obtenidas. Finalmente, el papá simplemente le hereda al hijo una inversión financiera que le va a generar intereses, que también significan mayores ingresos relativos. Entonces, la pregunta requerida es si ¿hay alguna diferencia ética entre estas tres formas de que un hijo reciba de su padre ingresos presuntamente superiores, ya sea que resulten de mayores habilidades derivadas de la educación, de ganancias del negocio o de intereses que heredó?

Pero, además, el padre bien podría haber dispuesto que aquellos recursos que por hipótesis destina a su hijo, en vez de ello los usara en su propio consumo. Aquí el problema es que la crítica contra la herencia da lugar a que al gasto dispendioso del padre se le perciba como lo correcto, en vez de serlo la conducta frugal requerida de su parte con tal de acumular riqueza para heredársela al hijo.

Hay, sin embargo, acciones del Estado que conducen a una distribución del ingreso que un liberal bien puede considerar como “injustas”, en el sentido de que son resultado de una acción coercitiva impuesta por ese Estado sobre las demás personas. Me refiero a prácticas tales como los monopolios sancionados por la acción gubernamental, de manera que con ellas se impide la libre entrada de otros participantes que disiparían las rentas artificiales que el monopolista obtiene gracias a la posibilidad otorgada de restringir la producción y de elevar los precios cargados al resto de la sociedad. Tal monopolio así protegido también va a generar ingresos mayores para los distintos factores productivos que intervienen en el proceso de producción del bien o del servicio. El monopolio se caracteriza por mayores utilidades que las que se lograrían bajo un ambiente competitivo, con lo cual le es posible pagar más por factores que debe atraer y contratar, pudiendo pagar mayores salarios, rentas o intereses que en competencia (es posible pensar que mucha de la oposición reciente de grupos sindicales entronizados en los monopolios estatales de la telefonía, electricidad, seguros y combustibles, se debe a que hoy día son partícipes de las rentas generados por sus monopolios mediante mayores salarios que los que podrían esperar obtener en un régimen de competencia).

Otra práctica de similar naturaleza en cuanto a efectos sobre la distribución de los ingresos, es la protección que a veces se le otorga a la producción doméstica vis a vis la externa, que se refleja en precios (y costos, así como en una menor calidad) más altos para los consumidores domésticos, con lo cual el salario real que perciben los ciudadanos es, en términos de su poder adquisitivo, menor que en el caso de que pudieran obtenerlos a los precios inferiores del mercado internacional. La protección brindada por el Estado a algunos les permite obtener ingresos relativamente mayores que los que podrían lograr bajo un régimen abierto al comercio internacional.

También los liberales se suelen oponer a impuestos (muchos de ellos introducidos con propósitos supuestamente redistributivos) caracterizados por otorgar exenciones y excepciones a ciertos grupos que utilizan su poder político para obtenerlas, pero, ante la insuficiencia tributaria a que tales políticas dan lugar, según criterio del Estado, se recargan sobre otros contribuyentes. Ante esta situación, el liberal busca, dados los resultados negativos que ocasionan estas prácticas tributarias, que se apliquen principios que se pueden definir como de igualdad ante la ley. Este es un argumento fundamental en su prédica a favor de impuestos bajos y uniformes (el llamado “flat tax”).

Podría seguir abundando en ejemplos de medidas gubernamentales que tienen incidencia sobre la distribución del ingreso (casi todas las tienen), pero el principio general es que deben minimizarse, de forma tal que la distorsión que ocasionan sea la menor posible y, tal vez, tan sólo se apliquen en casos en que son deseables, como, por ejemplo, en lo que los economistas llaman externalidades, siempre y cuando sean debidamente comprobadas, que no puedan ser resueltas por mecanismos de mercado y en cuya práctica se tome en cuenta el costo de la acción gubernamental, presuntamente correctora de ineficiencias que pueda tener el mercado. (Por externalidades se entiende el beneficio o costo de la producción o el consumo que se genera sin que haya una compensación para quienes no compran ni venden el producto; tal es, por ejemplo, el caso de la contaminación de un río, la cual mata peces que esperan capturar los pescadores, cuyo costo así ven incrementado (a esto se le llama deseconomías externas) o, por el contrario, el beneficio que obtiene el dueño de un apiario cuando el vecino siembra frutales de cuyas flores las abejas obtienen el polen para producir miel (a ello se le denomina economías externas).

La función operativa esencial que en un mercado desempeña el principio de pago de acuerdo con la producción, esencialmente se refiere al ámbito de la asignación de recursos. A menos que un individuo reciba la totalidad del valor que agrega a un producto, difícilmente va a participar en un intercambio (voluntario) en un mercado que se fundamenta en lo que él pueda recibir, en vez de serlo en lo que pueda producir. Si se da la primera circunstancia institucional, no van a surgir intercambios que, de otra manera, serían mutuamente benéficos para las partes involucradas, como los habría si cada una recibiera lo que efectivamente han contribuido para su producción. De ser esta la circunstancia, los recursos no se emplearían de la forma más efectiva.

Alguien podría proponer que, en vez de una asignación voluntaria de los recursos en el mercado, ésta se realice de forma compulsiva, pero difícilmente con ello se va a lograr que las personas dediquen sus mayores esfuerzos a lograr la producción deseable. Esto es, un sistema compulsivo tendrá efectos negativos en la disponibilidad de recursos productivos. Tal como señala Milton Friedman, “Aunque la función esencial, en una sociedad cuya economía se basa en los mercados, de una remuneración o pago de acuerdo con el producto es permitir que los recursos se asignen eficientemente sin que ello sea por compulsión, difícilmente va a tolerarse sino es que se le mira como que da lugar a una justicia distributiva. Ninguna sociedad puede ser estable a menos que haya un núcleo de juicios de valor que sin pensarlo son aceptados por la gran mayoría de sus miembros… Creo que el pago de acuerdo con el producto ha sido y, en gran medida, aún lo es, una de esas instituciones o juicios de valor aceptados por una enorme mayoría de sus miembros.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1962, p. 167).

No debo omitir mencionar otros elementos de naturaleza política que demuestran la importancia y la utilidad de la desigualdad en una sociedad libre. Uno de ellos es que la desigualdad juega un papel crucial en asegurar un marco de independencia para las personas ante un poder político concentrado. La libertad económica es esencial para que las personas tengan libertad política. Los acuerdos económicos que las personas logran les permiten dispersar el poder y contrastarlo con la concentración del poder político que caracteriza a un Estado. Esta posibilidad de balance o compensación ante el poder del Estado se logra gracias a la separación que se da entre el poder político y el poder económico. Así, la prosecución de medidas que tiendan a eliminar la posibilidad de que en una sociedad libre, el pago se haga de acuerdo con la contribución que cada individuo hace a la producción, mina las posibilidades de que ellos dispongan de focos de poder que puedan compensar al poder político del Estado.

Similarmente, la desigualdad permite que ideas que pueden ser impopulares encuentren quienes las patrocinen, algo que es vital en una sociedad que promueve la libertad de sus ciudadanos. Por algo surgió el rico Engels patrocinando las ideas “subversivas” de Marx. Aquél difícilmente podría haberlo hecho en una sociedad en donde el Estado fuera el que determinara una “justa” distribución del ingreso, Estado que posiblemente consideraba como “injustas” las propuestas de Marx y, de hecho, que podía actuar en consonancia, impidiendo que ciertos grupos o personas tuvieran “ingresos adecuados” que fueran a usarse en la promoción de ideas contrarias a la existencia de ese mismo Estado.

Lo expuesto en el párrafo anterior puede ser disminuido en su dramatismo y pensarse en que simplemente la desigualdad en la distribución es un factor importante en la diseminación de ideas novedosas. Como dice Friedman, “En una sociedad capitalista, tan sólo es necesario convencer a una poca gente rica de que provean fondos para lanzar una idea, no obstante lo extraña que pueda ser, y existen muchas de esas personas, muchos focos independientes de sustento. Y, de hecho, ni siquiera es necesario persuadir gente o instituciones financieras que tengan fondos disponibles acerca de la rectitud de las ideas que van a ser propagadas. Tan sólo es necesario para persuadirlos que su propagación pueda ser financieramente exitosa; que el periódico o la revista o el libro o que cualquier otra operación o empresa arriesgada resultará en beneficios. (Ibídem, p. 17). Esto sólo es posible en una sociedad libre, mas no en una caracterizada por un Estado todopoderoso.

En el campo económico, la idea previa sobre la desigualdad tiene su lugar en cuanto a la provisión de patrocinadores que financien la experimentación y el desarrollo de nuevos productos. Porque precisamente es la posibilidad de que, ante la asunción de riesgos, la persona que incurre en ellos pueda recibir la remuneración correspondiente basada en los resultados, lo que les mueve a destinar recursos para financiar empresas arriesgadas. En ese proceso de asumir riesgos muchos ganan, pero posiblemente sean más los que pierden, pero la sociedad como un todo se beneficia con ello. El sistema de mercado ha producido muchas fortunas que han surgido principalmente por la creación de nuevos productos o servicios o de lograr una amplia distribución de ellos. Pero el beneficio que ello ha brindado a la sociedad en general es muchas veces muy superior al total de riqueza que, mediante la experimentación y desarrollo, pudieron lograr esos innovadores.

Tal idea la expone muy bien Walter Block, al escribir que “En la era más moderna, nadie puede hablar de nuevos productos, innovaciones, técnicas, tecnologías que hayan tenido un efecto importante sobre nuestros estándares de vida, sin que se mencione a gente como Michael Milken, Ray Kroc, Steve Jobs, Ted Turner, Bill Gates y Sam Walton. Simplemente no puede negarse que estos fueron hombres que estuvieron al frente del crecimiento económico, y que fueron bastante responsables de cualesquier éxito que en ese sentido pudiéramos haber tenido.

Pero si hay una cosa que pueda ser común y correctamente asociada con ellos, no es la igualdad. Más bien, lo es la desigualdad del tipo más extremo, puesto que estos fueron (o son) todos individuos muy ricos. Crecemos a tontas y a locas, a saltos. Detrás de cada impulso hacia adelante, usualmente existe un empresario innovador, dispuesto a asumir riesgos, quien invariablemente cosecha una vasta fortuna como recompensa por su éxito. Como resultado, parecería ser que es la desigualdad, no la igualdad, la marca de una economía creciente y vibrante.” (Walter Block, Is Inequality Harmful for Growth?, artículo no publicado, sin fecha, p. 3. El subrayado es del autor).

Finalmente, en lo referente a los aspectos políticos de la desigualdad, en un mercado la distribución se lleva a cabo de manera impersonal sin que se requiera de una autoridad que defina qué es lo que le corresponde a cada cual. En vez de una coerción acerca de la forma en que se distribuye el producto, en el mercado se efectúa como resultado de la cooperación entre las partes. La diferencia es crucial, pues una sociedad libre no se puede concebir con alguien que, independientemente del aporte que cada cual hace al valor de lo que se produce, defina arbitrariamente qué es lo que debe percibir.

Deseo concluir lo expuesto en los tres últimos boletines de ANFE en torno al tema de la igualdad y la desigualdad, con tres breves reflexiones. La primera de ellas tiene que ver con el papel que la envidia puede estar jugando en las peticiones que se hacen a favor de una igualdad en los resultados. Bien puede ser que los mejores resultados que adquieren algunos les provoque malestar a los menos afortunados o que, quienes en un momento dado pueden haber percibido ingresos relativamente mayores, por alguna circunstancia su posición haya variado radicalmente. Estos pueden constituirse en estímulos para solicitar una “justicia social” que lo que hace es encubrir su verdadero motivo, la envidia. Como nos lo recuerda Hayek, “Una de las fuentes de descontento que la sociedad libre no puede eliminar es la envidia, por muy humana que sea.

Probablemente, una de las condiciones esenciales para el mantenimiento de tal género de sociedad es que no patrocinemos la envidia, que no sancionemos sus pretensiones enmascarándola como justicia social, sino que la tratemos de acuerdo con las palabras de John Stuart Mill: ‘Como la más antisocial y perniciosa de todas las pasiones’.” (Friedrich Hayek, Op. Cit., p. 108).

En segundo lugar, es frecuente que muchos que proponen una cierta forma de igualdad de resultados, tienen opciones de lograr que sus prédicas se puedan convertir en realidades. Es decir, que puedan convertir sus palabras en hechos. Generalmente no hay impedimentos para que puedan redistribuir lo que bien pueden haber ganado, hacia otros menos afortunados que ellos. No sólo es frecuente que muchos códigos tributarios permiten hacerlo, de manera que los gravámenes sobre los ingresos no se aplican a aquellos redestinados a grupos de menores ingresos relativos, sino que, también, la caridad es bien vista por una sociedad libre, pero especialmente porque les permite practicar aquello que pregonan.

Para concluir, es necesario reiterar que los liberales no nos oponemos a la igualdad como tal, sino a los intentos de algunos por lograr un orden distributivo preconcebido, a sea de igualdad o de desigualdad. Nos oponemos al empleo de la coacción con el propósito de lograr un fin determinado: la nobleza que se le pueda adscribir a tal fin, como podría ser lograr una cierta igualdad, no es justificación suficiente como para emplear la coacción en lograrla. De esta manera es como se preserva una sociedad abierta, libre. Por supuesto, al menos yo personalmente, miro con agrado a aquellas sociedades que no se caracterizan por los grandes contrastes entre ricos y pobres, aquéllas que han podido a lo largo de los tiempos y con grandes esfuerzos, aumentar la riqueza gradualmente y que a la vez hayan logrado reducir tales disparidades. Pero lo que no me parece conveniente es que, en función de un objetivo que uno puede considerar deseable, se sacrifique a la libertad, al entregarle a alguien la definición de quién va a recibir qué, con base no en cuanto contribuye a la producción, sino a la voluntad subjetiva de ese alguien todo poderoso.

Y me permito concluir estas exposiciones, con una opinión de Milton y Rose Friedman: “No hay inconsistencia entre un sistema de libre mercado y la prosecución de metas sociales y culturales amplias o entre un sistema de libre mercado y la compasión por los menos afortunados, ya sea que tal compasión tome la forma de, como lo hizo en el siglo diecinueve, una actividad caritativa privada o, como lo ha hecho crecientemente en el siglo veinte, de asistencia por medio del gobierno –provisto que en ambos casos sea una expresión del deseo de ayudar a otros.” (Milton y Rose friedman, Op. Cit., p. 140).


Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:15
2008-02-29-INTERVENCIÓN CAMBIARIA Y BÚSQUEDA DE RENTAS

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COLUMNA LIBRE: INTERVENCIÓN CAMBIARIA Y BÚSQUEDA DE RENTAS

Boletín de ANFE, 29 de febrero del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 181-191.

Es necesario definir el concepto de “búsqueda de rentas”. Por él se entiende la presión política que diversos grupos de interés ejercen para que el gobierno actúe de manera tal que les transfiera riqueza; esto es, se promueve la emisión de leyes o la actuación administrativa que beneficie a esos grupos a expensas del resto de los miembros de la colectividad. Daré dos ejemplos de ello: la presión ejercida ante la Asamblea Legislativa para crear un órgano que regulara la producción local de arroz, pero ante todo su importación, lo que derivó en mayores precios a los productores domésticos a costas de los consumidores (la llamada Oficina del Arroz) y, en segundo lugar, la presión que actualmente se ejerce para que consumidores y, en concreto, los usuarios de transporte sean obligados a usar gasolina con alcohol (etanol) y bio-diesel en vez de la alternativa actual de gasolina y diesel. El costo de los primeros productos es superior al de los segundos y, al obligar su consumo, la sociedad como un todo paga un costo mayor que principalmente beneficia a productores domésticos de alcohol y bio- combustibles.

Históricamente el área del comercio internacional ha sido propicia para la búsqueda de rentas por grupos con un interés específico en común. En general, el proteccionismo comercial ha sido ampliamente analizado como ejemplo de dicha búsqueda de rentas y, en concreto, al buscarse una subvaluación del tipo de cambio; esto es, dar a la moneda doméstica un valor inferior al del mercado con respecto a alguna moneda internacional de referencia; por ejemplo, el dólar. Así, al consumidor se le hace artificialmente más caro lo que importa, con lo cual se le “abarata” relativamente el consumo del bien que es producido en el país. El epítome de un campo prolijo en la búsqueda de rentas es la vigencia gubernamental de tipos de cambio duales, en donde para algunos bienes rige un tipo de cambio inferior comparado con el que se determina para otro tipo de bienes. A los primeros bienes se les suele llamar “necesarios” y a los segundos “de lujo” o “innecesarios”. Así sucedió en ciertos momentos de la historia costarricense y les apuesto, pues al momento no lo sé, que en Venezuela hay tipos de cambio diferenciados para distintos tipos de bienes. No debería extrañar, entonces, que allá –como la hubo aquí- haya presión de todo tipo para formar parte de las listas oficiales que permiten obtener divisas al tipo de cambio preferencial, pues el resto de las importaciones tiene que pagar un tipo de cambio superior. El negocio con este diferencial es, así, diáfano y sustancioso

Hay que prestar seria atención a lo que actualmente sucede en Costa Rica con el tipo de cambio oficial del colón con respecto al dólar en el marco de las llamadas bandas cambiarias, porque las políticas hoy seguidas por el Banco Central pueden constituir un claro incentivo para que algunos presionen porque el tipo de cambio no se ajuste a las circunstancias que, al momento, determina el mercado y que muy posiblemente señalen la tendencia hacia una revaloración del colón. La política a la fecha proseguida por el Banco Central, mediante la cual mantiene artificialmente subvaluado el colón comparado con el valor definido por ese mercado, se traduce en que, para algunos, se genere una mayor riqueza, mientras que, para otros, esa medida se refleja en un empobrecimiento. Es decir, la política del Banco Central provoca que haya perdedores y que haya ganadores

Como el lector sabe, en la actualidad el régimen cambiario del Banco Central se caracteriza por una banda dentro de la cual se supone que debería oscilar el tipo de cambio de mercado del colón con respecto al dólar. El límite superior de la banda aumenta todos los días en seis céntimos, en tanto que el límite inferior disminuye en seis céntimos diariamente. Sin embargo, el Banco Central interviene diariamente adquiriendo dólares en el mercado para que el tipo de cambio no se vaya por debajo del límite inferior definido por dicha banda. En las circunstancias actuales el Banco no vende dólares al mercado porque la banda superior es irrelevante; no debe intervenir para que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar se devalúe dentro del límite de la banda superior. En otras palabras, al contrario, más bien a la fecha actúa –y fuerte, muy fuertemente- para que el colón no se revalúe con respecto al dólar.

¿Por qué el tipo de cambio en el mercado indica ser menor al del límite inferior que arbitrariamente ha fijado el Banco Central? Porque hay muchos dólares en la economía.

Porque al tipo de cambio actual su oferta supera a su demanda. Tan grande ha sido la entrada de dólares al país que, a la primera semana de febrero de este año, las reservas internacionales netas en manos del Banco Central llegaron a un récord de más de $4.500 millones. Ese ingreso de dólares se debe a múltiples razones: a una exportación muy elevada comparada con las importaciones de mercancías; a una entrada muy fuerte de ingresos por servicios en el país, principalmente turismo; a una inversión extranjera directa muy grande en el país y, también, por el ingreso de capitales “especulativos”, que supuestamente ingresan al país para obtener réditos mayores que en los mercados internacionales, y posiblemente porque, con el paso del tiempo, el Banco Central tendrá que tirar por la borda su actual banda cambiaria, ante su incapacidad de limitar el relativamente elevado volumen de dólares que ingresa al país. De darse ello tendrían una ganancia, al poder readquirir los dólares que ingresaron a un costo menor que el precio en colones que percibieron cuando los trajeron al país.

Puede ser que haya algo de esto último como para justificar una reciente medida del Banco Central de bajar los intereses que se pagan a corto plazo por los fondos que ingresan al país. Espera con ello que los dólares especulativos no entren para convertirse en colones, ganar intereses en el corto plazo y obtener también una ganancia con la caída esperada de la banda. El Dr. Juan Muñoz, vice-presidente de ANFE, en un artículo reciente en el periódico El Financiero, mostró cómo, ante una posible caída en la banda cambiaria hacia un tipo esperado de ¢450 por dólar en un plazo relativamente corto, hace irrelevante el pago de tales tasas de interés que artificialmente redujo el Banco Central. Aún si no se pagara interés alguno en ese lapso, la ganancia de capital esperada con la revaluación del colón es superior al rendimiento que pueden percibir en mercados de capitales alternativos. El Banco Central parece estar limitado en su capacidad de restringir la entrada de los llamados capitales especulativos. Ello quiere decir que, a menos que haya una muy fuerte caída de nuestros mercados de exportación, o se dé un incremento inusitado en nuestras importaciones, o se produzca una seria limitación a la inversión extranjera directa en el país, o que sucedan “desgracias” similares, el tipo de cambio del colón con respecto al dólar se revaluará a corto plazo.

Uno problema muy serio derivado de la conducción de la política cambiaria por el Banco Central en los últimos tiempos -y cuyas autoridades recientemente han mencionado estar dispuestas a proseguir- tiene que ver con el impacto inflacionario del incremento en los agregados monetarios en circulación a causa de la compra de dólares para mantener el piso de la banda cambiaria. Es sabido por las autoridades monetarias –al menos en épocas recientes después del desliz keynesiano- que en un país la causa de la inflación es el exceso de su dinero en circulación.

Al adquirir dólares excedentes en los bancos comerciales del país, el Banco Central emite dinero y si no tiene una forma práctica de retirar ese exceso de colones en circulación, se traduce en tasas de inflación elevadas como las vistas recientemente. Para que tengan una idea del problema que tenemos entre manos y que mostrará su feo rostro –la inflación- en los meses por venir, tan sólo en el período que va desde la última variación de la banda cambiaria, el 22 de noviembre del año pasado, a la primera semana de febrero de este año, el Banco Central ha intervenido en el mercado cambiario adquiriendo más de $920 millones. Dada la decisión tozuda del Banco de sostener la banda a como haya lugar, es de esperar que el aliento inflacionario seguirá soplando en nuestro país por un buen rato. Tal como dijo una alta autoridad de ese ente, la decisión reciente de bajar los intereses, en vez de reducir la banda cambiaria, significaba que se escogió por una inflación más elevada en los primeros meses de este año, con la expectativa (o ilusión) de poder disminuirla en el resto del año.

Lo más sorprendente es que el Banco Central no aprendió de su experiencia del año pasado, cuando por muchos meses mantuvo al colón artificialmente subvaluado, adquiriendo para defender el piso de la banda cambiaria los dólares excedentes de los bancos comerciales, con lo cual emitió una cantidad excesiva de dinero. Ante la inflación a que esto dio lugar por encima de sus predicciones, al Banco Central no le quedó más alternativa –si bien algo tardía- que reducir la banda cambiaria. Ahora, a inicios del 2008, el Banco Central enfrenta la misma situación, pero se empecina en mantener un tipo de cambio artificial al igual que lo hizo durante casi todo el 2007. Una vez más, disminuirá la banda tan sólo cuando la situación ya le sea insostenible; cuando, una vez más, la inflación sobrepase todas sus predicciones para el año, si bien ya el daño al país estará hecho.

Este infortunio inflacionario, aunado a la disminución de las tasas de interés, ha incrementado la tragedia para el ahorrante costarricense, pues aumenta la negatividad de las tasas reales de interés que agobiaron la formación de ahorros en el año pasado. Las tasas reales de interés son el resultado de comparar las tasas nominales –esto es, las tasas que, por ejemplo, le pagan en un banco comercial por su ahorro por un certificado de depósito a plazo y que se han reducido más a resultas de la decisión reciente del Banco Central- con la tasa de inflación. Si esta última en el 2008 resulta ser de alrededor de un 10% y si las tasas nominales son de cerca de 4.5%, la tasa real es negativa, de alrededor de un -5.5%. Aún si Usted cree en la estimación que recientemente formuló Banco Central de una tasa de inflación para el 2008 de un 8%, entonces, tendríamos tasas reales negativas de -3.5% en este año.

Y cuando las tasas de interés por los ahorros ni siquiera cubren la inflación, la señal es clara para el ahorrante: mejor compre ahora y no después, pues lo que obtiene por el ahorro no le permitirá cubrir lo que las cosas le van a costar al final del año. Es decir, se estimula el consumo en la economía, lo cual tenderá a aumentar el problema inflacionario. La conducta del Banco Central es paradójica: tasas reales de interés negativas al tiempo que públicamente le ha sugerido al costarricense que no consuma. El panorama no es halagador, pues parece que se gesta una burbuja en la economía. Una burbuja en el consumo provocado por la acción del Banco Central que, cuando estalle, mostrará serios daños tanto en los presupuestos familiares resultado del endeudamiento en que se incurrió para gastar o adquirir ahora y no para ahorrar, sino también en los balances de entidades financieras prestamistas, las que, ante la abundancia de liquidez y el exceso de demanda de préstamos, tienen incentivos para colocar “todo lo que puedan”, incidiendo en la calidad de sus carteras.

Se deduce de la lectura de esta columna, que la decisión tomada por el Banco Central de defender el piso de la banda cambiaria tiene importantes efectos para distintas personas y grupos de la economía. Tal como se dijo al principio de ella, se abre un campo amplio para que prolifere la búsqueda de rentas; es decir, para que tal política permanezca en vez de dejar que sea el mercado el que vaya definiendo los precios en la economía. La medida del Banco Central implica costos para algunos y beneficios para otros, por lo que debe compararse el posible impacto que tiene en la distribución de la riqueza en comparación con dejar que el precio de la divisa lo determine el mercado, valor que supuestamente, al menos en el corto plazo, significa un menor valor del dólar y, en consecuencia, uno mayor del colón.

Ante lo expuesto, me referiré a los ganadores y a los perdedores posibles en nuestra economía de la decisión comentada del Banco Central. No se trata de dar una exposición exhaustiva de los posibles afectados, sino que el objetivo es brindar una idea de los posibles impactos de reasignación de riqueza, que bien pueden motivar su actuación en busca de rentas. Espero que de esta manera podamos comprender porqué se toman ciertas decisiones públicas y cuestionarnos de seguido si, después de todo, es una función propia de un Banco Central el definir políticas que concretamente van a enriquecer a algunos y a empobrecer a otros o si debe ser el mercado el que tenga un papel más significativo al respecto.

¿Cuáles son los individuos o grupos ganadores ante una decisión del Banco Central de no reducir la banda cambiaria? (El orden en que se presentan no es relevante).

Primero. Las personas o grupos que reciben ingresos (salarios, financieros, de alquileres, utilidades) en dólares, cuyo monto equivalente en colones es así más elevado que si se diera una revaluación de la moneda doméstica. En el caso de salarios, generalmente se trata de ejecutivos “altos”, trabajadores altamente especializados o profesionales dentro de las empresas, principalmente transnacionales

Segundo. Las personas y empresas que cobran tarifas en dólares. Sucede algo similar a lo expuesto en el caso previo.
Tercero. Los exportadores. En este caso se impacta sólo en la diferencia neta entre el valor de lo exportado y el valor de lo importado. En algunos casos, por lo tanto, el impacto “ganador” es menor al usualmente esperado, que suele considerar tan sólo el valor total de la exportación y no la parte importada, que tendría, en este caso, un efecto contrario.

Cuarto. Los turistas extranjeros que visitan al país. Sus dólares les “rinden” más en colones al tipo de cambio que sostiene el Banco Central. Por supuesto igual beneficio perciben los establecimientos o negocios que atienden a turistas y reciben sus pagos en dólares.

Quinto. Los que pagan sus impuestos en colones, pero perciben sus ingresos en dólares. La conversión de esos dólares a colones les genera un monto mayor al mantenerse subvaluado el valor del colón con respecto al dólar por decisión del Banco Central.

Sexto. Los inversionistas en dólares. Si alternativamente se apreciara el colón, sus inversiones perderían valor de mercado. Por lo tanto, la decisión del Banco Central mantiene artificialmente sobrevaloradas sus inversiones medidas en colones. Asimismo, se favorecen quienes traen dólares del extranjero para adquirir propiedades en el país, pues la conversión al tipo de cambio determinado por el Banco Central les da más colones de la cuenta, con lo cual se abaratan sus adquisiciones en términos de colones.
Sétimo. Las entidades financieras y empresas que mantienen sus estados financieros en una posición neta en dólares. Tal fue el caso con un banquero privado, quien dijo a la prensa que su institución había tenido pérdidas cambiarias cuando el Banco Central revaluó el colón el pasado noviembre, pues “tenían dolarizados sus balances desde hace muchos años”. También hubo bancos estatales, como el de Costa Rica, entre otros, que mantuvieron una posición neta en dólares y en noviembre “apostaban” a que el colón no se revaluaría, según se le informó a medios de comunicación.

Octavo. Las personas que tienen colocaciones expresadas en dólares. De esta manera le rinden más colones que si el colón se revaluara respecto al dólar.

Noveno. Las personas que reciben sus pensiones en dólares, por las razones ya expresadas anteriormente.
¿Cuáles son los individuos o grupos perdedores ante una decisión del Banco Central de no reducir la banda cambiaria? (El orden en que se presentan no es relevante).
Primero. Las personas o grupos que reciben ingresos (salarios, financieros, de alquileres, utilidades) en colones, pues se subvalora el precio de su trabajo en términos de dólares. En el caso de salarios suelen ser, por lo general, aquellos que realizan trabajos menos especializados, entre ellos los que reciben salarios mínimos definidos por ley. Es interesante señalar que no ha habido manifestación por el costo que en estas circunstancias se impone sobre el valor de una parte importante de la mano de obra nacional, de parte de grupos que dicen representar los intereses de trabajadores.

Segundo. Las personas y empresas que cobran tarifas en colones. Sucede algo similar a lo expuesto en el caso previo.

Tercero. Los importadores. La sobrevaloración de dólar debido a la política del Banco Central encarece artificialmente el costo de los bienes y servicios importados.
Cuarto. Los viajeros costarricenses al exterior. Tienen, alternativamente, que pagar más colones de la cuenta por el costo en dólares en que incurren para sufragar los gastos del viaje.

Quinto. Los inversionistas en colones. La política del Banco Central por la que subvalúa el colón significa que, en términos de dólares, sus inversiones pierden valor de mercado.

Sexto. Las entidades financieras y empresas que mantienen sus estados financieros en una posición neta en colones. Cuando en noviembre del 2007 el Banco Central redujo la banda cambiaria revaluando al colón, hubo entidades financieras que habían “apostado” por ella, lo cual les generó ingresos por dicha revaluación. De darse una nueva revaluación, las entidades financieras que ajusten sus balances en tal sentido, volverían a tener ese tipo de ganancias extraordinarias. Por ende, la decisión del Banco Central de no bajar la banda cambiaria implica que se subvalora el valor neto de los activos y pasivos en colones de esas entidades financieras o empresas.

Sétimo. Las personas que tienen colocaciones expresadas en colones. La decisión del Banco Central de impedir una revaluación del colón, significa que sus activos financieros (colocaciones) en colones están siendo castigados en su verdadero valor de mercado.

Octavo. Las personas que reciben sus pensiones en colones, por las razones ya expresadas con anterioridad.

Noveno. Los consumidores, en tanto el precio en dólares del bien importado se expresara en un precio menor en colones. Como la política seguida por el Banco Central impide que se logre este beneficio, con ella se les ocasiona este costo.

Décimo. El sector público, pues tiene que efectuar pagos al exterior en dólares, que con la política del Banco Central se mantienen sobrevalorados; esto es, el sector público alternativamente tiene que entregar más colones de los que se requerirían si el Banco Central revaluara al colón. En consecuencia, los contribuyentes también se ven afectados, en cuanto son quienes en última instancia deben de pagar más por ese valor sobreestimado de los pagos al exterior en dólares.

De los diversos grupos arriba citados vale la pena mencionar a dos de ellos por su activa intervención pública mediante opiniones en los periódicos y reuniones con autoridades bancarias, poco después de la decisión del Banco Central en noviembre del 2007, cuando optó por reducir la banda cambiaria con la consiguiente revaluación del colón. Por una parte, altos funcionarios bancarios de entidades cuyos estados financieros en lo neto indicaban estar relativamente “dolarizados”, se quejaron de que la medida tomada por el Banco Central ocasionó que asumieran fuertes pérdidas por la devaluación del dólar. Por otra parte, grupos de exportadores arguyeron públicamente que la medida en mención los ponía en problemas de competitividad en los mercados internacionales. Asimismo, casualmente algunos de esos mismos banqueros indicaron que la decisión del Banco Central afectaba fuertemente al sector exportador.

Toda esta historia nos debe hacer pensar si la decisión actualmente tomada por el Banco Central no ha sido llevada a cabo en consideración de no ocasionar pérdidas a ciertos sectores, aunque al así hacerlo ocasiona pérdidas a otros sectores de la economía. De la lista arriba expuesta es fácil deducir quienes están en qué campo y quienes en el opuesto. Lo cierto es que no parece ser una función del Banco Central tomar medidas, si es este el caso, en función de no afectar a ciertos grupos, aunque con ello daña a otros.


Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:16
2008-03-31-DEFIENDO MI LIBERTAD, NO LA DE OTROS

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COLUMNA LIBRE:DEFIENDO MI LIBERTAD, NO LA DE OTROS

Boletín de ANFE, 31 de marzo del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 192-196.

Hace poco un amigo me comentó que le llamaba la atención cómo, ante intentos de los gobiernos por restringir la libertad, a muchos no les interesaba el asunto, pero tal vez se debía a que esa pretensión de limitar la libertad era para terceros y no la libertad propia de aquéllos. Tal observación, le comenté, la había vivido a lo largo de muchos años. Al principio me dolía observar tal conducta, en especial la de amigos, principalmente empresarios, quienes de una manera u otra vivían y defendían la libertad en muy diversos sentidos. Incluso mi dolor se trocaba en angustia, al preguntarme cómo era posible que aquellos, quienes esencialmente progresaban gracias al marco de libertad en que se desenvolvían, se mostraran indiferentes y hasta impasibles al darse intentos por coartar el derecho de algunas personas a vivir en plena libertad, pero sí exhibían preocupación cuando el intento lo era para limitar su propia libertad.

Con el paso del tiempo uno aprende a darse cuenta de que así es la naturaleza humana. Se reacciona cuando la coerción pretendida va en contra de uno, pero no suele preocuparse mucho cuando afecta a otros. Es de esperar que aquí juegue el grado de coerción que se intenta aplicar a esos “otros”, pues me imagino (y esperaría) que la reacción en contra de la coerción fuera mucho mayor si, por ejemplo, el estado intentara impedir que una persona pueda ejercer, digamos, el derecho al voto o a elegir libremente con quién casarse y otras cosas por el estilo, en tanto que reaccionaran poco si esa coerción sobre terceros fuera para, por ejemplo, impedir que pueda abrir un negocio aún cuando se cumplen los mismos requisitos aplicables a todos o para poner un impuesto a la venta de un producto específico y otras cosas similares.

Pero hay otros elementos que también tienen un papel explicativo de esta conducta humana. Tal vez aquí juegue lo que le he oído decir irónicamente a otro amigo: “Yo estoy en contra de todos los monopolios, excepto del mío”. Esto es, si pudieran ser o tener un monopolio, no estarían en contra de él. Bien saben que el monopolio es malo, inconveniente, indeseable y dañino, pero, a la vez, éste les brinda réditos en exceso de lo que podrían lograr en un régimen en donde primara la competencia. En un momento dado, la restricción a la libertad que se pretende imponer sobre otros me podría beneficiar, como en el caso de que, como ejemplo, se impusiera un arancel que impidiera realizar importaciones que competirían en el mercado local, o bien cuando, para poder competir en un mercado se imponen requisitos de entrada como un capital muy elevado, lo cual tiene como efecto desestimular el ingreso al mercado de un competidor potencial. Tal es, como ejemplo, el intento reciente de algunos diputados de nuestra Asamblea Legislativa de poner como requisito para aquellas empresas aseguradoras que deseen competir en el país que tengan un capital innecesariamente alto. Esa limitación a la libertad se lleva a cabo para que no puedan ingresar al país “muchos competidores”, lo cual favorece al actual monopolio estatal, que mira cómo la competencia en ciernes amenaza su coto de caza hoy día privilegiado.

Pero sobre todo, me parece, que hay un elemento crucial que explica esa actitud de las personas de no reaccionar ante la coerción que se pretende a la libertad de otros.

Involucrarse en la defensa de la libertad tiene costos muy diversos, mientras que los beneficios de ésta no se palpan a corto plazo. Por supuesto que una participación directa y activa en defensa de la libertad tiene costos muy diversos, tanto en tiempo, recursos, dejar de hacer otras cosas tal vez más rentables por “irse” a defender la libertad, etcétera. Por otra parte, la restricción pretendida a terceros no afecta “mucho” (por hipótesis) a la libertad propia, al menos en el corto plazo. Aquí cabe preguntarse si esa restricción pretendida sobre terceros lo que está es abriendo una vía para restricciones ulteriores de la libertad y que bien podría afectar directamente a la persona que hoy aparenta soslayar su oposición a medidas restrictivas. Si fuera este el caso, tal vez la comparación que implícitamente se hace entre los costos de defender la libertad en este momento, se vería más que compensada por los beneficios que la libertad nos brindaría en el futuro.

Así uno podría explicar la conducta expuesta al inicio de este comentario y que le llamó la atención al amigo: los individuos no se involucran directamente a defender la libertad en tanto su restricción no les afecte directamente. Si la coerción es contra terceros, se dedicarán a defender la libertad que se amenaza con restringir si anticipan que los costos de tal actuación serán más que cubiertos con los beneficios que tendrán a futuro en un marco de libertad no más restringido que el que hoy se tiene. Es decir, practican un descuento de los beneficios futuros que esperarían mantener o lograr.

Hay otra vuelta de página que sí es más problemática, cual es que la restricción de la libertad de algunos beneficia a otros en la actualidad. Sobre todo, si se considera con mayor amplitud la posibilidad de que una acción del estado proporciona un beneficio extraordinario, como en el caso de, por ejemplo, que se pongan impuestos a todas las personas y cuyos recursos serán gastados por el estado en algunos productos específicos propiedad hoy de algunas personas específicas. Por ejemplo, digamos, que por estatismo el gobierno grava un impuesto para, por ejemplo, dotar de recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social para que los gaste en medicinas o en aumentar los sueldos de algunos gremios de médicos.

En este último ejemplo, es de esperar que, dada la hipótesis, quienes les venden medicinas a la Caja apoyen poner más impuestos sobre el resto de costarricenses, al igual que los médicos apoyarán tal plan si los recursos así adquiridos aumentan significativamente sus ingresos particulares mas allá de los mayores impuestos que, como cualquier otro ciudadano, deberán de pagar.

Ante problemas tan prácticos y reales, las personas buscan la conformación de “asociaciones” o “cámaras”, que lleven a cabo gestiones que, en nuestro tema específico, defiendan la libertad que amenaza con limitar a terceros. En el caso de las “cámaras” debe tenerse presente que también defienden intereses del gremio, intereses plausibles, concretos, que son del interés propio de sus asociados y no necesariamente del interés general. Por ello, uno puede entender que existan cámaras (eso sí, gracias a Dios, cada vez menos) que defienden al proteccionismo, pues sus asociados perciben un beneficio extraordinario con esa restricción a la libertad de terceros para poder escoger libremente en el mercado.

Lo anterior resalta la importancia de que existan “asociaciones” que estén por encima del interés particular (entendible y esperable a todas luces) y que, a la vez, defiendan el interés general; en este caso, la defensa de la libertad con independencia del interés particular. Precisamente ella es una de las razones más significativas para la existencia de ANFE: para que abogue por la libertad en general y no sólo en función del interés propio que pueda surgir eventualmente en un caso concreto. ANFE existe para defender la libertad y su actuación no depende de que una persona o un grupo específico tenga un interés concreto de defenderla o no. Es claro que, como la asociación que es, reaccionará positivamente y con base en sus principios generales, a defender la libertad de cualquier persona a la cual se le pretenda restringir. Pero lo hará por el principio y no por interés personal que pueda mediar. Esta es su gran virtud, pues tal independencia es importante que se conserve en especial para aquellos casos en que haya divergencia legítima entre intereses privados disímiles.

Finalmente, sí hay una evidencia que nos debe obligar a pensar a todos. Hoy día no parecen existir en nuestro país amenazas totalitarias –entendiendo por totalitario a un movimiento omnipresente, que abraza todo, extenso y profundo en cuanto a restricciones de la libertad- sino que lo observado es que los movimientos hacia la coerción se concentren en ciertos actos, en muchas ocasiones dotados de connotaciones moralistas que son aprovechadas demagógicamente por algunos, pues parecen llenar necesidades que muchos individuos en sociedad perciben. Tal caso podría ser el intento de limitar la posesión de armas de fuego a buenos ciudadanos asustados por la onda criminal resultante del abandono en que el gobierno ha tenido su seguridad.

Esas “pequeñas” limitaciones a la libertad de las personas simplemente son acumulativas. Hoy, por hipótesis, se pone un impuesto por aquí (a la gasolina, digamos), y mañana se pone otro a las sociedades anónimas (de $200 dólares, como está en cierto anteproyecto fiscal, y que si se tratara de una sociedad “grandota”, pues eso no es nada, pero sí arruinaría a las empresas pequeñas que muchas personas usan para realizar sus negocios), y pasado mañana se obliga a la gente a que compre, por la fuerza o mediante artimañas fiscales, un combustible específico a través del monopolio estatal de RECOPE (caso del gasohol). Este sistema de destrucción gradual de la libertad le recuerda a uno a la serpiente que devora su propia cola (hay muchas serpientes que se comen a otras serpientes): al final de cuentas, la serpiente se acaba a sí misma. Lo que empezó por un pedacito se extendió al todo. De unas pocas restricciones a la libertad de algunos –los otros-, se concluyó en conculcar la libertad de todos.
ANFE es, por estas entre otras razones, una asociación que merece y debe existir en nuestra sociedad.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:16
2008-04-30-MEDITACIONES SOBRE CAPITALIZACIÓN BANCO CENTRAL

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COLUMNA LIBRE: MEDITACIONES SOBRE LA CAPITALIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL

Boletín de ANFE, 30 de abril del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 197-203.

Tal vez ustedes, amigos lectores, observaron la euforia con que muchos de nuestros diputados –de todos colores y sabores- celebraron la reciente aprobación de una nueva ley llamada algo así como de la Banca para el Desarrollo. Me expliqué tan exuberante complacencia -de al menos algunos de ellos- al hecho de que la aprobación de esa ley se logró porque se erosionó la intemperante oposición de los diputados del Partido Acción Ciudadana a aprobar ley alguna, pues erigieron una barrera política para oponerse a cualquier trámite legislativo dada su férrea oposición a que se votaran las leyes conexas al TLC. Pero también me pareció que en algunos diputados primaba una genuina satisfacción. Tal vez porque regalar plata ajena –como suelen hacerlo muchos políticos- al menos en el corto plazo parece dar dividendos electorales, a causa del presunto agradecimiento de los beneficiarios, a la vez que los contribuyentes que pagan esas cuentas no suelen relacionar -con ira- el aumento en los pagos de impuestos a la aprobación de ciertas leyes dispendiosas, como la de referencia. Pero puede ser que los diputados estaban honestamente contentos por el bien que creen haber hecho aprobando esa ley de Banca para el Desarrollo

Pero en política hay celos y a veces, para evitar sus funestas secuelas, se acude a poner en práctica aquél lema gálico “après nous, le déluge”, que en cristiano serio significa “después de nosotros, el diluvio” y que en cristiano de pata en el suelo se expresa con un “el que venga atrás, que arrase con todo”. Los vivillos del Consejo Nacional de la Producción, con el angelical aire cómplice de “yo no sé nada de eso” puesto por las autoridades superiores del Ministerio de Agricultura, dispusieron, antes de que esos fondos se fueran a fortalecer el programa potencial de préstamos estipulado por la nueva ley de Banca de Desarrollo, gastarlos en su Programa de Reconversión Productiva, caracterizado precisamente por una pobre selección de proyectos rentables y una triste recuperación de recursos. Se trata de gastar ahora, por “nosotros, antes que ellos”, la bicoquilla de casi once mil millones de colones.

Afortunadamente los diputados no se aguantaron el brinco y pusieron un grito al cielo tan duro que hasta alertó a la Casa Presidencial, la cual, en el momento en que se firmaba la nueva ley de Banca de Desarrollo, ordenó echar para atrás la dispendiosidad de los jerarcas del Consejo Nacional de la Producción.

Me gustó ver esa reacción de los diputados, aunque no porque crea que esa nueva ley no va a constituir en otro regalo de recursos –pues casi todo está para que ello sea así- sino porque guardo la esperanza de que esa misma satisfacción con que recibieron el proyecto del Poder Ejecutivo para capitalizar al Banco Central, no les irá a obnubilar su perspicacia y así puedan darse cuenta de que posee problemas muy serios. Ese es el tema que trato en esta ocasión, pues parece que pocos están en contra de capitalizar al Banco Central, si, como alegan los proponentes de esta ley, se va a traducir en un control de la inflación que tanto nos agobia.

El punto esencial, para empezar, es preguntarse si el proyecto de ley para la capitalización del Banco Central, efectivamente lo logra. Lo más sorprendente es que el proyecto no capitaliza al Banco, sino que sólo abre la posibilidad de que el Estado, entre otros, incluyendo personas físicas o jurídicas, puedan donar o aportar recursos al Banco supuestamente para capitalizarlo. El Ministerio de Hacienda así podría entregar recursos para capitalizar al Banco, pero no dice que tendrá que hacerlo, pues queda a su voluntad. Así podría en el futuro darse la posibilidad de que el Estado no vaya a querer capitalizar al Banco, con lo cual persistirían los problemas derivados de su insuficiencia.

Ante este defecto crucial, si conviniera para el país capitalizar al Banco Central para eliminar sus pérdidas que provocan problemas inflacionarios, lo que se debe hacer es efectivamente capitalizarlo. Para efectivamente lograrlo propongo que simplemente se transfieran las obligaciones llamadas cuasi-fiscales al Ministerio de Hacienda que es adonde pertenecen. Son aquellas obligaciones que se trasladaron al Banco Central como resultado de una decisión del Poder Ejecutivo, ante el mal gobierno de la Administración Carazo, que permitió dar divisas preferenciales a un sector privado a punto de quebrar. Esas obligaciones, en lugar de asumirlas el Estado como correspondía por medio del Ministerio de Hacienda, las ubicó en el Banco Central y su servicio es fuente de emisión monetaria y de presiones inflacionarias.

Pero las pérdidas en que hoy incurre el Banco Central por el servicio que debe hacer de sus obligaciones, no se originan tan sólo en aquéllas mencionadas en el párrafo inmediato anterior. También, con el paso de los años, el Banco Central se ha ido endeudando esencialmente para cumplir con su política de mantener un tipo de cambio que subvalora al colón frente al dólar. Por ejemplo, en la actualidad, el Banco, para defender el piso de la llamada banda cambiaria y no dejar que el colón se valorice a más de lo que dicho piso define (esto es, impedir que se revalúe el colón ante el dólar), adquiere una excesiva cantidad de dólares en los mercados cambiarios, que ha hecho que, a la fecha, tenga reservas de casi cinco mil millones de dólares. Para adquirir esos dólares emite colones, que causarían inflación y para frenarla coloca deuda para retirar ese exceso de colones, dando lugar a futuras pérdidas para el Banco Central y una consecuente nueva emisión monetaria.

Es muy posible, pues no hay cifras exactas al respecto y las autoridades no las han dado, que las pérdidas para el Banco originadas en sus actuaciones cambiarias excedan a las pérdidas originadas por el traslado de deudas que el Gobierno le hizo en el pasado al Banco Central. El país –y ojalá que los diputados soliciten esta información- debe conocer cuál es hoy el origen de las pérdidas que tiene el Banco.

Lo cierto es que, independientemente de ese origen, si tan sólo se trasladaran al Ministerio de Hacienda las obligaciones cuasi-fiscales arriba mencionadas, bien podría ser que el Banco continúe con fuertes pérdidas y por ende estaríamos incapacitados de evitar las presiones inflacionarias originadas por ellas. Por tanto, de ser este el caso, se requeriría de una decisión estatal que capitalice al Banco para compensar estas pérdidas adicionales. Ello, de nuevo, pone en manos del Gobierno de la República -responsable en última instancia de las pérdidas del Banco cualesquiera sean su origen- la decisión de eliminarlas y ello podría significar trasladarle recursos públicos adicionales al Banco. Pero nada de esto aparece en el proyecto que se comenta, sino tan sólo se abre la posibilidad de que el Banco reciba donaciones (y, no es para burlarme, pero las abre hasta para que el Banco reciba radiopatrullas viejas y todo tipo de chatarra como donación ciudadana).

Otro aspecto importante del proyecto de ley que comento se relaciona con la ampliación de la potestad del Banco para aumentar la llamada tasa de reserva legal o encaje legal. Este se refiere a que el Banco Central exige a los intermediarios financieros –hoy día, por ejemplo, a los bancos comerciales- a mantener como encaje (ya sea en las cajas de los bancos o depositándolo en el mismo Banco Central) un porcentaje de los depósitos o captaciones que reciben de sus clientes. A la fecha el límite máximo que el Banco Central puede imponer es de un 15% y si se excede de esa tasa, debe pagar intereses a los, digamos, bancos comerciales, por ese monto superior. Ahora pretende aumentar el encaje hasta un 25% sin que tenga que reconocer interés alguno.

Para los familiarizados con asuntos de finanzas, dicho encaje no es sino un impuesto a los depósitos en los bancos comerciales, en donde el Banco Central capta parte de esos recursos sin pagar interés alguno. Al encaje también se le considera un instrumento del que dispone el Banco para variar la cantidad de dinero en circulación, pues si, por ejemplo, por cada mil colones que recibe un banco comercial, si el encaje es de, digamos, un 10% que debe entregar al Banco Central, los restantes 900 colones los puede usar para prestarlos a clientes, que, a su vez, regresarán como depósitos a esos mismos bancos comerciales, que deberán encajados a esa tasa del 10% y así sucesivamente. Al final de cuentas el dinero en circulación en la economía crece en un múltiplo del depósito original en el banco comercial (para los técnicos y en forma simple, el depósito original de dinero por mil colones al final termina multiplicándose hasta llegar a constituir una cantidad de dinero en circulación de diez mil colones).

Si el Banco Central pone un encaje legal superior, digamos del 25%, la cantidad de dinero en circulación a que dio origen el depósito original de mil colones ya no sería de diez mil colones, sino de sólo cuatro mil colones (crean en mis números, pues no son cruciales para comprender el concepto).

Con ese aumento en el encaje legal el dinero circulando en la economía se redujo de diez mil colones a sólo cuatro mil, y es la razón por la cual se alega en los considerandos del proyecto de ley que se comenta, que el aumento propuesto en el encaje legal le permite al Banco Central aplicar una política monetaria restrictiva que faculte reducir la inflación.

Pero ese aumento tiene varios efectos que deben de considerarse. El primero es la naturaleza de impuesto que tiene y al cual acude el Banco sin expresar que se trata de un aumento en ellos, tema que debería tratarse con el cuidado que merece cualquier incremento de gravámenes. El segundo es que, de darse tal alza, se trasladará a los usuarios de créditos mediante un incremento en los intereses cobrados por los préstamos. Y tercero, si esos intereses aumentan, se eleva el costo de llevar a cabo proyectos de inversión, lo cual no parece ser muy afortunado, en especial si es cierto lo que dijo recientemente el Presidente de que al país se avecinaba “un período de vacas flacas”.

Pero, sobre todo, el alza en la tasa de reserva legal es para que los costarricenses cubramos la irresponsabilidad del Banco Central en el manejo de su política monetaria, principalmente cuando ha pretendido defender un régimen cambiario específico. Ahora busca pasar el costo de ese mal manejo a los costarricenses, sin asumir la responsabilidad financiera de sus actos.

Asimismo, el proyecto de ley busca que el encaje se aplique a “todas las entidades que realizan intermediación financiera” y se “hace manifiesta la posibilidad de aplicación (del encaje) a todas aquellas entidades que realicen intermediación financiera en el país, sin importar donde se ubique el domicilio de la plaza bancaria” pretendiendo así gravar la captación de bancos con domicilio en el exterior que realizan operaciones en el país.

Es poco factible que el Banco Central pueda lograr algo como eso. Por ejemplo, es sabido que en el país operan bancos de la región (les llaman, con cierta ironía, “bancos de maletín”) que prestan a empresas ubicadas en el país en mejores condiciones de crédito que el brindado por intermediarios financieros del país. Esta competencia es buena y si su existencia se origina en distorsiones ocasionadas por políticas internas, pues es una razón fuerte para eliminarlas, pero no para impedir que puedan operar en el país. La pregunta que aquí surge es si el Banco está en capacidad de controlar (para encajarlas) las operaciones en Costa Rica de esos bancos. Tengo grandes dudas de que vaya a poder hacerlo y más bien lo que va a lograr es elevar el costo del capital para operaciones domiciliadas en el país.

El problema no es sólo con esos bancos regionales (o de maletín), pues algo similar ocurre con los que llamo “bancos de maletón”, que son algunos grandes bancos ya ubicados en el país y que bien pueden brindar crédito desde el exterior a empresas ubicadas en Costa Rica. Si lo que se alega como razón para el proyecto de ley, es evitar mediante el encaje la expansión del crédito en el país, ¿estaría el Banco Central de Costa Rica obligando a encajar las operaciones de esos grandes bancos establecidos en el exterior por préstamos que haga a empresas y personas ubicadas en Costa Rica? ¿Acaso cree Usted que pueda tener éxito en tan titánica tarea de encajar esos bancos extranjeros?

Hay más problemas que se le pueden señalar a este proyecto de ley, pero es suficiente por el momento. Tan sólo cabe esperar que los señores diputados (quienes difícilmente van a leer este comentario) estén atentos a las pretensiones e ilusiones que contiene, para evitarnos luego un alegrón de burro.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:17
2008-05-31-A LA FUERZA, ¡NO!

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COLUMNA LIBRE: A LA FUERZA, ¡NO!

Boletín de ANFE, 31 de mayo del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 204-208.

Aún cuando el empleo de gasohol (gasolina mezclada con etanol) y de biodiesel (diesel mezclado con biodiesel) fueran convenientes para el usuario, la decisión comentada en distintos medios, de que el monopolio de RECOPE únicamente va a venderle a los costarricenses esos combustibles excluyendo las alternativas actuales, por principio debe ser objeto de un rechazo contundente por los costarricenses. Tanta prepotencia puede explicarse tan sólo porque RECOPE es un monopolio, lo cual significa que, querámoslo o no, nos veremos obligados a comprar sus productos, cualquiera que sean sus calidades, sus precios, sus presentaciones o lo que les de la gana darnos como único vendedor. Y más en el caso de los combustibles, pues la existencia de sustitutos viables es muy difícil de encontrar. Claro, siempre tenemos la opción de ponernos a caminar o andar a caballo o innovar con el uso de burros, pero creo que ni Usted ni yo es lo que queremos.

Ya RECOPE había realizado un experimento en Guanacaste con la utilización de estos nuevos combustibles supuestamente “amigables” con la naturaleza (como si los combustibles fósiles no formaran parte de la “naturaleza”). Sin embargo, el resultado de ese experimento nunca fue del conocimiento del público, probablemente porque el ciudadano rechazó utilizarlos. Ojalá que la ignorancia en que se nos quiere mantener en este caso particular, no sea una estrategia de un Estado que, cuando enfrenta un problema, prefiere que las cosas no se conozcan a plenitud. Ejemplos de esto son dos situaciones recientes. Una, la forma poco transparente en que la propia RECOPE intervino en el mercado cambiario por medio del Banco Central, que culminó en una levitación artificiosa del tipo de cambio. Otra es la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de revelar el costo que tuvo una reciente reunión en el país de nuestros embajadores en todo el mundo. ¡Por alguna razón es que se oculta la información!

La eliminación de los combustibles que actualmente vende RECOPE y su sustitución por los cócteles citados, tal vez sin proponérselo, logra un propósito no previsto cual que evita valorar si tiene sentido económico la propuesta que hacen las autoridades gubernamentales. Si no hay forma de comparar los costos de estos productos similares, se oculta cualquier abuso potencial derivado de una ineficiente decisión. Si se quiere comparar los precios y la eficiencia (rendimiento energético a cada precio) que tienen los combustibles alternativos, la lógica exige que no haya subsidios o impuestos aplicados a alguno de ellos, en tanto que se excluye a otros. Ya alguien por ahí había sugerido que se podría mantener el actual impuesto a los combustibles fósiles y rebajar el de los nuevos combustibles. Tal práctica falsamente mostraría a los ojos del consumidor que los primeros resultan ser más caros que los segundos. Algo equivalente se daría si se decide aplicar un subsidio a los nuevos productos en detrimento de los anteriores.

La transformación que se pretende en el panorama de los combustibles, como que es algo bueno en sí, en realidad provoca grandes dudas al ciudadano, independientemente de que también le permite darse cuenta de la intemperancia de los gobiernos y de los monopolios que le quieren prohibir su libertad de escoger.

Por una parte, no es claro que la nueva mezcla no daña a los vehículos, muchos de los cuales no tienen motores adaptados para estos combustibles. En Brasil me di cuenta de que circulaban modelos de carros que sí tenían los motores específicamente diseñados para usar, tanto los actuales combustibles fósiles como los nuevos tipos de combustibles (llamémosles bio-combustibles) producidos en ese país. Aquí en Costa Rica, un país ya no tan pobre como antes, por lo cual ahora empiezan a circular muchos carros, pero que a la vez no es tan rico, como para tener sólo los últimos modelos que aparentemente no se dañan al usar bio-combustibles, la Asociación Costarricense de Expendedores de Combustibles (ACEC) ha advertido acerca de una “chatarrización” de nuestro parque automovilístico, debido al daño por el uso de los nuevos combustibles en los vehículos más viejos, así como que también, para el caso de los nuevos, que no todas las agencias están dispuestas a garantiza el “rendimiento” de los vehículos con los nuevos combustibles.

El caso se las trae, porque también se requiere de fuertes inversiones para el nuevo proyecto, cuyos costos definitivamente serán trasladados a los consumidores. Empecemos porque el mismo RECOPE, que no ha sido un dechado histórico en su capacidad como buen inversionista, no posee ni los equipos ni las instalaciones requeridas y menos va a tenerlas a tiempo para la fecha –octubre de este año- en se ha anunciado empezará el uso obligatorio de los nuevos combustibles. Es más, dada la experiencia en cuanto a las obligaciones administrativas que se deben cumplir para realizar inversiones públicas, tales como elaboración de carteles, su publicación, su evaluación, el proceso decisorio, la adjudicación, las apelaciones, la Contraloría, etcétera, etcétera, simplemente la infraestructura estatal no va a estar lista para octubre, aún cuando de pronto vayan a pretender que se dé una declaratoria de emergencia para evitar la duración del proceso licitatorio normal.

Asimismo, las estaciones de gasolina van a tener que transformar sus tanques, porque es conocido que el etanol remueve partículas en los ya existentes, las cuales terminarán por atascar ciertas partes de los motores. Alguien ha señalado que, antes de usar el gasohol por primera, se lave el motor del vehículo, lo cual, por supuesto, Usted tendrá que costear.

Este asunto no se queda aquí, pues de algún lado tendrá que salir el etanol o el bio-combustible, que requerirá de recursos sustanciales dedicados a su producción, específicamente sembradíos de materias primas. No sólo hay dudas muy serias acerca de la disponibilidad de tierras para llevar a cabo esa nueva producción, sino que incluso podría significar la sustitución de áreas actualmente dedicadas a la producción de alimentos. También ya surgen dudas sobre cuál será el verdadero costo de tal producción agrícola, pues algún funcionario público ya ha sugerido la medida estatista de otorgar subsidios –vía intereses- a esa producción, con lo cual se ocultaría la realidad del valor de los recursos empleados. Otorgar este tipo de subsidios me huele a patraña. El costarricense sabe que, de una forma y otra, esos subsidios siempre los terminan pagando los consumidores. Todos los pagamos para el beneficio de algunos pocos: ese jueguito aquí y en todo lado ya es muy viejo.

No me atrevo a incursionar en la incidencia que este proyecto de RECOPE para que usemos forzadamente sus bio-combustibles, puede tener en la conservación del medio-ambiente y de la bio-diversidad del país. Es muy poco lo que conozco de estos temas, pero he conversado con algunas personas conocedoras de estos asuntos y me han señalado que el impacto podría ser sumamente negativo, sobre todo un país en el cual las posibilidades de ampliar las áreas sembradas son sumamente limitadas.

Históricamente ANFE ha defendido el derecho humano esencial de poder elegir libremente. Por ello nos oponemos a la práctica monopolística que intenta RECOPE. Asimismo, ANFE se ha opuesto a los subsidios e impuestos diferenciales introducidos por los gobiernos que alteran las señales que deben primar en un mercado libre. Por esta razón hacemos la advertencia de que la política de precios –al menos lo que se ha podido conocer de algo tan oculto- en torno a los nuevos y viejos combustibles bien podría alterar sustancialmente sus rentabilidades relativas y distorsionar sus costos relativos. Finalmente, ANFE siempre ha creído en la libertad empresarial, de manera que las personas puedan actuar en beneficio propio, que, en un régimen competitivo, termina por beneficiar a los consumidores. Si en la nueva actividad productiva de sustitutos de combustibles fósiles, los individuos y las empresas privadas desean incursionar a su propio riesgo, sin que haya alteraciones ni limitaciones inducidas por la acción estatal, ANFE les da la bienvenida. Lo que no se vale es usar al estado para su propio beneficio y en contra de los consumidores, como parece ser el caso con los nuevos combustibles que RECOPE pretende comercializar forzadamente. ANFE, por supuesto, estará vigilante en proteger al ciudadano de cualquier abuso que contra él pretenda llevar a cabo el Estado por medio de alguna de sus dependencias.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:17
2008-06-30-BREVES SUGERENCIAS SOBRE USO DE ENERGÍA

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COLUMNA LIBRE: BREVES SUGERENCIAS SOBRE EL USO DE ENERGÍA

Boletín de ANFE, 30 de junio del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 209-215.

Es muy posible que las sugerencias sencillas que se me ocurren en torno a las políticas energéticas que hoy se siguen en nuestro país, nunca vean la luz. Me imagino que será porque encaran la mentalidad socialista de algunos de quienes han definido nuestras políticas energéticas, precisamente caracterizadas por una notoria intervención estatal. O tal vez porque afectarían algunos feudos casi entronizados en nuestro medio, lo cual nos trae a colación el significado de la tiranía del status quo. Asimismo, no debían descartarse razones que una mente individual como la mía puede no haber tomado en cuenta –algo hemos aprendido de Hayek- motivo por el cual acudo a que sea el mercado quien defina acciones que no pueden ser tomadas por mente individual concreta, sin que tenga la arrogancia de pretender conocerlo todo.

Primera sugerencia: eliminar el monopolio de RECOPE. No se asusten; no voy a profundizar en esta propuesta pues me tomaría mucha letra y probablemente aburriría a los lectores de esta columna. Tómenlo como la reiteración de un principio de ANFE, cual es su lucha contra los monopolios y RECOPE es uno de los más notorios.

Segunda sugerencia: va muy en contra de la política (si así se le puede llamar) recientemente dictada por el gobierno de subsidiar relativamente el uso del diesel, al tiempo que carga de impuestos a otros combustibles. El tema es algo nebuloso pues el gobierno lo que propone es eliminar un impuesto sobre el diesel y no subsidiar su utilización. Ese ogro filantrópico lo que simultáneamente ha decidido es que el impuesto al diesel se traslade a las diferentes gasolinas que vende RECOPE. No da un subsidio al precio del diesel, sino que en compensación aumenta el impuesto a las gasolinas.

Pero, para sosegar en parte la queja pública de que la rebaja en el precio del diesel beneficia a los dueños de vehículos de lujo movidos por ese combustible, el estado ha propuesto compensar el favorcito con un aumento en los impuestos de circulación que pagarían a fin de año. Así, mucho quejoso de la “injusticia” que se daba, tendría que sosegar su razonable ira. Pero el cálculo del gobierno, que nunca pierde oportunidad de aumentar nuestros impuestos, está más bien en aumentar su recaudación porque, por una parte, compensa la rebaja en el diesel con un aumento en los impuestos a las gasolinas, y, por la otra, adicionalmente eleva el gravamen al ruedo de un número sustancial de “vehículos de lujo” que usan el diesel.

Por esta -entre otras razones- creo que no deben darse subsidios cruzados por las enormes distorsiones y afecciones que ocasionan a la ciudadanía. Aceptemos, por un momento, que la decisión del gobierno de subsidiar relativamente el uso del diesel se toma para ayudar a los grupos más pobres (subsidio del transporte público) así como a sectores productivos (para apelar al sentimiento popular, señala a los agricultores, pero también entran algunos muy poderosos que usan el diesel en su producción). Asumamos que tal fin es loable, pero de inmediato surgen varias preguntas. En primer lugar, si se trata de ayudar a los pobres, entonces, ¿por qué desprecia al pobre que usa un carrito viejón y barato movido por gasolina? Resulta obvio que hay mucho pobre que se mueve en vehículos que usan gasolina y que ahora será doblemente gravado con esa política gubernamental de subsidios cruzados. La conclusión lógica de tal política gubernamental es que hay “unos” pobres y hay “otros” pobres. A “unos” los ayuda, a “otros” los arruina más. Este criterio gubernamental lo califica como oportunista, demagógico y alejado del principio de igualdad ante la ley (esto es, hay unos menos iguales que otros).

En segundo lugar, si de ayudar al sector productivo se trata, me pregunto, ¿acaso no es “productivo” un profesor universitario quien usa su carro impulsado por gasolina para ir a dar clases y quien ahora verá como violentamente se incrementa su costo de producción? ¿O es que acaso no es “productivo” -digamos- un médico que se traslada en carro de gasolina a prestar sus servicios en un hospital? ¿O tampoco es “productivo” el obrero de una fábrica que usa ese tipo de carro para ir a trabajar? Según el gobierno, no lo son. Simplemente son ciudadanos de segunda que ahora tendrán que pagar más, pero mucho más, de lo que en verdad cuesta trasladarse a “producir” para otros seres humanos. Simplemente el objetivo público es que algunos paguen en beneficio de otros. De nuevo, se otorga un subsidio a “unos” productores a costas de “otros” productores. Otra vez más, la hipocresía social.

Anecdóticamente, me contó un amigo empresario que alguien le preguntó su opinión acerca del proyecto de subsidiar al diesel con un impuesto a la gasolina, dado que su flotilla de vehículos era toda de diesel. Me comentó que su primer impulso produccionista fue dar una respuesta positiva a esa iniciativa, pero una segunda reflexión lo hizo pensar en que, con esa medida, no se tomaba en cuenta que se empobrecía a la clase media, que es la que esencialmente consume sus productos. Me señaló que Costa Rica se ha convertido básicamente en una economía de servicios en donde la mayor parte de la gente que labora en ese segmento tiene autos de gasolina. Con la medida propuesta, se empobrecería al grueso de los consumidores. Con suma sencillez, mi amigo empresario desnudó una enorme y grave consecuencia no prevista a raíz de las decisiones de los zares energéticos de nuestro país.

Tercera sugerencia: ¿Por qué RECOPE insiste en llevar a cabo enormes inversiones que el sector privado podría llevar a cabo a su cuenta y riesgo? No es necesario estar bien informado para sabre que desde hace mucho tiempo RECOPE –en donde RE significa refinadora- no refina nada de nada. Es un simple intermediario importador de unos bienes bajo su manto monopólico, además de otros para los que no hay razón de ser un único importador, como es el caso del gas licuado derivado de gas natural. RECOPE debería de limitarse a importar lo que su ley permite, mientras que el Estado debería facilitar que los individuos privados abastezcan libremente a los consumidores, sin endosarles el costo de quiméricas inversiones cuya experiencia fallida es la mejor lección de incapacidad recientemente tenida. Sí, como dice el gobierno, la cosa está “fututa”, debería dejar que las personas puedan aportar sus recursos, conocimientos, habilidades y disposición de asumir riesgos, en vez de ser la doña toda que intenta resolver cuanto problema aparece en nuestra sociedad, en la que, más bien, muchos surgen de su propia acción.

Si duda de lo expuesto, averígüense el monto de los planes de inversión que RECOPE ha presentado ante la Contraloría para los próximos años, en donde lamentablemente deja de lado a la capacidad privada de suplirlos. El gobierno lo que va a lograr es ampliar su participación interventora en la economía. El estado costarricense haría mejor con no poner obstáculos a la capacidad creativa de nuestra empresa, a través de una regulación exageradamente innecesaria. Si actuara como facilitador de la acción privada, se incrementaría en mayor grado el progreso y la riqueza de la nación y de sus ciudadanos.

Cuarta sugerencia: mucho costarricense ya habrá notado la mejoría en la fluidez del tránsito una vez concluidas las obras en la antigua rotonda de San Sebastián. Esta loable acción del Ministerio de Transportes sirve para probar algo: que las viejas rotondas causan enormes presas, en donde los vehículos hacen largas filas gastando innecesariamente una enorme cantidad de combustible. Urge variar la estructura de ciertas vías cruciales para el transporte urbano. Como tal cambio requiere de una fuerte inversión, a pesar de la gran recaudación de impuestos a los combustibles que se supone eran para mejorar las vías, al menos, ¿porqué, por un cierto tiempo mientras se realizan tales obras, no se contrata más inspectores de tránsito para que todos los días y, en especial, en horas pico, se dediquen a agilizar el tránsito por las rotondas? Si se hicieran bien las cosas –no es mucho pedir al Tránsito- el costo de esos agentes de tránsito adicionales se vería más que compensado por el ahorro de combustible.

Quinta sugerencia: Quiten ya el cobro de peajes. ¿Qué será que las autoridades de gobierno no ven los reportajes de noticieros en la televisión que muestran las enormes filas al pagar los peajes? Los gobernantes, con tal de agarrar unos pocos colones por el peaje que cada uno de nosotros paga, no toma en cuenta el enorme gasto de combustible en que incurre cada ciudadano por las presas que se arman en las casetas de peaje.

Sexta sugerencia: ¡Qué lindo y fácil es decir que la solución al gasto de combustibles en el país está en el empleo colectivo de vehículos en vez de su uso individual! Bueno, a estos precios del combustible ya muchas personas, por medio de las empresas, están contratando transporte colectivo. Yo conocí cómo –ya hace varios años- en una entidad reguladora un trabajador compró una buseta para brindar transporte diario a un grupo de compañeros desde Cartago a San José y viceversa. Al tiempo ya había podido amortizar su busito y los compañeros estaban felices porque se evitaban las enormes presas del centro de San José, viajaban con toda comodidad y con amigos, a la vez que tenían un servicio siempre a tiempo para cumplir con su trabajo. Por si no lo saben, eso llama espíritu empresarial en acción.

¿Por qué razón el gobierno no permite oficialmente que haya taxis privados colectivos que cobren individualmente por cubrir una ruta específica? Tales taxis, conocidos como peseros en México, en donde los conocí, simplemente tendrían que cumplir con requisitos muy sencillos, como tener una foto del conductor del vehículo. Y punto, sin más enredo burocrático. Saldrían de, digamos, el este de San José, para ir a centros de trabajo en el oeste de la ciudad, sin circular por el centro y cobrando a cada persona (me imagino que el límite sería de 5 personas por viaje) una suma –digamos de 500 colones; un dólar- por transportarlos en la ruta preestablecida.

A propuesta tan sencilla se opondrán taxistas ya establecidos, así como los piratas actuales, pero veremos cómo muchos de ellos se dedicarían a este transporte colectivo. La mayor oposición vendrá de autobuseros que actualmente detentan una concesión (o una próxima concesión) pues surgirá competencia en su hoy protegido mercado. Probablemente esta última será la razón por la cual aquellos que hoy regulan su vida, limitando su libre movilidad con ocurrencias que terminan por fracasar, no van a aceptar esta sugerencia.

Pero el silencio suele ser la reacción de los gobernantes. ¿Acaso nos informaron de cuánto fue el ahorro de combustible al decidir hace cierto tiempo prohibir la circulación por número de placas en el centro de San José? Y menos comparó el posible ahorro de congestión y de combustible con las incomodidades, molestias y caídas de la producción que esa política ocasionó. Pero, antes de terminar, aprovecho para manifestar otra inquietud. Dado que ahora la gasolina va a subsidiar enormemente el uso del diesel, ¿qué va a hacer nuestro omnisapiente gobierno con las tarifas de taxis? ¿Habrá una más baja para taxis que usan diesel y otra más cara para aquellos que emplean gasolina? No se pierdan la próxima feliz ocurrencia para resolver este problema que las mismas autoridades causaron.

Termino aquí para no cansar a los lectores, cuya paciencia hacia mis escritos admiro. Pero antes, no resisto la tentación de hacer una última propuesta.

Sétima y última sugerencia: Tal vez porque fue una decisión del presidente socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, podría tener aquí algún eco, porque, para serles franco, no estoy plenamente convencido de su conveniencia. Allá, tal como aquí, han surgido presiones de aumentos salariales debido a la crisis energética. Lo interesante es que el presidente Zapatero decidió que tan sólo se aumentarían los sueldos de trabajadores públicos que no fueran de puestos altos. En Costa Rica hace poco altos funcionarios del Instituto Nacional de Seguros y de la Corte Suprema de Justicia buscaron tener enormes aumentos en sus sueldos, los cuales son pagados por todos los costarricenses. Haría bien el estado en no otorgar tales aumentos a altos funcionarios que a la fecha reciben gasolina (y vehículos) gratuitamente. Entre ellos estarían el Presidente de la República, la Vicepresidenta, los Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos, Gerentes, Auditores Internos, Contralores, Diputados, Procuradores, Defensores de los Habitantes, Fiscales Generales, algunos Directores, la Corte Suprema de Justicia y perdónenme si dejo a alguno por fuera. Sería cuestión de “justicia social. O ¿no es cierto?

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:18
2008-07-30-BANDAS Y FLOTACIÓN CAMBIARIA qdDg

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COLUMNA LIBRE: BANDAS Y FLOTACIÓN CAMBIARIA ¿q. d. D. g?

Boletín de ANFE, 30 de julio del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 216-222.

De las cosas más difíciles de predecir es cuándo debe desaparecer una institución, problema que se complica si la entidad en cuestión no es “antigua”, y que por ende ya haya podido probar su utilidad o carencia con el paso de los años. En el caso del régimen cambiario llamado de bandas una de las ventajas a fin de predecir su futuro es que no lleva tantos años de existir, pues se inició allá por octubre del 2006, cuando se abandonó al entonces llamado sistema cambiario de mini-devaluaciones. El problema radica en lo que hemos comentado en otras ocasiones: la tiranía del status quo; esto es, en síntesis, que una vez que las instituciones se establecen, cuesta quitarlas dados los intereses creados a su alrededor y que se favorecen con su existencia.

Pero, lo que los costarricenses hemos conocido como el esquema de bandas cambiarias tal vez es más fácil de predecir: su futuro es muy pobre, si bien uno nunca sabe, en especial en estos casos de instituciones públicas, si será posible eliminarlas una vez creadas. Pongo dos ejemplos de ello: el Consejo Nacional de Producción y la Fábrica Nacional de Licores, que han sido imposible cerrarlos y que es tal vez lo que debería de hacerse.

Acerca de la introducción de un sistema de bandas cambiarias hubo dos fuertes corrientes, una que me atrevo a calificar de “liberal”, posiblemente porque se sustentaba en una respetable tesis de economistas, como Milton Friedman, quienes han promovido la libre flotación de los tipos de cambios. Esto de hecho significa que la banda cambiaria es infinita. Asimismo, hay instituciones como el Fondo Monetario Internacional, en donde al menos algunos y posiblemente una minoría han abogado por dejar que el tipo de cambio se determine libremente en el mercado, como forma de controlar el problema de la inflación. En nuestro medio, el editorialista de La Nación consistentemente ha argüido por la flotación del colón, cuyo precio sería determinado, esencialmente, por la oferta y la demanda en los mercados de divisas, lo cual significa que el valor del colón estaría definido dentro de una banda de límites infinitos o indeterminados.

Otro grupo, comandado por el Banco Central de Costa Rica, ha abogado por un régimen de bandas cambiarias, dentro de un rango limitado, con límites superior o inferior dentro de los cuales flotaría el colón, si bien dicha fluctuación sería influida determinantemente por intervenciones del Banco Central. Dicha banda podía ser ampliada, reducida, retorcida -como se quiera- según la voluntad del Banco Central, el cual, en cualquier momento, podía definir una nueva banda cambiaria diferente de la anterior. Sin embargo, al menos en el largo plazo, la idea es que la banda llegue a ser tan amplia como sea posible, lo cual incluye la posibilidad de que haya una libre flotación sin límite alguno.

Me ha parecido apropiado exponerle al primer grupo –el de los libreflotadores- la cita exacta en la cual Friedman sustenta su caso en favor de la libre flotación de los tipos de cambio. En su ensayo “The Case for Flexible Exchange Rates” expone la naturaleza del mercado en el cual hipotéticamente funcionaría su propuesta, cuando señala que “Estas condiciones hacen que un sistema de tipos de cambio flexibles o flotantes -tasas de cambio en un mercado abierto libremente determinadas primordialmente por transacciones privadas y, tal como sucede con otros precios en los mercados, variando día tras día- sea absolutamente esencial para llenar nuestro objetivo económico básico: el logro y mantenimiento de un comercio multilateral sin restricciones.” (Milton Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago: The University of Chicago Press, 1953, p. 157.)
Cuando Friedman realiza su propuesta de libre flotación tiene en mente un mercado en que básicamente las transacciones cambiarias son privadas y no determinadas por la intervención o irrupción en los mercados de la acción estatal, ya sea por un Banco Central o por adláteres (permítaseme el barbarismo) que forman parte de la estructura pública, probablemente porque es bien sabido que sus transacciones no necesariamente están determinadas por consideraciones económicas, sino políticas.

Friedman, además, señala que “abogar por tipos de cambio flexibles no es equivalente a abogar por tipos de cambio inestables… La inestabilidad en los tipos de cambio es un síntoma de inestabilidad en la estructura económica subyacente. La eliminación de este síntoma mediante el congelamiento administrativo de los tipos de cambio no cura ninguna de las dificultades subyacentes y tan sólo hace más doloroso el ajuste de ellas.” (Op. Cit., p. 158.)

El problema, para quienes localmente arguyen en favor de que el tipo de cambio sea libremente determinado en los mercados correspondientes, estriba en que, dada la estructura de nuestro mercado cambiario, el tipo de cambio no es “libremente determinado por transacciones privadas primordialmente”, sino que es notoria, por una parte, la influencia de entidades públicas participando en dicho mercado, y, por la otra, que tampoco el mercado es lo suficientemente profundo –esto es, que haya un grado relativamente alto de participantes- como para que el accionar de algún participante concreto no pueda afectar el precio de la divisa. Esto es, que hay actores “muy grandes” que con sólo entrar en el mercado cambiario de Costa Rica definen el valor de la divisa. Estas consideraciones obviamente no forman parte de la propuesta de Friedman a favor de tipos de cambio flexibles, quien básicamente tiene en mente los mercados globales competitivos. La estructura institucional del mercado cambiario costarricense impide lograr los frutos de una libre flotación.

El grupo que encabeza el actual Banco Central optó por un régimen cambiario de bandas dentro de las cuales se movería el tipo de cambio; sin embargo, la experiencia habida me mueve a señalar que sobre todo dio lugar a un incremento en la incertidumbre acerca del valor esperado de nuestra moneda, vis a vis la divisa estadounidense. Las erráticas decisiones tomadas en cuanto el manejo de las bandas y, sobre todo, en la definición de reglas de intervención en dicho mercado, ha generado una enorme desconfianza entre los tenedores de colones y de dólares (tanto en Usted como en mi persona), quienes ahora buscan mayor estabilidad en sus haberes y deberes, diferente de la que podría lograrse con un régimen de bandas.

Tan sólo tres meses después de que en octubre del 2006 el Banco Central decidió establecer un régimen cambiario de bandas, ese mismo ente efectuó el primer cambio, pues pasó de una banda que se deslizaba según la tendencia de devaluación que en ese entonces se tenía, a otra en la cual el límite superior continuó devaluándose, pero a una tasa diferente de la previa, a la vez que fijó el límite inferior de la banda.

Diez meses después, en noviembre del 2007, de nuevo el Banco Central tomó una decisión acerca de la estructura de la banda cambiaria. Debido a que se veía obligado a adquirir los dólares relativamente abundantes en el mercado costarricense y dada su cabezonada de mantener artificialmente alto el valor del dólar, en vez de dejar que el colón se revaluara, como correspondía en un régimen cambiario libre, el Banco hizo lo que tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo atrás: amplió toda la banda cambiaria para dejar que el colón se fuera apreciando gradualmente. Con ello intentó evitar el exceso de colones en la economía que empujaba los precios internos al alza, debido a las compras de dólares que realizaba el Banco Central.

Esta última medida agarró en frío a importantes participantes del mercado cambiario, principalmente del sector financiero y de los sectores exportadores, quienes, como es natural, pusieron su grito al cielo. Según una estimación presentada por una firma de asesoría financiera hace unos tres meses, el “bajonazo” de la banda provocó pérdidas a los bancos por cerca de ¢19.000 millones de colones. Además, fue públicamente evidente la molestia de sectores exportadores, quienes principalmente se quejaron por la incertidumbre en el valor de sus exportaciones y por la falta de instrumentos de cobertura ante fluctuaciones de la divisa, pero, sobre todo, porque no tenían idea de hasta qué grado se podría revaluar el colón (y por ende sus costos, tales como el salario de sus trabajadores denominados en colones).

En noviembre del 2007 fue que se dio esa “fuerte” baja en la banda cambiaria, en la cual el límite superior seguía ampliándose –esto es, incrementándose el rango posible de una devaluación del colón- a la vez que el límite inferior de la banda seguía deslizándose, lo cual permitía acomodar el valor de un colón que se revaluaba. Pero, vean qué interesante: en los meses previos el tipo de cambio se había pegado al límite inferior de la banda, indicando que en ese momento el colón se estaba revaluando dentro de la banda, pero, una vez que se tomó la decisión de bajar toda la banda, el precio de la divisa en el mercado volvió a pegarse al nuevo límite inferior. Evidentemente los mercados indicaban que el colón debería de revaluarse aún más.

Ante esta situación, el Banco Central (recuerden que ese mismo Banco había reducido sustancialmente las tasas de interés para evitar que ingresaran dólares dizque especulativos al país, así como para que aumentaran las importaciones nacionales) siguió adquiriendo dólares en el mercado e incrementando sus reservas, lo cual, por la monetización a que da lugar, se traducía en mayores presiones inflacionarias. Los tenedores de colones y de dólares se fueron poniendo “nerviosos” ante el comportamiento interventor del Banco Central, pues, por un lado, el Banco quería limitar la entrada de dólares y que más bien estos salieran de la economía, pero, por el otro, evitaba que el colón se revaluara, mediante su decisión de no reducir más el límite inferior de la banda cambiaria, como es lo que correspondía.

El cuarto cambio que el Banco Central hizo a su régimen de bandas se dio tan sólo un año y nueve meses después de que inició tal sistema cambiario. En julio del 2008 decidió aumentar la banda cambiaria, mediante un incremento en su límite inferior, a la vez que el nuevo límite superior, si bien lo redujo con lo cual disminuyó el ancho de la banda, se iría ajustando diariamente, de manera que era un indicador de que el colón se podría devaluar. Ahora las cosas resultaron al revés: el tipo de cambio se pegó al límite superior. Los actores cambiarios rápidamente se dieron cuenta de que el tipo de cambio seguiría devaluándose y muchos acudieron a liquidar sus colones para convertirlos en dólares que se apreciarían a futuro. Ni se diga de la incertidumbre que esta nueva maniobra generó en el mercado. La preocupación del ciudadano era evidente. De nuevo no se tenía claridad hacia dónde irían los tipos de cambio, pues hasta era evidente un conflicto entre el principal banco estatal, el Nacional, secundado por el de Costa Rica, y el Banco Central en cuanto al manejo cambiario.

Antes del último cambio en la banda, precisamente en los días comprendidos entre el 9 y el 16 de mayo, el abrupto aumento en el tipo de cambio inducido por las compras de divisas que el Banco Central hiciera en el mercado cambiario para RECOPE, propició un enorme beneficio para los intermediarios bancarios. Se estima que en mayo los bancos habían ganado más de ¢21.000 millones. El último salto en el tipo de cambio, a mediados de julio, también favoreció a los bancos, aun cuando no se tenga a mano los datos de las ganancias cambiarias registradas por esas entidades.

En la actualidad el Banco Central ha acudido a utilizar sus reservas para mantener un tipo de cambio con pocas variaciones y tan sólo siguiendo la pauta diaria de devaluación indicada por el límite superior de la banda. La “extracción” de reservas en el Banco Central continúa y la incertidumbre campea aún, pues no se tiene ni idea de cuánto va a sostener el Banco esa pérdida gradual de reservas. La presión es, de nuevo, para que el tipo de cambio se pegue al límite superior de la banda; esto es, que proseguirá la devaluación y muy posiblemente las presiones inflacionarias ante el aumento del costo de los bienes e insumos importados. Los intentos del Banco de aumentar las tasas de interés como forma de atraer dólares al país no parecen ser de la profundidad necesaria, pues aquéllas continúan siendo altamente negativas, además de que en los mercados internacionales han proliferado las alzas en las tasas de interés, con lo cual relativamente el mercado nacional no ha mejorado su capacidad para atraer capitales financieros desde el exterior.

Ante el desbarajuste mostrado por las volátiles bandas cambiarias, no es de extrañar un clamor creciente por dolarizar la economía, como lo evidencia el editorial de primera página del periódico La República del martes 29 de julio, el cual atinadamente lo encabeza con “Una moneda seria”. Tal vez estamos en presencia no sólo del inicio del sepelio de régimen de bandas cambiarias, sin tal vez hasta de una moneda nacional profundamente deteriorada por las acciones del Banco Central. Q. d. D. g.


Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:19
2008-08-31-UN FLAT TAX GENERICO

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COLUMNA LIBRE: UN “FLAT TAX” GENÉRICO

Boletín de ANFE, 31 de agosto del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 223-227.

En este año, ANFE, que celebra los cincuenta años de su fundación, ha hecho un enorme esfuerzo para que temas de importancia relevante para el país sean objeto de una amplia discusión ciudadana. Se supone que en una sociedad libre y abierta la opinión de los ciudadanos acerca de políticas públicas que las autoridades gubernamentales puedan estar considerando o que han propuesto ante la ciudadanía, es de enorme importancia para asegurar la gobernabilidad que se requiere en una democracia.

Por esta razón, ANFE ha llevado a cabo diversos seminarios en que, en algunos casos, tanto gobernantes como ciudadanos discuten propuestas concretas, como también, en otros, ha servido de foro para que grupos de interés manifiesten su opinión respecto a un asunto público específico y, en todos ellos, ANFE ha manifestado su opinión desde el punto de vista que caracteriza a la institución; un punto de vista liberal clásico, de defensa de la libertad, en que un gobierno está limitado y sujeto a las leyes y que, en el campo político, está obligado, antes que nada, a escuchar la opinión del ciudadano sobre asuntos que son de su interés.

En todo esto, los medios de comunicación desempeñan varias funciones esenciales. La primera de ellas es la de informar acerca de tales actividades y, sobre todo, en cuanto constituyan una forma por la cual la ciudadanía le expresa su parecer a los gobernantes. La segunda, en mi opinión, es tal vez la más importante: los medios son en última instancia una importante manera de educar a los ciudadanos. Esto me trae a colación cuando hace ya mucho tiempo, en mis años mozos, solía escuchar, gracias a la sugerencia de mi padre, programas de la Radio Universidad, en que uno tenía la oportunidad de escuchar a pensadores tales como aquellos grandes señores, Constantino Láscaris, Salvador Aguado, Roberto Saumells, Teodoro Olarte, Abelardo Bonilla, Luis Recasens Sichez o Guillermo Malavassi, entre otros. Ello me dio la oportunidad de aprender la validez de la expresión de aquel gran filósofo, Richard M. Weaver, quien escribió que “las ideas tienen consecuencias”.

Pero fue gracias a aquel medio –que sigue siendo notable en lo musical, no así en la calidad de los pensadores que uno a veces escucha- que tuve ayuda en mi educación para la vida. Aprendí a amar las ideas y me di cuenta de la importancia que tenían en la conformación no sólo de mi existencia personal, sino de aquella en sociedad. Porque aquellos hombres no sólo trataban lo íntimo y propio del individuo, sino de su vida en sociedad.

Los impuestos son una parte muy importante de la vida de la persona, tanto en lo propio, como en su relación con la sociedad. Así uno observa, con toda razón, a muchas personas oponerse a los impuestos (tanto por su naturaleza como por su magnitud) porque sus ingresos son resultado de esfuerzos, privaciones, de asumir riesgos, en que a veces es mucho lo que pierde, pero también lo que se puede ganar y de la dura labor. En síntesis, un impuesto es partir de algo que le es propio y que el gobierno va a usar de alguna forma. Qué tan bien empleados por el gobierno los perciba el ciudadano, va a definir su conducta ante los impuestos. La persona no considera justo que lo quiten lo que tanto le ha costado, si percibe que va a ser mal empleado o dilapidado o simplemente substraído.

Cuando en el país se propone realizar un seminario acerca de una forma de imposición que puede tener enormes efectos en la forma en que se recaudan los gravámenes y que, por ende, va a tener su impacto en los recursos que el estado va a utilizar en cumplimiento de sus objetivos, es importante que el ciudadano esté bien informado, que logre conocer la profundidad y extensión de la propuestas que en cierto momento pueden ser políticamente impulsadas. Tiene derecho a conocer de qué se trata tal o cual proposición tributaria. Y aquí los medios cumplen una función esencial: diseminar la información y contribuir a la educación cívica.

Pero, aparentemente, para algunos medios (directores o periodistas) lo que algunos puedan venir a decirle a país respecto a una propuesta como el llamado “flat tax”, que no es sino una propuesta para que el impuesto a la renta tenga una tasa tributaria baja y uniforme, no es importante si la exposición “es genérica”, pues aunque “importante, pierde un poco de fuerza para los lectores precisamente por el contexto actual de reforma tributaria en el país”.

No sólo llama la atención el argumento expuesto para no interesarse tanto en el tema del “flat tax”, dado el “contexto actual de reforma tributaria en el país”, sino también porque, en lo que juzga el periodista, no se hace necesario dar a conocer el tema “de forma genérica”, que al saber del juzgador, posiblemente significa “en teoría” o en contraposición con algo específico o individual. Por ello, el medio inquiere en saber si el expositor “conoce y puede hablar del caso de Costa Rica”.

¿Cuál es el contexto actual de reforma tributaria en el país? ¿Será que, como el Presidente Arias ha echado para atrás declaraciones recientes y ahora dice que no es el momento para hablar de reformar los impuestos a fin de evitar que el gobierno se empantane como el anterior, cuando quiso variar los tributos, el medio cree que no es interesante que los ciudadanos conozcan bien –se eduquen, aprendan- de experiencias tributarias con el “flat tax”? El Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, más inteligente, propuso recientemente que el tema se discutiera “en un clima sosegado”. Y un clima sosegado es el que se esperaría en un seminario organizado por ANFE con la participación de un especialista internacional calificado, el Dr. Dan Mitchell, del Instituto Cato de Washington, de un experto economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, el profesor Luis Loría, quien expondrá los hallazgos de una reciente investigación de esa entidad sobre asuntos tributarios en Costa Rica, del Director General de la Tributación Directa, el Lic. Francisco Fonseca, a quien uno puede considerar como un vocero respetable de la opinión que sobre el tema puede tener el Ministerio de Hacienda, así como la del propio Presidente de ANFE, don Jorge Corrales, quien es un economista precisamente especializado en asuntos tributarios.

Me imagino que si al país viniera a hablar sobre el tema el autor original de la propuesta de un “flat tax”, Alvin Rabushka, quien junto con Robert Hall expuso allá por los años ochentas su idea que hoy ha sido puesta en marcha en muchos país, el medio lo descalificaría por ser poco interesante, dado que no “conoce y puede hablar sobre el caso de Costa Rica.” Rabushka (o Hall), quien ya vino a Costa Rica hace un par de años ha exponernos su propuesta, contribuyó a educar a muchos en la conveniencia de su idea para un país como Costa Rica y, en aquellos a quienes pudo no haber convencido, dio lugar a que expusieran sus interesantes críticas que deberán ser satisfechas a la hora de que alguien pueda pretender introducir un “flat tax”.

La prensa no debe dejar de lado su función educadora. No puede menospreciar a quienes exponen ideas importantes, porque no están familiarizados con los detalles criollos de un sistema tributario que posee serios problemas que no son únicamente creación nuestra, sino resultantes de una concepción “genérica” que los originó.
ANFE continuará realizando seminarios sobre temas de interés público. La competencia se encargará de difundir las ideas, porque precisamente los ciudadanos están interesados en saber, en conocer, en aprender, a fin de que las elecciones que comprendan aspectos de políticas públicas, sean tomadas por nosotros de la mejor manera posible.

Por mi medio, ANFE se permite agradecer la entrevista que los periodistas Edgar Delgado de El Financiero e Israel Aragón de La República hicieron recientemente a nuestro invitado, el Dr. Dan Mitchell.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:19
2008-09-30- COMENTARIOS ACERCA DE LA CORRECCIÓN DEL MERCADO EN USA

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COLUMNA LIBRE:COMENTARIOS ACERCA DE LA CORRECCIÓN DEL MERCADO BURSÁTIL EN LOS ESTADOS UNIDOS

Boletín de ANFE, 30 de setiembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 228-236.

Se podría comentar de diversas maneras lo que ha estado pasando recientemente en los mercados bursátiles –principalmente de Wall Street pero no restringido a estos- en torno a la llamada crisis de las “sub-primes”.

Lo más importante de destacar es que lo que se ha denominado como “crisis” en realidad no es sino el ajuste que los mercados practican cuando se deben corregir situaciones que ese mismo mercado considera como inconvenientes, no rentables o simplemente perdidosas. Lo observado no es que haya una crisis como tal, sino una corrección que efectúan los mercados. Sin embargo, han surgido diversos comentarios que me han estimulado para presentar una visión tal vez algo diferente de las que suelen presentarse, algunas de ellas claramente apocalípticas.

Así, por ejemplo, el pasado domingo 21 de setiembre, en el periódico español El País aparece una entrevista al economista Joseph Stiglitz, encabezada de la siguiente manera: “la crisis de Wall Street es para el mercado lo que la caída del muro de Berlín fue para el comunismo.” Este titular tan estrepitoso me hizo pensar una vez más que, al presentarse este tipo de circunstancias, es cuando no tarda en aparecer algún agorero que nos viene a decir que se está en presencia de la caída del capitalismo. Sólo que, en esta ocasión, irritantemente el entrevistado abandona un capítulo muy importante de la historia del pensamiento económico: el debate acerca de la imposibilidad del cálculo en la economía socialista, que se dio en los años treintas y cuarentas y que algunos siempre tenemos presente cuando se habla acerca de caídas de los sistemas económicos.

En dicho debate, que fue dirigido por economistas austriacos defensores del mercado, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, se le mostró a economistas socialistas como Oskar Lange, Abba Lerner y Fred Taylor, cómo un orden económico que se basaba en decisiones descentralizadas era más eficiente que el alternativo orden socialista-fascista que se fundamentaba en una toma centralizada de sus decisiones económicas. Esto es, cómo el mercado libre, con su sistema de decisiones individuales descentralizadas, resulta ser más eficiente en la asignación de recursos escasos, que aquél orden económico que toma las decisiones de forma centralizada, por ejemplo, por un politburó o por un organismo de planificación centralizada, incluso en el caso de Alemania Nazi, en donde “si bien la propiedad privada no fue nacionalizada, su uso fue, más o menos, determinado por el gobierno en vez de los propietarios,” (Tal como aseveró en una ocasión Benito Mussolini: “Fuimos los primeros en afirmar que conforme la civilización asume formas más complejas, más tiene que restringirse la libertad del individuo,” según se cita en Friedrich A. Hayek, Camino de Servidumbre, San José; Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 72).

Ante ese debate, no sorprendió que la caída del Muro de Berlín fuera un porrazo eficiente del ineficiente sistema económico basado en la centralización de las decisiones. Tal resultado había sido previsto muchos años atrás por Ludwig von Mises, quien en 1922 escribió su obra Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus (Jena, Gustav Fischer), a la cual hoy día conocemos como Socialismo de von Mises. Poco después de la exitosa revolución rusa afirmó lo siguiente (¡y que me encanta reseñar!): “Las investigaciones precedentes han mostrado las dificultades que confronta el establecimiento de un orden socialista en la sociedad. En una comunidad socialista se carece de la posibilidad de cálculo económico: es por lo tanto imposible de determinar el costo y el resultado de una operación económica o de hacer, a partir del resultado del cálculo, la prueba de la operación. Esto en sí mismo sería suficiente para hacer del Socialismo algo impracticable. Pero, algo aparte de eso, en su camino aparece otro obstáculo insuperable. Es imposible encontrar una forma de organización que hace independiente la acción económica individual de la cooperación de otros individuos sin que quede abierta a todos los riesgos de un simple juego. Estos son los dos problemas y, sin su solución, llevar a cabo el Socialismo parece impracticable a menos que se esté en un estado completamente estacionario.” (Ludwig von Mises, Socialism, Indianapolis: Liberty Classics, 1981, p. 126).

No se presenta un caso similar con el capitalismo, si bien desde Sorel, Gramsci, Marx. Engels, los fabianos, pasando por Sombart, entre otros, nos han hablado de su inevitable fin, pero lo cierto es que continúa siendo el orden económico que ha logrado el mayor progreso de los pueblos. Por ello, el consejo que en su entrevista Stiglitz brinda a los chinos no les va a servir por simple omisión, pues al señalar que “a nosotros nos dijisteis que imitásemos a Estados Unidos que vosotros sois el modelo. Si hubiésemos seguido vuestro ejemplo, estaríamos en el mismo lío. Vosotros tal vez podáis permitíroslo. Nosotros no,” no les indica que el mercado sigue siendo la mejor alternativa de organizar su economía para continuar progresando como hasta ahora lo han logrado.

En mi opinión Stiglitz, con su entrevista, se convierte en un simple enterrador que se aprovecha de la oportunidad, pues aquella expresa poco más que la costumbre de los enemigos del mercado de usar cualquier circunstancia para tratar de sepultar un orden económico que, por más de doscientos años, ha mostrado mejores resultados que las opciones del socialismo y del fascismo; esto es, de la economías de decisión centralizada. Stiglitz hace buen rato que nos viene con el mismo cuento resumido en que el capitalismo es un “modo de organización económica (que) resulta insostenible”, que “ese modelo no funciona” y ahora se aprovecha de una corrección que precisamente es llevada a cabo por el mismo mercado, con la cual nos muestra que sí funciona, para ver si en esta ocasión pega su ocurrencia y se hace una realidad su deseo expresado desde hace mucho tiempo atrás.

Stiglitz omite decirnos que lo que llama “crisis financiera” no es sino el resultado del accionar del mercado ante las malas políticas públicas proseguidas por el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). Se trata de una corrección que el mercado efectúa ante una “crisis” que el estado, por medio de la FED, provocó. Entre diciembre del 2000 y junio del 2004, el banco central estadounidense redujo la tasa de interés básica desde un 6.5% a un 1%, lo cual tuvo un claro efecto no previsto. Había diversas actividades económicas que no se llevaban a cabo en tanto la tasa de interés –el costo de los fondos de inversión- fuera de un 6.5%: esto es, dado el costo financiero no eran rentables. Sin embargo, al reducir la FED dicha tasa a un 1% permitió que muchas esas actividades económicas previamente indeseables a un costo de los fondos de un 6.5%, ahora sí resultaran serlo al reducirla a un 1%. De esta manera, artificialmente, se estimuló la generación de ciertas actividades económicas que la sociedad no valoraba como rentables. Pero posteriormente la misma FED, entre junio del 2004 y setiembre del 2007, alzó las tasas de interés desde aquel 1% a un 5.25% Esto presionó la viabilidad de aquellas empresas previamente estimuladas a que surgieran gracias a la rebaja manipulada de tasas.

Así llegó la hora de que estallara la burbuja: así el mercado corregía el grave error de haber estimulado la creación de actividades ineficientes. Y eso es lo que uno desea que suceda bajo un sistema económico eficiente: que desaparezcan aquellas actividades que nunca tuvieron razón de ser, de no haber sido por la intervención gubernamental vía la FED. El sector que claramente se vio afectado de manera primordial fue el llamado mercado de hipotecas sub-prime, que son aquellas hipotecas sobre viviendas que fueron adquiridas por propietarios que no tenían garantías suficientes para adquirirlas a las tasas de interés previas más elevadas y que, al subir de nuevo dichas tasas, no pudieron hacerle frente a sus obligaciones. En su momento el gran negocio fue colocar hipotecas en dicho mercado sub-prime, incluso sin ver si los prestamistas eran capaces de enfrentar los riesgos de fluctuaciones en sus obligaciones.

Aquí de nuevo se observó la mano visible del estado por medio de dos empresas que colocaron con manga ancha dichas hipotecas, como fueron Fannie Mae y Freddy Mac, que, en conjunto, garantizaron casi la mitad del mercado hipotecario estimado en 12 trillones de dólares. Fannie Mae fue una creación estatal posterior a la Gran Depresión de los treintas y Freddy Mac fue fundada por el Congreso estadounidense en 1970. Cuando a mediados del 2007 se inició la crisis en el sector de las hipotecas sub-prime, la mitad de las hipotecas de viviendas eran propiedad o habían sido garantizadas por Fannie Mae o Freddy Mac. Lo interesante es que estas dos firmas “privadas” formaban parte de lo que se denomina “empresas tuteladas por el gobierno (ETG)”, o, en inglés, “government sponsored enterprises (GSE)” y tan sólo el año pasado habían financiado a 4 de cada 5 hipotecas. Con ese patrocinio gubernamental muchos inversionistas privados invirtieron en ellas, puesto que consideraban que esas dos firmas jamás quebrarían pues el gobierno no lo iba a permitir. Los hechos posteriores comprobaron ello: el gobierno las intervino, pero no quebraron.

Pero en torno a Fannie Mae y Freddy Mac hay dos cosas interesantes que reseñar: la primera de ellas es que fueron fuente de financiamiento para importantes políticos demócratas del Congreso de los Estados Unidos, notablemente el Senador Christopher Dodd, presidente del Comité Bancario del Senado Norteamericano, quien se estima recibió donaciones (legales, pero donaciones al fin y al cabo) por $133.900 desde 1989. El candidato demócrata Barack Obama es tercero en la lista de receptores de fondos (en el medio está el excandidato presidencial demócrata John Kerry con $111.000) quien se informa recibió $105.849. En segundo lugar, tanto Fannie Mae como Freddy Mac, en tanto “instituciones tuteladas por el estado”, eran objeto de una fuerte supervisión estatal, en especial por el importante Comité Bancario del Senado Norteamericano que preside el senador Dodd. Aún así, la conducta de estas dos firmas “tuteladas por el gobierno” fue sumamente arriesgada en la concesión y manejo de las hipotecas, que incluso fue objeto de la crítica de ciertos sectores afines al mercado a fin de que se les sometiera a mejores controles.

Algunos pensarán que algo similar a lo expuesto en cuanto al manejo de las tasas de interés por la FED podría suceder en Costa Rica, en donde el estado –el Banco Central- artificiosamente provocó una baja de las tasas de interés, pues la llamada básica pasó de un 10.75% en enero del 2007 a un 4.25% en abril del 2008. A partir de esa fecha y hasta hoy la ha aumentado hasta un 9.25%. Es similar a lo que sucedió en los Estados Unidos, pero allá ya los mercados lo están corrigiendo; aquí se imaginarán ustedes lo que podemos esperar.

Entre las recomendaciones que pide Stiglitz está la de apuntalar los regímenes regulatorios de Estados Unidos. Puede ser que haya gente que olvida que cualquier régimen regulatorio tiene costos que impone sobre la economía en tanto que hay otras personas que pueden pensar que la solución al problema regulatorio (y en general a todo tipo de problema de naturaleza pública) radica en que se coloque a la “gente apropiada” (algo así como santos en la administración pública) a que vigile los actos económicos. Pero el problema de la regulación es algo mucho más complejo y, en las circunstancias de este comentario, particularmente en el sistema financiero.

Así, la creencia de que la solución al problema radica en disponer de las leyes adecuadas quedó en entredicho cuando, por ejemplo, las llamadas leyes Sarbanes-Oxley, aprobadas apresuradamente en el 2002 pero que se esperaba por sus proponentes estatistas que fueran a “ordenar” un mercado financiero desordenado, si bien extendieron el control que practica la SEC (Securities & Exchange Commission) sobre mercados como Wall Street, no mejoró el marco regulatorio, sino que impuso costos, pero, sobre todo, dio lugar a que se buscaran nuevos instrumentos financieros que los evitaran.

El problema que debe enfrentarse cuando simplemente se que en estos momentos sugiere se aumenten los controles fue señalado atinadamente por un articulista, al indicar que “regular para el resultado más malo posible, en el medio de una tormenta, raramente es una política sensata.” Sin embargo, la experiencia mundial podría ofrecer una oportunidad de reforma regulatoria en los Estados Unidos, en que se sustituyendo su maraña actual, en donde permanentemente se percibe un ojo gubernamental que mira todas y cada una de las actividades privadas, por un esquema como el de Basilea II, que se sustenta en algo sensato: regular con base en riesgos.

En una reciente entrevista al economista liberal Xavier Sala i Martín, señala que la normativa de Basilea, diseñada en principio para impedir moderación a los bancos en el otorgamiento de los créditos (al exigir que la cantidad de créditos concedidos fuera sólo una pequeña proporción del capital del banco), se la brincaron los bancos mediante el diseño de nuevos instrumentos. Esto es, el problema no es tanto con la necesidad de regular con base en riesgos (que es la esencia de la normativa de Basilea), sino que surgieron nuevos instrumentos que permitieron brincársela a los regulados. Esto es, el problema parece estar en la implementación y efectiva observancia de las reglas. Lo que los bancos hicieron fue crear un fondo de inversión que estaba separado de los bancos (a este fondo se le llama “conducido”) y que les permitió acudir a los mercados monetarios para pedir un crédito con el cual comprar los paquetes de hipotecas que estaban en manos de ese banco. Esto permitió que, ante la normativa regulatorio de Basilea, el banco apareciera con una baja o nula proporción del crédito concedido con respecto al capital, que, a su vez, permitía que el banco volviera a conceder créditos. Fue con la creación de estas instituciones paralelas (los “conducidos”) que cada vez pudieron endeudarse más y más, conduciéndolos a problemas serios cuando estalló la burbuja de las hipotecas.

Finalmente deseo hacer un comentario breve acerca de la propuesta del Presidente Bush para salir de la “crisis” y que fue derrotada, en una primera instancia, en una votación de la Cámara de Representantes. Mi preocupación fundamental con ella radica en que no es sino una forma de evitar que el mercado castigue las malas decisiones tomadas por las empresas financieras involucradas en las negociaciones con las hipotecas sub-prime. Simplemente con 700 billones de dólares (700.000 millones de dólares) se comprarían los activos de aquellas entidades financieras que tengan hipotecas como garantía, hipotecas que están en problemas por tener un valor de mercado muy bajo. Al adquirirlas el gobierno por encima de ese valor “muy bajo” usarían esos recursos para capitalizar al ente financiero, al sustituir esos activos de un calor contable alto en comparación con el valor de mercado bajo.

La propuesta alternativa es que sea el mercado el que adquiera esas hipotecas de valor bajo y lo cual permitiría recapitalizar los bancos pero al valor que los mercados definen, no el que el gobierno determina. Esto es, el gobierno daría un subsidio; el mercado, no. Si el problema radica en que no hay suficiente crédito en los mercados como para adquirir esas hipotecas, podría ser aceptable en la conducción bancaria que se brinde un aseguramiento de parte del estado, pero a un costo que se trasladaría a las empresas financieras involucradas y no al ciudadano que paga los impuestos. El tema es candente y a la fecha en que esto se escribe aún en proceso de resolución, pero sí me parece que dependiendo de la forma en que se enfrente el problema, así se va a definir el futuro del sistema económico de los Estados Unidos y posiblemente de muchas economías que hoy conocemos como de mercado.

Aprovecho para narrarles una historia personal. A fines del año 2000, poco antes de que la FED iniciara la reducción en las tasas de interés que la llevó de un 6.5% a un 1% y que les describí previamente, un colega, el Dr. Larry Willmore, me invitó a que diera una charla profesional ante un grupo asesor de las Naciones Unidas. En el jardín de su casa, en un suburbio de Nueva York, White Plains, mientras almorzábamos al aire libre, Larry me comentó su preocupación por el boom que se estaba dando en el área de la vivienda, pues observaba cómo, incluso a los intereses relativamente altos (ligados a la tasa inicialmente alta de un 6.5%), las personas se estaban endeudando fuertemente para adquirir incluso una segunda vivienda. Me dijo, en ese entonces, que si la FED proseguía una política de tasas de interés bajas, como ya en ese entonces se vislumbraba, el endeudamiento hipotecario por adquisición de viviendas iba a aumentar y que luego, cuando de nuevo volvieran las tasas a subir, vendría una estrepitosa caída. Bueno, su impresión tardó años en cumplirse, pero pudo, en ese momento, percibir un clásico ciclo austriaco provocado por el Banco Central. A diferencia de Larry, todos los reguladores y controladores y vigilantes y comisarios públicos encargados de las entidades reguladoras del sector financiero nunca se dieron cuenta ni advirtieron del problema con las sub-primes. Y todavía algunos se atreven a pedir que la solución a la “crisis” radique en ampliar el sistema regulatorio.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:20
2008-10-31-APUNTES PARA UNA EXPOSICION SOBRE DOLARIZACION

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APUNTES PARA UNA EXPOSICION SOBRE DOLARIZACION*

Por Jorge Corrales Quesada

Me imagino que los organizadores de este seminario habría pensando en invitar a don Jorge Corrales porque no les iba a cobrar nada, Cierto, pero como dice el dicho entre los economistas, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Voy a aprovecharme que en esta ocasión hay reunida una gran cantidad de personas, para hacerles una invitación.

Como tal vez algunos sabrán, este año la Asociación Nacional de Fomento Económico –la ANFE- cumple 50 años de haber sido fundada. Por este motivo hemos organizado –vayan tomando apuntes de esto- el próximo martes 28 de octubre de 8 a 3 de la tarde un seminario que lleva como título “Amenazas a la libertad y la democracia en América Latina”. Se realizará en el Country Club y –la mejor noticia- es totalmente gratis, incluyendo el almuerzo.

En dicha ocasión expondrán dos destacados intelectuales extranjeros, los señores Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Sabino. El primero lo hará durante el almuerzo y expondrá sobre el mismo nombre del seminario. Para quienes no han oído hablar de don Plinio Apuleyo, es un colombiano quien reside en España, es politólogo de la Universidad de la Sorbona de París. En 1979 obtuvo el Premio Plaza y Janés con el libro “Años de Fuga.” Coautor con Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa de “El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano,” luego ampliado como “El Regreso del Idiota,” en el cual desnuda las prácticas ilusas de los populistas en América Latina.

Por su parte, el Doctor Carlos Sabino es un sociólogo y economista argentino, hoy profesor de esas materias y de historia en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Asimismo, fue profesor de economía en la Universidad Central de Venezuela. Entre sus publicaciones destacan “De Cómo un Estado Rico Nos Llevó a la Pobreza,” “El Fracaso del Intervencionismo: Apertura y Libre Mercado en América Latina,” y “Todos Nos Equivocamos,” en que narra su evolución personal desde el intervencionismo y el estatismo hacia la libertad.

Otro expositor de ese seminario es el Dr. Oscar Álvarez Araya, representante en Costa Rica de la Red Latinoamericana del Movimiento Mundial para la Democracia y autor de los libros “Pensamiento Humanista Centroamericano,” “Pensamientos de Fin de Siglo,” entre muchos otros.

Asimismo, expondrá el Dr. Jaime Gutiérrez Góngora, autor de los libros, “Cómo las Democracias Pierden la Paz,” Libertad de Prensa y Seguridad Nacional,” y próximos a salir “Palabras Adulteradas: Violencia, Paz, Defensa y Fuerza,” y “La Solitaria Lucha de Churchill por la Paz,” además de columnista en medios de prensa nacionales y extranjeros. Don Jaime ha sido galardonado con el Premio a la Libertad que ANFE otorgó en este año 2008.

También expondrá el conocido abogado, economista y columnista del Periódico La Nación, Dr. Jorge Guardia, ex Presidente de ANFE, cuyo tema es “Ausencia de Libertad en la Políticas de Costa Rica”, así como este servidor, quien expondrá sobre “ANFE: 50 años en defensa de la libertad”.

Nada más les ruego que hagan su reservación (o la de alguno o algunos amigos que quieran invitar) lo más pronto posible pues el cupo es limitado a los teléfonos de ANFE –apunten- 2253 4460, 2224 7350, 2253 4497 o 8376 1947. Nos sentiremos honrados la presencia de Ustedes.

Ahora sí. Hablemos algunas cosas sobre dolarización. Tengo presentes tres fuentes que en su momento señalaron su preocupación por el grado de dolarización de la economía costarricense: una es el Fitch Ratings del 2006; otra es un informe del 2003 sobre Costa Rica del Fondo Monetario Internacional, el cual señala que el 60% del crédito al sector privado estaba dolarizado, indicando una importante vulnerabilidad de la economía y, en tercer lugar, el Country Report de Costa Rica del 2006 del Fondo Monetario, que indica que “la dolarización de los depósitos y el crédito en el sector financiero son aún altos (aunque dice que parece que se han nivelado).”

En esas diferentes instancias el FMI pedía a las autoridades económicas nacionales que tomaran acciones para des-dolarizar nuestra economía. Casi a finales del 2006, las autoridades del Banco Central intentaron lograrlo, sustentadas en la política cambiaria escogida de bandas, pero el hecho de que el tipo de cambio se pegó al piso de la banda cambiaria, hizo muy poco por estimular la des-dolarización buscada.

Por el contrario, ante claras presiones en el mercado por una revaluación del colón, aumentó su demanda, en mucho por la expectativa de tener una ganancia de capital con esa apreciación esperada del colón. Al fin y al cabo, eso no era lo que el Fondo Monetario anhelaba, pues ellos, al igual que las autoridades del Banco Central, dizque para recuperar sus posibilidades de ejercer política monetaria, lo que pretendían era que el tipo de cambio buscara naturalmente un equilibrio entre oferta y demanda, pero que oscilara dentro de una banda cambiaria. Así pretendían controlar la inflación, mediante lo que se ha denominado horriblemente como “inflation targeting”.

Pero, al ir adquiriendo el Banco Central todas las reservas que ingresaban al país para evitar una revalorización del colón, dio lugar a que la ciudadanía actuara en contra de la des-dolarización que quería el Banco Central. Como sabemos, el tipo de cambio rebotó y en medio de una serie de experimentos con formas o regímenes cambiarios, hemos terminado como al principio: una simple mini devaluación del colón, porque, si bien nos dicen que vivimos bajo un régimen cambiario de bandas, lo cierto es que el tipo de cambio viene pegado desde hace un buen tiempo al límite superior de la banda, límite que se ajusta diariamente en seis centavos.

¿Y qué ha pasado con la dolarización o des-dolarización que pretendían el Banco Central y el Fondo Monetario? Pues todo ha ido volviendo a como estábamos al principio; los ciudadanos (testarudos que somos, nos dirá algún burócrata) se han vuelto a dolarizar.

Veamos los datos siguientes que nos permiten algún grado de comparación en el tiempo de un indicador de la dolarización en Costa Rica. Me refiero a la liquidez en moneda extranjera como proporción de la liquidez total en el Sistema Bancario Nacional (en sencillo: básicamente qué estamos haciendo con nuestros depósitos en los bancos del país; si los tenemos en dólares o en colones). ¿Recuerdan las fechas de aquellos tres reportes sobre dolarización en Costa Rica? Uno del Fondo en el 2003; el segundo de Fitch Ratings de octubre del 2006 y el tercero también del Fondo publicado en noviembre del 2006 y en el cual los datos correspondientes son para enero del 2006.

Bueno, veamos las siguientes cifras sobre la proporción de la liquidez en moneda extranjera del Sistema Bancario Nacional en las fechas –aproximadas-a esos tres informes. Para el 2003 tomo la mitad de ese año: en junio fue de un 45.7%. En la misma fecha en que Fitch publicó su informe, en octubre del 2006, la proporción era de un 49.4% y en el caso del tercer informe (el segundo del Fondo), en enero del 2006 la proporción correspondiente fue de un 50.7% y en el momento en que se editó el informe –noviembre del 2006- fue de un 48.8%.

Lo más interesante es que las medidas des-dolarizadoras del Banco Central se empezaron a tomar a finales de ese último año (diciembre 2006), cuando la proporción era de un 46.9%. Déjenme informarles que la proporción a setiembre del 2008 había ascendido a un 45.7%, luego de que en el período en que supuestamente el Banco Central tenía en pie las políticas para la des-dolarización, llegó a su nivel más bajo en marzo del 2008, de un 39.1%.

Todo esto lo que nos indica es que paulatinamente nos hemos vuelto a dolarizar y no es sino un indicio del fracaso de la política de des-dolarización que el Banco Central ha intentado mediante sus políticas cambiarias y, agrego, indica la desconfianza que hay en el país acerca del Banco Central.

¿Cómo iba a ser otro el resultado? Hemos tenido un aumento significativo de la inflación en los últimos tiempos, incluso por encima de aquella permanentemente incómoda de alrededor de un 10% durante las últimas dos décadas, que ha erosionado el valor de nuestra moneda. Simplemente los ciudadanos hemos ido gradualmente buscando una moneda que no nos haga perder el valor al grado en que lo ha hecho el colón y que ha significado enormes costos para protegernos de esa pérdida.

Esa inflación, recientemente incrementado en mucho por la errática política cambiaria, no parece que podrá ser dominada con el paso del tiempo, pues el déficit monstruoso del Banco Central y la emisión que ello conlleva de nuevo generarán presiones inflacionarias. Llevamos casi 30 años de inflación sostenida. Debo aclarar algo sobre ese déficit del Banco Central: si bien este año ha disminuido, se ha debido fundamentalmente a dos razones. La primera, que el Banco ha mantenido una política artificial de bajas tasas de interés, con el cual ha reducido el costo de sus pérdidas y, la otra, que ha estado vendiendo reservas de dólares a un precio más alto del que las compró; esto es, ha tenido ganancias por la venta de las divisas. Pero que el déficit a largo plazo del Banco Central va a seguir siendo enorme, no tengan duda de ello, lo cual significa que, a largo plazo e independiente de vaivenes momentáneos, la tasa de inflación elevada va a perdurar

Más recientemente el Banco Central, mediante el uso de reservas monetarias internacionales, ha venido manteniendo artificialmente un tipo de cambio, pues con ello trata de evitar una mayor devaluación del colón y la inflación que suele acompañarla. De abril a la fecha el Banco Central ha perdido más de $1.100 millones de dólares y hoy muchos nos preguntamos, con toda razón, ¿hasta cuándo el Banco Central podrá sostener ese juego, en especial cuando uno observa como nuestros ciudadanos vuelven a dolarizarse, tal como lo acabamos de ver en las cifras que les presenté?

El caso a favor de la dolarización, en mi opinión, sigue siendo igualmente fuerte a como lo fue hace seis meses o un año y no voy a repetir todos los argumentos que en su favor he expuesto en diversas ocasiones. Hoy en día, ante las circunstancias que hemos visto se desenvuelve la economía mundial y, particularmente, la estadounidense, algunas personas, creo que con toda razón para hacerlo, han dicho que dolarizar sería un problema. Ante esto me permito formular tres comentarios. Primero, los costarricenses siguen prefiriendo el dólar a la moneda nacional. Los datos que expuse antes lo confirman. Simplemente podrían ver a la dolarización como un mal menor comparado con verse forzados a usar el colón como moneda de curso legal. En segundo lugar, si no nos pareciera el dólar como moneda, deberíamos estar en libertad de escoger aquella que nos parezca, pero la cual hemos escogido asumiendo los riesgos que eso puede implicar y no como resultado de una imposición legal, que nos impide protegernos por una moneda que no parece brindarnos la seguridad que requerimos. Y, tercero, que aún en estos tiempos procelosos en la economía mundial, el dólar sigue aumentando su precio con respecto a otras monedas, lo cual puede ser un indicador de confianza relativa a mayor plazo o bien una expectativa de que, si se permite que los mercados en la economía estadounidense puedan hacer lo que deben hacer, de nuevo la economía de ese país volverá a crecer. La clave está en la mayor o menor flexibilidad en el ajuste y me parece que una economía con el curso forzoso de una moneda llamada colón, ofrece muy poca flexibilidad para ajustarnos y para protegernos. Por ello, aún es la hora de dolarizarnos.
Muchas gracias por su amable atención y espero verlos en el seminario de ANFE.

*Palabras pronunciadas en un Seminario sobre Dolarización organizado por ANFE y que se realizó el 20 de octubre del 2008.

Elisa
14/05/2012, 17:20
2008-10-31-DISCURSO DEL PRESIDENTE ANFE EN SEMINARIO

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COLUMNA LIBRE: ANFE: 50 AÑOS FOMENTANDO LA LIBERTAD

DISCURSO DE JORGE CORRALES QUESADA, PRESIDENTE DE ANFE EN EL SEMINARIO “AMENAZAS A LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA”, EL 28 DE OCTUBRE DEL 2008
Boletín de ANFE, octubre del 2008. Reproducido el 30 de noviembre del 2008 en Acta Académica de la Universidad Autónoma de Centro América.

Son muchas las cosas que pasan por mi mente y acerca de las cuales debería de referirme en ocasión de celebrar el 50 aniversario de la fundación de ANFE. Opté por presentar mi visión personal de cuál ha sido la lucha de ANFE en defensa de la libertad durante este lapso, pero sin hacer una narración de su historia. Esa indispensable labor ya la realizó Cecilia Valverde, nuestra apreciada anfista, quien lo hizo en un artículo titulado “ANFE. Algunos aspectos sobre su origen y su lucha,” en un libro que la Academia de Centro América publicó en el 2002 y que lleva por nombre Ensayos en Honor a Alberto Di Mare, nuestro querido ex Presidente de ANFE y, en mi opinión, el pensador liberal más destacado del siglo recién pasado. De paso, la Academia de Centro América fue gestada por una mayoría de anfistas allá en el año 69 y tenía como propósito realizar investigaciones de tipo económico para las cuales la ANFE no estaba especialmente diseñada.

Cuando ANFE se fundó a finales de 1958, yo apenas tenía 13 años. Es cierto que, desde ese entonces, tenía un enorme interés por los temas políticos, sociales y económicos, razón por la cual me llamó la atención el que en dicho momento esa entidad viera la luz, pues leía en los periódicos las opiniones que ANFE empezaba a formular en torno a una serie de temas de gran importancia nacional.

En esos inicios yo no era un anfista y tal vez ni siquiera un liberal, pero lo que tal vez más me impresionó fueron los calificativos que rápidamente le endilgó el establishment político estatista, en su intento usual de descalificar todo aquello que amenaza el status quo en el cual moran y suelen defender, aunque sin decirlo claramente y menos aún aceptarlo. Un suplemento periodístico de tono humorístico abundaba en su interpretación de las siglas ANFE: Asociación Nacional de Frenéticos Especiales, pero otras personas, más ideologizadas, no tardaron en calificar a sus miembros como retrógrados, cavernícolas, servidores del imperialismo yankee, entre muchos otros epítetos de igual valía. Pero, la verdad es que ANFE se convirtió en una pesadilla para muchos de quienes asumían, arrogantemente, que sus ideas eran inmutables, progresistas, de avanzada y, sobre todo, invencibles ante la crítica.

Me he puesto a pensar un poco acerca de aquel momento histórico y, antes de exponer algunas de las razones por las cuales ANFE surgió a la vida, debo mencionar, como mi forma de agradecimiento, los nombres de aquellas personas, amigos entre ellos e incluso también lo eran entre sí sus esposas, quienes por primera vez se reunieron a principios de 1958 con la idea de forjar la asociación: Fernando Trejos Escalante, Walter Dittel Mora, Rodolfo Gurdián Montealegre, Carlos Lachner Guier, Mario González Feo, Gorgonio Herrero Serrano, Fernando Ortuño Sobrado y Claudio Alpízar Vargas. Con posterioridad ellos, como parte de un grupo de 78 personas, en agosto de ese año crearon formalmente la Asociación Nacional de Fomento Económico, luego conocida sencillamente como la ANFE.

El panorama económico en los momentos de la fundación de ANFE era, por decirlo de la forma más gentil, deprimente. No sólo se tenía una herencia intelectual bastante proclive a la intervención del estado en los asuntos económicos, principalmente, sino que, también, las propuestas para incrementar ese intervencionismo brotaban constantemente y desde las más diversas fuentes.

La ideología de fascistas y socialistas, en boga en los años treintas y cuarentas, ya habían dejado su huella en muchas instituciones del país y constituía un serio obstáculo para las posibilidades de progresar económicamente a finales de los años cincuentas. En ese entonces existía una ley abrumadora de control de precios, un dañino control de los alquileres, una fuerte regulación de los intereses activos y pasivos, una herencia de viejos monopolios, como en el campo de los seguros y otros incluso más recientes como de las cuentas bancarias, telefonía y electricidad. Se escuchaban prédicas en favor de instituir políticas de planificación central –diferente de la evidente necesidad de que el estado planifique su accionar-, había un oneroso y corrupto control de mercados de productos básicos, al igual que una legislación laboral restrictiva que, disfrazadamente, obstaculizaba el bienestar de los trabajadores. Incluso, en esos momentos, de hecho se preconizaba una ampliación del proteccionismo doméstico a través del llamado Mercado Común Centroamericano, alrededor de cuya virtud de ampliar el comercio, se pretendía definir empresas “estratégicas”, que, en síntesis, eran aquellas que los políticos y los estados apreciaban por el poder que les brindaba para intervenir en las economías.

En esa época no sólo era popular la noción de un activismo estatal en la economía y que era aceptada por la intelectualidad del momento (interviniendo, para dar unos ejemplos, en el régimen cambiario y en los mercados de crédito, así como en la naturaleza de la educación, en general, y universitaria en lo particular), sino que, también, inducía a una dependencia de los sectores privados que se veían motivados a entrar en simbiosis fascistoides con el estado, pues esa era la forma de tener “éxito” y hasta de sobrevivir desde el punto de vista económico. Si a esto agregamos que se observaba una actitud casi general de indisposición hacia la inversión extranjera, era evidente que en ese marco las posibilidades de crecimiento del país eran muy bajas.

Por otra parte, la situación internacional tampoco ayudaba mucho desde el punto de vista de la libertad, particularmente en el campo económico. En América Latina era muy influyente la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, que claramente favorecía un modelo proteccionista y de sustitución de importaciones, en el cual predomina el papel profundamente activista del estado. La CEPAL fue gestora de las teorías de la dependencia en boga en esos años.

Ese activismo cepalino se vio fortalecido, pocos años después, por las políticas derivadas de la Alianza para el Progreso, patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos y la cual hacía descansar nuestras posibilidades de progreso claramente en los hombros de un papá estado. Nos encontrábamos en una era de ensimismamiento con el socialismo, el nacionalismo, el proteccionismo, el populismo, permeados por un sentimiento fascista que agrandaba al estado, pero, sobre todo, se gestaba un grave peligro para la libertad: todo tendía a sustituir la responsabilidad de cada persona de allegarse por sí misma su bienestar y el de su familia, por una dependencia casi total en el bienestar que podía emanar de un estado que era cada vez más envolvente.

Durante sus primeros 15 años ANFE realizó una tarea titánica en diversos medios en defensa de la libertad. Empezaré, antes de mencionar algunas de las luchas que desarrolló, indicando que era frecuente ver el nombre de ANFE encabezando la toma de posiciones sobre diversos acontecimientos que amenazaban la vigencia de la libertad y el sistema derecho en que se sustentaba la relación estado-ciudadano. ANFE tenía una columna diaria en un importante medio de prensa, pero también era frecuente que sus planteamientos aparecieran simultáneamente en otros medios escritos. A menudo pagaba páginas enteras en los periódicos para defender la libertad, principalmente en el campo económico. Pero también se le escuchaba en la radio y hasta llegó a tener un programa de televisión que en cierto momento dirigió aquel recordado pensador costarricense por opción, el Dr. Constantino Láscariz, a quienes muchos ciudadanos les prestaban una enorme atención. Diría que este fue un período de enorme actividad anfista y que, como veremos luego, dio grandes frutos. No omito manifestar su publicación de diversos libros y folletos, así como editar una revista propia, en todos los cuales aparecían muy claras las propuestas liberales de ANFE. También no debo dejar de mencionar que llevó a cabo numerosas reuniones públicas, hoy conocidos como seminarios, en donde se promovía la discusión seria de temas de importancia nacional.

Creo que vale la pena señalar algunas de las más importantes luchas que ANFE dio en ese período, algunas con notorio éxito, mientras que en otras se fracasó, si bien sus posiciones eran, en ese entonces tanto como ahora, las correctas y siempre en defensa clara y firme del principio de la libertad.

Una batalla muy importante que ANFE dio fue a favor de la eliminación del monopolio estatal de los depósitos en cuenta corriente de los bancos. Era una tarea titánica, pues ANFE le llegaba al meollo de un problema que era el epítome de la inconveniente concentración y fusión del poder político con el económico. Esa lucha, que se dio a finales de los años sesentas y no cristalizó sino casi hasta veinte años después, sirvió de base para que gradualmente se introdujera algún grado de competencia al monopolio bancario estatal. Valió la pena porque sembró la base ideológica para luchar contra un sistema corrupto en el cual la banca -única y estatal- estaba a disposición de los políticos de turno, sin que el ciudadano tuviera posibilidades de elegir aquel lugar en donde pudiera adquirir recursos financieros que le permitieran llevar a cabo sus negocios. Ese pasar por los bancos monopolizadores del estado, tenía un costo para el empresario, que no sólo era elevado, pero también, si no se era uno los privilegiados que tenían acceso al crédito, le conducía a una tenebrosa servidumbre política que, afortunadamente, ya es historia del pasado.

También ANFE luchó fuertemente contra los monopolios, no sólo públicos, sino privados, como en su momento fue el caso de la Dos Pinos y de Lacsa o la Liga de la Caña, aunque los éxitos aquí tal vez fueron pocos. ANFE tuvo el privilegio de luchar por la apertura del monopolio de la educación superior, que incluso impedía brindar dicho servicio a otras empresas del estado distintas de la Universidad de Costa Rica. El extremo llegaba a un grado tal que ese monopolio logró cerrar un bar vecino llamado Taberna Universitaria, por el hecho de que había agregado el adjetivo “Universitaria” a su nombre Taberna. La palabra “universitaria/universidad” era un monopolio en manos del estado.
Fue con la creación de la Universidad Autónoma de Centro América, por gente muy ligada a la ANFE, cuando verdaderamente se rompió ese absurdo monopolio estatal en 1975. También se tuvo algún grado de éxito en la lucha por romper el monopolio de la Fábrica Nacional de Licores, si bien no en su prédica por privatizarla. Asimismo, la ANFE se opuso fuertemente, incluso por medios legales ante el tribunal constitucional, pero sin fortuna, a la creación del monopolio estatal de combustibles derivados de petróleo, conocido como RECOPE, el cual aún hoy en día le sigue causando daños al pueblo.

Por otra parte, casi desde su origen ANFE luchó por la competencia en los seguros. El Instituto Nacional de Seguros fue un monopolio estatal creado en 1923 y en estos momentos la esperanza de poder escoger libremente en ese campo aún pende de una aprobación tortuosa que ha tenido el llamado Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (conocido como CAFTA). Tal vez en estos días podamos celebrar este paso positivo en nuestro ejercicio de la libertad. Algo similar sucede con el monopolio de las telecomunicaciones, que formó parte del monopolio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) creado en 1948, creado únicamente para monopolizar (con otros pocos productores menores) la producción de electricidad, pero que en 1963 también pasó a tener el monopolio de las telecomunicaciones. Gracias al CAFTA aún esperamos que esta actividad, al igual que la de seguros, pueda gozar de un régimen de competencia, pero eso aún no sucede con la producción de energía eléctrica, pues continúa siendo monopolizada y apenas se posee una ligera pero a la fecha frenada participación privada en dicha producción.

ANFE se ha opuesto siempre a los aumentos de impuestos, llamados paquetes, pues estos suelen ser el camino fácil de un estado dispendioso que muy rara vez hace un esfuerzo por poner orden en su gasto. Asimismo ANFE siempre ha luchado por moderar ese usualmente desaforado gasto gubernamental, oponiéndose principalmente a la creación de subsidios que no se ameritan y que usualmente se otorgan más bien para beneficiar a algún grupo de privilegio, aunque lo paga todo un pueblo.

Igualmente ANFE ha estado presente en luchas por introducir alguna forma de racionalidad, en función de un legítimo interés público, a las estructuras formales del gobierno, que en nuestro medio se caracterizan por la más diversa gama de instituciones estatales, en un número que hasta a veces se hace difícil de definir. Igual de memorable es la lucha que ANFE dio por eliminar prácticas monetarias inconvenientes de carácter proteccionista, como sucedió con el caso de los llamados recargos cambiarios y con los controles de cambio, prácticas que, en su momento, el Banco Central llevó a cabo. ANFE siempre ha abogado por un estricto control monetario a fin de evitar los diversos episodios inflacionarios que tan dolorosamente hemos sufrido en nuestra historia.

Hay muchas, pero muchas, otras prácticas y políticas estatales contra las cuales ANFE ha luchado a través de los años, pero no puedo reseñarlas todas, porque esto casi sería de nunca acabar. Sí puedo decirles que siempre lo ha hecho con gran madurez intelectual, con claridad y con honestidad, en donde invariablemente ha estado presente el principio de que la libertad es el único sustento de una vida civilizada y de progreso humano.

A finales de los años setentas ANFE empezó un proceso de declinación que aún a esta fecha tiene sus efectos. Después de un período, que me atrevo a llamar “glorioso,” el cual toma casi dos décadas y en donde ANFE expresó con pleno convencimiento y amplia difusión sus posiciones sobre los temas más importantes que se debatían en el país, debate en que, sin cortapisas, ejerció una enorme influencia, la institución inició un período de decadencia, al menos comparativamente, el cual, en mi opinión, todavía se manifiesta hoy en día.

He tratado de buscar explicaciones acerca del porqué de dicha declinación y me atrevo a formular algunas que les voy a transmitir.

Una, me parece, es el relativo éxito que se venía observando de casi todo el proceso de cuestionamiento del estatismo que ANFE había formulado. A pesar de que muchas de las batallas no rindieron los frutos esperados en un primer momento sino hasta muchos años después, se vislumbró la posibilidad de que hubiera una evolución positiva hacia una mayor libertad, principalmente en los campos económico y educativo. Tengo la impresión de que, para ese entonces, ANFE se había convertido en una institución a la cual se le respetaba en sus opiniones a la hora de que el aparato institucional evaluara la toma de decisiones públicas. Al irse amortiguando el peso del estado en la economía, a ANFE se le considero como de menor importancia en su razón de ser, pues las ataduras estatales eran, al menos en apariencia, más flojas.

Por ello, no comparto la impresión de que en esos momentos de declinación relativa de ANFE se daba una “disminución del optimismo y un aumento del pesimismo”. Todo lo contrario, las grandes amenazas intelectuales a las posiciones de ANFE, tal como lo fue el contenido de la propuesta estatista impulsada por un sector del predominante Partido Liberación Nacional, a la cual se le conoce como Patio de Agua, se habían visto desprestigiadas (en mucho por la demoledora crítica que le formulara la misma ANFE) y si bien luego un candidato liberal muy cercano a la ANFE había perdido las elecciones presidenciales a inicios de esa década, no se le percibía como que fuera una consecuencia de las posiciones públicas de la institución, sino más bien como el producto de un divisionismo político malévolo y corrupto, que truncó las aspiraciones de que se pudiera tener un gobierno “liberal” cercano al ideario anfista.

Al surgir un sentimiento de que la lucha por la libertad había ganado muchas batallas (claro, bastante lejos de las necesarias) el apoyo requerido para mantener con vigor a una institución como la ANFE, declinó relativamente. Muchas personas perdieron el interés en ANFE y ello incidió incluso en su membresía y su patrocinio y, como resultado, en sus ingresos.

Otro factor que creo intervino en que se generara este período de declinación de ANFE fue que en el país empezaron a surgir muchas y diversas asociaciones privadas que anteriormente no existían; asimismo, las existentes empezaron a mostrar una mayor beligerancia. La proliferación de las asociaciones empresariales llamadas cámaras, las cuales, por su naturaleza, defienden el interés concreto de sus agremiados -y lo que sucedió nos lo explica claramente la teoría de la elección pública o Public Choice- hacía que la existencia de ANFE fuera mucho menos necesaria que antes, no sólo por los acontecimientos a que acabo de referirme al inicio de esta sección, sino sobre todo porque, en ocasiones, las posiciones de ANFE, de defensa de una libertad para todos y no de algún interés gremial específico, fueron mal vistas por quienes buscaban el logro de privilegios otorgados por el estado. Un ejemplo de esto fue uno de los resultados que, en su momento, se derivó de la posición que ANFE sostuvo sobre el tema del proteccionismo, el cual iba en contra de intereses particulares, los que, si bien eran respetables, se oponían a la libertad económica y a su derivado, el libre comercio que ANFE siempre había predicado. Tal fue el caso del alejamiento de ANFE de sectores azucareros y, en general, del industrial.

Aprovecho este momento para recordar un principio básico del pensamiento liberal y lo hago en el mejor sentido Smithiano: es entendible la conducta humana que empuja a la persona a buscar el interés propio. Por ello, una empresa buscará obtener el máximo de ganancias, aunque signifique la desaparición de la competencia. Esa tendencia individual que se presenta en los mercados puede ser refrenada en lograr su éxito tan sólo si hay un marco de competencia en que se desenvuelva el capitalismo. Yo suelo decir: “Estoy en contra de todos los monopolios, excepto del mío,” como una forma para indicar esta proclividad propia de los humanos. Es la competencia la que permite que se dé una lucha desenfrenada de las empresas por servir a las personas (consumidores). Esta hace que, si bien el poder que puede tener una empresa permanece, la competencia lo refrena, lo limita. Por eso necesitamos que haya un marco de libertad en que los competidores pueden entrar o salir de él, según sea su conveniencia, pues eso nos beneficia a todos. El problema se da cuando las empresas logran utilizar al estado para que diseñe reglas en su favor. De esta manera aumentan su poder, pues el estado está detrás de ellas. Esta es la razón por la cual creemos en la libre empresa, pero en un marco de competencia; porque ésta nos beneficia a todos al limitar o refrenar el poder que alguien podría tener sobre todos y cada uno de nosotros.

Al surgir esas otras posibilidades de reflejar los intereses específicos gremiales, aquella institución que defendía y promovía el marco de libertad indispensable para que floreciera una empresa privada pujante, pasó a un segundo lugar. Lo cierto es que, si bien hay todo derecho para defender el interés propio, es necesario que alguna entidad pueda defender los principios generales que nos deben cobijar y proteger a todos, dejando de lado el interés gremial o sectorial.

Asimismo, debo señalar otro factor que, en mi opinión, incidió en la decadencia relativa de ANFE y que vivió su cenit con la caída del Muro de Berlín. Me refiero a lo que se ha denominado el fin de la guerra fría entre el socialismo comunista y las democracias occidentales de mercado, orientadas a sistemas económicos de decisión descentralizada. ANFE obviamente era contraria a la visión comunista. Bajo la influencia de intelectuales economistas de la llamada escuela Austriaca, tales como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, quienes habían visitado a la asociación y quienes siempre enfatizaron la imposibilidad del cálculo en la economía socialista y, por ende, de su inviabilidad como un sistema económico eficiente que algún día habría de sucumbir ante el triunfo del capitalismo, la lucha de ANFE en contra del socialismo comunista casi desapareció. La Historia le dio la razón, pero eso puede haber influido en que la importancia de la lucha de ANFE se viera como de una menor importancia.

De la misma manera, creo que ANFE en esa época se vio afectada por el cierre del apoyo que importantes medios de comunicación le habían brindado a través de los años.

Cuando les conté que ANFE publicaba una columna diaria en un medio periodístico clave del país, no exageraba; incluso en ocasiones la institución se expresaba en varios medios al mismo tiempo. El apoyo, que por más de treinta años se le dio, desapareció por la necesidad de contar con el espacio que entonces tenía su columna para generar ingresos a la firma. Debo indicar que había encuestas que señalaban que la columna de ANFE era incluso más leída que el editorial de ese medio. Son totalmente entendibles las razones que mediaron para dicha decisión por parte de una empresa privada. Pero, a veces pienso si cosas como estas no son las que dan pie al dictum de Lenin: “Por las cuerdas para ahorcar a los capitalistas, no os preocupéis; ellos se encargarán de vendérnoslas”. El golpe que dicha decisión le dio a las posibilidades de influencia de ANFE fue, en mi opinión, demoledor. Por ello, aprovecho para agradecer profundamente el apoyo que hoy nos dan dos medios escritos para divulgar nuestro ideario de libertad; me refiero a los periódicos La Extra y el Financiero.

Muchas otras razones, incluso hasta de esa naturaleza personal tan compleja y variada, permiten entender el decaimiento en que se vio sumido ANFE, pero ya he hablado lo suficiente sobre lo pasado, por lo que prefiero proseguir brindando algunos comentarios acerca de la forma en que hemos actuado recientemente, en un afán de revitalizar a nuestra querida institución, y así poder encarar los serios y preocupantes desafíos que en la actualidad enfrenta nuestra preciada libertad.

Les mencionaré algunas pocas cosas que hemos hecho recientemente, pues el informe debidamente detallado espero presentarlo el próximo mes en la Asamblea de Asociados de ANFE. Baste, por el momento, señalar que hemos entrado en una profunda alianza con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, lo cual nos ha permitido llevar a cabo un sinnúmero de actividades, tales como seminarios, foros, columnas periodísticas y pronunciamientos públicos, en los que siempre hemos tenido como meta la apertura a la competencia y el respeto a los derechos de propiedad de los actores privados en la economía, como es el caso de la exploración petrolera, del gas licuado, de la producción privada de electricidad. De igual manera, mediante ellos siempre hemos buscado mejorar las opciones de la gente a través de una mejor educación, en donde se haga uso del potencial privado para brindarla de mejor forma. También hemos sido insistentes en la necesidad de reformar un errático sistema cambiario que ha provocado no sólo una limitación a la voluntad de escoger por parte del ciudadano, sino también una alta inflación, la cual ha causado un serio daño principalmente a los hogares más pobres del país. Asimismo hemos sido proponentes de un sistema tributario moderno (el llamado “flat tax”) con el cual se eliminarían onerosas aberraciones que hoy en día dan lugar a que sean sólo algunos quienes paguen impuestos, sin dejar de lado el tema de la racionalidad en el gasto público. Todo esto lo que indica es que el potencial nuestro es enorme y que tan sólo requiere de un mayor dinamismo en su capacidad de exponerlo ante la ciudadanía.

Pero, para lograrlo, ANFE necesita tener mayor holgura en sus finanzas, las que, si bien gracias al programa de benefactores que introducimos (y a quienes aprovecho para agradecer su apoyo), hoy nos tiene en posibilidad de respirar del ahogo en que nos encontrábamos. Pero aún no hay suficientes recursos para llevar a cabo la labor necesaria, con algún grado de decoro y con posibilidades de tener éxito. Mucho de esto pasa por aumentar el número de asociados y creo que parte de la acción futura de ANFE, con su ayuda, debe ir en este sentido.

Quiero, para terminar y en ocasión de este seminario, decirles que nosotros, quienes vinimos a la vida intelectual hace 50 años y que continuamos inclaudicables en esta lucha, tenemos muy presentes las palabras que el Presidente Ronald Reagan pronunció acerca de la libertad hace varios años y que, si bien las refirió a los Estados Unidos, son igualmente válidas para nosotros, pues hoy motivan nuestro actuar: “La libertad nunca está más lejos de extinguirse que en lo que lo hace una generación. Nosotros no se la pasamos a nuestros hijos por medio de la sangre de nuestras venas. Debe lucharse por ella, protegida y pasada a ellos para que hagan lo mismo; si así no lo hacemos, algún día pasaremos nuestro atardecer contándoles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos cómo alguna vez fueron los Estados Unidos (Costa Rica), en donde los hombres fueron libres.” Asegurarnos de ello ha sido la razón de ser de la labor de ANFE en estos 50 años y que en esta ocasión celebramos. Ni más ni menos, se trata de una tarea reservada a los humanos y no sólo a los dioses, la de salvaguardar y fomentar la vigencia de la libertad en nuestro país.

Celebrar otros 50 años de vida gloriosa en defensa de la libertad, ante tantas amenazas que contra ella se vislumbran en un horizonte relativamente cercano, va a depender fundamentalmente de cada uno de nosotros. Estoy seguro que, tal como hasta hoy lo hemos hecho, unidos podremos lograrlo. No son vanas las palabras que el estadista irlandés John Philpot Curran nos legó en 1790: “La condición bajo la cual Dios le dio la libertad al hombre es su eterna vigilancia”. Tan sólo en nuestras manos está cumplir con esa condición. ANFE es un regazo para depositar esas manos. Así honraremos el esfuerzo que hace 50 años empezaron nuestros antecesores. Y que, ojalá, orgullosos todos nuestros hijos celebren el centenario de la fundación de ANFE.

Muchas gracias por su amable y gentil atención.

Elisa
14/05/2012, 17:22
2008-11-30-EL CICLO AUSTRIACO DE LA ECONOMIA

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COLUMNA LIBRE: EL CICLO AUSTRIACO DE LA ECONOMÍA

Boletín de ANFE, 30 de noviembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 237-255.
Tengo presente que, en ocasiones, los temas económicos no son fáciles de tratar. Sin embargo, en esta oportunidad creo que es importante escribir acerca de los ciclos económicos, concretamente la interpretación que de ellos hacen los economistas llamados austriacos, por ser tema de gran actualidad dada la fuerte contracción que a la fecha experimenta la economía mundial.
Como el tema puede ser muy complejo para algunos lectores y, a la vez, puede ser del interés de personas profesionalmente familiarizadas con temas económico-financieros, hay algunos párrafos que he incluido entre paréntesis cuadrados. Si bien estos párrafos son técnicamente útiles, pueden ser omitidos por el lector sin demeritar sustancialmente su comprensión de este ensayo.
Empiezo por hacer algunas definiciones que ayudarán al lector. La primera, ¿qué es un ciclo económico o ciclo de los negocios? Es una oscilación que presenta la actividad económica en el curso del tiempo, caracterizado por un período de expansión o alza, que culmina en una cima o pico, el cual es seguido de una baja o contracción, que culmina en un valle. A esta segunda parte de baja del ciclo se le conoce también como recesión. La recesión suele definirse como el descenso durante dos trimestres seguidos del Producto Interno Bruto (PIB) de una economía. Otras consideran una forma práctica de definir una recesión: si el PIB real cae menos de un 10% desde el punto más alto del ciclo (cima o pico) hasta el punto más bajo (valle). Si el cambio es mayor a un 10%, a esa recesión se le llama depresión.
Segunda definición: ¿Qué es eso de austriaco? La escuela de economía austriaca la conforma un grupo de economistas encabezado por Carl Menger, quien fuera profesor de economía en la Universidad de Viena a fines del siglo XIX. Otros miembros destacados han sido Eugen Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek y otros consideran que Joseph Schumpeter es parte de ella. Hoy la “escuela austriaca” se encuentra presente en numerosos centros académicos, principalmente de los Estados Unidos. Una exposición básica acerca de esta escuela puede leerse en Mark Skousen, Vienna & Chicago: Friends or Foes?, Washington D. C.: Regnery Publishing, p. p. 24-50.
Con esta introducción pretendo explicar, de la manera más sencilla, cuál es la interpretación del ciclo económico que hicieron los economistas austriacos, principalmente Friedrich A. Hayek, en su libro Prices and Production, Londres; George Rutledge, 1931, y, más actualmente, Roger W. Garrison, en su obra Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, New York: Routledge, 2001 y Steven Horwitz, autor del libro Microfoundations and Macroeconomics: An Austrian Perspective, New York: Routledge, 2000.
Antes de referirme a dicha interpretación, cito el aporte del economista sueco Knuth Wicksell, quien, si bien no se le considera propiamente como “miembro” de la escuela austriaca, le dio un gran impulso con su explicación de la diferencia que hay entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés natural, que analizaré luego. La principal obra en la cual se trata este tema es Interest and Prices: A Study of the Causes Regulating the Value of Money, (1898), New York: Augustus M. Kelley, 1962. Como todo en economía, en cualquier formulación teórica existe el aporte de numerosos economistas, pero por razones evidentes (tales como no ser ésta una historia del pensamiento económico), me baso esencialmente en los trabajos de Hayek, Mises, Wicksell y, en la actualidad, Garrison y Horwitz, antes citados.
Para explicar el ciclo austriaco de los negocios, parto de ciertas simplificaciones. En primer lugar, la economía está compuesta por dos sectores, uno de bienes de consumo y otro de bienes de capital. Realmente existen muy diversos sectores, pero esta división tan “gruesa” la hago para simplificar el análisis, pues lo que interesa es destacar que hay un sector de la economía que se dedica a producir bienes que están muy cerca del consumidor final (lo he llamado sector de bienes de consumo) y otro alejado de ese consumidor final, y que he denominado de bienes de capital.

En segundo lugar, el sector de bienes de consumo está compuesto (de nuevo simplificadamente) por dos mercados, uno en el que se intercambian los diversos bienes y servicios y, otro, el mercado de trabajo usado para producir los diferentes bienes y servicios. Algo similar sucede con el mercado de bienes de capital (maquinarias, equipos, herramientas, etcétera), el cual está integrado por dos mercados, uno en que se venden y compran esos bienes de capital y, otro, el de trabajo que se usa para producir esos bienes de capital.
En tercer lugar, existe un mercado de fondos prestables, que no es sino el mercado en el cual se intercambian los recursos para ser invertidos. Este relaciona la oferta de fondos por ser prestados a las diferentes tasas de interés con la demanda que de esos fondos ejercen los inversionistas para invertirlos en producir bienes a las distintas tasas de interés.
Finalmente, se asume que hay una Curva de Posibilidades de Producción (CPP), que no sólo nos indica los límites básicos de la escasez económica, en cuanto a que, para producir más de un bien, necesariamente se requiere reducir la producción de algún otro bien, sino que también nos permite señalar que, dados los recursos productivos existentes en una economía, los individuos sólo podrán asignarlos al consumo o al ahorro; esto es, su ingreso sólo puede ser consumido o ahorrado. Como el ahorro es lo mismo que la inversión, la también CPP muestra las combinaciones máximas posibles de consumo e inversión en una economía en un momento dado, a partir de los recursos productivos que existen en ese momento en una economía dada.
A partir de estos supuestos, analicemos dos situaciones. Una primera, en la cual aumenta la oferta de ahorros (fondos prestables) por parte de los individuos, en contraste con una segunda, en la que esos fondos prestables aumentan, pero por una decisión del Banco Central de aumentar el crédito.
En el primer caso, suponga que los individuos reducen su consumo; esto es, aumentan su ahorro. En otras palabras, los individuos prefieren dejar de consumir ahora para poder consumir más en el futuro, gracias al ahorro que efectúan. Al aumentar los fondos que se prestan para realizar inversiones, habrá una reducción en la tasa de interés.
Para aclarar el concepto de “tasa de interés”, imaginemos que no existen los bancos. Aquel precio que los individuos cobran por prestar sus ahorros es la “tasa natural de interés”. Esta refleja la preferencia en el tiempo de los ahorrantes; es decir, el precio que cobran por preferir consumir después (ahorrar ahora) en vez de consumir ahora. Por otra parte, si incorporamos en el esquema a los bancos, lo que se llama “tasa de interés de mercado” es aquella tasa que los bancos cobran por prestar dinero.
[Así lo describe más técnicamente Horwitz: “el equilibrio monetario también tiene implicaciones para la tasa de interés; específicamente para aquella distinción Wickselliana entre la tasa de interés de mercado y la tasa natural de interés. Se define a la tasa de interés de mercado como la tasa que los bancos actualmente cobran en el mercado de fondos prestables. En contraste, la tasa natural de interés corresponde a la preferencia en el tiempo de los ahorrantes y de quienes piden prestado, tal como se expresa en sus ofertas y demandas subyacentes de fondos prestables.” (Steven Horwitz, Op. Cit., p. p. 73-74.)]
La diferencia entre la tasa de interés de mercado y la tasa natural de interés que Wicksell expuso es crucial para entender el ciclo económico desde la perspectiva austriaca.
Volvamos al primer ejemplo, en que los individuos aumentan su oferta de ahorros (o sea, disminuyen sus preferencias en el tiempo, que es lo mismo que disminuir su consumo actual al preferir consumir más en el futuro). En este caso, como se indicó previamente, se reduce la tasa de interés, lo cual provoca que aumente la inversión que los inversionistas desean llevar a cabo, pues su costo de pedir prestado se redujo, con lo cual se hacen rentables proyectos que previamente no lo eran. Ahora sí los puedan efectuar. Lo interesante es que, a la nueva tasa de mercado de equilibrio, aumentaron tanto el ahorro como la inversión, de manera que “se dio un genuino incremento de la capacidad productiva de la economía, (lo cual) constituye un crecimiento económico genuino.” (Roger W. Garrison, “The Austrian Theory of the Business Cycle,” en David Glasner, Business Cycles and Depressions: An Encyclopedia, New York: Garland Publishing, 1996), compilado por Richard M. Ebeling, A Summary of The Austrian Theory, e-book del Ludwig von Mises Institute).
Mientras el crecimiento económico previamente descrito es de carácter sostenible, la siguiente alternativa de aumentar la oferta de fondos prestables mediante una expansión crediticia del Banco Central no lo va a ser y, por el contrario, terminará por hacer crisis.
Para explicar esto, suponga que el Banco Central aumenta el crédito en la economía. No es el caso en que los individuos deciden ser más ahorrativos, sino una decisión tomada por el Banco Central de aumentar el crédito mediante un aumento de la oferta monetaria. Aquí, al bajar también la tasa de interés de mercado, se da un incremento en la inversión, pero no existe un aumento correspondiente en la oferta de ahorros. Es decir, a la nueva menor tasa de interés de mercado, se presenta un bache entre el ahorro y la inversión, la cual es ahora mayor que antes. Este incremento en la inversión, estimulado por un aumento artificial en el crédito, no es sostenible a la luz del ahorro de los individuos que hay en la economía y que, en este segundo caso, no ha variado
En términos de las tasas de interés Wicksellianas, en este segundo caso lo que sucede es que, como resultado de la expansión crediticia del Banco Central, la tasa de interés de mercado es inferior a la tasa natural de interés (que es la que define el nivel de ahorros de los individuos). Existe un exceso de inversión que no se podrá sostener. El alza del ciclo terminará en una caída. El proceso de expansión crediticia del Banco Central termina por generar inflación, pues, al invertir más los empresarios, dada la baja tasa de interés de mercado, demandarán más recursos productivos para invertir y, como por definición, estos eran fijos en ese momento (recordar el concepto de la Curva de Posibilidades de Producción), se elevan los precios de los bienes y servicios. Obviamente, también se elevará la tasa de interés nominal en el mercado, pues ella está definida en función de la tasa de inflación (esto es, a grosso modo la tasa nominal es la tasa real más la tasa de inflación).
Ahora bien, falta exponer cómo es que el modelo austriaco explica la baja (recesión) del ciclo, en la cual tiene lugar un descenso en la actividad económica a partir de un momento máximo o cima o pico.

Para ese fin explico la diferencia entre precios absolutos y precios relativos. Suponga que hay dos bienes, uno de capital A y otro de consumo B. El precio absoluto del bien de capital es el precio PA que ese bien tiene en sí mismo y el precio absoluto del bien de consumo es el precio PB de ese bien. Se habla de precios relativos cuando el precio de un bien se refiere en términos del otro; por ejemplo, el precio del bien de capital en términos del precio del bien de consumo PA / PB o, bien, el precio del bien de consumo en términos del precio del bien de capital PB / PA.
Por ejemplo si el precio de A es ¢100 y el precio de B es ¢200, el precio absoluto de A sería esos ¢100 y el precio absoluto de B sería de ¢200, pero el precio relativo de A en términos de B sería de ¢100 / ¢200; esto es, 1 /2 y el precio relativo de B en términos de A sería de ¢200 / ¢100; es decir, 2 / 1.
Para los economistas conocidos como monetaristas, como Milton Friedman o Irving Fisher, por ejemplo, doblar la cantidad de dinero en circulación (todo lo demás constante) provoca que se dupliquen los precios absolutos de A y de B, que pasarían a ser, en el caso de A, de ¢200 y, en el de B, de ¢400, pero los precios relativos de A en términos de B quedarían iguales; esto es, ¢200 / ¢400 es el mismo 1 / 2 que se tenía antes (y el precio relativo de B en términos de A también quedaría igual que antes: ¢400 / ¢200, esto es, 2 / 1).
De acuerdo con los monetaristas, en este caso la inflación se duplicaría y nada más, porque al no variar los precios relativos de los bienes, que son los que definen la estructura de precios de esa economía, no va a cambiar la asignación de recursos productivos que en ella se da. Para los economistas monetaristas el único efecto de un aumento en la oferta de dinero es la inflación (que aumentó un 100%), pero no hay cambio alguno en la estructura de la producción.
Los economistas austriacos en esto piensan diferente de los monetaristas, porque señalan que un aumento de la cantidad de dinero en circulación, además de generar inflación, ocasiona una variación en la estructura de la producción al variar los precios relativos de los bienes en la economía. Así, para los austriacos, el dinero no es neutral en la actividad económica real, mientras que, para los monetaristas, sí lo es.
Aclarados estos conceptos, explicaré cómo, de acuerdo con el análisis de los austriacos, un alza del ciclo económico se puede convertir en una caída; esto es, como de un crecimiento económico se puede pasar a un decrecimiento (lo que algunos llaman pasar del “boom” al “bust” del ciclo económico).
Repasemos el caso en el que se daba un aumento en el ahorro de las personas. Recordemos que se presenta un descenso en la demanda de bienes de consumo. Eso provoca una disminución de la demanda de trabajadores en el sector productor de bienes de consumo. También, al aumentar el ahorro, se incrementa la oferta de fondos disponibles para invertir (oferta de fondos prestables), lo cual da lugar a un descenso en la tasa de interés natural y en la tasa de interés de mercado. Ante esta reducción en las tasas de interés, se eleva la inversión en el sector productor de bienes de capital, dando lugar a un aumento en la demanda de trabajo en ese sector. Así, surge una migración de trabajadores del sector de bienes de consumo hacia el sector de bienes de capital. El aumento en la inversión es, por tanto, sostenible y así, en el próximo período, es de esperar que se dé un aumento en la producción y que no surja una caída, de acuerdo con el ciclo económico.
La situación es muy diferente en el caso en que el Banco Central expande el crédito en la economía mediante un aumento en la oferta de dinero en circulación. Ahora el incremento en los fondos prestables no se debe a que la gente decidió ahorrar más, sino por la intervención del estado a través del Banco Central. Al expandir el Banco su oferta de dinero, se eleva el dinero disponible para prestar, lo cual ocasiona que caiga la tasa de interés de mercado a la cual prestan los bancos comerciales, pero no sucede algo similar con la tasa natural de interés, pues las personas continúan manteniendo sus preferencias iniciales en el tiempo: esto es, mantienen su nivel de consumo o, lo que es lo mismo, conservan su nivel de ahorro.
Al bajar la tasa de interés, aumenta la inversión, pues hay nuevos proyectos que a esa menor tasa de interés ahora resultan ser rentables, tal como se explicó antes. Al aumentar el Banco Central la cantidad de dinero y, por ende, el crédito, la tasa natural de interés será mayor que la artificialmente disminuida tasa de interés de mercado, pero recuérdese que la tasa natural de interés es la que iguala al ahorro deseado con la inversión que se desea llevar a cabo. Así, el Banco Central estimula el crecimiento vía un aumento en la inversión que no es sostenible y que eventualmente será seguido por una caída en la economía y en la inversión, a fin de que ésta vuelva a alinearse con el ahorro que realmente desea generar esa economía.
Para explicar la caída en el ciclo económico de acuerdo con la visión austriaca, es necesario entender al proceso productivo como conformado por una serie de etapas de producción en función de su relación de proximidad con los consumidores.
En términos sencillos, hay diversas etapas de producción de acuerdo a qué tan alejadas están de la etapa final de la producción; esto, de aquélla en que se producen los bienes finales de consumo. Como ejemplo, las etapas de producción de investigación y desarrollo o la extracción de materias primas están muy alejadas de la producción de bienes de consumo, mientras que etapas como el mercadeo o las operaciones de mayorista o minorista están relativamente más cerca de esa producción de bienes finales de consumo. Lo importante es que, entre más distante está esa producción de un bien de la del bien final, más sensible es dicha inversión a la tasa de interés, de acuerdo con las reglas del descuento a valor presente. Esto porque la actividad económica es un proceso a través del tiempo y la tasa de interés es la que permite definir el valor en el tiempo de la producción de un bien.
[Por definición, la inversión en aquel bien “más alejado” requiere de más tiempo y como la tasa de interés es el factor que se utiliza para descontar los flujos netos resultantes, una baja en la tasa de interés hace relativamente más atractiva la inversión en aquellos proyectos de mayor plazo para la recuperación de la inversión; esto es, los hace relativamente más rentables. Como dice Steven Horwitz, “...dos temas cargados de factor tiempo son importantes. Primero, porque la ejecución de un plan (tal como una inversión) requiere de tiempo para obtener los insumos necesarios, así como también requiere de tiempo para que los insumos se combinen para conformar el producto. Segundo, durante todo este tiempo, quien así planea debe subsistir mientras espera que esté listo el producto” (Steven Horwitz, Microfoundations and Macroeconomics: An Austrian Perspective, New York: Routledge, 2000, p. 44). El paréntesis dentro de la cita es mío. En síntesis, el proceso de producción requiere de tiempo y la tasa de interés es la que permite valorar el costo de ese tiempo, al permitir traer la inversión a un valor presente y, entre más alejada esté la producción de este bien de aquella del bien final de consumo, mayor impacto tendrá un cambio en la tasa de interés con que se descuenta el valor en el tiempo].
Lord Robbins también nos permite aclarar esto, pues señala, de forma muy sencilla, que “entre mayor sea la vida del instrumento de capital o entre mayor sea su distancia del consumo, más se afecta su valor con un cambio en la tasa de interés. Entre menor sea su vida o sea menor su distancia del consumo, menos se verá afectado. El valor de la harina en la panadería difícilmente se ve afectado por un abaratamiento del costo de pedir prestado. El valor de las minas, bosques, casa y equipo fabril pesado se ve enormemente afectado.” (Lionel Robbins, The Great Depression, Londres: Macmillan, 1934, p. p. 36-37.)
Todo esto se ha expuesto para enfatizar un tema muy importante en la teoría del capital desde el punto de vista austriaco: la tasa de interés es la que gobierna el patrón de la asignación de recursos productivos en el tiempo.
En el primer caso analizado, de un aumento en la preferencia de los consumidores por el ahorro, se dará un equilibrio en la asignación de los recursos productivos de manera tal que sea consistente con las preferencias que, por hipótesis, han variado en cuanto al consumo en el tiempo; esto es, hacia un menor consumo actual y un mayor consumo en el futuro.
Al preferir la gente aumentar su ahorro deseado, significa que ahora prefieren un patrón de consumo diferente en el tiempo: en vez de consumir ahora, prefieren consumir más en el futuro. A su vez, al bajar la tasa de interés por este aumento en los fondos prestables, favorece una mayor inversión en contraste con el consumo actual. Pero, de acuerdo con lo que se explicó pocos párrafos atrás, la baja en la tasa de interés hace que se prefiera invertir más en proyectos de bienes de capital más alejados del consumo y relativamente menos en aquellos bienes que se producen en etapas menos remotas del consumo final. Estas son variaciones necesarias en la estructura de la producción, de manera que se dé un cambio de la producción desde etapas más cercanas al consumo final hacia aquéllas más alejadas, en conformidad con el cambio que se dio en las preferencias en el tiempo del consumo de las personas, quienes por hipótesis, ahora prefieren consumir menos y más en el futuro. Por eso, se ha dicho que este aumento en la inversión es sostenible y que no se presentará una baja en el ciclo económico.
En contraste, veamos ahora cómo un aumento del crédito por la expansión monetaria del Banco Central provocará una incompatibilidad entre las preferencias en el tiempo de las personas y la estructura de la producción, lo dará lugar a que eventualmente se presente una crisis o caída del ciclo económico.
Para entender esto, debemos tener presente que una expansión de la cantidad de dinero por parte del Banco Central no aumenta la cantidad de recursos reales que existen en una economía en un momento dado (tierra, trabajo, maquinaria y equipo, y similares). Sobre esto ver explicación previa de la Curva de Posibilidades de Producción.
Al expandir el Banco Central la oferta de dinero y provocar una baja en la tasa de interés de mercado, aumenta la inversión; esto es, la demanda de bienes de capital. En general, aumenta la demanda de recursos productivos usados para fabricar los bienes de capital. De esta alza en la demanda de recursos productivos destaco el incremento en la demanda de trabajadores para el sector de la producción de bienes de capital. Así, sus salarios van a aumentar comparados con los que se pagan en el sector de bienes de consumo y, por ende, provoca un traslado de trabajadores desde este último sector hacia el de bienes de capital.
Veamos ahora lo que sucederá en el sector productor de bienes de consumo. Al reducirse en él la oferta de trabajo por la salida de trabajadores hacia el sector de bienes de capital, hay una presión para que se eleve el salario de los trabajadores en el sector de bienes de consumo, lo cual encarece el costo de producción y, por tanto, disminuye la oferta de esos bienes. Esta reducción ocasiona un aumento en los precios de estos bienes, lo que obliga a que los individuos consuman menos de ellos y a que ahorren más.

Por su parte, los trabajadores en el sector de bienes de capital, al ver aumentados sus salarios, desean elevar su consumo, lo cual fortalece el incremento en los precios de los bienes finales producidos por el sector de bienes de consumo. Estamos en presencia de una inflación, de un crecimiento generalizado del nivel de precios.
Pero, como aumentan los precios de los bienes de consumo, se estimula que surja un aumento de su producción y a que se eleve la demanda de recursos productivos para dicho sector y, en concreto, de mano de obra. Como los recursos son fijos en la economía, esta nueva demanda de trabajadores en el sector productor de bienes finales tan sólo puede ser satisfecha mediante una extracción de trabajadores del sector productor de bienes de capital. Esto es, hay demandas en conflicto sobre la mano de obra. Como se dice por ahí, “están peleando por los recursos productivos”. Ante esto, los empresarios inversionistas no podrán continuar con las inversiones que se habían propuesto llevar a cabo, pues han aumentado los costos de los recursos productivos que han empezado a escasear.
El conflicto se presenta, entonces, porque los patrones de gasto de quienes perciben ingresos (esto es, de los factores de producción) no son compatibles con las decisiones de producción que generó esos mismos ingresos. Para los economistas austriacos, esta divergencia entre el patrón de consumo y el patrón de ingresos afectará la tasa de interés en la economía, pues la menor tasa de interés de mercado inducida por la política monetaria expansiva del Banco Central, ahora será afectada al alza por la lucha de los inversionistas por obtener los recursos productivos necesarios para poder llevar a cabo sus proyectos de inversión. Esto es, la menor tasa de interés nominal inducida por el Banco Central concluye en una mayor tasa real de interés en la economía que frenará los propósitos de inversión adicional.
[Como señala Garrison, “En resumen, la expansión del crédito pone en movimiento un proceso de restructuración del capital que es incompatible con las preferencias que no han variado y por lo tanto, termina en desventura. Los cambios relativos dentro de la estructura del capital fueron apropiadamente llamados “inversión desafortunada” (malinvestment en inglés) por Mises.” (Roger W. Garrison, Op. Cit., p. 72)]
Por ello es que el alza observada durante el ciclo es insostenible en el caso expuesto: los cambios que se dan en la estructura de la producción, en función del tiempo y cercanía con la producción de bienes de consumo, son contradictorios y por ello ese período de alza es seguido de un período de reducción de la actividad económica. El “boom” es seguido de un “bust”, eventualmente provocado por la escasez de recursos productivos y por una demanda elevada y continua de consumo actual. La caída del ciclo (“bust”) es simplemente el reconocimiento que hace el mercado de la insostenibilidad del alza (“boom”); esto conduce a que haya una liquidación y una restructuración del capital de forma tal que las actividades productivas vuelvan a estar en conformidad con las preferencias del consumo.
[Garrison expresa claramente esta situación al indicar que “Inevitablemente la insostenibilidad del proceso productivo se manifiesta a sí mismo como el abandono o reducción de algunos proyectos productivos. El desempleo de la fuerza de trabajo y de otros recursos que en consecuencia se da, inciden directamente sobre los ingresos y los gastos en la economía. El período de un nivel de producción insosteniblemente alto llega a su fin al caer la economía en la dirección de la limitación de recursos indicada por la Curva de Posibilidades de Producción.” (Roger W. Garrison, Op. Cit., 73)].
La explicación austriaca brinda lecciones importantes para la política económica, entre las cuales podemos destacar dos de ellas; una, tener una política monetaria estricta que no induzca a expansiones crediticias mediante la reducción de las tasas de interés y, la segunda, que el sistema bancario no sea centralizado, en el sentido de que existan requisitos de reserva uniformes para todos los bancos en una economía. Un sistema bancario centralizado y de reserva fraccional (en que el banco comercial debe mantener tan sólo una fracción de sus depósitos como reserva) estimula a que retiros de dinero de un banco se transmitan hacia otros bancos, provocando la caída sistemática de las entidades bancarias. Una de las más interesantes derivaciones de política a partir de la interpretación austriaca del ciclo económico es que una decisión del Banco Central para detener el proceso recesivo de la economía mediante una expansión del crédito, lo único que genera es un nuevo ciclo económico pero no conduce a que la economía salga de la recesión. Más bien provoca la formación de un nuevo ciclo económico, posiblemente más profundo en cuanto a las necesidades de su corrección y en sus efectos sobre la producción y el empleo.
Los economistas austriacos son concientes de que la recuperación de la economía desde un valle recesivo del ciclo económico toma tiempo. Al respecto indican que el capital no se reasigna fácil y rápidamente desde un sector que debe reestructurarse (el sector de bienes de capital) hacia las nuevas actividades en crecimiento (en el sector de bienes de consumo), ello porque esencialmente el capital es heterogéneo; es decir, no es fácilmente sustituible sino que más bien presenta características de complementariedad en su utilización. Esta especificidad en la naturaleza del capital no permite que haya una fácil transferencia de una actividad de negocios hacia otra. También si en la economía se presentan problemas de inflexibilidad a la baja en los salarios, la caída dará lugar a que aumente el desempleo. Tomará tiempo durante la recuperación para que dicho desempleo pueda reducirse a través de la absorción de la mano de obra por el ahora relativamente creciente sector de bienes de consumo. De hecho, el proceso de trasladar obreros y bienes de capital desde las actividades abandonadas del sector productor de bienes de capital hacia el de bienes de consumo es lento, pues estas últimas nuevas actividades no solo deben iniciarse, sino que también hay incertidumbre de parte de los empresarios sobre sus posibilidades de éxito.
[“Skousen señala que “Como la expansión, la recesión no dura por siempre. La etapa final se logra cuando el mercado de bienes de capital ha colapsado y los precios han cesado de caer. Al mismo tiempo, la demanda del consumidor que ha declinado en respuesta a un ingreso en descenso, también ha logrado una etapa de estabilidad. Históricamente el mercado de capitales se recupera siendo seguido por una estabilización en el gasto del consumidor.” (Mark Skousen, The Structure of Production, New York: New York University Press, 1990, p. 315). Hayek hace notar que “Es un hecho bien sabido que en una recesión la recuperación de la demanda es generalmente un efecto en vez de una causa del resurgimiento de las partes más altas del flujo productivo (sector de bienes de capital) –actividades que son generadas por un ahorro en busca de ser invertido y por la necesidad de rehacer renovaciones y reemplazos que habían sido pospuestos.” El paréntesis es mío. (Friedrich A. Hayek, “The Keynes Centenary: The Austrian Critique,” en The Economist, 287, No. 7293, 11 de junio de 1983, p. 46).]
[Asimismo, Estey indica que “Teóricamente debería darse una transferencia continua de obreros y de capital no específico de las actividades productoras de bienes de capital que se han abandonado hacia aquella productora de bienes de consumo. Los procesos de producción más reducidos (que los de las actividades productoras de bienes de capital) aún tendrán que empezar desde el principio. Los bienes aún tienen que pasar a través de las etapas necesarias de su producción. Además, al irse logrando etapas sucesivas en el paso de los bienes hacia el consumidor, es posible que tan sólo gradualmente se absorba el trabajo y el capital no específico liberados de los procesos más alejados e indirectos. Es más, este retraso se ve incrementado por la incertidumbre de los productores respecto a cuáles métodos son más apropiados en el proceso productivo ahora más reducido, en el cual se necesita una menor cantidad de capital y una mayor cantidad de mano de obra. En resumen, los trabajadores y los recursos móviles son liberados más rápidamente de los procesos productivos que requieren más tiempo (sector de los bienes de capital) que en lo que pueden ser absorbidos por los procesos que requieren un tiempo menor (sector de bienes de consumo) y la consecuencia es un volumen creciente de desempleo… El intento de restaurar los niveles normales de consumo provoca un factor adicional que disturba –esto es, la deflación y una caída en los precios- que aumenta el tiempo que dura la depresión y que se agrega a los obstáculos que enfrenta la recuperación.” (James A. Estey, Business Cycles, segunda edición, New York: Prentice Hall, 1950, p. 241).]
Finalmente deseo hacer comentar acerca de la impresión de que los austriacos y concretamente Hayek (así como Lord Robbins) abogaron por no hacer nada durante la recesión en el ciclo de los negocios. Se ha dicho que promovieron una actitud destruccionista en el contexto de la baja del ciclo económico, siguiendo una visión Schumpeteriana [del economista Joseph A. Schumpeter, a quien, como indiqué anteriormente, algunos lo incluyen dentro de la escuela austriaca], el cual señaló que “El impulso fundamental que define y mantiene en movimiento a la máquina capitalista proviene de nuevos consumidores, nuevos bienes, los nuevos métodos de producción o de transporte, los nuevos mercados, las nuevas formas de organización industrial que crean las nuevas empresas capitalistas… Este proceso de Destrucción Creativa es el hecho esencial acerca del capitalismo. Es aquello en que consiste el capitalismo y en lo que debe vivir cualquier interés capitalista…” (Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper, 1975, p. p. 82-83).
De hecho la norma que Hayek propuso no era la de ser pasivo ante una contracción de la economía y dejar que se diera una serie de quiebras originadas por un incremento en la demanda de dinero o por una disminución de su oferta, sino propuso lograr la estabilización del ingreso nominal; esto es, de la “actividad económica”. Tal como los economistas austriacos (por supuesto que Hayek entre ellos) explican la caída en el ciclo económico y la necesidad de una recesión que corrija la asignación de recursos provocada por la expansión crediticia del Banco Central, no significa que se acepte una caída de la actividad económica a causa de una reducción de la oferta monetaria. Hayek señaló que la obligación de un Banco Central era la de “compensar tanto como fuera posible los efectos de cambios en la demanda de activos líquidos sobre la cantidad total del medio circulante.” En dos palabras, debería compensar los aumentos en la demanda de dinero mediante incrementos en la oferta monetaria. (Friedrich A. Hayek, Monetary Nationalism and International Stability, Londres: Longmans, Green, 1937, p. 84).
[Tal como indica Lawrence White, “Las teoría de Hayek acerca del ciclo de los negocios le condujo a la conclusión de que el precio de equilibrio intertemporal es mejor mantenido en una economía monetaria mediante una constancia del ‘flujo monetario total;’ o, en términos Fisherianos, del stock de dinero multiplicado por su velocidad de circulación, MV. Hayek era claro acerca de sus recomendaciones sobre políticas: el stock de dinero M debería variar para compensar cambios en la velocidad de circulación del dinero V, pero debería mantenerse constante en ausencia de variaciones en V. De acuerdo con ello, lamentó la reducción de M debido al retiro del público de reservas monetarias de los bancos (tal como había sucedido en 1929-33), señalando Hayek (Ibídem, p. 82) a esa “más que perniciosa característica de nuestro sistema actual: específicamente que un movimiento hacia tipos más líquidos de dinero causa un descenso efectivo en la oferta total de dinero y viceversa.” Lawrence H. White, Did Hayek and Robbins Deepen the Great Depression? en Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 40, No, 4, junio del 2008, p. 755.]
Al igual que en su momento argumentaron los monetaristas (Ver Friedman & Schwartz, Op. Cit., p. 4), los austriacos, y concretamente Hayek, al igual que Robbins, no proponen abandonar la expansión monetaria en una recesión, sino hacer compensar cualquier variación (aumento) de la demanda de dinero. Hayek no proponía un “destruccionismo” a la Schumpeter, sino conducir la oferta de dinero sin expandir artificialmente el crédito mediante un aumento de la oferta monetaria, pues eso solo da lugar a que surja un nuevo ciclo. Lo importante para Hayek era mantener estable el nivel nominal de ingreso y gasto de la economía.
Concluyo incitando a una reflexión del amigo lector con un comentario que se transforma en una pregunta: La reciente crisis de la economía norteamericana puede tener su origen en la política expansionista de la oferta monetaria que prosiguió el Banco de Reserva Federal, a fin de aumentar el crédito a través de una reducción de la tasa de interés. Así, en el 2000-2001, bajo el mandato de Alan Greenspan, la FED redujo la tasa de interés casi a cero a raíz de la caída de la burbuja de las llamadas punto com. Esto puede haber estimulado que se invirtiera en proyectos de inversión no deseables, como las llamadas hipotecas sub-prime, que han provocado la subsecuente crisis que estamos viviendo. Me pregunto, ¿acaso nuestro Banco Central no siguió una política expansionista similar cuando, a fin de evitar la entrada la entrada de dólares en momentos en que en la economía nacional abundaban estos y apuntaban hacia una revaluación del colón, llevó la tasa básica de interés, en enero del 2008, a un 4.25% y que un año antes habían sido cercanas a un 12% y sin que hubiera cambiado el panorama inflacionario de la economía? ¿Tendremos nuestro propio ciclo austriaco aunado al que proviene de los Estados Unidos? Ahí se lo dejo para que lo pensemos.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:25
2008-12-31-OBJECIONES AL CICLO AUSTRIACO DE LA ECONOMÍA

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COLUMNA LIBRE: OBJECIONES AL CICLO AUSTRIACO DE LA ECONOMÍA

Boletín de ANFE, 31 de diciembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 256-266.

Quiero comentar acerca de algunas objeciones formuladas a la visión austriaca del ciclo de los negocios, pues es conveniente, como buenos liberales, atender las observaciones que de buena fe se plantean en torno a una apreciación que se pueda tener sobre una realidad infinitamente compleja. Así es como avanza la teoría; así es como evoluciona la ciencia y para ello es primordial hacerlo en el marco de la libertad de pensamiento. En éste, al igual que en la Columna Libre del mes anterior, algunas partes complejas para el lector no familiarizado con temas económico-financieros se incorporan entre corchetes o paréntesis cuadrados. Su omisión de lectura no demerita el propósito de este ensayo.

Resumo lo que se denomina como el ciclo austriaco de los negocios, a sabiendas de que la explicación austriaca es mucho más profunda de lo que expreso (incluso de lo expuesto en mi Columna Libre anterior). Al expandir el crédito el Banco Central se produce una reducción de la tasa de interés de mercado, lo cual estimula un crecimiento de la inversión. Sin embargo, a esta nueva tasa de interés surge una divergencia entre una mayor inversión deseada en la economía y el ahorro que en esa economía se decide formar. Ese incremento en la inversión inducido por la menor tasa de interés no es sostenible dado que el ahorro de la economía no ha variado; esto significa que el crecimiento del ciclo económico terminará por experimentar una caída, pues, al invertir más los empresarios como resultado de la baja artificial en la tasa de interés, demandarán más recursos productivos de los disponibles en la economía, provocando un incremento de los precios de los bienes y servicios.
Para los economistas austriacos este aumento de la cantidad de dinero en circulación, medio que el Banco Central usa para expandir el crédito, ocasiona un incremento en los precios absolutos y también variaciones en los precios relativos, lo cual tiene un efecto sobre la estructura de la producción.

Para entender lo que sucede luego, recuérdese el énfasis que los austriacos hacen sobre una estructura de la producción caracterizada por una gama de bienes producidos a una relativamente mayor o menor distancia (en el tiempo) de aquellos bienes de consumo. Por ejemplo, la producción de bienes de capital o de materias primas o los proyectos de diseño y la construcción de equipos están muy lejos de los bienes finales de consumo. Al contrario, actividades económicas como el comercio minorista o mayorista y el transporte final, se hayan muy cerca de la actividad terminal de consumo. Tener presente el concepto de estructura de la producción es importante para responder a objeciones formuladas a la apreciación austriaca sobre el ciclo económico.

Al expandir el crédito el Banco Central, ocasiona una caída en la tasa de interés de mercado, pero la tasa natural de interés –la que define la formación de ahorros de las personas- no ha variado y, por tanto, significa que no decidirán ahorrar más para financiar la expansión de la inversión mencionada.

Al bajar la tasa de interés de mercado hay un estímulo para llevar a cabo proyectos que anteriormente, a la tasa previa de interés de mercado, no eran rentables. Ahora sí resultan serlo. Pero, entre más distante sea la producción de otros bienes de la de bienes de consumo, mayor será el estímulo para invertir en los primeros, pues lo importante es el rendimiento de la inversión a través del tiempo y la tasa de interés de mercado, que permite comparar costos presentes con la inversión inicial, ahora se ha reducido artificialmente por la acción del Banco Central. Esta medida favorece relativamente más a los proyectos intensivos en capital y que estén más alejados en el tiempo de la producción de bienes destinados al consumo final.

El problema está en que hay una discordancia entre la nueva estructura de la producción, ahora estimulada por la menor tasa de interés de mercado, y la preferencia hacia el consumo (ahorro) de las personas, la cual no ha variado por la decisión del Banco Central. Esta inconsistencia termina en una crisis.

La expansión monetaria del Banco Central provoca un aumento en la demanda de bienes de capital y con ella se incrementa la demanda de factores productivos usados en su producción, específicamente del factor trabajo, por lo que sus salarios en el sector productor de bienes de capital aumentarán en comparación con aquellos pagados en el sector de bienes de consumo. Habrá una emigración de trabajadores de este último sector hacia el primero. Pero, al bajar la oferta de trabajadores en el sector de bienes de consumo, aumentan sus salarios y, por ende, en el costo de los bienes, lo cual provoca que el consumo de esos bienes se reduzca y, por lo tanto, que aumente el ahorro.

Por su parte, los mayores salarios en el sector de bienes de capital provocan que aumente la demanda de bienes finales y, por tanto, de los precios.

Al elevarse los precios de los bienes finales, se busca aumentar su producción lo que requiere mayor demanda de trabajadores, que sólo puede provenir de quienes laboran en el sector de bienes de capital. Ante estas demandas en conflicto por el factor trabajo, los inversionistas, estimulados por la decisión del Banco Central de expandir el crédito, no podrán continuar con las inversiones que se habían propuesto llevar a cabo. El alza del ciclo se hace insostenible y se presenta una caída de la actividad económica, hasta que haya una reestructuración de la producción que sea compatible con las preferencias de consumo (y ahorro) de la economía.

En un artículo publicado en la revista Slate, el 12 de marzo de 1998, Paul Krugman se refiere a la teoría austriaca del ciclo económico como “la teoría de la goma o la resaca” (hangover, en inglés), al señalar que es “la idea de que las caídas son el precio que pagamos por las alzas, que el sufrimiento que una economía experimenta durante una recesión es el castigo debido por los excesos de la expansión previa.” En opinión de Krugman, “las recesiones no son consecuencias necesarias de las alzas”, y que las primeras deberían ser combatidas mediante una “liberalidad en vez de una austeridad”, pues el liquidacionismo (dejar que las empresas ineficientes se liquiden a fin de liberar los recursos productivos que se usarían en nuevas empresas) tuvo que ver mucho con que la Gran Depresión durara mayor tiempo del necesario.

No hay duda de que Krugman -usual en él- intenta denigrar el planteamiento que sobre los ciclos han formulado los economistas austriacos, pues el que un alza en el ciclo sea proseguida por una caída suele formar parte de diversas teorías sobre el ciclo, como es el caso tanto de la neoclásica como de la monetarista.

[Así por ejemplo, refiriéndose a Friedman, escribe Brian Doherty, “el dinero nuevo en la economía le da a los empresarios la impresión equivocada de que hay una demanda mayor de su producto concreto, conduciéndolos a incrementar su producción y emplear más gente. Este es el empuje inicial que hace de la inflación una droga irresistible para los políticos. Pero, después de un rato, la gente se da cuenta de que no existía un incremento real de la demanda de su producto en relación con todos los otros productos; la aparente demanda extra era realmente el resultado de más dinero en las manos de la gente.” (Brian Doherty, The Life and Times of Milton Friedman: Remembering the 20th Century’s Most Influential Libertarian, Reasonline, marzo del 2007, en www.reason.com/news/show/118494.html).]

[“La comparación de las viejas teorías austriacas con las nuevas clásicas se facilita mejor permitiendo que la Teoría del Equilibrio del Ciclo de los Negocios (TECN) se refiera a aquéllas en las cuales (a) los individuos hacen el mejor uso de la información que tengan disponible y (b) una deficiencia de información temporalmente disfraza las intervenciones de la autoridad monetaria. Tal como expuso Robert Lucas (1981), Robert Barro (1981) y otros, la TECN así desarrollada explica los ciclos económicos en términos de las acciones de los participantes en el mercado, confrontados con lo que se ha llegado a conocer como un problema de extracción de las señales. Las dificultades para interpretar las señales de precios durante una expansión monetaria también yacen en la raíz de la Teoría Austriaca del Ciclo de los Negocios (TACN), tal como la introdujo Ludwig von Mises (1953) y desarrollada por Friedrich Hayek (1967)… Si los modelos TECN fueran tomados al pie de la letra, las diferencias substantivas entre estos modelos y la teoría austriaca serían fáciles de identificar. En sus formulaciones básicas (por ejemplo, Barro, 1981, p. p. 80-83 y Hayek, 1967, p. p. 69-100), la respuesta inicial de los participantes en el mercado toman la forma de un aumento en los servicios laborales en respuesta a precios de la producción nominalmente elevados (en el modelo TECN); y de una restructuración de un capital inherentemente insostenible, en respuesta a una tasa de interés artificialmente reducida (en el TACN). La respuesta subsecuente toma la forma de una reversión al nivel inicial de los servicios laborales (en el modelo TECN) y de una liquidación, que toma tiempo, del capital mal-invertido (en el TACN). Si estas diferencias fueran las que esencialmente separaran al TECN del TACN, entonces las dos teorías podrían verse correctamente como variaciones sobre un mismo tema.” (Roger W. Garrison, Review of Austrian Economics, Vol. No. 1, 1991, p. p. 93 y 94).]

Dice una de las objeciones de Krugman a la concepción austriaca del ciclo de los negocios: “He aquí el problema: en un asunto de simple aritmética, el gasto total de la economía es necesariamente igual al ingreso total (cada venta es también una compra y viceversa). De manera que, si la gente decide gastar menos en bienes de inversión, ¿no significa eso que deben estar decidiendo gastar más en bienes de consumo –implicando eso que una caída en la inversión debe siempre ser acompañada por un alza correspondiente en el consumo? Y si así lo fuera, ¿debería darse un aumento en el desempleo?” (Krugman, Op. Cit.).

Hay un error en esta apreciación de Krugman, pues no hay razón para pensar que, ante una caída en la inversión, se vaya a dar un aumento en la producción de bienes de consumo. Lo que sí sucede es que el gasto en los bienes de consumo bien puede haber aumentado, pero no su producción. Se presenta un aumento en los precios de los bienes de consumo, pero no en la producción de ellos. También hay otra posibilidad que Krugman no considera y es que la caída en la inversión puede no haber provocado un traslado hacia el gasto en bienes de consumo, si esa caída es acompañada por una contracción de la cantidad de dinero (del crédito) por parte del Banco Central, el cual decide revertir la reducción previa de la tasa de interés. Con esta reversión desaparece el estímulo para invertir inicialmente provocado sin que tenga alguna incidencia de un traslado hacia el consumo.

Krugman señala a los austriacos y dice que “nadie ha podido explicar por qué las malas inversiones del pasado requieren que haya desocupación de los buenos trabajadores de la actualidad”. (Krugman, Op. Cit.). Esto lo explican los austriacos con base en su premisa de la complementaridad en el uso de los bienes de capital. Tal como se explicó en el boletín anterior, “esencialmente el capital es heterogéneo; es decir, no es fácilmente sustituible sino que más bien presenta características de complementariedad en su utilización. Esta especificidad en la naturaleza del capital no permite que haya una fácil transferencia de una actividad de negocios hacia otra.”

Esto es, la decisión del Banco Central de reducir las tasas de interés de mercado provocó que se invirtiera una cantidad significativa de recursos que se encuentran amarrados en proyectos intensivos en capital y con una larga duración para que maduren.

Al darse una caída en el ciclo, los “buenos trabajadores” quedan sin ocupación porque no hay suficiente capital con el cual trabajar, dado que éste se dirigió inicialmente -y de manera artificial por la baja de la tasa de interés que hizo el Banco Central- hacia la producción de bienes más alejados del consumo, tal como explicáramos anteriormente. Pero ante la caída éstas inversiones a largo plazo no pueden completarse, dada la insuficiencia de ahorro generado en la economía para satisfacer sus requerimientos de capital. Lo que Krugman omite es que, cualquier proceso de reajuste en la estructura productiva toma tiempo y durante éste la demanda de mano de obra es baja, lo cual se refleja en desempleo. No sólo es difícil suponer que en la economía se tiene una flexibilidad instantánea total a la baja en los salarios, de manera que pueda absorber la misma oferta de trabajo, sino que también hay que tomar en cuenta que no existe una movilidad de mano de obra casi infinita, tal que permita realizar el ajuste sin haya un desempleo temporal. El reajuste en la estructura de la producción toma tiempo y durante éste, lamentablemente, se presenta la desocupación.

Una crítica a la teoría austriaca del ciclo de negocios esta vez no proviene de Krugman, sino de Gordon Tullock y de Bryan Kaplan (ver Gordon Tullock, Why the Austrians are Wrong About Depressions, The Review of Austrian Economics, Vol. 2, No. 1, 1987) y Bryan Kaplan, Why I Am Not An Austrian Economist, www.gmu.edu/departments/economics/bcaplan/whyaust.htm).

Kaplan dice expone “la objeción {a la interpretación austriaca del ciclo de los negocios}: Dado que las tasas de interés son artificial e inusualmente bajas {por la política expansionista del Banco Central}, ¿por qué el empresario basaría sus cálculos de rentabilidad en el supuesto de que las tasas de interés prevalecerían indefinidamente? No, lo que sucedería es que los empresarios se darían cuenta de que las tasas de interés sólo son temporalmente bajas, y tomarían esto en cuenta.” (Bryan Kaplan, Op. Cit.; los textos entre llaves son míos; el texto en cursiva es del autor).

[Por su parte. Tullock señala que “Uno pensaría que los hombres de negocios pueden ser inducidos al error en las dos primeras rondas del ciclo de Rothbard y no anticipar que la tasa de interés luego aumentará. Parece poco factible que continúen siendo incapaces de figurarse esto. Normalmente, Rothbard y los otros austriacos exponen que los empresarios son bien informados y hacen juicios correctos. Como mínimo uno asumiría que un empresario bien informado sobre asuntos importantes que tengan que ver con los negocios leerían a Mises y a Rothbard y, por tanto, anticiparían la acción del gobierno.” (Gordon Tullock, Op. Cit., p. 73)].

En resumen, ambos críticos de la teoría austriaca del ciclo de los negocios arguyen que los empresarios son lo suficientemente listos como para no ser engañados por la política crediticia expansiva y engañosa del Banco Central, de bajar las tasas de interés del mercado cuando no es el resultado del libre mercado. “Si esta crítica fuera cierta, la teoría austriaca del ciclo de los negocios está equivocada en cuanto a su conclusión de qué es lo que causa el ciclo de alza y luego de baja.” (Bryan J. Stanley, Why Don’t Entrepreneurs Outsmart the Business Cycle? Ludwig von Mises

Institute, Artículo Diario del 28 de agosto del 2007).

Estas críticas se ven plausibles a simple vista, pero lo cierto es que los empresarios son individuos que se ven afectados por esas distorsiones en las señales que perciben el mercado, pues se les dificulta distinguir cuando, por ejemplo, hay una variación real en los precios relativos y cuando se trata de un simple incremento inflacionario de la generalidad de los precios. Tal como dice Stanley, “el meollo del asunto es que la intervención del Banco Central causa confusión y aumenta el riesgo en las tomas de decisiones en comparación con lo que sería en un medio ambiente de libre mercado.

Tal como dice la teoría Austriaca del Ciclo de los Negocios, ocasiona que los empresarios cometan racimos de errores.” (Stanley, Ibídem).

Garrison explica diversas razones por las cuales estos argumentos en contra de la teoría austriaca de los negocios no son plausibles. En primer lugar, señala que para algunos empresarios (no todos) podría haber una buena oportunidad de negocios si se realiza la inversión ante la baja inducida de la tasa de interés, aún cuando supieran que, en cierto momento, terminaría por provocar grandes pérdidas generalizadas al revertirse la expansión del ciclo. “Puede ser rentable mal-asignar los recursos productivos en respuesta a un precio distorsionado, siempre y cuando los recursos sean vendidos antes de la caída del ciclo. Discutir que la expectativa de dicha caída eventual prevendría la materialización del alza es análogo a discutir que una expectativa similar con respecto a una cadena {en inglés, chain letter; algo similar sería con el llamado esquema de Ponzi, tan de moda actualmente) evitaría que se iniciara dicha cadena. (Roger W. Garrison, Hayekian Trade Cycle Theory: A Reappraisal, Cato Journal, Vol. 6, No. 2, Otoño de 1986, p. 446. El texto entre llaves es mío).

En segundo lugar, señala Garrison, aún si todos los participantes en el mercado conocieran el ciclo de alza seguido de una crisis, no tienen forma de corregir exactamente las distorsiones monetarias inducidas por el Banco Central. Siguiendo conceptos desarrollados por Hayek (Friedrich A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society, Individualism and Economic Order, Chicago: The University of Chicago Press, 1945, p. p. 77-91), el empresario que participa en un mercado no posee un conocimiento de la realidad tal que le permita separar lo real de lo nominal; lo que él observa son los precios nominales y su manipulación, en este caso por el Banco Central con la tasa de interés, le induce al error. Uno puede esperar que el empresario tenga conocimiento de circunstancias particulares en un momento y lugar concretos, pero no de un conocimiento de cómo es que funciona un sistema económico; esto es, un conocimiento de la estructura de producción de la economía. Por ello, son inducidos a comportarse como si conocieran la estructura de la economía en función de los precios que observan en el mercado, pero no es de esperar que, con el conocimiento efectivo que tengan de la estructura de la economía, estén en capacidad de corregir aquellas distorsiones de los precios inducidas por las políticas monetarias.

Tal vez para entender con mayor claridad este punto, convenga referirse a un buen ejemplo que presenta Garrison, basado en Hayek. Para éste, “debemos mirar al sistema de precios como un mecanismo para comunicar la información si es que queremos entender su función real… El hecho más importante acerca de este sistema es la economía de conocimiento con el cual opera o de qué tan poco necesitan los participantes individuales para poder tomar la decisión correcta. En forma abreviada, por un tipo de símbolo, tan sólo se pasa la información más esencial y tan sólo a aquellos a quienes les interesa.” (Friedrich A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” en Chiaki Nishiyama y Kurt Luebe, editores, The Essence of Hayek, Stanford: The Hoover Institution, 1984, p. 219).

Garrison agrega, “Aquí la analogía entre un sistema de precios y una red de comunicaciones puede ser llevada más allá: Saber que una señal está siendo interferida no es lo mismo que saber cómo es una señal sin interferencia. Durante una expansión monetaria, por ejemplo, el precio del mineral de hiero puede aumentar en un 8 por ciento. Este aumento del 8 por ciento puede consistir de un incremento del 2 por ciento en el precio real del mineral de hierro (debido a cambios coincidentes en los factores reales subyacentes) además de un incremento del 6 por ciento inducido por la emisión monetaria. O bien puede resultar de alguna otra combinación de cambios reales y de cambios inducidos por la expansión monetaria cuyas sumas algebraicas sea de un 8 por ciento. Posiblemente el supuesto más plausible que los participantes en el mercado pueden hacer es que no ha habido cambios en los factores reales subyacentes desde que se inició la expansión monetaria. Una actividad económica que se base en este supuesto es análoga a hacer una ‘estimación’ con base en la más reciente señal no interferida. Después de un período prolongado de manipulación monetaria, la economía bien podría encontrarse a sí misma considerablemente fuera de curso. Los reajustes que sobrevendrían se conformarían ampliamente –si no es que hasta en los pequeños detalles- con aquellos que Hayek originalmente previó {que las señales de precios falsificadas por la manipulación monetaria creaban las bases para la descoordinación económica}.” (Roger W.

Garrison, Hayekian Trade Cycle Theory: A Reappraisal, Op. Cit., p. p. 446- 447. El texto entre llaves es mío).

Como tercer contra-argumento, Garrison indica que, ante una medida tal como la tomada por el Banco Central de reducir arbitrariamente la tasa de interés, cada uno de los participantes en el mercado tiene una visión distinta acerca de cuál es la parte real y cual la monetaria de la variación en el precio observado. Esto hace que la conducta de los individuos con base en esas distintas percepciones se traduzca en una descoordinación de la actividad económica. (Roger W Garrison, Ibídem, p. 447).

Espero que estos comentarios ayuden en la comprensión de la visión de los economistas austriacos acerca del ciclo económico.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:37
2009-01-31-CONTRAPUNTO AL EDITORIAL UN GRAN PLAN NACIONAL

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CONTRAPUNTO AL EDITORIAL “UN GRAN PLAN NACIONAL”

Por Jorge Corrales Quesada

Diversos comentarios podría hacer a dicho editorial, pero el espacio exige concentrarme en la propuesta de “intensificar el desarrollo de obra pública”, en donde las municipalidades tendrían un papel relevante.

El estado cumple una función social de proveer al país de la infraestructura necesaria, pero mediante concesiones al sector privado, en que el costo se sufrague por el usuario y no por la colectividad como un todo. No debe confundirse este papel a largo plazo con el posible empleo en infraestructura pública para compensar un nivel insuficiente de empleo, el cual es más inmediato.

Este esfuerzo debe ser por una vez y no crear una nueva estructura burocrática a largo plazo; por eso es atinada la idea de hacer contratos temporales. Segundo: es necesario concentrarse en actividades que usan mano de obra intensivamente, en contraste con, por ejemplo, represas, puertos o similares, que son capital-intensivas. Tercero: el proyecto debe ser para la fuerza laboral desempleada resultado de la recesión; no debe darse incentivos que estimulen la entrada al país de excedentes de mano de obra externa, atraídas por seguros de desempleo o por un empleo indiscriminado en infraestructura.

Propongo concentrarse en dar mantenimiento a las hoy abandonadas vías urbanas y caminos rurales, que depende de gobiernos municipales, mejor capacitados para emplear mano de obra local temporalmente desocupada. Bajo fuerte vigilancia de las comunidades, el esfuerzo sería intenso este año (en que sería mayor el impacto en el desempleo) y continuaría de forma reducida pero que frene el deterioro hoy observado en tales vías.

Asimismo, propongo estimular el empleo productivo en el sector privado con una reducción de sus costos tributarios para que pueda invertir más, al igual que aumentar la flexibilidad del mercado laboral para mantener y hasta incrementar los puestos de trabajo.

Elisa
14/05/2012, 17:39
2009-01-31-SOMOS AHORA TODOS KEYNESIANOS

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COLUMNA LIBRE: ¿SOMOS AHORA TODOS KEYNESIANOS?

Boletín de ANFE, 31 de enero del 2009. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 267-291.

Pues, yo no. Por muchas razones. Empezaré por comentar las propuestas que, en momentos de la Gran Depresión, formuló John Maynard Keynes acerca de algo primordial en el pensamiento liberal: su creencia en el libre comercio. Los aficionados al pensamiento económico tenemos muy claro que, mediante el intercambio voluntario de bienes o servicios, los individuos que lo practican ganan (al menos no pierden) efectuando la transacción. Esa premisa fundamental de la economía –las ganancias del intercambio comercial- parte de la división del trabajo y de la especialización que conlleva en producir ciertos bienes. Importa señalar que conceptualmente este claro beneficio individual es fácilmente extendible tanto a las familias, las comunidades, los pueblos como a las naciones.

Keynes fue, en un momento dado, un claro convencido de las bondades derivadas del libre comercio internacional. Inicio mi análisis citando una referencia suya que aparece en el libro de Douglas A. Irwin, Against the Tide: An intellectual history of free trade (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996) –libro en que ampliamente me baso para presentar mis argumentos sobre el tema (las referencias aquí indicadas de opiniones de Keynes sobre comercio internacional las he obtenido de citas incluidas en este libro de Irwin).

La primera cita de 1923 muestra a un Keynes como claro proponente del libre comercio. Dice,

“En tanto la decisión dependa de nosotros, debemos adherirnos al Libre Comercio en su interpretación más amplia, como a un dogma inflexible al cual no se le admite excepción alguna. Debemos adherirnos a ello aún cuando no recibamos reciprocidad de tratamiento y aún en aquellos casos raros en los cuales, infringiéndolo, podemos de hecho obtener una ventaja económica directa. Debemos adherirnos al Libre Comercio como un principio de moral internacional y no meramente como una doctrina de ventaja económica.” (John Maynard Keynes, The Collected Writings of John Maynard Keynes, editado por Elizabeth Johnson y Donald Moggridge, Londres: Macmillan for the Royal Economic Society, 1971-1989 [y de ahora en adelante referido sólo como Collected] y en Irwin, Op. Cit., p. 187).

A este viejo liberal le emocionan esas palabras del Keynes de 1923, pero, pocos años después, se alejaría gradualmente de ese “fundamentalismo liberal” que algunos malquieren.

En 1928 escribió:
“El caso en favor del libre comercio debe sustentarse en el futuro y no en los principios abstractos del laissez-faire, que ahora pocos aceptan, sino en la experiencia propiamente dicha y en las ventajas de dicha política.” (Collected, XIX, 729-730 y en Irwin, Op. Cit., p. 190).

Ahora dice ser pragmático y, en el caso del libre comercio, está a favor de él no por razones abstractas sino prácticas y en cuanto resulte ser ventajoso.

En 1930, en medio de un desempleo elevado en Inglaterra, Keynes propuso usar aranceles a las importaciones para aumentar el empleo total al no haber una utilización plena de la mano de obra. Así lo indica en su obra Un Tratado sobre el Dinero (A Treatise on Money y de ahora en adelante tan sólo Tratado) y citado en Collected, VI, 162-69 y en Irwin, Op. Cit., p. 190.

Una devaluación de la libra frente al oro podría corregir un tipo de cambio mal ajustado y restaurar el equilibrio en la balanza de pagos; sin embargo, Keynes consideró que el Banco de Inglaterra no aceptaría devaluar la libra, caso en que optaría por seguir una política monetaria deflacionaria, a fin de lograr el ajuste requerido. Sin embargo, la presión sindical impediría una política que redujera los salarios nominales, de manera que la restricción monetaria sólo lograría reducir los precios y no los costos laborales, lo cual provocaría pérdidas en los negocios y un aumento del desempleo. Ante esta creencia de Keynes sobre el rumbo que seguiría en esa época el Banco de Inglaterra, expuso en el Tratado que

“creía que las resistencias a una deflación severa del ingreso… siempre han sido muy fuertes. Pero en el mundo moderno de sindicatos organizados y de electorados proletarios son abrumadoramente fuertes.” (Collected, VI, 164 y en Irwin, Op. Cit., p. 191).
Por eso Keynes propuso utilizar aranceles para estimular la demanda interna que permitiera disminuir el desempleo:

“He llegado al punto de vista de que también hay campo para aplicar algún método útil que establezca precios diferenciados entre bienes domésticos y bienes importados.” (Collected, VI, 169 y en Irwin, Op. Cit., p. 192)

A inicios de la Gran Depresión, en 1930, Keynes formuló diversas propuestas para aumentar la producción y el empleo y, de nuevo, consideró que el Banco de Inglaterra no devaluaría, que los sindicatos impedirían una caída de los salarios nominales, que no era fiscalmente posible subsidiar la inversión privada, que aumentos en la productividad eran lentos en darse, que una expansión monetaria coordinada de los principales bancos centrales no era posible por razones institucionales, lo cual dejaba sólo dos opciones viables de política económica: una, dar incentivos a la inversión doméstica y , la otra, poner un arancel que aliviara la recesión, si bien no la endosó.

Ya en julio de 1930 y viendo que la recesión se profundizaba y que el gobierno no tomaba medida alguna, Keynes, aunque receloso, habló de poner aranceles. Así, escribió que,

“Con renuencia me fui convenciendo de que se deberían introducir algunas medidas proteccionistas.” (Collected, XX, p. 378 y en Irwin, Op. Cit., p. 193).
En 1931 Keynes señaló tres medidas concretas para reactivar la economía y bajar la desocupación: (1) devaluar, pero eso minaría la confianza en los mercados financieros de Londres; (2) reducir los salarios, pero ello

“con seguridad conduciría a la injusticia social y a la resistencia violenta… Por estas razones una política de contracción, que fuera lo suficientemente drástica como para servir de algo, podría ser sumamente impráctica.” (Collected, IX, p. 235 y en Irwin, Op. Cit., p. 195).

Y (3) introducir aranceles, pues propuso:

“un impuesto a la importación del 15% a todos los bienes manufacturados y semi-manufacturados sin excepción, en tanto que se exoneraría del gravamen a las materias primas… En tanto conduce a la sustitución de bienes previamente importados por producción doméstica, incrementará el empleo de este país.” (Collected, IX, p. 231 y 237 y en Irwin, Op. Cit., p. 195).

Si bien Keynes consideró que imponer aranceles no era la mejor medida para estimular la producción y disminuir el empleo, la apoyó como una manera práctica de recuperar la economía.

A fines de 1931 Keynes consideró que el caso en favor del libre comercio era minado por la ausencia de flexibilidad en los salarios a la baja, tal que permitiera el ajuste requerido. Por ello, escribió que
“Si bien el libre comercio combinado con una gran movilidad de las tasas de salarios es una posición intelectual respetable… presenta un problema de justicia en cuanto a que muchos tipos de ingresos monetarios (salarios) están protegidos por contratos y no pueden variarse.” (Collected, XX p. 490 y 496 y en Irwin, Op. Cit., p. 195)

Y, ante la crítica de que con su propuesta lograba sólo barajar el empleo desde un sector de la economía hacia otro, sin aumentar el empleo total de la economía, arguyó que

“Cuando un librecambista señala que un arancel no puede incrementar el empleo sino que tan sólo lo desvía de una industria hacia otra, tácitamente está suponiendo que un hombre que pierde su empleo en un lado va a reducir el salario que está dispuesto a aceptar hasta que encuentre empleo en otro rumbo… en las circunstancias actuales (eso) es un completo sin sentido.” (Collected, XX, p. 117 y en Irwin, Op. Cit., p. 196).

Para Keynes el libre comercio era recomendable cuando la economía estaba en condiciones de pleno empleo o poseía la flexibilidad del caso para el ajuste necesario, pero en situación de desempleo no era la política correcta, pues en ese caso la opción era entre producir algo o producir nada.

En esos momentos muchos economistas se opusieron a la tesis de Keynes acerca del arancel (entre ellos, Lord Robbins. William Beveridge, T. E. Gregory, Arnold Plant y John R. Hicks), y abogaron en favor del libre comercio, pero los hechos hicieron que el debate se cortara, pues el supuesto de Keynes de que Inglaterra no devaluaría –que era mejor alternativa que erigir aranceles- dejó de cumplirse en setiembre de 1931.
Ante ello, Keynes escribió que

“Hasta hace poco estaba urgiendo a los Liberales y a otros acerca de la importancia de aceptar un arancel general como medio de mitigar los efectos del desequilibrio obvio entre los costos monetarios domésticos y del exterior… (ahora) han dejado de ser urgentes las propuestas para una protección elevada.” (Collected, IX, p. 243 y 245 y en Irwin Op. Cit., p. 198).

Su pleno apoyo al mercantilismo se encuentra en el Capítulo 23 de su obra clásica La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (The General Theory of Employment, Interest and Money), que, en resumen, cuestiona la capacidad
conceptual del laissez-faire de lograr un equilibrio con pleno empleo; específicamente, que la tasa de interés y el nivel de inversión se ajustaban a un nivel óptimo en cuanto al empleo y la producción. Sin embargo, su planteamiento en favor de aranceles continuaba siendo adecuado para circunstancias especiales, si bien no como un caso general. Se podría decir que, hasta ese momento, Keynes continuaba apreciando los beneficios derivados del comercio internacional y su propuesta para introducir un arancel era más bien resultado de una enorme preocupación y de un intento por restaurar el equilibrio de la economía y de promover su recuperación, más que por alguna razón fundamental por la cual los mercados libres fracasaban en restaurar dicho equilibrio.

Sin embargo, Keynes mostró algo más además de la conveniencia del arancel para salir de la crisis, pues su planteamiento acerca de la inamovilidad de los factores y la inflexibilidad a la baja de sus precios, así como una insuficiencia de la demanda agregada, cuestionaron la posibilidad de lograr una situación de equilibrio con pleno empleo, tal como hasta entonces era el criterio casi generalizado de los economistas.
Como expresa Irwin,

“Keynes irrecuperablemente estableció la idea de que los aranceles y otras
restricciones a las importaciones eran opciones razonables a la cuales acudir en el arsenal de políticas destinadas a mantener el pleno empleo de la actividad económica.” (Irwin, Op. Cit., p. 201)

El economista John R. Hicks escribió en 1951 que.
“El libre comercio ya no es aceptado más por los economistas, aún como un ideal, en la forma en que solía serlo… la preponderancia de la opinión económica ya no es más tan segura como lo era del lado del libre comercio.” “El hecho principal que ocasionó que tanta opinión liberal en Inglaterra perdiera su fe en el libre comercio, fue la impotencia del viejo liberalismo ante el desempleo masivo y la posibilidad de usar las restricciones a las importaciones como un elemento en un programa activo para luchar contra la desocupación… Fue esto, tan solamente, lo que condujo a Keynes a abandonar su creencia previa en el libre comercio.” (John R. Hicks, “Free Trade and Modern Economics,” en Essays on World Economics, Oxford: Clarendon Press, 1959, p. 41-42 y 48 y en Irwin, Op. Cit., p. 202).

Con el paso del tiempo el argumento expresado por Keynes a favor de restricciones a las importaciones fue relegado a un conjunto de circunstancias muy restringidas, en las cuales sí podría tener algún grado de preferencia frente a otras opciones mejores.
Por ello interesa destacar que, tal como se expuso anteriormente, Keynes a inicios de los años 30s propuso utilitariamente imponer un arancel ante la supuesta oposición inglesa a devaluar, pero en la actualidad tal oposición a esa política ha variado, pues analíticamente se prefiere la flexibilidad en los tipos de cambio a la introducción de aranceles como forma de obtener el ajuste externo requerido. Baste citar los trabajos de Sidney Alexander (“Devaluation versus Import Restrictions as an Instrument for Improving the Foreign Trade Balance,” IMF Staff Papers, abril de 1951) en donde muestra que una devaluación es más eficiente que un arancel, pues la primera política varía tanto los gastos domésticos como los externos hacia la producción doméstica de bienes, mientras que la segunda tan sólo trasladaría la demanda doméstica hacia la producción doméstica.

También está la obra de Friedman (Milton Friedman, “The Case for Flexible Exchange Rates,” en Essays on Positive Economics, Chicago: The University of Chicago Press, 1953), quien asevera que

“En principio, los controles directos sobre las importaciones, las exportaciones y los movimientos de capitales podrían lograr los mismos efectos sobre el comercio y la balanza de pagos que las variaciones en los tipos de cambio o en los precios e ingresos internos… Es claro, sin embargo, que los cambios en las importaciones y las exportaciones y en las transacciones de capital que se requieren no pueden ser predichas; el hecho de que cada nueva crisis cambiaria en un país como Inglaterra fuera vista como un rayo que cae del cielo, es una evidencia amplia de esta proposición. Aún si fuera posible predecirlas, el control directo de las importaciones, exportaciones y transacciones de capital por técnicas diferentes a las del sistema de precios, necesariamente significa extender tal control a muchos asuntos internos e interferir con la eficiencia de la distribución y la producción de bienes…” (Friedman, Op. Cit., p. p. 168-169).

También está el trabajo de James Meade (“The Case for Variable Exchange Rates,” en Three Banks Review, setiembre de 1955), en el cual explicó cómo de los tres principales objetivos de política económica –estabilidad de los precios internos, estabilidad de los tipos de cambio y libre comercio- tan sólo dos eran posibles de lograr simultáneamente y que esos tres no se podían lograr a la misma vez. De esta manera, “si se dejaba depreciar la moneda doméstica en los mercados cambiarios externos, se podría mantener estables los precios internos y el libre comercio.” (Irwin, Op. Cit., p. 204).

No fue sino hasta finales de los 60s cuando se cuestionó el análisis Keynesiano de desempleo e inflación, en lo que se conoce como el debate acerca de la curva de Phillips. Aquí han sido esenciales los trabajos de los Premios Nobel Edmund Phelps y Milton Friedman, quienes muestran cómo, aún suponiendo que los salarios sean inflexibles a la baja en el corto plazo, una política expansionista del gobierno no podrá reducir permanentemente el desempleo. Por lo tanto, en el largo plazo una política arancelaria proteccionista no podrá aliviar la desocupación, que tenderá a llegar a lo que se denomina la tasa natural de desempleo, que viene determinada por las condiciones reales de la economía, que influyen en la oferta y la demanda del factor trabajo. Es posible reducir el desempleo, pero reduciendo obstáculos en el mercado laboral, tales como grado de sindicalización, mejorando el nivel de educación del obrero, ampliando el acceso al mercado de la fuerza de trabajo femenina, eliminando leyes sobre salarios mínimos y similares, y no con medidas monetarias expansivas, que sólo podrán influir en la desocupación en el corto plazo.

Es ocasión apropiada para presentar algunas impresiones acerca de Keynes de su amigo personal Friedrich A Hayek, quienes en el marco de la amistad mantuvieron profundas diferencias en cuanto al enfoque macroeconómico que cada uno sostuvo, pues nos permiten mostrar algo acerca de la personalidad de Keynes, pues a veces es difícil entenderlo, dado que, conociendo qué es lo que piensa en un momento dado, luego, ante la crítica, responde haber variado su opinión previa. De eso presento una cita bien conocida (aunque disputada por algunos) de Keynes, quien aseveró que,
“Cuando los hechos cambian, yo cambio mi pensamiento. ¿Qué es lo que Usted hace, Señor? (Citado en The Economist del 18 de diciembre de 1999, p. 47).

Tal vez con ella es posible entender lo que sucedió cuando Hayek criticó el Tratado sobre el Dinero que Keynes escribió en los años 30s. En su análisis de este libro -por lo general favorable- Hayek cuestiona fuertemente el punto fundamental de Keynes, de que había una dependencia directa del nivel empleo con la demanda agregada. Sin embargo, ante dicha crítica lo único que Keynes le respondió fue que dicha obra (el Tratado) ya no reflejaba su pensamiento. “Keynes me dijo: ‘Oh, no se preocupe; ya no creo en nada de eso.” (Friedrich A. Hayek, Hayek on Hayek: An autobiographical dialogue, editado por Stephen Kresge y Leif Wenar, Chicago: The University of Chicago Press, 1994, p. 90).

Para entender las divergencias, Hayek, ante una pregunta de W. W. Barkley, respondió que:
PREGUNTA: “¿Podría decir algo acerca de sus diferencias con los economistas Keynesianos?”
RESPUESTA: “Keynes, en contra de sus intenciones, había estimulado el desarrollo de la macroeconomía. Yo estaba convencido no sólo que sus conclusiones particulares estaban equivocadas sino todo el fundamento de la macroeconomía, de manera que deseaba demostrar que debíamos regresar a la microeconomía. El enfoque macroeconómico provino de los científicos naturales, de que uno podía deducir cualquier cosa para medir las magnitudes de los efectos de agregados y promedios. Eso me llegó fascinar mucho… El otro tema era un problema abierto: ¿A qué es lo que realmente se parece la economía cuando uno la reconoce como el prototipo de una nueva forma de ciencia de los fenómenos complejos, que ya no puede emplear el modelo simple de la mecánica en la física, pero que tiene que lidiar con lo que yo describí como ‘simples predicciones de patrones’, ciertas predicciones limitadas? Eso era mucho más fascinante como problema intelectual.” (Friedrich A. Hayek, Ibíd., p. 96).

Así responde Hayek a otra pregunta de Barkley,
PREGUNTA: “Por lo menos ahora se toma seriamente la cuestión de los agregados Keynesianos y Usted terminó siendo como el hombre que hace cincuenta años lo cuestionó por primera vez.

RESPUESTA: “Es por la desilusión con Keynes que la atención se ha vuelto hacia mí. Y el simple hecho de un desempleo combinado al mismo tiempo con inflación que súbitamente desilusionó a la gente.” ((Friedrich A. Hayek, Ibíd., p. 96).
Hayek también respondió la siguiente pregunta en una entrevista de Jack High del Departamento de Economía de la Universidad de California en Los Angeles:

PREGUNTA: “John Hicks escribió acerca de Usted y quiero citarlo: ‘Cuando se llegue a escribir la historia definitiva del análisis económico de los años 30s, un actor principal en el drama –fue un gran drama- lo será el Profesor Hayek. Hubo un momento en que las nuevas teorías de Hayek fueron las rivales de las nuevas teorías de Keynes.’ ¿Por qué piensa Usted que sus teorías fueron derrotadas por las de Keynes?

RESPUESTA: “Esto tiene dos partes. Una es que mientras Keynes fue objeto de disputa en tanto vivió –mucha en efecto- después de su muerte fue elevado a la santidad. En parte porque el propio Keynes siempre estaba muy dispuesto a cambiar sus opiniones, sus pupilos desarrollaron una ortodoxia: A Usted se le permitía pertenecer a la ortodoxia o no.

Casi al mismo tiempo, yo me desacredité ante la mayoría de mis compañeros economistas por escribir El Camino a la Servidumbre (The Road to Serfdom), el cual a muchos no les gusta. Pero no sólo declinó mi influencia teórica, sino que les llegué a disgustar a la mayoría de los departamentos de entidades educativas, tanto que aún hoy así lo siento. En un alto grado los economistas tendieron a tratarme como a alguien de fuera del círculo, quien se ha desacreditado a sí mismo escribiendo un libro como El Camino a la Servidumbre, el cual ahora se ha convertido en su totalidad en ciencia política…

Parte de la justificación, sabe Usted, fue que después de eso en economía tan sólo hice algunos trabajos incidentales. Creo que hay un aspecto adicional. Yo nunca simpaticé con la macroeconomía o la econometría. Estas se convirtieron en la gran moda durante ese período, gracias a la influencia de Keynes. Eso es claro en el caso de la macroeconomía. Pero el propio Keynes nunca pensó altamente acerca de la econometría, sino todo lo contrario. Sin embargo, su énfasis en los agregados, en el ingreso agregado, en la demanda agregada, estimularon tanto el trabajo en macroeconomía como en econometría. De manera que, muy en contra de sus propios deseos, se convirtió en el líder espiritual de este desarrollo hacia la matemática econométrica de la economía. Ahora, yo siempre he expresado mis dudas acerca de esto y eso no me hizo muy popular entre la generación reinante de economistas. Se pensó de mi como un anticuado que no simpatizaba con las ideas modernas, ese tipo de cosas.” (Friedrich A. Hayek, Op. Cit., p. 143 y 144).

A la luz de lo expuesto, Ustedes podrán haber dado cuenta de algunas de las razones por las cuales, sin dejar de admirar los aportes intelectuales de Keynes, no es correcto aseverar que “ahora todos seamos Keynesianos”.

Para continuar esta exposición, me referiré a la impresión de que los “liberales” (me imagino que alguien como yo, pues la gama de “liberales” es sumamente amplia) nos oponemos al uso de la política fiscal como instrumento para paliar los efectos de una recesión. Al respecto, una vez más, expongo conceptos desarrollados sobre esto por Hayek, que brindan alguna luz a quienes se adhieren a aquella apreciación acerca de los liberales.

Empiezo por una cita de Roger W. Garrison, la cual nos permite comprender que, en muchos aspectos del análisis del ciclo, había una coincidencia entre la visión que tenían los economistas austriacos y aquélla de Keynes. Pero antes debo señalar que la divergencia principal entre estos radica en que, mientras los primeros enfatizan que la causa de la caída del crecimiento de los ingresos (en inglés, “bust”) se debe a que, como resultado de una baja artificial de la tasa de interés por parte del Banco Central, colocándola por debajo de la tasa natural de interés, se llevaron a cabo inversiones no rentables (en inglés “mal-investments”), las cuales después no van a ser sostenibles, pues el aumento necesario en los fondos de inversión no surge de aumentos en los ahorros de la economía (esto lo expuse en la Columna Libre del Boletín de ANFE de noviembre del 2008, que puede ser leído en www.anfe.or.cr/bol/bol_2008_11_1.htm), para Keynes, por su parte, la inflexión en el ciclo se debe esencialmente a una decisión de la comunidad de negocios de involucrarse menos en proyectos de inversión (las alzas y las caídas de los “espíritus animales” que decía Keynes).

Ahora sí, tal como señala Garrison, después de que el alza (“boom”) en el ciclo cedió
su lugar a una caída (“bust”),

“…cambios que se auto-revierten en la estructura del capital, ceden su lugar a una caída en espiral tanto de los ingresos como del gasto, la cual se agrava a sí misma cada vez más. Este incremento en la preferencia por la liquidez… no debe ligarse a algún rasgo sicológico profundamente enraizado en la humanidad, sino más bien debe entendérsele como una aversión al riesgo a la luz de una crisis generalizada en la economía. Esta espiral hacia abajo, que es el foco principal del Keynesianismo convencionalmente interpretado, fue descrita por Hayek como ‘deflación secundaria’ –en reconocimiento de que el problema primario era otro: la mala asignación inter-temporal de recursos o, para usar el término que emplea Mises, la mala inversión (‘malinvestment’).” (Roger W. Garrison, Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, New York: Routledge, 2001, p. 75; el paréntesis es mío).

El pensamiento austriaco (Hayek, Mises) sirve de puente entre la visión clásica de una economía que logra un crecimiento sostenido con pleno empleo hacia una en la cual una política macroeconómica (enfatizan la decisión del Banco Central de reducir artificialmente la tasa de interés nominal por debajo de la tasa de preferencia en el tiempo que define el nivel de ahorro) hace que la economía se caracterice por una situación de equilibrio con un desempleo generalizado; esto es, una depresión, causada por una pérdida de confianza de los negocios o por colapsos del sistema bancario. Lo interesante es que ahora el caso Keynesiano se convierte en uno particular de la economía austriaca, pues ésta es más general en cuanto a que, en una situación en que no hay un política disruptiva (del Banco Central), se logra el caso clásico de equilibrio con pleno empleo, en tanto que, a la vez, con posterioridad a darse una situación del ciclo de los negocios de un alza seguida por una caída, es factible que la economía se encuentre en el caso expuesto por Keynes (de desempleo
generalizado).

Continúa Garrison:

“En tanto que la política monetaria es la mejor solución para un problema secundario (en que la demanda de dinero se ha incrementado), la política fiscal es la mejor segunda solución (second-best solution) para el problema primario. El problema primario, manifestado a sí mismo como un colapso en la demanda de inversión, es el pesimismo de los negocios… La mejor solución (first-best solution) sería simplemente una que volteara el pesimismo empresarial hacia un optimismo sobre los negocios… El optimismo recuperado, el cual se auto-reforzaría, enviaría a la economía en una espiral hacia arriba, hacia un nivel de demanda agregada que validaría la tasa de salarios existente. La peor solución es el laissez-faire, que permitiría que la tasa de salarios se adaptara a las condiciones deterioradas y que haría que la economía tuviera que esperar una depreciación del capital para iniciar la espiral hacia arriba… Limitados a adoptar una segunda mejor solución, los formuladores de políticas se orientan a recrear el nivel de gasto que correspondería a aquellas condiciones ya idas en donde prevalecía el optimismo. La demanda de inversión pública sustituye a la deficiente demanda de inversión privada… La espiral creciente resultante en los ingresos y gastos de consumo… produce (un aumento)… en la oferta de fondos prestables. Este incremento en la inversión… es acompañado por los cambios correspondientes en todas las otras magnitudes macroeconómicas, de manera que la economía regresa a sus condiciones iniciales…” (Roger W. Garrison, Op. Cit., p. 155 y 156; los paréntesis son míos.)

En presencia de una deflación secundaria, los economistas austriacos no eliminan la posibilidad de utilizar la política fiscal, sin embargo, manifiestan su advertencia acerca de posibles efectos que deben ser tomados en consideración. Esencialmente, enfatizan el efecto que podría tener una política de gasto gubernamental que compense la ausencia de inversión privada sobre la tasa de crecimiento de la economía, en contraste con una situación en donde el equilibrio se logra simplemente
por un aumento de la inversión privada.

Antes de intentar un comentario acerca de este posible impacto, el cual lo haré aquí con posterioridad, es importante referirse en este momento a la acusación hecha de que los economistas austriacos, concretamente Hayek y Robbins, han sido “liquidacionistas”, en el sentido de que proponen no hacer nada ante una recesión y dejar que el ajuste requerido se lleve a cabo sin seguir políticas monetarias o fiscales que, en su momento, podría haber propuesto Keynes. Esto es, el laissez-faire a que se refirió el economista austriaco Roger Garrison en la cita inmediata anterior.

Los liquidacionistas supuestamente veían a la Gran Depresión como el precio necesario de pagar por las políticas expansionistas proseguidas durante la década previa, en donde, después de las quiebras (liquidaciones) de los negocios, resurgiría, como ave fénix, el capitalismo con una nueva estructura productiva en la cual ya no existirían las previamente denominadas inversiones no productivas (“malinvestments”). Como consideró Joseph Schumpeter, el capitalismo avanzaba gracias a un proceso de destrucción creativa. (Este tema lo traté con mayor amplitud en la Columna Libre del Boletín de ANFE de diciembre del 2008, en www.anfe.or.cr/bol/bol_2008_12_1.htm).

Esta crítica a los economistas austriacos la plantea, por ejemplo, el reconocido economista Bradford DeLong, quien señaló que,

“Al adoptar tales políticas ‘liquidacionistas’, la Reserva Federal simplemente estaba siguiendo las recomendaciones brindadas por la teoría económica de las depresiones, que de hecho era común antes de la Revolución Keynesiana y que era sostenida por economistas como Friedrich Hayek, Lionel Robbins y Joseph Schumpeter.” (J.
Bradford DeLong, Liquidation Cycles and the Great Depression, Harvard University and the National Bureau of Economic Research, 1991 y citado en Lawrence H. White, “Did Hayek and Robbins Deepen the Great Depression?,” Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 40, No. 4, junio del 2008, p. 752. White es el Profesor F. A. Hayek de Historia Económica de la Universidad de Saint Louis-Missouri).

No sólo se considera que Schumpeter no forma parte de los llamados economistas austriacos (aunque algunos así lo ven), sino que también ni Hayek ni Robbins se opusieron a la utilización de medidas anticíclicas, tal como lo asume DeLong, al decir en un comentario en línea, sin fecha, que esos austriacos consideraban que
“…en el largo plazo la Gran Depresión resultaría haber sido una ‘buena medicina’ para la economía y que los proponentes de políticas de estímulo eran enemigos miopes del bienestar público.” (J. Bradford DeLong, Friedrich A. von Hayek, www.jbradford.delong.net/Economists/hayek.html y en Lawrence H. White, Op. Cit., p. 753).

Hayek mantenía como recomendación de política económica mantener el ingreso nominal, de manera que la cantidad de dinero en circulación debería de ajustarse de acuerdo con los cambios en la velocidad de circulación del dinero; esto es, acoplarse ante variaciones en la demanda de dinero, de forma que se mantuviera la constancia en los ingresos y, por tanto, postulaba que no variara la cantidad de dinero si no se daba una variación en la velocidad de circulación.

En términos de la ecuación cuantitativa MV = PQ, en donde el ingreso monetario Y es igual a PQ, para que Y no varíe –se reduzca durante una recesión- si la demanda de dinero aumenta (es decir, si disminuye la velocidad de circulación del dinero V) fenómeno que, en opinión de Keynes y de Friedman era posible que se diera en una recesión, la propuesta de Hayek era la de aumentar M, de manera que compensara esa baja en V.

De acuerdo con White (Op. Cit., p. 755), Hayek
“lamentó la disminución en la cantidad de dinero en circulación M debido al retiro que hizo el público de dinero de reserva de los bancos (tal como había ocurrido en 1929-33), refiriéndose Hayek [en Friedrich A. Hayek, A Monetary Nationalism and International Stability, London: Longmans, Green, 1937, p. 82] a ‘esa característica más perniciosa de nuestro sistema presente: esto es, que un movimiento hacia tipos de dinero más líquidos causa un descenso real en la oferta de dinero y viceversa”… declaró (Friedrich A Hayek, Ibíd., p. 84) que el deber de un banco central yacía en ‘compensar tanto como fuera posible los efectos de cambios en la demanda de activos líquidos sobre la cantidad total de medio circulante.” (El detalle entre paréntesis cuadrados es mío).
Así Hayek propuso para este caso de recesión secundaria utilizar una política monetaria expansionista compensatoria del aumento en la demanda de dinero, si bien posteriormente lamentó no haber insistido más en dicha recomendación. Comentó que
“Soy el último en negar – o más bien hoy soy el último en negar- que en estas circunstancias, son apropiadas contra-medidas monetarias, intentos deliberados de mantener el flujo monetario. Probablemente debo agregar una explicación: Tengo que admitir que asumí una actitud diferente hace cuarenta años, a inicios de la Gran Depresión. En esa época creía que un proceso de deflación de cierta duración corta podría quebrar la rigidez de los salarios que yo pensé era incompatible con una economía que funcionara. Tal vez debería en ese entonces haber entendido que esa posibilidad ya no existía más… Ya no sostendré más, tal como lo hice en los años 30s, por esa razón, y tan sólo por esa razón, que era deseable un breve período de deflación. Hoy día creo que la deflación no tiene función alguna que valga la pena y que no hay justificación para apoyar o permitir un proceso deflacionario.” (Friedrich
A. Hayek, A Discussion with Friedrich A. von Hayek, Washington D. C.: American Enterprise Institute, 1975, p. 5 y en White, Op. Cit., p. p. 764-765).

Si bien Hayek y Robbins, en vez de permanecer pasivos, arguyeron en favor de aumentar la cantidad de dinero en circulación para compensar los aumentos en la demanda de dinero para mantener constante el nivel de ingresos, lo cierto es que, como dice White, hay un grano de verdad en los planteamientos de DeLong (y también de Friedman, quien en su momento formuló dicha crítica; ver la referencia que de él hace Gene Epstein, “Mr. Market [Interview with Milton Friedman],”

Hoover Institution Digest, No. 1, 1999, en www.hooverdigest.org/991/epstein.html) de que

“Hayek y Robbins por sí mismos fracasaron en impulsar esta receta a inicios de los años treintas, cuando importaba al máximo.” (Lawrence White, Op. Cit., p. 754).

Alguien podría preguntar acerca de la actitud de estos oponentes austriacos al Keynesianismo de emplear la política fiscal a fin de salir de la recesión (la recesión secundaria). Sobre esto White presenta una cita que me permito transcribir:

“En lo que se refiere a la política fiscal, la teoría austriaca del ciclo de los negocios se mantuvo en silencio. Hayek y Robbins se opusieron a los programas públicos para crear empleo, pero lo hicieron porque creían que los programas dirigirían erróneamente los recursos escasos, no porque el programa fuera financiado mediante endeudamiento del sector público.” (Lawrence White, Op. Cit., p. p. 754-755).

Volviendo a los posibles efectos sobre el ingreso que mencionaba en este comentario tres páginas atrás, de acuerdo con Roger Garrison, al emplearse el gasto público en inversión en sustitución de una insuficiente inversión privada, valorar si el efecto será positivo o negativo en mucho va a depender de lo que denomina la “dependencia en la visión que se tenga.” Así, Garrison indica que

“Hayek (en Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibilities of Socialism, Clifton, New Jersey: Augustus M. Kelley, 1975 y originalmente escrito en 1933), siguiendo a Mises (en Socialism: An Economic and Sociological Analysis, New Haven: Yale University Press, 1951 y originalmente escrito en 1922) se refirió a los problemas fundamentales para la asignación de recursos por parte del sector público. El estado no puede calcular los costos y beneficios tal como lo hace el mercado. Hayek, por tanto, esperaría que la economía que llegó a un equilibrio mediante una política de gasto público diseñado creciera más lentamente. Keynes (en La Teoría General, p. 164), quien mira al estado como estando “en una posición en que puede calcular la eficiencia marginal de los bienes de capital a largo plazo y con base en la ventaja social general,” esperaría que la economía con un pleno empleo diseñado por la política gubernamental, creciera más rápidamente…

Sin embargo, en el largo plazo la actuación de la economía puede verse afectada por la misma naturaleza de la mezcla fiscal… Los cambios en la estrategia gubernamental para acomodar un déficit crónicamente grande puede tener efectos dramáticos sobre las condiciones del mercado –sobre las tasas de interés, tasas de inflación y tipos de cambio. Estas son las condiciones críticas del mercado a las cuales los empresarios del sector privado se tienen que adaptar. Tener que averiguar qué estrategia específica se adoptará en la realidad –o qué combinación de ellas- agrega a los ‘desconocidos y a los imposibles de conocer’ y eso tiene su efecto propio sobre la comunidad de negocios. Con prospectos inciertos de alzas en las tasas de interés, de un empeoramiento de la inflación y de mercados de exportación debilitados, los empresarios del sector privado pueden estar dudosos de comprometerse a sí mismos con proyectos de inversión… En efecto, aún cuando no tenga fundamento la creencia de Keynes de que el gasto en inversión es inherentemente inestable y que el pleno empleo se da tan sólo por accidente, la puesta en práctica de la política de estabilización Keynesiana –el arreglo fiscal y la deuda concomitante y las incertidumbres relacionadas con esa deuda- bien puede hacer que la economía exhiba la inestabilidad y la lentitud características de la visión Keynesiana.” (Roger W. Garrison, Op. Cit., p. p. 156-157).

La opinión expresada en el párrafo previo debe, como mínimo, servirnos para una inyección de mesura en cuanto a las múltiples propuestas de gasto gubernamental que hoy en día uno escucha como medio para compensar una presuntamente insuficiente demanda agregada privada. Pero, al mismo tiempo, debe ser útil para que el lector se dé cuenta de los costos que podría tener un intento de sustituir una supuestamente insuficiente inversión privada por una actividad pública compensatoria. No sólo esto introduce el tema de la menor eficiencia con que la actividad pública puede asignar los recursos productivos escasos, en comparación a como lo hace la actividad privada, sino que también es igualmente importante la limitación de la libertad que usualmente conlleva la actividad pública.

Según Keynes,
“en un sistema descentralizado los ahorrantes y los inversionistas son dos grupos diferentes de gente, hecho que repetidamente reporta en la Teoría General. Esta fragmentación de las decisiones de ahorro e inversión en la economía hace que surja un riesgo para los prestamistas, que podría ser evitado por una reforma institucional apropiada… [Para Keynes] mientras que el ahorro voluntario bajo el laissez-faire puede ser refrenado por la necesidad de pagar interés, es ‘posible que el ahorro comunal sea mantenido a un nivel que permitiría el crecimiento del capital hasta un punto en donde cesa de ser escaso por medio de una agencia del Estado’ (John M. Keynes, The General Theory, p. 376). En otras palabras, si la decisión de ahorrar puede ser centralizada, la tasa de interés (implícita) puede ser empujada por debajo de su nivel inferior, creado en gran parte por el riesgo del prestamista quien a su vez depende del riesgo sobre el proyecto en que incurre quien le pide prestado y que caracteriza las decisiones de ahorro e inversión.” (Roger W. Garrison, Op. Cit., p. 178).

En un sistema capitalista los empresarios actúan en función de sus cálculos de costos y beneficios privados y no de los costos y beneficios sociales, por lo que posiblemente propuestas como la expuesta de Keynes van a afectar las decisiones de inversión que consideren llevar a cabo, lo cual significa, ni más ni menos, que se elevará la incertidumbre en la economía. Por ello Keynes debió afirmar que
“Espero ver al Estado, que está en una posición en que puede calcular la eficiencia marginal de los bienes de capital con una visión de largo plazo y en base de la ventaja social general, que tome una mayor responsabilidad para organizar directamente la inversión.” (John M. Keynes, The General Theory, Op. Cit., p. 164 y en Roger W. Garrison, Op. Cit., p. 180).

Si para el lector esta cita no es suficiente para tener una idea del totalitarismo a que conduce la propuesta Keynesiana, lo reitero con la siguiente cita:
“Yo concibo, por lo tanto, que alguna forma de socialización comprensiva de la inversión probará ser el único medio de asegurar una aproximación al pleno empleo.” (John M. Keynes, The General Theory, Op. Cit., p. 378 y en Roger W. Garrison, Op. Cit., p. 180).

Podemos así estar claros en cuanto a que Keynes pretendía un orden socialista de burócratas supuestamente omnisapientes, quienes sustituirían a los empresarios en sus decisiones de inversión. Esta preferencia Keynesiana simplemente parte de una comparación sin sentido entre un capitalismo “como es en la realidad” (según Keynes) con un socialismo “que nunca ha existido”.

Termino este ensayo mencionando que en la portada de la revista Time del 31 de diciembre de 1965 aparece una foto de Keynes con una supuesta cita de Friedman, la cual dice: “Ahora todos somos Keynesianos” y que se ha reproducido aquí en días recién pasados. Friedman posteriormente aclaró que su cita había sido obtenida fuera de contexto y que lo que dijo fue que

“En un sentido, ahora todos somos Keynesianos, en otro ya nadie es Keynesiano. Todos nosotros usamos el lenguaje y el aparataje Keynesiano, pero nadie de nosotros acepta más las conclusiones Keynesianas iniciales.” (Milton Friedman, “Why Economists Disagree,” Dollars and Deficits, New York: Prentice Hall, 1968, p. 15 y en Mark Skousen, “Milton Friedman, Ex-Keynesian,” The Freeman, July, 1968).
Lo correcto es interpretar a Friedman como Keynesiano en el sentido de que, al igual que en el modelo que desarrolla Keynes en su Teoría General, el suyo –el modelo monetarista- no incluye un análisis de la estructura de capital, tal como sí lo considera el modelo austriaco. En todo caso, Friedman, para aclarar las cosas, expuso que,
“He sido conducido a rechazar (el Keynesianismo)… porque creo que ha sido contradicho por la experiencia.” (Milton Friedman, “Keynes’s Political Legacy,” en John Burton, ed., Keynes General Theory; Fifty Years On, London: Institute of Economic Affairs, 1986, p. 48 y en Skousen, Op. Cit.)

A su vez Nixon, en enero de 1971, expuso su versión de la célebre frase cuando dijo: “Ahora soy Keynesiano,” al justificar un presupuesto “de pleno empleo” que contenía un financiamiento deficitario para reducir el desempleo. No olvidemos que Nixon introdujo una extensa política de controles de precios y salarios para contener las presiones inflacionarias. Nixon bien puede compartir con Keynes la apreciación de que el mercado esencialmente no resuelve el problema de coordinación.

Me permito dedicar estas reflexiones sobre el famoso dictum “Ahora todos somos Keynesianos” al columnista licenciado Jorge Guardia, quien la popularizó hace algunos meses en el periódico La Nación e incluso volvió a repetirla a principios de este año en otra columna. Estoy seguro de que con su lectura apreciará el sentido de una política económica apropiada para una situación de recesión, la cual está muy alejada de los alcances del pensamiento Keynesiano, en especial después de que, con el paso de los años, lo que más ha estimulado es el uso del estado para sustituir lo que bien podría lograr un sector privado. Por ello he pensado que, si se quiere aplicar política fiscal ante la crisis, sea principalmente mediante una reducción de los impuestos, de manera tal que permita a las personas recuperar su poder adquisitivo y, principalmente, para que se vea estimulado a invertir, que es lo que hace falta en este marco de desconfianza, en mucho originado por malas políticas gubernamentales seguidas en los Estados Unidos, tanto por la Reserva Federal, como por las cuasi-estatales Fannie Mae y Freddie Mac.

Por supuesto, esta reducción no debe ser temporal, sin que se le perciba como permanente, de largo plazo, por los agentes económicos, pues de no ser así simplemente pasaría tal como sucedió con el reciente experimento Keynesiano de los Estados Unidos a mediados del 2008, por el cual se dio un reembolso a los contribuyentes con el fin de alentar su consumo, dada una presuntamente insuficiente demanda agregada. Pero, ¡pobre función consumo Keynesiana!, el consumo no aumentó, pues las personas percibieron este aumento de su ingreso como algo temporal y que, al no formar parte de un incremento en la función de consumo permanente (tal como lo expuso históricamente Friedman), simplemente ahorraron esa alza temporal de sus rentas.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:45
2009-02-28-LA CRISIS ACTUAL Y EL LIBRE COMERCIO


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COLUMNA LIBRE:LA CRISIS ACTUAL Y EL LIBRE COMERCIO


Boletín de ANFE, 28 de febrero del 2009. También fue publicado en el sitio en español del Cato Institute, el 19 de junio del 2009. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 292-296.

Por supuesto que no podían faltar algunos agoreros, principalmente domésticos, que nos dijeran que, ante la actual crisis económica mundial, estaban contados los días del libre comercio.

Sin embargo, al menos la evidencia, hasta el momento, es que los gobernantes de la mayoría de las naciones no parecen promover un regreso a la autarquía que aún anhelan los proteccionistas de toda índole. Pero sí se han dado algunos intentos por introducir políticas comerciales que limiten al actual régimen comercial básicamente sustentado en la libertad de intercambio.

Un caso interesante de esto fue la propuesta que inicialmente consideró el Congreso de los Estados Unidos, en el marco del plan especial de ampliación de gasto gubernamental por $800 billones que la nueva administración Obama impulsó para salir de la recesión actual. Inicialmente se introdujo una cláusula llamada de “contenido nacional”, mediante la cual los recursos contenidos en dicho proyecto de ley para obras de infraestructura (una suma récord en la economía estadounidense) sólo podrían emplearse en proyectos que emplearan hierro, acero y otros bienes manufacturados en los Estados Unidos.

Afortunadamente aún existe el acuerdo comercial llamado NAFTA (por sus siglas en inglés, North American Free Trade Agreement), de una zona de amplio libre comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, que excluye este tipo de políticas proteccionistas. En consonancia con la medida propuesta por el Congreso estadounidense, tanto Canadá como México advirtieron de que dicha medida presupuestaria era violatoria del NAFTA y que más bien podría estimular a que esos dos países impulsaran medidas compensatorias. En dos palabras, hablaron de la posibilidad de represalias comerciales. Al mismo tiempo, uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, China, país crucial en el esfuerzo multinacional de coordinación de políticas económicas para enfrentar la recesión actual, de inmediato señaló que esas medidas ponían en serio peligro el futuro del comercio mundial, que, en un lenguaje que todos entendemos, significa que, de aprobarse, no dudarían en tomar represalias restrictivas del comercio entre ambas naciones. Similar fue la reacción de la Comunidad Económica Europea, siempre advirtiendo de los riesgos que involucraba esa práctica contraria al sistema de libre intercambio conformado gradualmente a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Para que haya una ley en el Congreso de los Estados Unidos se requiere de la aprobación, en primer lugar, de su Asamblea Legislativa o Casa de Representantes y, luego, del Senado. Y, en caso de que ambos proyectos difieran, se debe formular un proyecto de ley nuevo que ponga de acuerdo a ambas versiones. Esta versión conjunta es luego votada y así el proyecto se puede convertir en una ley. Fue en este proceso y en medio de la amenazadora reacción posible de los otros participantes en el comercio mundial, que se diluyó la norma de “contenido nacional” y el mundo se salvó de una tragedia económica mayor que la que actualmente vive.

Algo similar ha sucedido en Europa, en donde algunos países han tratado de introducir legislación que le permita a algunas de sus industrias recibir apoyo gubernamental directo, que no es sino una nueva versión del proteccionismo. El abanderado de esta pretensión, por variar, ha sido Francia, con algún respaldo alemán y de algunas de las antiguas economías comunistas del centro de Europa. Sin embargo, hasta la fecha, ha primado la posición librecambista que se opone a cualquier nueva imposición proteccionista, introducida bajo el prurito de asegurar el empleo doméstico de cada uno de los países.

He enfatizado que esta ha sido la posición “hasta hoy”, pero es de esperar que, en tanto la recesión se mantenga, habrá nuevos y diversos intentos por tratar, a través de prácticas proteccionistas, de que el desempleo de los países proteccionistas disminuya a cambio de su aumento en los países con los cuales intercambian (lo que se llama en inglés políticas de “beggar-thy-neighbor”, que me atrevo a traducir como “pasarles los muertos a los otros”; esto es, políticas diseñadas para mejorar la riqueza propia a costas de aquélla de otros). El punto clave que ha frenado este intento de introducir el proteccionismo es la posibilidad de que los países afectados en sus exportaciones restringidas por dicha práctica, impongan medidas compensatorias que a su vez restrinjan las importaciones que ellos efectúan de los países que originalmente introdujeron esas medidas proteccionistas. Es la amenaza de represalias lo que se ha convertido en un freno a la estulticia.

Digo estupidez (estulticia) con todo el énfasis, porque ya la humanidad experimentó la introducción de restricciones al libre comercio como política dirigida a revertir la recesión económica durante la llamada Gran Depresión de los años treintas, cuyo nefasto efecto sobre las economías del mundo ha sido ampliamente documentado. Si algo bueno puede darse en estos momentos es hacer ver estos resultados a algunos proteccionistas criollos, quienes ya han rodado la especie de que es conveniente, en el marco de la recesión, reintroducir aranceles que estimulen la producción doméstica a costas de la importada.

Fue el presidente Hoover quien en 1929 propuso una ley que aumentaría la protección a los sectores agrícolas, como forma de “ayudar” a los agricultores. Sin embargo, conforme avanzaba el debate en el Congreso de los Estados Unidos (allá, tal como aquí, también funciona aquello de que en la Asamblea Legislativa las cosas se saben cómo comienzan, pero no cómo terminan), se fue ampliando la protección a toda la economía estadounidense e incluso hasta menos de la que inicialmente se propuso para el sector agrícola. La tarifa arancelaria general aumentó de un 40.1% a un 53.2%, aunque hubo bienes, tales como el trigo duro importado de Canadá, que aumentó en un 40% o los instrumentos científicos de vidrio, que pasaron de un 65% a un 85%. En general esta ley, firmada el 17 de junio de 1930 en medio de la profunda recesión, aplicó tarifas a niveles récord a más de 20.000 bienes importados.

Es interesante reseñar que, entre los muchos llamados al presidente Hoover para que vetara la ley, 1.028 economistas de los más diversos Departamentos de Economía de las Universidades de Estados Unidos publicaron un llamado oponiéndose a la promulgación de esta ley de aumento de aranceles y de restricciones al libre comercio conocida como Smoot-Hawley. Años después uno de los organizadores del escrito, el connotado economista Frank Fetter, escribió que “Las Escuelas de Economía, que varios años después se encontrarían inmersas en una fuerte división acerca de la política monetaria, el financiamiento del déficit y el problema ocasionado por las grandes empresas, prácticamente eran una sola en su creencia de que la Ley Smoot-Hawley era una pieza de legislación perversa.” [Citado en The Economist, 18 de diciembre del 2008].

Como resultado de la vigencia de dicha Ley, más de 60 países ejercieron represalias restringiendo sus importaciones desde Estados Unidos. El impacto sobre el comercio mundial fue devastador: en 1933 las exportaciones totales fueron sólo una tercera parte de las de 1929. Aunada a la recesión en el crecimiento de la producción estadounidense, en ese período la restricción en el comercio no sólo se originó por barreras arancelarias proteccionistas, sino también por prácticas de adquisiciones preferenciales desde ciertos países o regiones, cuotas de importación, monopolios estatales para el comercio internacional, etcétera, además de la sustitución de acuerdos comerciales bilaterales en vez del antiguo sistema multilateral basado en la “cláusula de la nación más favorecida”. La lección es clara: ceder a las presiones proteccionistas condujo a una disminución notable de la actividad exportadora y comercial en general, agravando significativamente la crisis que ya se vivía.

Por el contrario, ha sido una grata sorpresa ver cómo se ha elevado la voz en el país en favor de reducir los aranceles en los momentos actuales, como medio para aumentar el ingreso real de los grupos de menores ingresos, en el marco del llamado Plan Escudo impulsado por el gobierno de Costa Rica. Así, el economista Bernal Jiménez Monge, quien en el pasado más bien había abogado en favor del proteccionismo, propuso en un reciente programa de radio que se bajaran los altos aranceles que se tenían para ciertos productos alimenticios, tales como pollo, cerdo, granos básicos (arroz, maíz y frijoles) y, aunque no lo mencionó, pero también entraría en esa misma categoría, el azúcar. En esta ocasión, tomo partido por la sugerencia de don Bernal.
Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:46
2009-03-31-LA CRISIS ACTUAL Y LA POLÍTICA IMPOSITIVA

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COLUMNA LIBRE: LA CRISIS ACTUAL Y LA POLÍTICA IMPOSITIVA

Boletín de ANFE, 31 de marzo del 2009. También fue publicado en el sitio en español del Cato Institute, el 02 de julio del 2009. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 297-302.

Hay una gran preocupación acerca de las implicaciones fiscales de las decisiones presupuestarias tomadas por la administración Obama como medidas para lograr salir de la actual crisis económica. Si bien la parte fiscal comprende básicamente tres partes fundamentales y relacionadas entre sí, como son los impuestos, el gasto público y la deuda pública, además de que tienen efectos sobre otras y diversas variables macroeconómicas, como lo pueden ser el tipo de cambio, la estructura de las tasas de interés, entre muchas otras, en esta ocasión me referiré a algunos aspectos de los planteamientos tributarios formulados, así como a la experiencia impositiva durante la Gran Recesión de los años treinta, debido a la lección que se puede derivar de ella.
El último paquete fiscal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en realidad es algo confuso en cuanto a la política impositiva; esto es, en lo referente a reducciones o aumentos de diversos impuestos, pues incluye algunas notables decisiones que se plantean como si fueran reducciones en los gravámenes, pero, en realidad, constituyen nuevos subsidios a grupos –independientemente de su merecimiento- en vez de reducciones tributarias efectivas. Ejemplo de esto es el anuncio de que en los próximos días se dará una presunta devolución de impuestos bajo el programa llamado Making Work Pay tax credit, mediante el cual el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos daría $500 a cada trabajador o $1.000 a cada familia trabajadora, todo por un monto total estimado de $116 billones de dólares, que forma parte del llamado estímulo tributario que el Presidente Obama ha impulsado recientemente.

Pero en realidad no es que esta “devolución de impuestos” significa en verdad una reducción de los gravámenes por este monto, puesto que muchos de quienes recibirían la devolución (“rebate”) no pagan impuestos sobre la renta, al estar sus ingresos por debajo de los montos imponibles. Por ello se ha mencionado que la mayor parte de esa “devolución” no es sino un nuevo programa de subsidios, que podrían justificarse como alimento keynesiano que impulse la demanda agregada, pero que no satisface el criterio de reducción impositiva.

También debo manifestar ciertas dudas acerca de la posible eficiencia de dicha política para estimular una supuestamente insuficiente demanda agregada. El profesor Milton Friedman expuso su teoría de la función consumo, la cual, a diferencia de la función de consumo keynesiana que depende del ingreso medido del momento, está en función de las expectativas de ingresos pero a un plazo mucho mayor que el de plazo inmediato que formulara Keynes. Así, de acuerdo con Friedman, variaciones de corto plazo, transitorias, en los ingresos no tienen efecto significativo sobre el consumo; simplemente, lo que hace es variar el ahorro. Una baja en los impuestos que se considera como transitoria, por ejemplo, se reflejaría más que en un aumento en consumo, en un alza del ahorro. Para Friedman el determinante del consumo lo es el ingreso permanente, definido por los activos físicos y humanos que poseen los consumidores y que influyen en su capacidad para obtener ingresos a lo largo del tiempo.

De acuerdo con esta idea, es de esperar que, en tanto la “devolución” de impuestos, según la propuesta del presidente Obama, sea percibida por sus receptores como un ingreso transitorio, el efecto sobre el gasto total será relativamente pequeño, y más bien se reflejará en un incremento de los ahorros individuales. En efecto, ya hace más de medio año, durante la administración Bush, se intentó una devolución tributaria similar y el resultado fue que no se elevó significativamente el gasto total en la economía, tal como era el objetivo de dicha devolución. Estos resultados se ajustaron a la predicción friedmaniana sobre la naturaleza de la función de consumo.

Tampoco el paquete actual del presidente Obama parece contener importantes reducciones tributarias orientadas a compensar lo que Hayek y Mises denominaron como “recesión secundaria”, en la cual el sector privado inversionista, plagado de incertidumbre y dudas sobre la posible recuperación de sus inversiones, se abstiene de llevarlas a cabo en tanto perdure dicha incertidumbre generalizada. No hay, por ejemplo, una propuesta que reduzca los muy elevados impuestos sobre las utilidades de las empresas en los Estados Unidos. En efecto, entre los países que conforman la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la tasa máxima de impuestos a los ingresos de las empresas en los Estados Unidos es la segunda entre ellos (un 40%, mientras que el deshonroso primer lugar lo posee Japón con un 40.7%), y está un 13% por encima del promedio de los países de la OECD, según lo señala el libro de Chris Edwards y Daniel J. Mitchell, Global Tax Revolution: The rise of tax competition and the battle to defend it (Washington D. C.: Cato Institute, 2008), p. 45.

Tampoco el paquete de Obama contempla reducciones de otros gravámenes que actualmente podrían constituir un freno para la inversión privada, como podría ser el elevado impuesto sobre las ganancias de capital. Parece que, de lo poco bueno que desde el punto de vista tributario contiene el último paquete de Obama, es que, por el momento, no echará para atrás algunas reformas tributarias llevadas a cabo por la administración Bush, que efectivamente se pueden considerar como favorables para el crecimiento económico.

La experiencia tributaria sucedida en los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años treinta, que se ha señalado como uno de los factores que prolongó la recesión e impidió una pronta recuperación, podría ser útil tenerla presente. En lo más profundo de aquélla, en 1932, el Presidente Hoover aprobó el mayor aumento de impuestos en su país en un período que no fuera de guerra. En el caso del impuesto personal sobre los ingresos, la tasa marginal más elevada pasó de un 25% a un 63% (les apuesto que a ritmo del estereotípico “que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”), mientras que el correspondiente a las empresas se elevó de un 12% a un 14%. Pocos años después y aún en medio de la recesión, el Presidente Franklin D. Roosevelt aumentó más estos gravámenes (en 1936 la tasa máxima del impuesto personal sobre la renta fue incrementada hasta un 79%).
Entre 1933 y 1940 los programas del llamado New Deal de Roosevelt se triplicaron desde $1.6 billones a $5.3 billones, debido a aumentos no sólo de los ya mencionados del impuesto a la renta, sino también a la herencia, específicos de consumo, a “holdings” de empresas, sobre “utilidades excesivas”, entre otros. Deseo mencionar que, en el caso de impuestos específicos, aumentaron los gravámenes a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, la margarina (les apuesto que para proteger a los lecheros productores de mantequilla), jugos de frutas, fósforos, dulces, goma de mascar, refrescos no alcohólicos, llamadas telefónicas, naipes, llantas (incluyendo las de sillas de ruedas), entradas a los cines, electricidad, radios, entre muchos otros.

Como señala Jim Powell (How FDR’s New Deal Harmed Millions of Poor People, Instituto Cato, 29 de diciembre del 2003), “Un reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reconoce que estos impuestos específicos ‘a menudo recayeron desproporcionadamente sobre los menos solventes’”.

Además de los gravámenes específicos referidos, se duplicó el impuesto a la propiedad, se volvió a poner un gravamen sobre los regalos que hacían las personas y, uno muy interesante, un impuesto del 2% a los cheques bancarios, que, por supuesto alentó a que hubiera un traslado desde el dinero bancario hacia el efectivo, contribuyendo a disminuir la oferta monetaria en circulación, si bien posiblemente en un grado menor a lo que fue la absurda política monetaria restrictiva seguida por el Banco de Reserva Federal durante este episodio, pero que, en todo caso, contribuyó en algo a que se profundizara la recesión.

Al igual que en los Estados Unidos, en Costa Rica es necesario estimular la asunción de riesgos por parte de la empresa privada, a fin de que lleve a cabo la inversión necesaria para aprovechar la recuperación esperable de la economía mundial. El empresario nacional está sumido en la incertidumbre proveniente tanto de la situación económica mundial como de las circunstancias nacionales, principalmente derivadas de una política monetaria y cambiaria que incluso ha estimulado una fuerte dolarización de la economía, como forma de protegerse ante dicha incertidumbre. Dentro del llamado Plan Escudo se había mencionado que habría medidas fiscales que estimularan la inversión privada, a fin de que generara empleos (a diferencia de una generación de empleo relativamente improductiva en el sector público) y que permitiera preparar nuestra estructura productiva para el período de recuperación. Sin embargo, la propuesta tributaria lógica hasta el momento ha sido casi nula: un ligero aumento en la deducción tributaria posible para efectos del impuesto sobre la renta de las empresas por la depreciación de los activos. Esto no va a tener efecto alguno en cuanto a estimular la asunción de mayores riesgos por parte de las personas privadas y más bien conforma una promesa incumplida que más bien alimentará la incertidumbre del inversionista.

Es conveniente que nuestras autoridades repasen un poco las erróneas políticas tributarias seguidas por los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años treinta y decidan, de una vez por todas, si es que de verdad quieren alimentar la recuperación y generar empleo en el sector privado, mediante una rebaja de los impuestos tal estimule la asunción de riesgos en nuestra economía. Sin embargo, para nuestra consternación lo contrario parece asomarse en el horizonte. De acuerdo con lo informado por el periodista Mario Bermúdez en el periódico El Financiero del 3 de abril, “la caída en los ingresos tributarios ya motivó una estrategia de emergencia (la negrita está en el original), en la cual destacan los dos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa, autorizaciones temporales para financiar con ingresos extraordinarios el gasto corriente, y para aumentar el endeudamiento interno en dólares.” Esto lo ha anunciado el Ministro de Hacienda, quien posiblemente con esto nos está avisando una salida del cargo actual para lanzarse como candidato a una diputación por la provincia de Heredia. Es bastante extraña dicha estrategia: “aquí propongo más impuestos para que voten por mí”. Por lo que podría anunciarnos una buena dosis de demagogia tipo que “quienes más tienen que paguen más impuestos”, dejando de lado las actuales circunstancias penosas en que transcurre nuestra economía.

En contraste con lo que expuso Keynes como medida anti-recesiva –una disminución de los impuestos- quienes, tal vez sin decirlo explícitamente ahora se declaran keynesianos, están proponiendo hacer lo contrario: aumentar los impuestos. Con ello, tal como sucedió con la Gran Depresión de los treinta en los Estados Unidos, lograrán profundizar y evitar una pronta recuperación de la economía. Quedan advertidos de su potencialmente grave error. Ojalá que la ambición política no nuble los buenos sentidos que se han empleado en el pasado reciente.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:55
2009-04-30-NADA DE QUÉ AVERGONZARNOS

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COLUMNA LIBRE: NADA DE QUÉ AVERGONZARNOS

Boletín de ANFE, 30 de abril del 2009.

Durante los últimos meses he escrito en torno a asuntos relacionados con la recesión económica y, principalmente, sobre propuestas orientadas a paliar sus efectos. En esta ocasión mi análisis trata de un asunto que indirectamente tiene una enorme relación con el principal cuerpo de mis análisis previos: la declaración de Costa Rica como paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad conformada por treinta estados, principalmente industriales y ricos, cuyo fin principal se supone que es la coordinación de las políticas económicas y sociales de sus miembros.

Dicho pronunciamiento fue conocido en nuestro país a inicios de abril de este año y que casi que inmediatamente le siguieron dos acontecimientos domésticos que en mucho contribuyen a fijar el tono de este ensayo. Uno de ellos fue la pronta respuesta que, como una bala, formuló el Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, tan sólo un día después, el 3 de abril, por la cual comprometió al país “a reformar su legislación para permitir el intercambio de información bancaria con fines tributarios.” (La Nación, sábado 4 de abril del 2009).

En síntesis, se obligó a levantar el llamado secreto bancario hoy vigente en nuestro país, para cumplir, de acuerdo con el Lic. Zúñiga, con “El mayor interés de la OCDE (que) en este momento es el acceso a la información bancaria para efectos tributarios, sin necesidad de la intervención de un juez y sin que exista una causa pendiente o una investigación por fraude fiscal.” (Ibíd.).

El segundo hecho nacional destacado fue el también casi inmediato pronunciamiento del periódico La Nación, que en un editorial titulado “Costa Rica como paraíso fiscal” del lunes 6 de abril, resume su posición al señalar que, sobre esta petición de la OECD, “No valen pretextos; esto es una vergüenza para el país. Manos a la obra ya, de parte del Gobierno y de la asamblea legislativa.”

Ambos, el Ministro de Hacienda y el editorialista, aparentan estupor y sorpresa por este pronunciamiento de la OECD. Tal vez dicha actitud se podría justificar si Costa Rica apareciera por primera vez en una “lista negra” de paraísos tributarios, pero ya en el pasado la OECD había pretendido que nuestro país cambiara su regulación al respecto. Es así como el 4 de junio del 2004 la OECD publicó una nueva lista de “paraísos fiscales” en la cual incorpora por primera vez a Costa Rica (ver OECD, A Process for Achieving a Global Playing Field {Global Forum on Taxation: Berlin, June 3-4, 2002}, nota al pie 7, p. 6).

Pero lo que sí no debe sorprenderles a ambos, el Ministro y el editorialista, pues mostraría que viven en un mundo muy distinto al de muchos mortales costarricenses y extranjeros, es la intención de la OECD de obligar a naciones del mundo que no comparten su visión hegemónica de armonización tributaria, para que forzadamente efectúen reformas legales que tal vez no estén dispuestas a efectuar por su propia voluntad, pues eso más bien iría en contra de sus intereses propios, de sus tradiciones y leyes, de sus esfuerzos por ampliar el comercio internacional, de sus pretensiones de lograr un mayor crecimiento económico y de dar protección a los derechos humanos.
Veamos un poco de historia: en 1998 la OECD presentó un informe titulado Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue (París: OECD, 1998), el cual se convirtió en una especie de biblia para quienes consideran que la competencia tributaria entre los diversos países daña la economía mundial. Entre sus alegatos principales para asumir tal posición están porque se crean “distorsiones potenciales en los patrones del comercio internacional y de la inversión de forma que se reduce el bienestar global,” (p. 14), así como que causa un daño cuando los países tratan de atraer inversión “haciendo ofertas (tributarias) de forma agresiva” (p. 16), además de que, como lo dice otro informe de la OECD (algo así como el hijo de Frankestein), porque la competencia tributaria “injustamente erosiona las bases imponibles de otros países y distorsionan la asignación del capital y de los servicios,” (Towards Global Tax Cooperation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices {París: OECD, 2001}, p. 4).

La frecuentemente pro globalizadora OECD aduce ahora no estar en contra de la competencia tributaria en sí, sino de la competencia tributaria “injusta”, lo cual me imagino que a los amigos lectores les recordará aquel otro slogan vacío: el que habla del comercio internacional “justo”. Concretamente dice no gustarle la competencia de los paraísos tributarios y de los llamados “dañinos regímenes tributarios preferenciales”. Se entiende por los primeros a países que no tengan impuesto sobre la renta o que sean muy bajos, así como leyes que protegen la privacidad de los contribuyentes al restringir información tributaria con otros países, mientras que los segundos son naciones que no tienen impuestos o que son muy bajos, que no comparten información tributaria y que poseen provisiones impositivas preferenciales (en inglés “ring-fenced tax provisions”), por las cuales ofrecen tasas impositivas bajas a inversionistas extranjeros, pero no las otorgan a inversionistas domésticos. (Mucha de la información que me permite forjar estas opiniones la obtuve del libro de Chris Edwards y Daniel J. Mitchell, Global Tax Revolution; The rise of tax competition and the battle to defend it {Cato Institute: Washington D. C., 2008}, p. 136).

Lo interesante de estos alegatos de la OECD es que asumen que los recursos productivos son altamente sensibles a las menores tasas impositivas y por ello fluyen hacia los llamados paraísos tributarios, pero, si eso fuera cierto, tendrían que cuestionarse (y no lo hacen) que lo opuesto puede ser lo correcto: que es por las muy elevadas tasas de impuestos en los países de donde proceden las inversiones, que fluyen hacia los paraísos impositivos. La verdad es que la inversión es sensible a la imposición doméstica y a la imposición en el extranjero, por lo que los esfuerzos de la OECD más bien deberían de encaminarse hacia reducir los gravámenes tan altos existentes en sus países, en vez de impulsar aumentos tributarios en los países receptores de inversión.

El argumento de la OECD es que un país crea una externalidad dañina cuando unilateralmente baja sus impuestos a la inversión como medio para atraerla al país, pues erosiona la base imponible del país de origen de dicha inversión. Todo esto es en realidad un tema de eficiencia económica: si una nación reduce sus gravámenes como medio para prosperar, ello no necesariamente tiene que causar daño al país de donde proviene la inversión.

En un medio competitivo, como sucede en el caso del libre comercio, cada país, buscando su propio interés, deberá reducir sus propios impuestos para lograr conservar sus recursos de inversión. No hay lo que se llama un “juego de suma cero”, en donde lo que uno gana es a costas del otro: al igual que menos aranceles conducen a un aumento en el comercio internacional, menores impuestos sobre la inversión conducen a un aumento en la inversión total. El problema radica en altas tasas de impuestos sobre la inversión que afectan la formación de capital dentro de los propios países. El desvelo de la OECD se sustenta en última instancia en una preocupación acerca de la ubicación hacia donde se dirige la inversión y no sobre el efecto negativo que tienen los impuestos elevados sobre el ahorro, el esfuerzo, la inversión y el crecimiento económico. Con su actitud la OECD aboga por una especie de proteccionismo tributario.

La propuesta conveniente es que las inversiones en un país deberían ser objeto de la misma tasa impositiva independientemente del origen de la inversión. En lo que se denomina el enfoque territorial de la base impositiva, el impuesto se aplica en el país en donde se genera el ingreso, sustentado en el principio de neutralidad impositiva al capital importado. El objetivo de la OECD es que no rija este principio impositivo territorial, sino uno basado en los ingresos globales del contribuyente, de manera que impida la competencia tributaria.

En nuestro país hace un par de años, como parte de un paquete tributario propuesto por el Ministerio de Hacienda y el cual también defendió el editorialista de La Nación de ese entonces, se pretendió sustituir al sistema impositivo territorial que hoy sirve de base para gravar la inversión, por un esquema de renta global o universal, como se le suele denominar, mediante el cual quienes tributan en el país lo deben hacer sobre los ingresos totales que perciben en el mundo y no sólo sobre lo generado en el territorio nacional. Esta idea, como tantas malas, posiblemente pronto resucitará como el Ave Fénix. Es precisamente lo que hoy desea la OECD: temerosa de que las empresas ubicadas en naciones de la OECD trasladen sus operaciones a países fuera de su ámbito, considera que, si los ingresos que esas firmas obtienen en el exterior son fuertemente gravados, no se dará tal “outsourcing”; que no se irán al “exterior”. Pero no hay duda de que, en tanto haya razones tributarias (o de otra índole) para que una empresa traslade sus operaciones al exterior, lo hará. El punto es hasta qué grado podrá hacerlo una empresa de un país que grave los rendimientos de sus inversiones en el exterior, en comparación con otra firma proveniente de una nación que no tenga tal esquema tributario.

Lo que el Ministerio de Hacienda pretendía con su propuesta de gravar la renta universal era, al fin de cuentas, lo mismo que pretende lograr la OECD: obtener más impuestos. Al forzar a un país considerado paraíso tributario, como Costa Rica, a que transforme su sistema tributario mediante medidas que equivalgan a un alza en el costo impositivo de operar en el país, lo que la OECD busca es elevar la recaudación de impuestos provenientes de las empresas. Como dicen Edwards y Mitchell (Op. Cit., p. 110), parece que quienes promueven la renta universal “estarían satisfechos si cada país tuviera un sistema tributario que gravara la renta universal con una elevada tasa impositiva a las empresas de un 60 por ciento. Eso sería ‘eficiente’ según su manera de pensar, pero sería devastador para la economía global porque la inversión se desplomaría y caerían los niveles de ingresos.”

Con su presión sobre Costa Rica para que reforme las leyes vigentes sobre el secreto bancario, lo que la OECD anda tras es de que nuestro país le facilite la aplicación de su principio de renta universal, tal que le permita aumentar su recaudación tributaria. Las pretensiones de la OECD reciben un fuerte impulso con la posición expuesta por el editorial de La Nación del 4 de abril del 2009, que hace sentir que el país comete una villanía reprochable cuando retiene “información bancaria fundamental que facilitaría la identificación de ingresos gravables de ciertos contribuyentes nacionales y extranjeros domiciliados en el país o en el exterior”.

El editorial de marras enfatiza luego que actualmente “Los extranjeros (personas físicas o jurídicas) pueden domiciliarse aquí sin que se les grave por los ingresos obtenidos en el exterior”, y apoya una reforma que implica una aceptación del principio impulsado por el Ministerio de Hacienda como parte de su paquete de reforma tributaria, mediante el cual el impuesto sobre la renta no se cobraría sólo por aquellos ingresos generados en nuestro territorio, sino en cualquier lugar del mundo. Prosigue el editorial en mención señalando que ahora “además, se le niega información a sus respectivos países de origen sobre los ingresos que (los extranjeros) obtengan y depositen en sus cuentas bancarias abiertas en el territorio nacional.” (El paréntesis es mío). Esto significa que, también, si, por ejemplo, una empresa extranjera o un ciudadano no costarricense genera ingresos en el país, deberíamos, para no avergonzarnos, como dice el editorial, informar de ello a los gobiernos de su país de origen, lo cual significa aceptar de nuevo el principio de renta universal.
Lo que debería de aconsejar el agente tributario de marras es que se graven los réditos de las inversiones de los extranjeros en el país al igual que se hace con los que obtienen los nacionales, pero no hay razón alguna para que tengamos que informar a gobiernos extranjeros acerca de lo que produce una inversión externa en nuestro territorio: esto último debería ser un asunto nuestro en cuanto objeto de gravamen.
El principio anterior podría incorporarse en una reforma tributaria basada en fundamentos tributarios modernos caracterizados por impuestos bajos y uniformes, mejor conocido por su nombre en inglés “flat tax”, que actualmente cobija a 25 sistemas impositivos nacionales. Debo mencionar que, si el problema tributario global de acuerdo con la OECD es la evasión tributaria, en especial en cuanto a que significa un flujo de inversiones de países con altos impuestos hacia naciones con tributos más bajos, uno de los medios más importantes a través de los cuales las naciones podría mejorar su recaudación eliminando la evasión impositiva, lo sería mediante un impuesto como el “flat tax”, que tiene el incentivo positivo de evitar esconder los ingresos ante las autoridades tributarias, como sucede actualmente con muchos de los esquemas impositivos vigentes.

Antes de mencionar algunas razones por las cuales los derechos de los extranjeros son salvaguardados con nuestro sistema tributario, hay que ser muy crédulo, como el editorialista de La Nación, para considerar que, como lo señala la OECD y citado por ese periódico, con paraísos fiscales como Costa Rica se da “la oportunidad a los contribuyentes de evadir o burlar impuestos en sus países de origen. Cuando los individuos o compañías evaden sus obligaciones privan a los gobiernos de ingresos necesarios para edificar escuelas, hospitales y otros proyectos de carácter público.”

¡Casi que no aguanto las ganas de llorar ante conducta tan malévola de esos evasores tributarios gracias a paraísos fiscales como nuestro país! Me imagino que el editorialista incluye dentro de esos “otros proyectos de carácter público” los gastos en armamento del gobierno venezolano, que no es muy amable “tributariamente hablando” con sus ciudadanos y sus empresas. O tal vez considera como loables proyectos públicos el financiamiento de una abotagada burocracia europea costeada por toda la ciudadanía. Me imagino que es muy loable el gasto público que queda sin financiar en Argentina y que podría ser mucho mayor si la gente pagara los impuestos y la que, ante la expropiación y la frustración por un futuro negro, ¡huye de su país y se refugia en un paraíso fiscal como Costa Rica! Si La Nación se traga el cuentico del merecido gasto estatal que se queda sin financiar, según la OECD, nos pone a un paso de aseverar que es necesario aumentar los impuestos en Costa Rica para pagar todos los proyectos loables que una burocracia podría contemplar.

Por ello es inaceptable la regañada que el periódico La Nación le hace a Costa Rica, cuando señala: “Costa Rica, al negarse a dar información (o consentir el funcionamiento de la banca offshore) está dando muestra de muy poca o ninguna solidaridad con la comunidad internacional.” Todo lo contrario: al facilitar que lleguen inversiones y empresas a nuestro país en parte por razón de que los impuestos son menos elevados que en su país de origen, el país está mostrando una enorme solidaridad con las personas de esos países. Si el periódico aduce falta de solidaridad “con la comunidad internacional” entendida ésta como gobiernos que gravan fuertemente los ingresos de sus ciudadanos, pues en buena hora somos insolidarios con los gobiernos, pero no lo somos con los seres humanos, como individuos y como actores económicos por medio de empresas, cuyo bienestar es al fin y al cabo lo que debe interesar.

Para que el lector se dé cuenta de la importancia de este tema en la actualidad política de los Estados Unidos, ya el presidente Obama, quien en el pasado se manifestó en contra de los llamados paraísos fiscales, parece reanudar su andanada contra ellos, envalentonado por las conversaciones recientes sostenidas con países del llamado grupo de los 20 (G-20).

En el periódico New Herald de Miami del 20 de febrero de este año, el periodista Gerardo Reyes escribió lo siguiente: “Costa Rica figura junto a Panamá como uno de los 50 paraísos fiscales preferidos de las mayores empresas de Estados Unidos y de los principales contratistas del gobierno federal, según un informe de la Oficina de Fiscalización del Congreso (GAO)… Entre los criterios para definir ‘paraíso fiscal’, la investigación señaló que se tuvo en cuenta las jurisdicciones donde las filiales no están obligadas a declarar impuestos; donde no hay un intercambio de información tributaria efectiva entre el país en cuestión y Estados Unidos y existe una ‘falta de transparencia en la implementación de las normas legislativas, judiciales y administrativas’. También se consideró la ausencia de una presencia física de la filial.”… Costa Rica sólo aparece como paraíso fiscal “al aplicarse el novedoso criterio del IRS (Oficina de Impuestos del Gobierno de los Estados Unidos.”… “Las notificaciones del IRS son citaciones proferidas por los tribunales estadounidenses para obtener información de contribuyentes estadounidenses que aparecen con firma autorizada en bancos o cuentas de tarjetas de crédito expedidas por esos bancos en 34 países.”… Las empresas con filiales en Costa Rica son: “ Abbot Laboratories (1), Altria Group (2), Caterpillar (1), Cisco (1), Citigroup (19), Coca-Cola (1), Countrywide Financial (1), Dell (2), Dow Chemical (1), Fedex (1), Hewlett-Packard (1), Intel (1), International Business Machines Corp. (1), Kraft Foods (3), Pepsi (2), Pfizer (2), Tech Data (1), The Procter & Gamble Company (3) y United Health Group (2).”

Afortunadamente, el artículo en mención cita que el informe de la Oficina de Fiscalización del Congreso (GAO) “advierte que el establecimiento de esas filiales no significa necesariamente que lo hicieron con el propósito de aliviar su carga tributaria”. He destacado estos hechos recientes sucedidos en Estados Unidos para señalar que los propósitos de la OECD, expresados en su publicación de 1998, el informe Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, han sido revitalizados por el ascenso de Barack Obama al gobierno de su país. Su principal asesor económico, Larry Summers, es un connotado creyente en la armonización tributaria global y no considera que dicha política provoque daños a la economía mundial. Actualmente varios comités del Congreso de los Estados Unidos analizan el tema.
Uno argumento que se ha escuchado en favor de eliminar el llamado secreto bancario es la enorme ayuda que éste brinda para el lavado de dineros tanto provenientes del tráfico ilegal de drogas como de fondos dedicados al terrorismo internacional. Es más, el periódico La Nación, en su editorial antes mencionado, se hace eco de este alegato, al señalar que, con la apertura del secreto bancario que solicita la OECD, “se podrían controlar más fácilmente los delitos de lavado de dinero sancionados por la Ley de Sicotrópicos.” De nuevo estamos en presencia de otro acto de candidez, pues es sabido que, por medio del Instituto Costarricense de Drogas (creo que hoy conocido como Comisión Nacional de Drogas, CONADRO), nuestro país forma parte del llamado Grupo Edmont, cuya meta es brindar un foro mundial para las entidades nacionales encargadas de la lucha contra el dinero sucio, con el fin de mejorar el apoyo a los gobiernos en su lucha en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros crímenes de índole financiera.

Asimismo, Costa Rica es participante activo del GAFIC, que es un grupo de naciones del Caribe y de Centro América organizado para luchar contra el lavado de dinero.
Ahora se pretende que, para luchar efectivamente contra esos crímenes financieros, eliminemos el secreto bancario, cuando el país ha sido un diligente colaborador del Grupo Edmont, precisamente encargado de la coordinación internacional de estos asuntos. (De paso, de nada sirvió que en los Estados Unidos no existiera el secreto bancario ante los atentados de extremistas islamitas contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de setiembre del 2001: las transacciones monetarias a los terroristas se efectuaron a través de los canales bancarios de los Estados Unidos, Europa y de Oriente Medio y no existe información de que para ello se usaran centros financieros offshore o paraísos tributarios).

Costa Rica permite la apertura de las cuentas corrientes cuando un juez así lo autoriza. Este es el camino que hasta el momento ha seguido nuestro país, firmemente basado en la protección de la privacidad del ciudadano. En caso de dudas acerca del comportamiento de alguna persona o empresa, ya sea en el campo de la evasión tributaria o de blanqueo de capitales de dudosa procedencia, es mediante el camino de la ley, como ha sido una tradición en nuestro país, que un juez permite dicha apertura de cuentas, pero debe ser un proceso razonadamente justificado por las autoridades del caso y fundamentado en nuestras garantías constitucionales.

La pretensión, tanto de la OECD como del editorialista de La Nación, pone en riesgo la seguridad del buen ciudadano: una simple apertura de las cuentas corrientes, en que, como dice La Nación, “las autoridades fiscales podrían controlar más eficazmente los ingresos gravables y no gravables de todos los contribuyentes, nacionales o extranjeros, sin necesidad de una engorrosa autorización judicial,” no es suficiente razón. Ni tampoco es justificación lo que asevera el Ministro de Hacienda en sus declaraciones del sábado 4 de abril del 2009 en La Nación, cuando dice, y repito su cita, que “El mayor interés de la OCDE en este momento es el acceso a la información bancaria para efectos tributarios, sin necesidad de la intervención de un juez y sin que exista una causa pendiente o una investigación por fraude fiscal.”

¿Intervención por parte de quién? ¿De algún burócrata de turno, nacional o internacional? ¿Sin que medie causa o investigación de naturaleza fiscal? Entonces, ¿de qué causa o razón para acceder a nuestras cuentas bancarias se está hablando? Prefiero que, como ciudadano, me ampare la ley: que rija el principio de legalidad y no que se abran las puertas al abuso potencial del estado o de los estados en contra de los ciudadanos.

Tal propuesta abre la posibilidad de que cualquier persona, nacional o extranjera, física o jurídica, Usted o yo, estemos sujetos a la apreciación que en algún momento dado puede tener alguna “autoridad fiscal”, lo que sin duda comprende a políticos oportunistas, tal vez ansiosos, como se ha observado en más de una ocasión, de dañar a quienes miran como sus oponentes. Con la propuesta en mención le permitiremos tener acceso a la información de nuestras cuentas corrientes. Hoy Usted está protegido de alguna manera porque, para hacerlo, se requiere de la decisión de un juez, si bien es una posibilidad que La Nación califica como “engorrosa”. Tal vez esa característica de “engorrosa” es más bien una virtud necesaria para garantizar nuestros derechos fundamentales. El riesgo de un posible daño al ciudadano no puede estar sustentado en que, con esa apertura de las cuentas corrientes, el fisco estará en posibilidad de obtener recursos que consideró como evadidos. El riesgo está en que nada garantiza que esa información que adquiere el burócrata público no será utilizada para propósitos presuntamente más peligrosos, como el chantaje o el secuestro extorsivo, pues ahora se tendría libre acceso a una información estrictamente personal que es hoy privilegiada. Nada, absolutamente nada, garantiza que ello no vaya a suceder. Alguien podría alegar que posiblemente “tal cosa no va a suceder en Costa Rica”, pero si se abre esa posibilidad de una nueva y rica fuente para la delincuencia, será sólo una cuestión de tiempo para que ello suceda aquí, tal como pasa en otras naciones.

Hace poco el distinguido abogado Dr. Rubén Hernández Valle publicó en La Nación del 17 de marzo del 2009 un artículo aptamente titulado “¿Quién Gobierna en Costa Rica?” el cual se reprodujo en el boletín de ANFE del mes de abril. Si bien en él se refiere a temas distintos a los que hoy trato, la pregunta que formula tiene, en esta oportunidad, una relevancia crucial. En el aspecto tributario, ¿quién Gobierna en Costa Rica? ¿Es acaso la OECD que ejerce presión y chantajes políticos al amenazar con la suspensión de ayuda financiera externa a nuestro país si no cambia sus leyes tributarias? La carrera que pegó el Ministro de Hacienda para que nuestra Asamblea Legislativa haga lo que le pide la OECD es la mejor muestra de sumisión de un político costarricense a los dictados de una organización de la cual ni siquiera somos miembros. Una organización cuya dirigencia ni siquiera es electa por el voto democrático de todos quienes somos afectados por sus acciones; una organización que defiende los intereses particulares de sus actuales integrantes, que bien pueden coincidir o no con los nuestros; una organización que, en este caso particular, está envuelta en un serio conflicto interno, pues algunos de sus miembros hoy son connotados “paraísos tributarios”, según la propia definición de la OECD, como lo son Austria, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Suiza y los Estados Unidos. Claro, la OECD no ataca a esas naciones poderosas, sino a “paisecitos” como el nuestro, con pocas posibilidades de defensa ante ellos y en donde se tiene a defensores gratuitos y temerosos de nuestra franca y libre posición actual.

Costa Rica es una nación caracterizada por defender los derechos humanos, entre los que destaca la defensa de la persona ante la persecución de los gobiernos, que muchas veces se origina simplemente en razones étnicas, políticas o religiosas. Asimismo, busca proteger a las personas del crimen, la corrupción y la mala administración que emana de muchos de esos mismos gobiernos. Por ello es crucial la defensa del derecho que el país otorga de preservar la información personal contenida en las cuentas corrientes. Lo es hoy más importante que antes, en especial ante la existencia de tecnologías que fácilmente invaden el campo personal privado. No hay que irse a otro mundo (aunque algún medio así parece mostrarlo) para darse cuenta de que hay muchas naciones en que los individuos se encuentran inmersos en sociedades en donde abunda la corrupción y la persecución por el simple hecho de disentir. En muchas ocasiones dicha persecución se origina en la conducta propia de los estados, que mediante la expoliación, la expropiación, la imposición discriminada, tratan de minar el derecho de las personas de poder cambiar libremente sus gobiernos, para lo cual una medida contundente contra aquéllas es restringirles sus derechos a la propiedad. (¿Acaso no hemos todos escuchado alguna vez historias de cómo se amenaza a oponentes, por parte de ciertos políticos en el gobierno de turno, con enviarles “la tributación” si prosiguen en sus empeños?).

Uno sabe que la gente se protege, al menos parcialmente, de esos abusos gubernamentales mediante la ubicación de recursos financieros en los así considerados y llamados paraísos fiscales. Me imagino que hoy en día lo hace el empresario venezolano al huir del socialismo rampante de Hugo Chávez, o el argentino o el boliviano o el ecuatoriano o el nicaragüense, quienes ven como sus propiedades o están siendo limitadas o están en peligro de ser nacionalizadas por los estatistas de turno. O, más lejos de aquí: cómo es que buscan protección el comerciante de la República Democrática del Congo o las familias en Zimbabwe quienes ven perder sus ahorros y riquezas acumuladas a través de los años, en un marco jurídico público totalmente corrupto. Podría seguir citando minorías perseguidas en todo el mundo (homosexuales en Arabia Saudita o en Cuba; judíos en el Medio Oriente o cristianos, hasta hace poco, en Iraq; mujeres en partes de Afganistán o chinos en secciones de Asia y en regiones del Este de África) que podrían lograr protección gracias a los malqueridos paraísos tributarios.

Lo sorprendente no es que haya tantas naciones que carecen de libertad (45, de acuerdo con Freedom House; 130 países con calificaciones menores a 5 según la calificación de 1 a 10 que tiene Transparencia Internacional y 60 en el Indice de Estados Fracasados de la Revista Foreign Policy), sino el hecho de que casi todos los países calificados como paraísos tributarios gozan de una excelente gobernabilidad. Así, un estudio de Dhamikka Darmapala y James Hines, Which Countries Become Tax Havens? (Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, Working Paper 12802, 2006) señala que “los paraísos tributarios califican muy bien entre países en cuanto a medidas sobre la calidad de la gobernabilidad, las cuales incluyen medidas sobre voz de la ciudadanía y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad de los gobiernos, vigencia de la regla de la ley y de control de la corrupción. De hecho, casi no existen paraísos tributarios que son pobremente gobernados.” (p. 1) Los autores responden y explican afirmativamente una pregunta crucial: “¿por qué los países mejor gobernados tienen una mayor posibilidad que otros de convertirse en paraísos fiscales? (p. 2)

Si el amigo lector desea estar informado apropiadamente sobre la defensa mundial en contra de la eliminación de la competencia tributaria entre naciones, el Center for Freedom and Prosperity, www.freedomandprosperity.org , le brinda la información necesaria.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 17:57
2009-05-31-LA CRISIS COMO UN FRACASO DEL MERCADO- I PARTE

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COLUMNA LIBRE: LA CRISIS COMO UN FRACASO DEL MERCADO: PRIMERA DE DOS PARTES

Boletín de ANFE, 31 de mayo del 2009. También fue publicado en el sitio en español del Cato Institute, el 20 de octubre del 2009.

Son muy diversos los ensayos y las opiniones en donde se señala que la actual crisis de la economía mundial constituye un fracaso del capitalismo. Por ello he querido en este boletín, y en el próximo, analizar hasta qué grado hay razón en dichas afirmaciones y si, de la conclusión a que llego, deberé inferir en la necesidad de sustituir al actual sistema por una nueva versión en donde predomine el papel del estado en la economía.

Para darnos cuenta del alcance del tema, es necesario hacer algunas breves reflexiones acerca del concepto de mercado y, en particular, de lo que se ha denominado como capitalismo. Hayek no parece ser muy aficionado al empleo del término “capitalismo”. Así, escribe que “ni ‘capitalismo’ ni ‘laissez-faire’ describen apropiadamente (lo que él denomina como un sistema libre) y ambos términos son entendiblemente más populares con los enemigos, que con los defensores de un sistema libre. ‘Capitalismo’ es como máximo un nombre apropiado para la realización parcial de aquel sistema en una fase histórica concreta, pero siempre induce al error, porque sugiere un sistema que beneficia principalmente a los capitalistas, mientras que, en efecto, es uno que impone sobre la empresa una disciplina bajo la cual los administradores se desgastan y en donde cada uno busca cómo escaparse.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 1; Rules and Order, Chicago: The University of Chicago Press, 1973, p. p. 61-62).

Sin embargo, en 1954 escribió, junto otros 5 destacados pensadores, el libro titulado Capitalism and the Historians, en el cual se queja de la mitología socialista en torno al capitalismo y formula la siguiente pregunta: “¿Quién no ha oído hablar de los ‘terrores del capitalismo inicial’ y no ha sacado la impresión de que la aparición de este sistema trajo nueva e indecible miseria a extensas capas de la población, que hasta entonces estaban relativamente satisfechas y vivían con desahogo?... La difundida repulsa emocional contra el ‘capitalismo’ está estrechamente enlazada con la creencia de que el indiscutible aumento de la riqueza, producido por el orden de la competencia, fue comprado con el precio de un nivel de vida inferior para las capas sociales más débiles… Sin embargo, un examen más cuidadoso de los hechos ha conducido a una revisión fundamental de esa doctrina.” (Friedrich A. Hayek et al., El Capitalismo y los Historiadores, Madrid, Unión Editorial S. A., 1974, p. p. 15-16.
También hay una cita de Hayek que me permito transcribir, pero que no me ha sido posible ubicar su procedencia original exacta, si bien aparece mencionada en el “blog” del prestigioso economista liberal Larry Kudlow (http://kudlowsmoneypolitics.blogspot.com/2007/04/hayek-on-capitalism.html). En ella Hayek manifiesta su aprecio por el capitalismo como el mejor medio de asegurar el progreso de la humanidad. Dice la cita: “Seriamente creo que el capitalismo no es sólo una mejor manera de organizar la actividad humana que cualquier diseño deliberado, que cualquier intento de organizarla para satisfacer preferencias particulares, de dirigirla hacia lo que la gente considera como un orden bello o afable, sino que también es una condición indispensable simplemente para que continúe viviendo la gente que ya existe en el mundo. Miro la preservación de lo que se conoce como el sistema capitalista, del sistema de mercados libres y de la propiedad privada de los medios de producción, como una condición esencial para la simple supervivencia de la humanidad.”

Hayek, a pesar de lo antes expuesto, en sus ensayos escoge referirse al capitalismo como “el orden del mercado o economía de mercado” o “catalaxia” (Ver passim, Friedrich A Hayek, Law, Legislation and Liberty, Op. Cit., en sus 3 volúmenes), lo cual nos trae a colación el empleo de términos similares, como el utilizado por Karl Popper de “Sociedad Abierta” o el empleado por Adam Smith de “La Gran Sociedad” o “sistema de libertad natural”, cuando se refiere al orden económico de mercado capitalista. Así, escribió Smith que “Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le parezca a los fines de buscar su modo de vivir, y que puedan salir sus producciones a competir con las de cualquier otro individuo de la naturaleza humana. El Soberano vendrá a excusarse de una carga cuya expedita sustentación se hallará combatida de mil invencibles obstáculos, pues para desempeñar aquella obligación estaría siempre expuesto a mil engaños, cuyo remedio no alcanza la más sublime sabiduría del hombre. Esta es la obligación de entender la industria de cada uno en particular, y de dirigir la de sus pueblos hacia la parte más ventajosa a sus intereses, cosa que aún los mismos que lo practican con un lucro inmediato suelen no acabar de penetrar.” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo II, San José, Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 454).

Dados los conceptos expuestos, lo que se denomina capitalismo lo voy a llamar “sistema de mercado” o “mercado libre”, entendiendo por él lo que se ha señalado como “sistema de libertad natural” Smithiano o el Popperiano “Sociedad Abierta” u “orden de mercado”, según Hayek, a fin de no caer en discrepancias terminológicas que nos alejen de resultados analíticos de mayor interés para estos momentos.
Quien contribuyera a fundar en Inglaterra el equivalente –guardando las proporciones- de mi apreciada Asociación Nacional de Fomento Económico, Arthur Seldon, del Institute of Economic Affairs, escribió un libro titulado Capitalism, en el cual expresa que “el argumento a favor de un sistema económico no es absoluto sino relativo. El mundo, sus países y sus pueblos pueden escoger entre el capitalismo y el socialismo. Si no lo pueden hacer, si los Marxistas están en lo correcto al suponer que el colapso del capitalismo es (periódica o intermitentemente) inminente y que el triunfo del socialismo es repetidamente inevitable, hay poca razón para escribir a favor o en contra, ya sea del capitalismo o del socialismo, con la intención de influenciar a los políticos y al público para que favorezcan a uno de los dos. Expresar el caso en favor de uno de ellos implica, en este sentido, el caso en contra del otro.” (Arthur Seldon, Capitalism, Oxford, Inglaterra: Basil Blackwell, 1990, p. p. 2-3).

Me interesa también citar lo que él considera son las fortalezas de un sistema de mercados, de derechos de propiedad privada, de poder descentralizado y de responsabilidad individual por el comportamiento humano, lo que Seldon denomina capitalismo: “su vitalidad sin par para recuperarse de condiciones adversas en la guerra y en la paz, su poder sin rival alguno, reconocido por Marx, para producir bienes y servicios para el mantenimiento y el confort de la humanidad y su ventaja única para el populacho común, de reemplazar su sujeción a políticas autoritarias o paternalistas por la democracia populista del mercado.” (Arthur Seldon, Op. Cit., p. 4).

Yo prefiero vislumbrar al mercado como un conjunto de instituciones, que incluyen elementos tales como leyes que definen la propiedad, el intercambio y la resolución pacífica de conflictos, reglas y costumbres en las que se enmarcan dichas leyes e instituciones, tales como el dinero, el sistema de precios, empresas y similares. Sanford Ikeda define al “proceso de mercado” como “un orden espontáneo sostenido por un marco institucional, en donde predominan la propiedad privada y el libre intercambio, y el cual surge a partir de los propósitos esencialmente independientes de los actores individuales, quienes formulan planes a la luz de una ignorancia parcial y de un cambio no anticipado.” (Sanford Ikeda, “Market process,” en Peter J. Boettke, The Elgar Companion to Austrian Economics, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing Inc., 1994, p. 24).

Esta visión del mercado como un proceso, en vez de un equilibrio que resulta de la interacción de la oferta y la demanda en un momento dado, tal como lo analizan los economistas neoclásicos, es un enfoque sumamente interesante de los economistas llamados austriacos, pues permite analizar el llamado “problema del conocimiento”, en donde quienes toman decisiones podrían encontrarse radicalmente ignorantes de la información que se encuentra dispersa entre los diferentes individuos que participan en un mercado. Por el contrario, el análisis neoclásico asume que los agentes poseen la totalidad de la información y en donde está ausente la ignorancia radical, entendida ésta como una situación en que no se es ignorante por elección, sino porque, en este caso, el actor tiene un desconocimiento completo, pleno, de algún aspecto del mundo relevante para su decisión.

Para el economista Premio Nobel Edward Phelps, “en esencia, los sistemas capitalistas son un mecanismo por el cual las economías pueden generar un crecimiento del conocimiento –con mucha incertidumbre durante el proceso, debido a la calidad de incompleto que posee el conocimiento. El crecimiento en el conocimiento conduce a que se dé un crecimiento del ingreso y a una satisfacción con el trabajo; la incertidumbre hace que la economía se vea impulsada a tener oscilaciones súbitas –todos estos fenómenos fueron notados por Marx en 1848.” (Edward Phelps, “La Incertidumbre Atormenta al Mejor Sistema,” Boletín de ANFE de abril del 2009, traducción de su ensayo publicado en el Financial Times del 14 de abril del 2009.)

Bajo esta concepción es posible explicar, tal como lo hace Thomas Sowell, al analizar el origen de la actual crisis económica debido a la caída del mercado de vivienda en los Estados Unidos, que “el mercado no es nada más ni nada menos que mucha gente compitiendo la una con la otra, y efectuando transacciones voluntarias entre sí, en términos tales que sean mutuamente acordadas.” (Thomas Sowell, The Housing Boom and Bust, New York: Basic Books, 2009, p. 113). Por lo tanto, como el mercado no es resultado de un diseño que pueda pretender crear un “mercado perfecto”, sino que es el corolario no previsto de la acción humana a través de los tiempos; esto es, de un proceso de descubrimiento en el curso de los años, es posible señalar que, como no es perfecto, es, por lo tanto, perfectible en cuanto a los resultados esperado en él: esencialmente una eficiente transmisión de la información vía precios. Esto es importante, pues incluso se ha aseverado que la actual recesión muestra el “fracaso del mercado” y de ahí casi que deducen que es necesario renovarlo o crear un nuevo orden capitalista o, según otros más francos, que se debería de regresar a sistemas claramente socialistas que sustituyan a un “fracasado” orden de mercado.

Por ejemplo, esta es, en el fondo, la consideración que le permite decir al columnista del periódico La Nación, Fernando Araya, que “un buen día el capitalismo especulativo colapsó y sus postulados saltaron por los aires hechos polvo. Varios dirigentes anunciaron, entonces, la necesidad de refundar al capitalismo democrático y liberal, abandonar el discurso de la caverna [de quienes adoran al mercado] y evitar las alucinaciones del laberinto [de quienes adoran al estado].” Pero, buscando el justo medio, tan sólo por estar en la mitad y no en cuanto a si el orden social que implica es el que mejor permite a los hombres resolver su problema económico, concluyó este autor con una indefinida “lavadita de manos”, pues nunca propone cómo debiera ser la nueva organización social. Así, escribe que “En este punto nos encontramos: no obstante los pobladores del laberinto y de la caverna siguen atados a la prehistoria, continúan rechazando al dios Estado o al dios mercado, no se dan cuenta de que la sociedad es mucho más que los fetiches que ellos adoran, que la persona humana, por el solo hecho de serlo, trasciende infinitamente sus añejos cubículos mentales y que ambos extremos se levantan sobre una pila de cadáveres.” (Fernando Araya, “Laberintos y cavernas,” La Nación, domingo 17 de mayo del 2009.)

La comparación última de los extremos que hace el Sr. Araya de que “ambos extremos se levantan sobre una pila de cadáveres,” es, como menos, una injuria a la Historia. Ello equivale a decir que los órdenes liberales, que por lo general buscan refrenar y hasta minimizar en lo necesario el tamaño del estado, han provocado tantas muertes como las causadas bajo los órdenes anti-mercado, como el fascismo y el socialismo: parece que para el autor no existieron ni Hitler ni Mussolini, ni Pol Pot ni tampoco Stalin ni hoy Kim Il Sung, en cuyos gobiernos impulsaron órdenes económicos totalmente contrarios a las ideas liberales y que se caracterizan por haber causado una generalización de la pobreza. Por ello, aunque el “wishful thinking” de algunos es la pretensión de crear paraísos en la tierra, el ser humano se ve obligado a escoger entre el capitalismo y el socialismo (que incluye a su primo político, el fascismo), tal como nos lo recordó Seldon párrafos atrás.

Por ello, ante quienes enfatizan la necesidad de “perfeccionar” el sistema de mercado, lo conveniente es tener presente lo que señala Pedro Schwartz como un rasgo fundamental del liberalismo clásico, en cuanto dos hechos que señalan limitaciones al ser humano: “en esta tierra al menos, no nos es dado alcanzar el conocimiento cierto; ni tampoco nos es posible construir una sociedad perfecta.” (Pedro Schwartz, “Presentación: Sísifo o el Liberal,” en Nuevos Ensayos Liberales, Madrid: Espasa Hoy, p. 20) y agrega luego “El liberal parte del supuesto de que no hay organización social perfecta… las democracias liberales (son) las que se encuentran siempre en transformación y las que están sujetas a continua inestabilidad…” (Pedro Schwartz, Op. Cit., p. 21).

Relacionado con este tema y dentro de algunas propuestas de reconstrucción del sistema de mercado, acota Sowell: “Aquellos quienes están hoy diciendo que una mejor regulación podría conducir a mejores resultados, están expresando un axioma atrayente que, en el mundo real, induce gravemente al error. No hay duda que una regulación perfecta del gobierno podía haber resuelto los problemas del mercado de la vivienda. Pero también esos problemas los podía haber resuelto una operación perfecta de los mercados libres. Y que seres humanos perfectos podían haber prevenido que los problemas surgieran en una primera instancia. Pero cualquier intento serio de tratar con problemas serios debe empezar con las personas humanas, e instituciones humanas, tales como son –no como deseamos o tenemos la esperanza de que sean… Los seres humanos cometen errores tanto en el mercado como en el gobierno, a pesar de la noción extendida de que, cuando las cosas salen mal en el mercado, eso automáticamente significa que el gobierno deba intervenir –como si el gobierno no cometiera errores.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p. 118). Este es el punto político importante que hay que tener presente ante las propuestas de una mayor regulación e intervención del estado para corregir el presunto fracaso del mercado en el marco de la crisis actual.

Pero, ¿será correcto decir, ante esta crisis originada en los Estados Unidos y concretamente por un alza y luego una estrepitosa caída del mercado de vivienda, que el sistema de mercado fracasó? Debe tenerse presente que un mercado suele reaccionar ante muy diversas razones que pueden motivar la acción de quienes participan en él y que se reflejan en la oferta y la demanda de quienes interactúan en dicho mercado. Por eso, se debe tener presente en una búsqueda que explique los recientes acontecimientos si más bien han sido el resultado de medidas tomadas por el estado que fundamentalmente provocaron la caída del mercado de vivienda y que luego afectó a la economía como un todo, tanto de los Estados Unidos como al mundo entero, en vez de juzgar casi apriorísticamente que “la culpa es del sistema de mercado”. Es allí adonde dirijo ahora mis pasos: valorar el comportamiento de los mercados ante diversas medidas tomadas por el estado que condujeron a la crisis. Se trata de ver, entonces, si es que el mercado “falla” o si es que reacciona ante políticas públicas relevantes; esto es, si esas acciones estatales inciden afectando ciertos precios significativos, que son señales que permiten a los individuos participantes en los mercados coordinar sus acciones. Procedo, así, a analizar diversas medidas estatales que pueden haber impactado el comportamiento de dicho mercado de vivienda en años recientes.

Con esta promesa concluyo esta primera parte de mi comentario acerca de si la crisis actual se debe a un fracaso del mercado o si, como veremos en la segunda parte de este artículo, más bien se debe, en una muy elevada proporción, a las decisiones estatales, tanto en cuanto a la definición de una política pública deliberada de promover la adquisición de vivienda –vivienda asequible para todos, es el slogan- como por la decisión del Banco de Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos de aumentar significativamente las tasas de interés después de haber proseguido una política crediticia expansionista que las había mandado por los suelos.


Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 18:02
2009-06-30-LA CRISIS COMO UN FRACASO DEL MERCADO- II PARTE

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COLUMNA LIBRE: LA CRISIS COMO UN FRACASO DEL MERCADO: SEGUNDA DE DOS PARTES


Boletín de ANFE, 30 de junio del 2009.

Explicada mi visión sobre el papel de los mercados en una sociedad en el boletín de ANFE del mes anterior, procedo a referirme a lo sucedido en el mercado de vivienda de los Estados Unidos, detonante de una de las mayores crisis sufridas en la economía mundial en años recientes. Estas referencias permiten vislumbrar el papel de la acción directa e indirecta del estado en la formación de esta crisis, en vez de la pretensión de adscribir la causa a un fallo inherente de los mercados.

Una de las principales características que exhibe dicho mercado en los Estados Unidos es que, “si bien el alza y la caída del mercado de vivienda es un problema nacional en términos de sus repercusiones, sus orígenes tienden a concentrarse en lugares específicos, en donde hubo inicialmente precios de las casas inusualmente elevados y cambios inusualmente volátiles en esos precios,” (Thomas Sowell, The Housing Boom and Bust, New York: Basic Books, 2009, p. 10).

Fue en regiones concretas de ciertos estados de los Estados Unidos, en que gobiernos locales y estatales habían impuesto restricciones en los mercados de vivienda, en donde los precios de las casas subieron más y luego cayeron con mayor estrépito al presentarse la crisis. Muchas de esas regulaciones sencillamente fueron tomadas a la sombra y sonidos del coro en favor de “la protección del medio ambiente”, “la salvaguardia de los espacios abiertos”, “del resguardo de las tierras agrícolas”, “de la preservación de los sitios históricos.” Pero todas provocaron una elevación sustancial de los costos de construcción de las viviendas, al restringir la cantidad de tierras disponibles para su edificación. Por ejemplo, California -y especialmente su zona costera- “ha sido el mayor de estos mercados de vivienda excepcionalmente caros. También ha sido el más caro y con el crecimiento más fuerte de los precios de las casas. En la cúspide del alza del mercado de vivienda en el 2005, todas las 10 áreas con los mayores aumentos en el curso del quinquenio previo, estaban en California. Sin embargo, en una época los precios de las casas en California eran muy similares a los de aquéllas en el resto del país.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p. 9).
Lo que originó estas enormes alzas en el mercado de vivienda de California, fue que, en la década de los setenta, ese estado vio el mayor incremento en leyes y regulaciones que restringían fuertemente el uso de la tierra a usarse en la construcción de casas. Algo similar sucedió en otros estados, pero tal vez no con la severidad de California. Pero en aquellos, así como en éste, empezaron a abundar las medidas restrictivas asociadas con la zonificación, con una restricción de la altura permitida para construir casas, con tamaños mínimos a la tierra en que se podía construir, con más restricciones de permisos para construir, pero en donde todo ello contribuyó a que se diera un alza fuerte de los costos de ofrecer vivienda.

Fue este tipo de decisiones gubernamentales, a contrapelo de quienes afirman que el mercado fue el que fracasó, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de las casas, tal como podía uno esperar cuando se incrementaron los costos de construir. Esto lo explica el economista Sowell, un estudioso de los mercados de vivienda de los Estados Unidos, al afirmar que “es precisamente en lugares en que hubo una intervención estatal masiva, en la forma de serias restricciones a la construcción, donde se dispararon los precios. En lugares en que, más o menos, se dejó sólo al mercado –lugares como Houston y Dallas, por ejemplo- los precios de las viviendas requirieron una proporción menor de los ingresos familiares en comparación con el pasado” (Thomas Sowell, Op. Cit., 2009, p. 18).

En estos lugares que experimentaron la mayor alza en los precios de las casas fue en donde, lamentablemente, mayor resultó la caída de los precios al presentarse la crisis. La pregunta que se debe formular es si, entonces, ¿fracasó el mercado? El hecho, más bien, fue que los mercados de vivienda reflejaron este mayor costo derivado de las acciones directas del gobierno. Este resultado es esperable en un mercado que funcione bien, al hacer eco de los desaguisados de tales políticas estatales. De no haber sido así, entonces sí se podría acusar al mercado de fallar por no haber tomado en cuenta dichas distorsiones. Así, lo indeseable en este episodio pueden ser esas políticas públicas, no el mecanismo institucional –el mercado- que las mostró por medio de la señal que debería expresar: un alza en los precios de las casas. El mercado no fracasó; lo que indujo la caída tan fuerte que luego experimentaron los precios de esas casas fueron las políticas y decisiones estatales que inicialmente indujeron el alza en los costos y los precios de las casas.

Otro notorio resultado de las políticas gubernamentales de vivienda durante la época y que también incidió en el comportamiento de los mercados de vivienda fue el llamado “financiamiento creativo”, cuya aparición generalizada se dio durante los primeros cinco años de esta década. ¿Qué se va a entender por “financiamiento creativo”? Ante el enorme crecimiento de los precios de las casas, muchos compradores estuvieron dispuestos a acudir a medios más riesgosos que les permitieran financiar sus compras y ello fue lo que les ofreció un mercado distorsionado por una serie de incentivos deliberados provenientes de los políticos.

Es el momento de describir aspectos de la política pública que siguieron autoridades de los Estados Unidos en cuanto al mercado de vivienda, política que califico como perversa, aunque me imagino que se llevó a cabo con el más bienintencionado de los propósitos. Esta política estatal (federal y de los estados de los Estados Unidos), que pretendía lograr “una vivienda asequible para todos” me permite explicar cómo fue que surgió el llamado “financiamiento creativo” antes mencionado. En resumen, el estado decidió que los individuos eligieran alguna vivienda y que, de alguna manera, ese mismo estado estimularía el diseño de mecanismos financieros que les permitieran adquirirla.

Tal vez no era tan tarde como para corregir el daño en proceso cuando en cierto momento se formularon advertencias en el 2003 acerca de la fragilidad del mercado hipotecario a causa de la política de “vivienda asequible para todos” Pero aún en ese momento, uno de los mayores impulsores de estos programas de estimulo para la adquisición de casas, el político demócrata Barney Frank, las rechazó, insistiendo en que Fannie Mae y Freddie Mac (empresas patrocinadas por el gobierno que compraron más de una tercera parte de todas las hipotecas del país vendidas por los bancos y entidades financieras que originalmente las financiaron) “han desempeñado un papel muy útil en ayudar a hacer que las viviendas fueran más asequibles,” y que esos críticos “exageraban las amenazas a la seguridad” de esas empresas paraestatales y que “hacían conjeturas acerca de la posibilidad de serias pérdidas financieras al Tesoro de los Estados Unidos y que él (Frank) no vislumbraba,” al tiempo que reiteró el apoyo a las políticas de vivienda asequible para todos”, cuando dijo que “quisiera que Fannnie y Freddie se metieran más profundamente a ayudar a adquirir vivienda a los de bajos ingresos y que posiblemente se muevan hacia lo que es más explícitamente un subsidio.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p. p. 48 y 49).

A la fecha conocemos de las pérdidas casi inmensurables y de la quiebra de hecho de Fannie Mae y Freddie Mac (que son parecidos a nuestro Banco Hipotecario de la Vivienda), como resultado de la demagogia de los políticos. Pero destaco que aquella “política” gubernamental también tuvo un enorme impacto y provocó ciertas reacciones que eran de esperar en el sector financiero privado, que, en su búsqueda esperable de utilidades en un mercado -y hasta de supervivencia en un sistema sumamente competido- y en un marco regulatorio que claramente promovía que dicha política pública pudiera tener éxito, se acomodó a estas nuevas “políticas sociales”.

No fue un “acomodo muy voluntario”, como veremos. Pero, de hecho, instrumentos creativos ofrecidos por entidades financieras privadas, tales como hipotecas que no requerían del pago de una prima o montos muy bajos por adelantado o hipotecas que al principio sólo requerían del pago de los intereses o con tasas de interés variable o ajustable, empezaron a utilizarse con enorme frecuencia, a fin de satisfacer la demanda de los consumidores e inversionistas que deseaban comprar la “vivienda asequible” promovida por los políticos,

Nada más véanse los siguientes datos: “Las hipotecas tradicionales a 30 años plazo con una tasa de interés fija, que eran un 57 por ciento de todas las hipotecas en el 2001, cayeron, a finales del 2006, a un 33 por ciento de todas las hipotecas. Mientras tanto, las llamadas hipotecas sub-prime (que es el término con el cual se califican aquellas hipotecas que no cumplen los requisitos usuales para ser otorgadas y que, al constituir un mayor riesgo, se les debería cobrar una tasa mayor de intereses), se elevaron, desde un 7 por ciento del total de los préstamos hipotecarios, a un 19 por ciento en el lapso de esos mismos años.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p. 42).

¿Por qué fue que los bancos aceptaron como hipotecas “buenas” aquellos préstamos sub-prime más riesgosos? Porque así lo permitieron los organismos encargados de la regulación, que de esta manera facilitaron su expansión institucional. Por ejemplo, un regulador clave, el Ministerio de Vivienda de los Estados Unidos (Department of Housing and Human Development), impulsó, por medio de Fannie Mae y Freddie Mac, al fijarles cuotas de cumplimiento de préstamos para la adquisición de “vivienda asequible”, en donde mediaba una garantía implícita de estos organismos paraestatales, que los bancos y entidades financieras expandieran sus colocaciones de hipotecas sub-prime que después descontaban en Fannie Mae y Freddie Mac. Como señala el economista John B. Taylor, “las empresas paraestatales Fannie Mae y Freddie Mac fueron estimuladas a expandir y comprar valores respaldados por hipotecas, incluyendo aquellas formadas por las riesgosas hipotecas sub-prime.” (John B. Taylor, “How Government Created the Financial Crisis: Research shows the failure to rescue Lehman did not trigger the fall panic,” Wall Street Journal, sección de Opinión, 9 de febrero del 2009).

Ello lo enfatizó el economista Lawrence White, al escribir que, tal vez el factor más importante que impulsó el enorme crecimiento de las hipotecas no-prime -´huesos’ las llamaría yo- que pasaron de menos de un 10% en el 2001 a un 34% del total de las nuevas hipotecas en el 2006, que hizo que en ese año las hipotecas no-prime fueran un 23% de las hipotecas existentes, fue “subsidiar, por medio de garantías tributarias implícitas, la expansión dramática de los compradores de hipotecas garantizadas por el gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac, categóricamente rehusando moderar el problema del riesgo moral de las garantías implícitas o, de lo contrario, poniendo freno a la hiper-expansión de Fannie y Freddie y empujando crecientemente a Fannie y a Freddie a la promoción de ‘vivienda asequible’ por medio de una expansión de compras de los préstamos no-prime otorgados a solicitantes de bajos ingresos.” (Lawrence White, How Did We Get into This Financial Mess?, Cato Institute, Briefing papers No, 110, 18 de noviembre del 2008, p. 5).

Fannie Mae y Freddie Mac fueron actores cruciales en esta debacle, pues las hipotecas que garantizaron ascendieron a más de dos trillones de dólares (cada trillón es 100 millones de dólares), suma que, como dice Sowell, “es mayor que el Producto Interno Bruto de cada uno de los países del mundo, con excepción de cuatro naciones.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p. 44).

En síntesis, las políticas gubernamentales de “vivienda asequible” estimularon la colocación de hipotecas, independientemente del riesgo que implicaban. Replanteo la pregunta anterior: ¿por qué los bancos accedieron a seguir dicho camino? Hay varias razones, la cual, la obvia, es que les permitía lograr enormes ganancias y con poco riesgo, pues podían descontar las hipotecas en Freddie Mac y Fannie Mae, pero también porque las entidades bancarias fueron sujetas de presiones políticas, a las paso a referirme.

Desde que en 1997 se promulgó la Ley de Reinversión en la Comunidad (Community Reinvestment Act) se dio campo para que los bancos fueran objeto de presiones políticas en cuanto a su colocación de crédito, principalmente asignarlo según raza, comunidad o ingreso de quienes lo solicitaban. Este estrujamiento potencial se extendió luego a que, además de aquellos criterios antes citados, se redujeran los requisitos para la aprobación de préstamos para vivienda. El programa ahora iba para todo mundo y los reguladores impusieron cuotas de cumplimiento, aunque para ello se tuvo que flexibilizar los requisitos previos y aceptar innovaciones en los instrumentos a ser usados. Los bancos estaban sujetos a una regulación federal que incluso requería de permisos expresos para que pudieran llevar a cabo muchas de sus actividades. Para lograrlos se les “estimuló” a participar en el juego de la reducción de requisitos para colocar hipotecas. Así, de acuerdo con una Ley de 1999, para obtener los permisos los bancos tenían que poseer “una calificación de ‘registro satisfactorio de cumplimiento con los necesidades de crédito de las comunidades’, o, aún mejor, para cuando a cada institución se le hiciera el examen más reciente.” (Citado en Thomas Sowell, Op. Cit., p. 39).

También la política gubernamental se reflejó en la politiquería local de ciertos activistas frente a las actuaciones de los bancos, quienes impulsaron activamente y lograron que los bancos relajaran sus requisitos al conceder hipotecas y a cambio se les apoyaba en la obtención de permisos para operar en ciertas comunidades.
Sowell concluye esta parte de su análisis con la siguiente advertencia, la cual transcribo: “las políticas y las prácticas de muchas instituciones, locales y nacionales, públicas y privadas, montaron la escena para el auge de vivienda y la caída que le prosiguió. Afirmar que las raíces del alza y la caída de la vivienda están en el mercado y que la solución está en el gobierno, es un asunto de conveniencia para los políticos y para aquellos quienes favorecen la intervención gubernamental. Pero tales explicaciones son inconsistentes con los hechos, no importa qué tan impresionante pueda serlo como un ejercicio de retórica.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p, 44).

En este asunto, así como en otros, yo no vislumbro que los mercados hayan fracasado. Lo que condujo a la caída del mercado de vivienda fueron las decisiones políticas dirigidas a lograr “una vivienda asequible para todos”, que transitó por hacer que tales políticas fueran convenientes para los bancos y entidades financieras participantes en los mercados hipotecarios, los cuales, de no participar, incurrían en el riesgo de enojar a poderosos reguladores. Estos, a su vez y para lograr aquel objetivo, facilitaron la reducción de los requisitos necesarios para otorgar las hipotecas llamadas sub-prime. Estas decisiones institucionales de política provocaron que en el mercado de la vivienda surgiera una situación insostenible.

Concluyo esta sección citando al economista Gerald P. O’Driscoll, quien escribió que “En el corazón, Fannie y Freddie se habían convertido en ejemplos clásicos de ‘un capitalismo de compinches’ (crony capitalism). Los ‘compinches’ fueron empresarios y políticos trabajando juntos para llenarse los bolsillos de cada uno de ellos, a la vez que decían servir el interés público. Los políticos crearon los gigantes hipotecarios, que luego devolvieron algunas de esas ganancias a los políticos –algunas veces, directamente, como fondos de campaña, algunas veces como ‘contribuciones‘ para sus electores favoritos… Y, debido a que el respaldo gubernamental de Fannie y Freddie dominó al mercado de hipotecas garantizadas, se silenció la crítica del sector privado. Los bancos locales que querían ofrecer hipotecas no se atrevieron a hablar claro en contra de ellas. Los bancos grandes no se arriesgaron a quejarse acerca de la ventaja que a los gigantes les otorgó el gobierno, porque necesitaban comprar valores de Fannie/Freddie.” (Gerald P. O’Driscoll, “Fannie/Freddie Bailout Baloney,” New York Post, 9 de setiembre del 2008).

A diferencia de un orden de mercado o capitalista, en que el éxito individual se determina según sean las decisiones del mercado y del seguimiento de las reglas de la ley, en el “capitalismo de compinches” el éxito en los negocios se obtiene a partir del favoritismo que el gobierno otorga mediante exenciones tributarias, contrataciones de obras públicas sin que exista una licitación competitiva, donaciones gubernamentales y otros incentivos o pre-rogativas o privilegios del gobierno a individuos o empresas específicas. Este no el capitalismo que promovemos quienes creemos en sus efectos positivos.

Esta última posición liberal no parece entenderla un articulista del periódico La Nación, quien escribió recientemente que esos pensamientos de limitación del estado, de libre competencia, de defensa de la propiedad privada, de cumplimiento de los contratos, de acuerdos voluntarios, de la importancia de los mercados para combatir la escasez y de su condición de necesarios para asegurar la libertad, “en la práctica, favorecieron intereses plutocráticos protegidos por el Estado que tanto aborrecían y estimularon que las autoridades públicas participaran de los negocios privados y dejaran a los especuladores disfrutar de su paraíso.” (Fernando Araya, “Laberintos y cavernas,” La Nación, 17 de mayo del 2009). A estas últimas prácticas siempre nos hemos opuesto los liberales y que ello no lo reconozca una persona que se supone estudiosa me parece que refleja una enorme ignorancia o, tal vez, hasta mala fe.
Otro hecho relevante sucedido en esta crisis y que influyó notoriamente en el comportamiento de los mercados de vivienda fue la decisión del Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) en cuanto a su política de intereses. En el 2004 la tasa de interés fijada por ese banco central llegó a niveles históricamente bajos en épocas recientes: un uno por ciento anual. Tal reducción se reflejó en las tasas de interés cobradas a hipotecas convencionales a 30 años plazo, pues pasaron de cerca de un 8 por ciento en 1973 a un 18% en 1981 y luego a sólo un 6% en el 2005. Al abaratarse enormemente el costo de endeudarse, provocó un fuerte incremento de la demanda de vivienda, con el consecuente aumento de sus precios hasta llegar a niveles récord. Esto –como economista austriaco que me siento- fue lo que preparó la ulterior violenta caída del mercado de vivienda.

Esta decisión sobre las tasas de interés, aunado al relajamiento de las regulaciones y a una supervisión acomodada para cumplir con el mantra de “vivienda asequible para todos”, en especial de compradores de vivienda con ingresos relativamente bajos, hizo que se formara una burbuja en el mercado de vivienda dispuesta a estallar en cualquier momento. El pinchazo se dio cuando la FED, que había provocado un alza del crédito al reducir artificialmente la tasa de interés, notó que ello estaba causando fuertes presiones inflacionarias en la economía y cuya contención obligaba a subirlas gradualmente. Así, la tasa que define la FED pasó de aquel nivel ridículamente bajo de un 1% en el 2004 a un 5.25% en el 2006.

Pero, el daño ya estaba hecho. Como dice el economista Lawrence White, “La burbuja de la demanda así creada (con la reducción de los intereses) se dirigió fuertemente hacia el mercado de la vivienda. De mediados del 2003 a mediados del 2007, en tanto que el volumen en dólares de las ventas finales de bienes y servicios estaba creciendo de un 5 por ciento a un 7 por ciento, los préstamos para bienes raíces de los bancos comerciales estaba aumentando de un 10 a un 17 por ciento. La demanda impulsada por el crédito lanzó hacia arriba los precios de las casas existentes y estimuló la construcción de nuevas viviendas en tierra previamente no desarrollada, en ambos casos absorbiendo el volumen incrementado en dólares de las hipotecas.

Debido a que la vivienda es en lo particular un activo de larga vida, su valor de mercado se ve especialmente impulsado por bajas tasas de interés. Así fue que el sector vivienda exhibió una proporción mayor en la inflación de precios predicho por la Regla de Taylor.“ (Lawrence H. White, How Did We Get into This Financial Mess?, Op. Cit.). [Nota: La llamada Regla de Taylor se refiere a un método de estimación desarrollado por este economista de la Universidad de Stanford, que define la tasa de interés de fondos federales consistente con una meta inflacionaria escogida, tomando en cuenta la inflación del momento y el ingreso real. Así, de acuerdo con dicha regla, de principios del 2001 hasta fines del 2006 la FED hizo que la tasa de los fondos federales de ese lapso estuviera por debajo de la tasa estimada consistente con una inflación del 2%. Por eso fue que la FED luego tuvo que aumentar gradualmente dicha tasa de interés, pues, de lo contrario, se hubiera esperado una fuerte presión inflacionaria en los años por venir].

Estas decisiones de la FED sobre la tasa de interés afectaron fuertemente a los mercados, que reaccionaron inicialmente ante la baja de las tasas y, luego, ante su alza. Por ello, debe preguntarse: ¿En qué fallaron los mercados si fueron claramente influidos por las políticas que siguió la FED? Los mercados tomaron en cuenta esas decisiones erradas que distorsionaron las tasas de interés y los precios de los activos, particularmente de las viviendas, que hicieron que los fondos de inversión se dirigieran hacia las inversiones equivocadas y que ocasionaron que instituciones financieras, que en el pasado habían mostrado su solidez, terminaran en situaciones precarias. No es un problema con el mercado; al contrario, éste actuó como era de esperarse ante las políticas gubernamentales ya referidas. El instrumento (el mercado) no sonó mal porque no funcionaba bien; simplemente sonó mal porque reflejó la forma en que los tocaron los ejecutantes, con sus malas políticas económicas.

Sowell, una vez más, nos recuerda la lección derivada de esta experiencia: “En resumen, el mercado aprende –aunque sea tan sólo sea a duras penas- y se ajusta con una velocidad notable, cuando la alternativa a la vista es la ruina financiera. La pregunta es si los políticos y los burócratas gubernamentales aprenden, especialmente cuando no tienen que pagar un precio por estar equivocados y cuando son capaces de desviar la culpa hacia el mercado con denuncias de ‘ambición o codicia’, ‘Wall Street’ o hacia cualquier otro al que se le quieran endosar los platos rotos.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p. 71).

Por eso, ¿acaso sorprende que, por ejemplo, el político demócrata impulsor de los programas de vivienda asequible para todos, Barney Frank, alegara que “la crisis de las hipotecas sub-prime demuestra las consecuencias económicas y sociales seriamente negativas que resultan de muy poca regulación”? ¿O que ese mismo legislador aseverara que esa crisis financiera fue causada por “malas decisiones tomadas por personas en el sector privado”? ¿O, también, que dijera que esas decisiones se debían “gracias a una filosofía conservadora que dice que el mercado sabe mejor las cosas?” (Las citas correspondientes aparecen en Thomas Sowell, Op. Cit., p. 74).

A mayor abundancia, tampoco extrañan las declaraciones que diera ante la crisis, en una entrevista de la periodista María Bartiromo de la televisión especializada en asuntos de negocios, MSNBC, la cual ilustra el malabarismo de los políticos, maniobras que terminan por reflejarse en los mercados:

“María Bartiromo: Con el debido respeto, congresista, yo vi cintas de televisión en las que nos dice en el pasado que ‘Oh, abramos los préstamos. El mercado de la vivienda está bien.’

Barney Frank: No, usted no vio tales cintas.
Maria Bartiromo: Sí lo hice. Las vi en televisión.

Barney Frank: Ah sí, bueno, yo nunca dije que abriéramos el mercado de la vivienda, el mercado está bien…

María Bartiromo: Entonces ¿de quién es la culpa?

Barney Frank: De los Republicanos del ala derecha, quienes tomaron la posición de que la regulación siempre es mala, de que el mercado se corrige a sí mismo, y de que usted nunca deberá poner restricción alguna al libre movimiento de los capitales.” (Citado en Thomas Sowell, Op. Cit., p. p. 75-76).

Entonces, ¿debemos deducir que el mercado es el responsable; que la culpa la tiene la falta de regulación; que el mercado fracasa?, como si lo aquí expuesto no mostrara la mano visible y grosera del estado por medio de las políticas que, tal vez bien intencionadamente, se diseñaron para asegurar “vivienda asequible para todos”, pero que, en verdad, terminaron dañando a todos (excepto tal vez a aquellos políticos interesados no sólo en maximizar su poder sino hasta sus ingresos personales, como lo confirma este episodio político en los Estados Unidos).

Al señalar “asequible para todos” quiero incluir a un grupo particularmente importante en esta crisis del mercado de vivienda estadounidense. Son los llamados “especuladores”, que fueron los que compraron viviendas en ese mercado en ascenso con el propósito de venderlas luego a otros compradores a un precio mayor o bien aquellos que solicitaron créditos para financiar la adquisición de tales casas con el fin de revenderlas. Era de esperar que tal fenómeno de especulación se presentara: es parte del viejo principio de comprar barato para luego vender caro. Lo importante aquí es que todo el sistema de incentivos estimuló dicha especulación: crédito barato, hipotecas baratas, una enorme demanda de viviendas, poco dinero en efectivo que había que depositar de entrada para obtener la vivienda financiada, incluso hubo una proliferación de hipotecas con tasas de interés ajustables, que estimulaban el cálculo del especuladores acerca de cuánto habrían de durar bajas esas tasas y cuánto después se revertirían.

Estas decisiones estatales dirigidas a poder adquirir vivienda “barata” cualesquiera fueran las condiciones de su comprador (incluso muchos compraron viviendas no para vivir ellos, sino como una inversión, o como una segunda vivienda de recreo o también para reparar una vivienda desmejorada y luego venderla cara) tuvo un gran impacto en los mercados, en especial al aumentar fuertemente el riesgo en la actividad y porque las cosas bien pueden cambiar, súbita y rápidamente, tal como sucedió.

Es la moda de ciertos “críticos” moderados del capitalismo, diferentes de aquellos que propugnan por la desaparición total de los mercados, impulsar una mayor regulación de estos. Si hay mercados profundamente regulados, lo cual no quiere decir que sea una “buena o adecuada” regulación, son los financieros en los Estados Unidos. El tema es que, tal como lo expresó en una reunión reciente de la Sociedad Mont Pelerin en Nueva York, el economista Peter Boettke: “Si Usted le amarra los pies y las manos al nadador Michael Phelps, ganador de la medalla de oro olímpica, lo agobia con cadenas, lo tira a una piscina y se hunde, Usted no llamaría a eso ‘un fracaso de la natación’. De manera que, cuando los mercados han sido abrumados por una regulación inepta y excesiva, ¿por qué llamar a eso un “fracaso del capitalismo’?”. (Eammon Butler, “Believers in free markets are fighting back,” The Times, 9 de marzo del 2009.)

Deseo profundizar un poco sobre el tema de la regulación, para que el lector deduzca cómo fue que se debilitó deliberadamente para cumplir con los deseos de los políticos de lograr una “vivienda adecuada para todos” y como esa presión política gubernamental terminó afectando los diferentes mercados. Así, mientras que la regulación de Fannie Mae y Freddie Mac, entidades ya mencionadas, por la Oficina de Supervisión de Empresas Federales del Sector Vivienda (OFHEO por sus siglas en inglés) fue estricta en cuanto a los estándares contables, fue muy diferente a la ejercida sobre entidades que prestan fondos para hipotecas.

Aquí la imposición de una mayor laxitud para su concesión se efectuó para complacer los deseos de los políticos, pero estimuló la concesión casi indiscriminada de hipotecas sub-prime. Eso no significó que no existiera una supervisión sobre las entidades financieras; de hecho es innumerable la cantidad de entidades federales, estatales y locales que tienen que ver con dicha supervisión, la cual, si bien era muy abundante, se caracterizó por su super-imposición y por ser profundamente descoordinada.

No extraña, por tanto, que a pesar de una enorme cantidad de entes supervisores, no pudieron supervisar los nuevos y muy variados tipos de acuerdos financieros, precisamente diseñados para cumplir con los propósitos jerárquicamente más elevados de los políticos promotores de los programas de “vivienda asequible para todos”.

No toda supervisión o regulación es indeseable. Lo importante es la forma en que se practica. Martin N. Baily, Robert E. Littan y Matthew S. Johnson, de la Institución Brookings señalan que “No existe un sistema unificado de supervisión de la banca, sino un campo parchado de reguladores estatales y federales” y enfatizan “la complejidad bizantina de la estructura regulatoria de los Estados Unidos.” (Martin N. Baily, Robert E. Littan & Matthew S. Johnson, The Origins of the Financial Crisis, Brookings Institution: initiative on Business and Public Policy, Fixing Finance Series, Paper 3, noviembre del 2008, p. 40).

La regulación del sector financiero es importante, por dos razones: para preservar la estabilidad del sistema financiero de reserva fraccional, lo que requiere un comportamiento responsable de los bancos y para evitar que cuando las familias realizan una de las compras más importantes de su vida, cual es la de vivienda, en que suelen mediar acuerdos financieros complejos, comprendan adecuadamente el grado de sofisticación que poseen.

Dicen Baily et. al.: “los mercados no funcionan bien cuando hay asimetrías de información y este (el de vivienda) es uno de tales mercados. Por tanto, hay un caso claro en tener una mejor regulación en los mercados financieros e hipotecarios. Y en la práctica de dicha actividad había un extenso aparato regulatorio en los mercados financieros,” y recomiendan deshacerse “de una mala regulación que reprime la competencia e inhibe la innovación, pero necesitamos mejorar la regulación en donde puede hacer que los mercados funcionen mejor y evitar crisis.” (Martin N. Baily et. al., Op. Cit., p 40 y p. 45). No crear pecar de escepticismo si digo que los afanes regulatorios de muchos van mucho más allá de evitar asimetrías de información, cuya corrección eventualmente sí podría mejorar el funcionamiento de los mercados.

No debe caerse en una aceptación de un genérico “mayor regulación”, sin que medie no sólo la posibilidad de ejercerla, dada la complejidad de muchos instrumentos, sino que también de forma que no estorben en el buen desempeño competitivo de las empresas. Las reglas regulatorias que se propongan deberán ser muy específicas y no simples generalidades, pues incluso hasta las muy laudadas reglas de Basilea II, no impidieron la crisis. La experiencia sucedida muestra que, a pesar del enorme aparato regulatorio, las presiones políticas incidieron en rebajar las normas previamente establecidas y probadas a través de muchos años, por lo que, cuando en un mercado como ese, “muchos de los pagos por hipotecas dejan de hacerse, ninguna cantidad de experiencia financiera de Wall Street o una intervención reguladora del gobierno desde Washington, puede salvar toda la estructura de inversión construida con base en esos pagos de las hipotecas...” Continúa vigente la pregunta: “Por qué dejaron de hacerse esos pagos… Porque los préstamos hipotecarios fueron hechos a más gente cuyos prospectos de repago eran menores que en el pasado” debido a presiones políticas que “condujeron a prácticas de préstamos más arriesgadas que en el pasado.” (Thomas Sowell, Op. Cit., p. 118).

Por lo tanto, la propuesta para “mejorar” la regulación vigente con base en el argumento de la asimetría de la información, deber ser sujeta al escrutinio desde varios puntos de vista, que tan sólo voy a señalar.

En primer lugar, evaluar si efectivamente el mercado hipotecario es afectado de manera significativa por dicho problema de asimetría de información. La investigación empírica deberá señalar no sólo si existe tal fenómeno sino, sobre todo, si es de una magnitud tal que amerita una reforma regulatoria en tal sentido.

En segundo lugar, no debe dejarse de lado que los mercados suelen desarrollar por sí mismos instrumentos que tienden a mitigar el problema. No sólo entra aquí el tema del prestigio, la confianza y sobre todo de asegurarse que los clientes vuelvan a usar los servicios de la empresa, lo que motiva a que las firmas no se aprovechen de las ventajas de disponer de una información asimétrica; es decir, tal asimetría da campo para que las empresas obtengan ganancias con una estrategia de transparencia en la información.

En tercer lugar, si el argumento a favor de una mayor regulación descansa en la presunta existencia de problemas de asimetría en la información, cabe preguntarse si el estado, a diferencia del mercado, sabe mejor cuándo se está en presencia de dichas asimetrías. Esta evidencia debe tenerse presente a la hora de pensar en simplemente incrementar lo que ya parece ser una excesiva regulación en estos mercados.

En cuarto lugar, evaluar si la tarea que se les exigiría cumplir a estos órganos regulatorios ampliados va a ser posible cumplirla dada la enormidad de tareas que podría exigir. Esto conduce a hacer el planteamiento general de que tal regulación puede imponer costos exageradamente altos en función de los beneficios esperados, lo cual requiere que dicho análisis de costos y beneficios se defina claramente, de previo a cualquier puesta en práctica de una regulación ampliada.

Finalmente, quiero tan sólo hacer una lista que por supuesto no es exhaustiva, del enorme número de entidades públicas que tienen que ver con la regulación directa o indirecta de los mercados de vivienda de los Estados Unidos. Sólo menciono entidades federales, pues desconozco los nombres de un gran número de entes regionales, estatales y locales que tienen que ver con asuntos regulatorios. Menciono al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development Department -HUD); al Banco de Reserva Federal (la FED); a Fannie Mae, empresa patrocinada por el gobierno federal, que es una institución privada pero que depende del gobierno; a Freddie Mac, similar a la anterior; al Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes (un importante Comité del Congreso de los Estados Unidos); al igual que el Comité de Banca del Senado de ese país; la Oficina de Supervisión de Empresas Federales de Vivienda (OFHEO), agencia dependiente del Ministerio de Vivienda (HUD), que oportunamente señaló serios problemas en Fannie Mae y Freddie Mac, pero fueron “tapados” por ciertos políticos en el Congreso y el Senado; la Comisión de Valores (Security Exchange Comission -SEC), el Departamento de Justicia del gobierno federal; y el equivalente de la Contraloría General Federal (General Accounting Office –GAO), que informa al Congreso de los Estados Unidos.

Teniendo presente esta larga lista de reguladores que fracasaron en señalar el problema y su magnitud, deseo finalizar con la siguiente inquietud: Todo esto lo que nos dice no es que se deben crear nuevos entes de vigilancia o reguladores -dada incluso la mala coordinación existente entre ellos- sino que tal vez lo apropiado sea una mayor y mejor regulación de los reguladores, quienes, en vez de pretender continuar regulando los mercados privados, lo que deberían de hacer es reaccionar oportuna y decididamente ante las apetencias de políticos que tanto daño causan al afectar los mercados.

Señalan los economistas Tyler Cowen y Eric Crampton, “Cuando las instituciones y ‘las reglas del juego’ son diseñadas correctamente, el conocimiento descentralizado tiene un enorme poder. Los precios y los incentivos son extremadamente potentes. El resultado colectivo de un proceso de mercado contiene una sabiduría que ningún teórico puede haber replicado con tan sólo un lápiz y un papel.” (Tyler Cowen y Eric Crampton, editores, Introducción al libro Market Failure or Success: The new debate, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing for the Independent Institute, 2002). No hay duda que se respira un aire Hayekiano en esta conclusión.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
14/05/2012, 18:05
2009-07-31-REVISIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO

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COLUMNA LIBRE:REVISIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO

Boletín de ANFE, 31 de julio del 2009.

En seis de las columnas que publico en el Periódico La Extra de los martes (23 y 30 de diciembre del 2008 y 6, 13, 20 y 27 de enero de este año) efectué un análisis relativamente amplio de la Ley de Tránsito que recientemente se había puesto en vigencia. Estas columnas también aparecen en el libro “Políticamente Incorrecto” de este servidor, que ANFE acaba de publicar.

Hoy, casi seis meses después se le puede aplicar la segunda parte de aquella famosa frase de Benjamín Franklin: “Las leyes demasiado benignas rara vez son obedecidas; las leyes demasiado severas, rara vez son ejecutadas,” pero con una ligera advertencia: si bien esta ley cumple las características de severidad, las autoridades gubernamentales que las han venido promoviendo activamente parecen estar dispuestas, a viento y marea y en desdén de principios elementales de racionalidad, a que se le ponga en práctica, si bien algunos diputados ya están hablando de “suavizarla”.

Aprovecho para resaltar el mérito del diputado don Mario Quirós del Partido Movimiento Libertario quien en su momento y –eso sí- contra viento y marea en una enfebrecida Asamblea Legislativa empujada en mucho por el frenesí periodístico para que irreflexivamente aprobaran una urgente ley de tránsito- cuestionó con respetables razonamientos la ley hoy vigente y que está en proceso de reforma (poco después de haber sido promulgada) por inoperante y por abusiva en algunas partes fundamentales. Hoy algunos de sus colegas posiblemente han recapacitado de lo impulsivo de su decisión y se afanan por llevar a cabo, en buena hora, dicha reforma, pero omiten mencionar la gestión en su momento apropiada realizada por el diputado Quirós.

Hay dos puntos básicos de la nueva Ley en los cuales estoy de acuerdo: la necesidad de frenar el comportamiento lesivo de conductores borrachos y de los llamados “picones” que no son sino conductores quienes usualmente al amparo de la noche, (¿delito de nocturnidad?) corren sus carros a rienda suelta en competencia con otros conductores. En lo que difiero es en el monto de las multas que se impone y sobre todo por que implica, además de ella, la pérdida de la licencia para conducir y sobre todo la apropiación del Estado del vehículo involucrado. No hay razón para esto último y en cuanto a la multa tan elevada el riesgo es que induzca a la corrupción. Sé que definir un monto “adecuado” que la impida es difícil de establecer, pero parece ser, por los comentarios que se suelen escuchar en distintos medios, que el monto actualmente establecido es muy elevado y que deberá atemperarse, pero, y tal vez más relevante, que la magnitud de la pena total por el delito no va en proporción con otros delitos que ciudadanos sensatos consideraríamos como aberrantes. Sé que esto es parte de la técnica del derecho del cual soy ignorante, pero con intuición de ciudadano me parece que debe ser revisada.

Lo expuesto parece ser parte de un problema que se permea en toda esta ley: que parece ser copiada de países desarrollados (europeos) en donde muchas de las características físicas del tránsito son muy distintas de aquellas en las cuales nos movilizamos los costarricenses.

Lo cierto es que nuestras vías son sumamente angostas, sinuosas, con poca inclinación en muchas curvas, con una señalización muy pobre, tanto para el día como para la noche, así como caracterizadas por un mantenimiento ausente y posiblemente hasta malo. Todo ello incide en el tipo y grado de accidentes, así como en el estado de los vehículos, que en algunas secciones de la nueva ley es objeto de sanción.

Empecemos por una obligación de la ley la cual en apariencia es difícil de refutar puesto que los seres humanos no solemos ser enemigos declarados del bienestar de nuestros niños. Me refiero al uso obligatorio de sillas especiales para los niños que se transportan en vehículos personales. Ninguno de nosotros se va a oponer a la protección de nuestros niños, pero el hecho es que hay una gran diversidad de riesgos en la vida de las personas de los cuales no necesariamente debamos protegernos especialmente si su costo es muy elevado, además de que la probabilidad de que suceda un accidente cuyos resultados se verían disminuidos significativamente por la medida propuesta, no es muy elevada. Es más, el costo de tener sillas para proteger a los niños en la parte trasera del automóvil en que viajan puede ser más elevado en comparación con el costo de protegerse de la probabilidad de otros daños a los niños en otras actividades. Por ejemplo, puede ser más redituable proteger de daños fatales a los niños si se exige que en las casas haya barandas en las gradas o puertas para que no entren a las cocinas o bien que los enchufes eléctricos tengan tapas para impedir que los niños les metan cosas que les dañarían. Esto es, tal vez los accidentes de tránsito que involucran niños son relativamente pocos, que de haberlos los daños podrían no ser muy severos; que si los fueren no se abrían evitado necesariamente con el mecanismo propuesto de sillas y que ese instrumento más bien no se convierta en un obstáculo que los pueda poner en mayor peligro, como en caso de un incendio.

Finalmente, como estaba la nueva ley original, el uso de sillas según diversos tamaños y edades y, sobre todo, dado que en un carro a veces viajaría más de uno o dos niños, todo ello podría requerir una fuerte erogación a los padres de familia, especialmente en los momentos difíciles que hoy se vive en el país desde el punto de vista de los presupuestos familiares. Si se trata de una familia rica, el costo de estos asientos especiales para los niños bien podría no ser un problema muy importante, pero esto seguro que lo será para los de ingresos relativamente menores. Una característica de esta ley es que a los ricos no los va a afectar tanto, como sí lo hará en un grado mucho mayor para aquellos relativamente pobres (esto calza con mi impresión de que la ley original fue “copiada” de algún rico país europeo).

Obviamente, la obligación de disponer de sillas para niños afecta relativamente más a las familias que tengan varios niños, pero también porque, como está actualmente, dicho artefacto tiene que irse adaptando conforme el niño aumenta de peso y edad, con lo cual el gasto total familiar crece con el paso de los años.

Hay multas a todas luces ridículas. Por ejemplo, por una luz trasera mala o una escobilla en mal estado, deberá pagarse ¢68.100 y se perderán 5 puntos (un 10% del total de puntos -50- a que inicialmente tendrá derecho el conductor). Si usted es un chofer que debe circular por las malas carreteras de este país, en donde es frecuente que con el zangoloteo y la inmersión en los huecos, las luces se quemen, con sólo diez de estas “multitas” se quedará dos años sin licencia. Pero vean. También perderán esos cinco puntos si no guarda la distancia con el vehículo que va a delante. ¡Nada más imagínense tener que guardar la distancia en las transitadas calles de San José y de otras ciudadanos a que nos han sometido las mismas autoridades que han patrocinado esta ley! Y si fuera poco, si se detiene en medio de una intersección –lo cual nos sucede a veces dado lo poco fluido de nuestro tráfico especialmente en los centros urbanos- se nos quitarán quince puntos.

Pero eso no es nada: si no lleva llave de ranas o la gata, le quitarán 15 puntos, o también si no lleva “lagartos” se le quitará un puntaje similar y ¡atrévase a viajar sin el botiquín!, pues le despojarán de otros quince puntos (o sin el chaleco amarillo o sin un juego básico de herramientas –cualquier cosa que eso signifique- también perderá quince puntos. ¿Creyó que eso era todo? No; también le pondrán una multa de ¢68.100. El campo para la corruptela se abre a sus anchas y su bolsillo también tendrá que abrirse para adquirir todo ese montón de cosas que se le ocurrió al bendito tráfico europeo-español.

Dada la maravilla de señalización que caracterizan nuestras vías, por supuesto que se va a convertir en la ubicación preferida de los agentes de tránsito, siempre dispuestas a cumplir con la ley; en este caso a poner multas y a quitar puntos. Dado que exceder de la velocidad marcada en más de 20 kilómetros por hora, Usted tiene que saber cuáles son los límites. Aquí tendrá una tarea infernal, porque esos límites varían en los distintos tramos de las calles; por ejemplo, frente a una iglesia o una escuela, en curvas de carreteras, en la proximidad de hospitales o de centros urbanos.

Afortunadamente hasta los choferes de los Magistrados que posiblemente tendrán que resolver recursos de inconstitucionalidad, tampoco conocen todos estos sitios con límites diferentes a la velocidad, ni tampoco los choferes de los empleados públicos que se encargaron de meternos en este berenjenal.

Además de tener que comprar llaves de ranas, gatas, juegos básicos de herramientas, botiquines para primeros auxilios, camisas auto-reflexivas y lagartos, Usted también tendrá que tener “búmpers” a prueba de golpes, que obviamente sólo lo tienen algunos modelos muy modernos y, de nuevo, europeos, como los Volvos siempre seguros. Es un ridículo, pero sobre todo es toda una carga sobre los más pobres. Los ricos posiblemente ya tienen sus carros con todas estas facilidades y sólo ha faltado que algunos nos digan cínicamente que la nueva ley se ha aprobado de esta forma torpe porque así se hace “justicia social”. “Air bags” con justicia social…

Tal vez suene como una perogrullada señalar que en épocas de crisis muchas personas que pierden su trabajo se dedican a “taxear”. Lo que llamamos piratas es el alivio ante el desempleo que muchos escogen o que tan sólo es la única opción que tienen. Nuestras “sensibles” autoridades promotoras de la ley de tránsito aprovechan esta ley para tratar de quitar ese “estorbo” político que tienen entre manos: aprovechemos para apretar a los piratas. Así, en la ley de tránsito actual se castiga a quien dé servicio de transporte público sin autorización del Consejo de Transporte Público (los piratas) con ¢22.700, además de una reducción de 10 puntos (esto es, con 5 veces que lo multen tendría que pagar ¢113.500 y se quedaría sin licencia por dos años). En vez de procurar resolver el problema derivado de la limitación a la prestación de servicios de taxi, las autoridades recrudecen sus sanciones a quienes cometen el grave delito de querer trabajar.

Si tiene un vehículo destinado al transporte de carga, pues le cayó encima el Leviatán. No sólo tendrán que tener cintas reflexivas de colores rojo y blanco, así como triángulos en la parte trasera, sino que, además de todas las regulaciones aplicables en cuanto a “chunches” que deben ahora tenerse en cada carro, cada camión, ya sea de carga liviana o pesada, deberá tener lo que se llama un “transponder”, el cual registrará datos tales como velocidad, distancia y duración de cada vez que se circule.

Dicen que de esta manera sin estar presentes las autoridades de tránsito podrán multar a quienes se excedan en cuanto a la velocidad. ¡Extraña manera de control! El Estado podrá saber en dónde, cuándo y cómo se ha usado el camión de carga. Que yo sepa esta grave limitación a la privacidad de las personas no ha sido debidamente discutida como lo amerita tal paso. Pero, además, el costo de esta regulación recaerá tanto sobre el poderoso transportista como sobre el camioncito que, por ejemplo, un simple agricultor usa para llevar sus comestibles a la feria del fin de semana, costo que indudablemente se trasladará a los consumidores.

El tal “transponder” deberá tener un sistema de posicionamiento global (GPS), que es frecuentemente usado por las grandes cadenas de transporte de carga en, por ejemplo, los Estados Unidos, como medio de controlar eficientemente el sistema. Pero en nuestro país lo usará el Estado para controlar si un vehículo de carga ingresó a zonas urbanas con circulación restringida (¿en dónde estarán los tráficos? Fácil: haciendo jugosos partes y no perdiendo el tiempo en multar con ¢90.800 a los camiones de carga que no tengan transporder).

Todos los anteriores son costos de transacción que deberán asumirse en el precio final de los bienes, de una manera u otra. Veremos entonces cómo el costo de la carga transportada se va a elevar, así como la readaptación de vehículos para cumplir con la ley. Quienes posiblemente no tengan forma de trasladar estos costos incrementados son los trabajadores quienes tendrán que sacar de sus sueldos los nuevos gastos. Ello va a pesar mucho y más en esta época tan difícil, en los presupuestos de los hogares, principalmente en donde el carro no sea “de último modelo” o en donde se tengan muchos niños que van a ser transportados.

Lo más triste de esta ley es que traslada muchas responsabilidades no cumplidas por las autoridades hacia los costarricenses que requerimos de los carros para trasladarnos. Son esas las autoridades que no han cumplido con sus deberes de asegurarnos vías adecuadas quienes encuentran fácil golpear los bolsillos del ciudadano para que se adapte a sus preferencias europeas en cuanto restricciones a quienes manejan vehículos. La platina en el puente del Virilla que por tres veces se ha tratado de arreglar es la mejor prueba de la irresponsabilidad e incapacidad de las autoridades estatales de brindar un servicio de transporte apropiado y así con mucho de nuestro sistema vial. La ley ha sido diseñada para que los ricos, quienes ya cuentan con carros en mucho adecuados a los nuevos requisitos, no tengan esos nuevos costos, excepto que también continuarán sufriendo de calles inadecuadas para el tránsito, pero serán los pobres los más castigados.

Creo que es vital que los diputados revisen a profundidad esta ley de tránsito, pues los costarricenses no sólo no debemos soportar los costos que nos ha impuesto el fracaso de las autoridades de transporte para dotarnos de vías modernas, sino que también tal ley es desproporcionada en sus alcances, incluso poniendo multas sobre multas a quienes se atrevan a romper los principios draconianos de dicha ley. Casi que nos hace culpables de entrada a todos los que nos atrevamos a circular en nuestro desordenado sistema de transporte.

Por Carlos Federico Smith

Post Sciptum: No quiero que tampoco se olvide que, de acuerdo con la nueva Ley de Tránsito, cada vez que usted renueve su licencia tendrá que presentar un nuevo examen de sangre, el cual e indica cuál es su tipo para ponerlo en la licencia. ¿Explíqueme alguien si los seres humanos cambian de tipo de sangre tal como para exigir un nuevo examen cada vez que se renueva la licencia? Esto es posiblemente parte de un plan para ayudar económicamente a quienes hacen tales exámenes, como lo es la limitación de la libre circulación en San José, que no afecta a taxistas y que ahora hacen un mayo negocio, o como ahora que se pretende hacer exámenes sicológicos que determinen si quienes aspiran a una licencia de tránsito presentan síntomas de estrés, para poder optar a ellas; examen que sólo harían los miembros de ese colegio profesional. Antes tal privilegio se concedía mediante diversas leyes que exigían servicios de abogados; pero tal práctica nefasta de legislar en beneficio de grupos profesionales determinados se va extendiendo a muchas otras profesiones. Claro, Usted paga las consecuencias de ello.

Elisa
14/05/2012, 18:12
2009-08-31-ALGUNAS AFIRMACIONES Y EXPLICACIONES ACERCA DEL LIBERALISMO-PARTE I


COLUMNA LIBRE: PRIMERAS CINCO AFIRMACIONES Y EXPLICACIONES ACERCA DEL LIBERALISMO: PARTE I

Boletín de ANFE, 31 de agosto del 2009. Este comentario fue integrado con ligeras variaciones como parte del libro “Mitología acerca del Liberalismo” (San José, Costa Rica: Asociación Nacional de Fomento Económico, 2010), así como también en el sitio de ElCato del Cato Institute, de Washington, D.C., en el período 13-01-2010 a 31-03-2010.

Es mi objetivo presentar en el Boletín de ANFE veinte argumentos que se suelen formular en contra del liberalismo, así como la explicación de por qué ellos son errados, se refieren a visiones equivocadas del liberalismo o bien pueden ser parcialmente ciertos. Espero desarrollarlos en el curso de cuatro ediciones del Boletín, de manera que, para esta ocasión, analizo los primeros cinco cuestionamientos que se le formulan, escogidos sin ningún orden prioritario o de importancia relativa o absoluta: Tan sólo porque se me ocurre así presentarlo.

Muchos de estos cuestionamientos suelen ser lugares comunes en la crítica al liberalismo en tanto que otros se encuentran en algunas referencias concretas que analizan esta visión política, pero todos son interesantes en cuanto a que, con su respuesta, espero que se me permita explicar algunos matices del liberalismo que a veces no se notan fácilmente y que por ello inducen a apreciaciones erradas acerca de su naturaleza y contenido.

El denominado liberalismo clásico creo que se caracteriza esencialmente porque maximiza la libertad y minimiza al Estado y ha sido expuesto a través de los tiempos por pensadores tales como Aristóteles, Smith, Hume, Hayek, Locke, Friedman, Montesquieu, de Tocqueville, Burke, Popper, entre otros, y que es diferente de aquel liberalismo que se caracteriza por una expansión de la autoridad del Estado sobre casi todo tipo de conducta humana, principalmente en el campo económico, y que es la forma en que actualmente se le conoce principalmente en los Estados Unidos.

Creo conveniente señalar que comparto lo que expresa Raimondo Cubbedu acerca de la concepción del liberalismo y que puede servir de marco general para los comentarios que siguen. Dice que “El liberalismo… tiende a identificarse con la búsqueda de un tipo de asociación política en la que la libertad y las expectativas individuales puedan realizarse con independencia del poder político. Por consiguiente, se preocupa básicamente de encontrar la mejor solución para que individuos libres, dotados de un conocimiento limitado y falible, y de diversas expectativas de tiempo, puedan mejorar la propia situación sin limitar las posibilidades de los demás de hacer lo mismo, y sin que tales mejoras tengan el efecto (voluntario o no) de incrementar el poder de los gobernantes.” (Raimondo Cubbedu, Atlas del Liberalismo, Madrid: Unión Editorial, 1999, p. 166).

AFIRMACION No. 1: EL LIBERALISMO DESCANSA EN LA LEY DE LA SELVA.

EXPLICACION: La expresión “ley de la selva” aplicada a la posición liberal se usa básicamente para dar a entender que en dicho orden político cada persona está por sí misma, sin tomar en cuenta a las demás, en donde todo se vale, primando la supervivencia del más fuerte. La falla atribuida al liberalismo es que asume que la persona tiene como único interés el propio y que no toma en cuenta a intereses distintos de éste, actuando así en consonancia.

El liberalismo como sistema político está reglado por el principio de legalidad, que esencialmente garantiza la libertad de cada individuo frente a la coerción. Esto es, asigna al Estado la función de protegerlo del abuso que otros puedan pretender imponer sobre su persona. Se supone que en una “ley de la selva” el más fuerte sería quien se impusiera –como “animalitos”- mientras que en una sociedad liberal el principio de la igualdad ante la ley de las personas garantiza la igualdad de los derechos de cada individuo. Esto implica someter con la fuerza de la ley ejecutada por el Estado a quien pretenda despojar a otros de de su libertad innata. “El más fuerte” sería así restringido cuando intente ir más allá de los límites fijados a su propia libertad, esencialmente que se le impida traspasar los dominios de libertad de otras personas en sociedad.

En el sistema liberal el monopolio de la fuerza en manos del Estado garantiza que los individuos sean iguales ante la ley. Garantiza la libertad de los individuos ante quien amenace despojarles de ella. En la concepción liberal el Estado es también limitado, a diferencia de lo que caracteriza a órdenes políticos totalitarios. Aquí resulta crucial la existencia de una Constitución que de alguna manera reconozca los derechos primarios innatos a las personas; esto es, su libertad, ante el poder del Estado. Es necesario que el Estado tenga un lugar propio limitado por el principio de legalidad, de manera que se proteja a las personas del abuso que ese Estado puede cometer contra ellas.

Entre las instituciones básicas que se ha ido diseñando a través del tiempo para limitar dicho poder del Estado se encuentran no sólo aquellas propias del orden político, tales como división de poderes, frenos y contrapesos entre distintos poderes públicos, la existencia de un parlamento, sino crucialmente el derecho a la propiedad que poseen las personas. Como dice Hayek, “La ley, la libertad y la propiedad son una trinidad inseparable. No puede haber ley en el sentido de reglas universales de conducta que no determine límites a los dominios de la libertad al fijar reglas que permiten a cada cual estar seguro de adónde es libre de actuar.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 1: Rules and order, Chicago: The University of Chicago Press, 1973, p. 107). De aquí se deriva aquella idea fundamental de que los individuos son libres de actuar en todo aquello que la ley no prohíba, en tanto que el Estado sólo puede actuar en aquello que la ley le permite hacerlo.

En la anarquía –ausencia de Estado- regiría la ley del más fuerte en el sentido de que no habría ley que limitara tal posibilidad (excepto algunos teóricos que señalan que la ley, mediante la costumbre, surgiría espontáneamente, limitando el accionar de los individuos). No voy a referirme al tema de las utopías como tampoco al hecho de que es imposible, en un orden que cambia permanentemente como el liberal, definir para siempre los derechos de propiedad, lo cual requiere de un Estado que evite conflictos sobre derechos de propiedad que los defina. Me parece que este es un papel que el

Estado debe desempeñar en un orden político liberal.
Por lo expuesto, se puede rechazar la aseveración inicial de que el orden liberal se apoya en la llamada “ley de la selva”, sino todo lo contrario dado que, si bien limita el papel del Estado a un mínimo necesario para garantizar la libertad de los individuos, el interés propio se ve limitado por el derecho que por ley poseen las demás personas.

Una consideración final acerca de la idea de que la falla del liberalismo radica en que en dicho orden político la persona tiene como único fin el interés propio sin tomar en cuenta otros intereses diferentes a éste. A esto es lo que en ciertos sectores se le ha llamado el carácter egoísta del liberalismo. Otras versiones destacan que el liberalismo se fundamenta en la avaricia o en el consumo sin freno. Pero hay un error en adscribirle exclusividad en cuanto a defectos humanos, que son propios de cualquier orden político. Por ello me parece muy afortunada la advertencia que formula Schwartz, al indicar que “todos esos vicios connaturales a los seres humanos (avaricia, egoísmo, prepotencia ante el consumo) aparecen en la sociedad libre más a las claras que en las pacatas (tímidas, tranquilas o pacíficas) sociedades cerradas de la Edad de Oro ‘dichosa’, como decía Don Quijote, ‘porque entonces los que en ella vivían ignoraban dos palabras de tuyo y mío.’” (Pedro Schwartz, “Los límites de la razón y la ética del liberalismo,” en Nuevos Ensayos Liberales, Madrid: Espasa Hoy, 1999, p. 223. Los paréntesis son míos.).

No sólo las sociedades abiertas son precisamente más abiertas en cuanto a que permiten reflejar las debilidades individuales, pero no significa ello que tales debilidades están ausentes en otros órdenes políticos, los cuales, al posiblemente no ser tan abiertos como el orden liberal, lo que hacen es ocultar tales condiciones. En todo caso, el error radica en confundir el término egoísmo con lo que podría denominarse amor propio, que cuando se degenera es que se convierte en egoísmo. Por ello es que Adam Smith en la Teoría de los Sentimientos Morales nos dice que

“También interesarse en nuestra propia felicidad e interés en muchas ocasiones aparecen ser principios de acción muy plausibles. Los hábitos de la economía, la industria, la discreción, la atención y la aplicación del pensamiento, se suponen que generalmente son cultivados a partir de motivaciones en el interés propio y al mismo tiempo son entendidos como calidades muy valiosas que merecen la estima y aprobación de todos.” (Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis: Liberty Classics, 1969, p. 481.).

La libertad, que es la base del orden liberal, para proseguir los intereses propios es tan importante para el individuo egoísta como al mayor de los altruistas, quienes así pueden actuar en el logro de sus propias escalas de valores. Lo normal en la conducta de las personas es incorporar los intereses propios en su toma de decisiones, pero también los de sus familias, amigos, vecinos y asociados; esto es, como dice Hayek, “Uno de los derechos y deberes fundamentales del hombre libre es decidir qué necesidades y qué necesitados se les antojan más importantes” y señala que “parte esencial de la libertad y de las concepciones morales de una sociedad libre es la elección de nuestros asociados y, generalmente, de aquellos cuyas necesidades hacemos nuestras.” (Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Madrid:
Unión Editorial, 1975, p. 94).

AFIRMACION No. 2: EL LIBERALISMO ES CONSERVADOR.
EXPLICACION: Una vez que el pensador liberal Friedrich Hayek había escrito su famoso libro Los Fundamentos de la Libertad, decidió añadir al texto un capítulo titulado “Por qué no soy conservador”, en el cual explica claramente la diferencia entre el liberal y el conservador. (Ibíd., p. p. 417-430). Tomo como base dicho Post-Scriptum para exponerlas. En primer lugar, mientras el conservador tiene un temor a la mutación y al cambio, un miedo a lo que es nuevo por el hecho de ser nuevo, el liberal mantiene una actitud abierta y confiada en el cambio que surge libremente y en la evolución de las cosas, si bien es consciente de que a veces el hombre procede a ciegas. Mientras que el gobernante conservador tiende a paralizar la evolución por el hecho de ser desconocidos sus resultados finales, el gobernante liberal la acepta confiado en que, de manera espontánea, aquélla acomodará las nuevas circunstancias.

Así, mientras el conservador requiere de una mente superior, alguna autoridad que vigile esos cambios, el liberal, si bien acepta que hay gentes que poseen cierto grado de superioridad sobre otras, no que alguien de por sí tenga la atribución de asumir esas posiciones. Como dice Hayek, “quienes pretenden ocupar en la sociedad preponderante posición deben demostrar esa su pretendida superioridad acatando las mismas normas que a los demás se aplican” (Ibíd., p. 422); esto es, se aplica el principio de igualdad ante la ley.

El conservador se opone a todo nuevo conocimiento pues teme que derive en consecuencias para él indeseables, en tanto que el liberal acepta como principio la crítica racional de ideas que pueden o no ir en contra de lo que cree. Por ello el oscurantismo que suele rodear al conservador y que muchas veces lo empuja al “nacionalismo patriotero”, incapaz de comprender que las ideas no conocen patria y que por el hecho de ser concebidas por algún connacional no las convierte en sabiduría y corrección, sino tal vez lo contrario.

Hay sí un grado en que el liberal se acerca al conservador, cual es en la desconfianza de la razón en cuanto a que se considere que las instituciones humanas sólo pueden existir si han sido objeto del diseño deliberado de los hombres. Por supuesto, no en cuanto a que el uso de la razón deba ser el elemento esencial en la crítica. Cuando hablamos de “irracionalismo” nos referimos a la pretensión de que las instituciones sólo pueden existir gracias a alguna estructuración deliberada; por el contrario, los liberales son conscientes de las limitaciones humanas en cuanto al conocimiento, lo que Hayek llama “la humana ignorancia”, lo que le aleja de las creencias de naturaleza sobrenatural o de índole autoritaria cuando la razón no nos brinda argumentos en uno u otro sentido. Por ello, el liberal no pretende imponer sus creencias a terceros, pues con claridad separa los ámbitos espirituales de los temporales.

El liberal respeta la tradición y las costumbres en cuanto sean convenientes y que apuntan hacia los fines que el liberal desea conseguir, no por el hecho de ser antiguas. Las respeta porque son resultado de la conducta humana que en medio de la evolución ha conjuntado comportamientos que les son útiles a los individuos para vivir libremente en sociedad; porque facilitan la adaptación de las personas a los acontecimientos según se evoluciona y que no es posible predecir de antemano. Claro que dicha adaptación no es perfecta, aunque se puede suponer que su existencia se da porque le ha generado ventajas a los individuos en sociedad, pero esa misma imperfección, en especial ante nuevos acontecimientos, exige un lugar a la posibilidad del cambio y aquí es en donde difieren radicalmente el conservador del liberal.

Mientras el primero quiere la vigencia del status quo, el segundo acepta el cambio en cuanto le sea útil a sus propósitos individuales en sociedad: no se opone a la evolución y al progreso.

Por lo anterior no es correcta la presunción de que liberalismo y conservadurismo sean lo mismo, si bien en el liberalismo hay elementos conservadores, como el respeto a la tradición en cuanto resultado de experiencias adaptativas a la incertidumbre en que se desenvuelve el individuo. Pero el liberal siempre tiene campo para que varíen las cosas, para que el individuo se pueda adaptar a las nuevas circunstancias siempre cambiantes en que se desenvuelve.

AFIRMACION No. 3: EL LIBERALISMO ES ANTI-EMPRESARIO.
EXPLICACION: Vean qué interesante: mientras algunos señalan que el liberalismo casi que es un instrumento político al servicio de los empresarios, hay otros quienes consideran que el liberalismo se opone al empresario. Por ello, creo que es necesario hacer una explicación en doble vía acerca de la relación que puede existir entre el pensamiento liberal y la importancia del empresario en la vía económica.
El empresario puede ser entendido como el individuo que está alerta en el descubrimiento de oportunidades que hasta el momento han sido soslayadas, que hayan pasado inadvertidas, y que puede explotarlas traduciéndose en ganancias inmediatas o futuras. Esto bien puede requerir buen juicio y creatividad, pero lo importante es el proceso de descubrimiento que implica el papel del empresario. Su gran utilidad descansa en que, en el marco de un mercado que asigna económicamente los recursos, es capaz de descubrir esas oportunidades previamente no descubiertas.

Es así como juega un papel vital en la lucha contra la escasez.

La sociedad puede progresar y amplía su libertad cuando dispone de mecanismos que den prioridad a nuevas soluciones que faciliten nuestra adaptación al cambio. Eso se logra gracias a la invención y al desarrollo de los mercados, en donde el empresario es quien descubre esas nuevas soluciones traducidas en su posible explotación que le reditúe ganancias.

Pero es crucial la existencia de la competencia abierta para que esa búsqueda no se convierta en un feudo a explotar por los individuos que se benefician con ella, sino que sea un proceso que permita sin interrupción el descubrimiento de nuevas oportunidades. En el orden del mercado hay un tendencia natural a que surjan monopolios: es propio de los individuos tratar de forjar barreras de todo tipo para impedir no sólo que otros compitan con ellos, sino porque consideran que tales barreras son las que les permiten competir con otros, pero es muy frecuente la práctica de tratar de que sea el Estado quien les otorgue monopolios legales que les permitan conservar el privilegio. Por ello lo esencial en un orden liberal es evitar el daño que causa la limitación a la competencia. La mayor fuente de impedimento es el acceso político que se puede tener para que se cree una regulación estatal favorable a la conservación de alguna actividad económica específica. Esta es una razón por la cual en un orden liberal se debe disponer de normas generales y no específicas que permitan evitar dichas limitaciones a la competencia.

Cuando un liberal estimula el surgimiento de reglas universales que limitan el privilegio concedido a alguno o algunos para evitar la competencia por medio del uso de legislación o regulación específicas, es que se escucha el clamor de que el liberalismo es contrario a la empresa privada. Sí, es contrario porque no considera conveniente que se otorguen privilegios que impidan la libre competencia. El liberal cree en un empresariado descubridor y explotador de las oportunidades previamente no descubiertas, pero sujeto a la regla general de la competencia y no de la regla específica estatal que cohonesta el monopolio.

Lo expuesto explica la fuerte asociación histórica del pensamiento liberal en contra del proteccionismo comercial con la creencia en la empresa privada como elemento dinamizador del cambio y del progreso económico. Nos oponemos al proteccionismo porque afecta al consumidor cuya satisfacción es el fin último en una economía, en tanto que otorga un beneficio particular a algún grupo productor o importador concreto gracias a la imposición de aranceles que efectúa el Estado, impidiendo una competencia deseable. Creemos en la empresa en competencia, en donde si bien cada una de ellas actúa probablemente tratando de lograr una posición monopólica, es la misma competencia la que le impide el logro permanente de dicho privilegio.

AFIRMACION No. 4: EL LIBERALISMO ES PATERNALISTA.
EXPLICACION: Entre pensadores liberales hay actualmente una discusión interesante en torno al tema del papel del Estado en cuanto a las decisiones que deben tomar los individuos libres en sociedad. Una visión es la llamada “paternalismo duro” que considera que el Estado desempeña un papel autoritario por el cual define mediante su poder la toma de decisiones por parte del individuo. Por ejemplo, he escuchado la propuesta de que el Estado debería prohibir la venta de bebidas gaseosas azucaradas pues ello provoca obesidad entre los ciudadanos. En síntesis, en esta visión se elimina la libertad de escoger de las personas, sustituyéndola por la prohibición y el mandato de ciertas conductas específicas según el criterio de la autoridad; esto es, en última instancia asoma un carácter autoritario del Estado aunque presuntamente se haga en beneficio de las personas para las cuales dicta su decisión. Los órdenes fascistas y socialistas, e incluso partes del ideario político social-demócrata, se pueden caracterizar por ese “paternalismo duro”

La otra visión ha sido denominada paternalismo “del tío” en vez de la figura “paternal” del paternalismo usual. Con esta expresión se quiere dar a entender que la acción del Estado se asemejaría más al interés que puede mostrar “un tío” en vez de la “orden” que le suele inferir un padre a su hijo en cuanto a la bondad o corrección de ciertas acciones que éste lleva a cabo. A aquella versión de paternalismo también se le ha llegado a conocer como “paternalismo suave”, que en esencia se basa en la presunción de que el Estado puede ayudar a la persona a tomar decisiones que las hubiera realizado si hubiera tenido una mayor fuerza de voluntad o conocimiento sobre ellas.

Hay algunos teóricos liberales clásicos quienes, especialmente en el campo económico, han incidido para que esta última posición sea objeto de meditación dentro del campo de las políticas liberales. Me refiero, por ejemplo, a Vernon Smith, del Departamento de Economía de la Universidad George Mason, ganador del Premio Adam Smith de la Asociación para la Educación sobre la Empresa Privada, además de Premio Nobel en Economía en el 2002 junto con Daniel Kahneman, quienes escribieron acerca de lo que hoy se conoce como economía del comportamiento, que es la base política de lo que se ha mencionado como paternalismo blando o paternalismo “del tío”. Brevemente, por ejemplo, resaltan que los individuos suelen valorar más los resultados en el corto plazo sobre otras opciones que, si bien les otorgan mayores beneficios, los recogen a un plazo más largo o que, según sea la forma en que a los individuos se les presentan las opciones, por ejemplo, una disyuntiva definida en términos positivos ante otra en términos negativos, ello incidirá en la toma de decisión de las personas. En resumen, se define a un individuo menos hiper-racional de lo que suelen asumir los análisis económicos neoclásicos.

Si esa hiper-racionalidad no está siempre presente, se puede considerar la posibilidad de que el Estado modifique sutilmente las decisiones de las personas, por ejemplo, alterando la forma en que se presentan las opciones o bien modificando las expectativas en el tiempo de los flujos de beneficios. Eso sí, lo proponen sin que en esencia haya una alteración de la libertad de elección que poseen los individuos, pero se les informaría debidamente acerca del porqué de la propuesta estatal. Se supone que, de esta manera, se ayudaría a las personas a que tomen las decisiones correctas.

Así esta propuesta de “paternalismo suave” tiene una diferencia con los paternalistas duros, quienes creen que los individuos no son capaces de decidir por sí mismos en función de su bienestar y que el Estado debe ser el que decida por ellos.
Se puede considerar que en la posición del paternalismo “del tío” o “paternalismo suave” de lo que se trata no es de dar pescado a la gente, sino de enseñarla pescar; esto es que, a diferencia del “paternalismo duro”, en que el Estado interviene dándole el pescado a la gente, su función aquí es la de darle instrumentos que le permitan mejorar su estrategia de elección, mediante una valoración adecuada (más informada) de los pros y de los contras de ellas.

La tesis que debe ser cuestionada en este último enfoque es, en primer lugar, si el Estado es capaz de mejorar las decisiones de los individuos, aún cuando estemos de acuerdo en que sus decisiones son “equivocadas”. Los individuos, aún disponiendo de la información que ahora les brinda el Estado, bien podrían continuar haciendo elecciones “equivocadas”.

En segundo lugar, la suposición o hecho de que los individuos se equivocan en su toma de decisiones se puede extender fácilmente a la toma de decisiones de los mismos burócratas que, en este análisis, serían quienes presuntamente saben cuáles son las decisiones correctas. A diferencia de la posibilidad de que en un marco competitivo los individuos tengan un incentivo para corregir sus errores, en un proceso en donde la misma toma de decisiones induce a que la gente vaya tomando mejores decisiones, tal corrección no se extiende tan fácilmente al burócrata en el seno de un monopolio público o de una agencia gubernamental, en donde no se presentan los incentivos requeridos que permitan internalizar los costos de tomar decisiones equivocadas.

Precisamente uno de los problemas serios con la toma de decisiones burocráticas, como lo ha expuesto el análisis del “Public Choice”, es la estructura de incentivos que no conduce a la solución competitiva óptima, pues los incentivos pueden más bien incitar hacia la permanencia de rentas que percibe el burócrata. Deben tenerse presente que los burócratas son seres humanos con ambiciones propias, quienes tienen un conocimiento limitado y carecen muchas veces de la voluntad requerida para tomar ciertas acciones, al igual que como puede suceder con el resto de las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que surgiría mediante políticas de “paternalismo suave”? Ello se lo preguntó en una ocasión el economista austriaco Mario Rizzo, al discutir sobre este tema (Mario Rizzo en el blog del 25 de mayo del 2007 del Wall Street Journal, “Should Policies Nudge People To Make Certain Choices?“: “¿En quién se puede confiar más: en individuos que enfrentan los costos y los beneficios resultantes de sus propias acciones o en políticos y burócratas quienes no los encaran?” Yo dejo que la respuesta la formule el amigo lector. En todo caso, en el seno del liberalismo la idea de un “paternalismo suave” como parte de su accionar político no es un tema que esté resuelto.

AFIRMACION No. 5: EL LIBERALISMO ES RETRÓGRADO.
EXPLICACION: Empecemos por entender al término “retrógrado” como lo contrario del “progreso”, comprendido esto último como alguna forma de adelanto cultural y técnico que se presenta en una sociedad. El término retrógrado se suele asociar con los enemigos del cambio y de la innovación.

¿Será cierto, entonces, que el liberalismo es enemigo del cambio, de la innovación, del progreso?; ¿que es partidario de la idea de que todo tiempo pasado fue mejor?
Es momento de formular algunas explicaciones de cómo las sociedades han evolucionado desde sistemas tribales de grupos humanos de tamaño reducido a lo que hoy podemos denominar, siguiendo a Hayek, como “Sociedad Libre” o la “Gran Sociedad” que mencionó Smith, o la que Popper, denominó como la “Sociedad Abierta”. Esto es, un orden espontáneo que resulta de la interacción de individuos separados, cuya coordinación se define al seguir ciertas reglas generales de conducta; un orden más complejo que persiste a través de un proceso evolutivo que permite adaptarse a sí mismo como un todo, a aquellos cambios acerca de los cuales cada uno de los individuos que participa en él sabe tan sólo una pequeña fracción. Así, a diferencia de un “grupo pequeño”, que posee fines específicos, en una sociedad espontánea con multiplicidad de individuos y con muy diversos fines, se da un acomodo de esos muy diversos intereses concretos individuales o de grupos pequeños.
Las sociedades espontáneas suelen ser complejas en las cuales el conocimiento se coordina en el marco de reglas generales y no mediante la dirección ordenada del comportamiento de los individuos. Como señala Hayek, “El orden espontáneo surge a partir del balance que cada elemento hace de todos los diferentes factores que operan sobre él y por el ajuste que hacen entre sí de sus diversas acciones, un balance que se vería destruido si algunas de las acciones son determinadas por alguna otra agencia con base en un conocimiento diferente y al servicio de fines diferentes.” (Friedrich A Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 1, Op. Cit., p. 51).

La libertad es un artefacto resultante de la evolución cultural en que la gente aprendió reglas de conducta que le permitieron adaptarse eficientemente a las situaciones cambiantes. Estos son sistemas caracterizados por ser órdenes que han surgido espontáneamente sin que haya sido diseñado por mente alguna. Como dice Hayek: “La libertad fue hecha posible por la evolución gradual de la disciplina de la civilización que es al mismo tiempo la disciplina de la libertad. Protege al hombre por medio de reglas abstractas impersonales contra la violencia arbitraria de otros y permite que cada individuo trate de construir por sí mismo un dominio protegido en el cual a nadie más le es permitido interferir y en el cual él puede usar su propio conocimiento para sus propios propósitos.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 3: The Political Order of a Free People, Chicago: The University of Chicago Press, 1979, p. 163). Así se pudo transitar de una sociedad de grupos cerrados en que los individuos se conocían entre sí íntimamente, a una sociedad abierta en que lo que los une es la obediencia a reglas abstractas concretas. De esta manera fue factible evolucionar de una sociedad compuesta por unos pocos agricultores o cazadores a otra más compleja basada en el intercambio que practican sus integrantes.

La mayoría de la gente aprendió estas reglas generales que conformaron la costumbre y la tradición de cierto momento y ello permitió que surgiera una sociedad caracterizada por el intercambio y la división del trabajo que permitió un enorme progreso y desarrollo económico. Estos se originaron cuando el individuo dejó de producir tan sólo para sus pocos allegados y se dedicó a satisfacer las necesidades de muchísimos desconocidos.

Si bien se podría identificar la evolución de la tradición con el progreso, la evolución espontánea es condición necesaria pero no suficiente para el progreso. A lo más que podemos aspirar es a crear aquellas condiciones que sean favorables para progresar, pues nunca es posible saber con certeza si una medida propuesta nos garantiza que progresemos. Simplemente la evolución es indefinida y no se sabe que turnos podrá tomar, de manera que lo esencial es disponer de instituciones que permitan la mayor flexibilidad de adaptación al cambio y la evolución. En el campo económico, a fin de resolver el problema de la escasez y la incertidumbre de los cambios y la evolución, así como de la imperfección natural del hombre, la institución del mercado libre ha permitido tal adaptación que hasta la fecha parece haber dotado de un enorme progreso a las personas.

Como bien lo resume Pedro Schwartz, el mercado es una condición necesaria para la libertad, pues “en un mundo dominado por la Ignorancia, la Escasez y la Incertidumbre, las sociedades liberales ha producido inintencionadamente una institución que aumenta sus posibilidades de Conocimiento, Abundancia y Progreso.” (Pedro Schwartz, “Bases Filosóficas del Liberalismo,” en Nuevos Ensayos Liberales, Op. Cit., p. 128).

Esa institución es un mercado libre, descentralizado, que permita que los empresarios (cada uno de nosotros de cierta manera casi que lo es) puedan descubrir y explotar aquellas oportunidades que hoy yacen escondidas, con lo cual es posible progresar.

Esto es, que el progreso sea una posibilidad, porque la evolución no nos garantiza a futuro si se logrará el progreso. Lo que si puede darnos una idea del progreso es lo que ha sucedido a través de la historia de la civilización, cuyo mejor resultado es el aprecio que se le suele tener a los órdenes basados esencialmente en la libertad de los individuos en contraste con otros sistemas totalitarios, cuyos resultados difícilmente podríamos calificar como “progresos”. De aquí que lo crucial en cuanto a la virtud de un orden liberal es si dispone, gracias a la vigencia de la libertad, de instrumentos que permitan a la sociedad adaptarse al cambio inesperado. Esos instrumentos son ciertas normas de conducta generales aprendidas que facilitan la colaboración entre los individuos, en donde también el aprendizaje que han tenido nuestros antepasados se recoge en tradiciones que han probado ser útiles y que ahora se nos transmiten. Claro, estas tradiciones no son útiles eternamente pues las circunstancias cambian, de manera que por ello el liberal esta lejos de ser un conservador, sino que aprecia la importancia de las tradiciones en la vida social.

En resumen, como dice Hayek, “todo proceso evolutivo… es un fenómeno que implica la incesante adaptación a un conjunto de acontecimientos imprevistos, a un cúmulo de circunstancias cuya evolución nadie puede prever…”, por lo que el caso a favor del liberalismo está en destacar como, mediante la herramienta de la libertad, ese orden posee las vías por las cuales “las estructuras de índole compleja comportan mecanismos de corrección que, aunque sin duda condicionarán el futuro acontecer, nunca eliminará su condición de impredecible.” (Friedrich A. Hayek, La Fatal Arrogancia: Los errores del socialismo, Obras Completas de Hayek, Vol. I, Madrid: Unión Editorial, 1994, 9 216.)

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 08:28
2009-09-30-ALGUNAS AFIRMACIONES Y EXPLICACIONES ACERCA DEL LIBERALISMO-PARTE II

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COLUMNA LIBRE: PRIMERAS CINCO AFIRMACIONES Y EXPLICACIONES ACERCA DEL LIBERALISMO: PARTE II

Boletín de ANFE, 30 de setiembre del 2009. Este comentario fue integrado con ligeras variaciones como parte del libro “Mitología acerca del Liberalismo” (San José, Costa Rica: Asociación Nacional de Fomento Económico, 2010), así como también en el sitio de ElCato del Cato Institute, de Washington, D.C., en el período 14-04-2010 a 23-06-2010.

Esta edición del Boletín de ANFE continúa el análisis de objeciones que se suelen formular al liberalismo y que iniciáramos en el Boletín anterior. En esta oportunidad se tratan cinco objeciones adicionales a las primeras cinco ya comentadas.
Reitero que la expresión liberalismo, tal como se mencionó en el primer comentario en el Boletín de ANFE, se refiere a lo que se conoce como liberalismo clásico. Esto es, en esencia aquél que, consciente de que el Estado es una institución indispensable, minimiza el alcance de la esfera pública en contraste con la esfera de acción privada, de manera que las personas puedan colaborar al máximo libremente entre sí, Acerca de ello, me permito resaltar lo que dice el estudioso Raimondo Cubeddu: “El liberalismo es ante todo una teoría y una praxis para el control y la reducción del poder que parte de la constatación de que los individuos, aun teniendo los mismos derechos, son naturalmente diferentes en cuanto dotados de un conocimiento limitado y falible.” (Raimondo Cubeddu, Atlas del Liberalismo, Madrid: Unión Editorial, 1999, p. 16. Las letras en cursiva son del autor).

AFIRMACION No. 6: EL LIBERALISMO ES ANTI-RELIGIOSO.
EXPLICACION: Para analizar esta afirmación, es necesario hacerlo desde dos matices diferentes. Uno, que me permito llamar “histórico”, requiere tener presente principalmente la historia de América Latina -que incluye la experiencia de Costa Rica- acerca de conflictos políticos que se dieron entre “liberales” y el orden secular de la Iglesia Católica, principalmente en el siglo XIX. Estos no sólo se concentraron en esa área geográfica, sino que también se presentó en regiones de Europa. El segundo enfoque, que denomino “ideológico”, se refiere a si, como tal, el pensamiento liberal es antitético a las creencias religiosas, independientemente de su momento histórico-político.

En cuanto a lo primero, es sabido que el término “liberal” se conoció formalmente por primera vez en las reuniones de las Cortes de Cádiz y en la elaboración de la Constitución española de 1812. Liberales se les llamó a los diputados asistentes a dichas reuniones, quienes se oponían al absolutismo monárquico de la época. A su agrupación política se le denominó “partido liberal”. Esto le menciona Hayek, quien dice que “como nombre de un movimiento político, el liberalismo aparece… primeramente cuando en 1812 fue usado por el partido español de los Liberales.” (Friedrich A. Hayek, “Liberalism,” en Enciclopedia del Novicento, 1973 y reproducido en Friedrich A. Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of ideas. London: Routledge & Kegan Paul, 1978, p.p. 120-121).
Durante el siglo XIX el liberalismo político se extendió en el continente americano y en muchas ocasiones se enfrentó políticamente con la Iglesia Católica, la cual, a inicios de dicho período, se encontraba fuertemente ligada con el poder político español. Conforme las naciones latinoamericanas se independizaron - el movimiento independentista fue impulsado en grado sumo por los movimientos liberales- la Iglesia Católica pretendió conservar ciertos privilegios que los nuevos gobiernos consideraron inapropiados, como, por ejemplo, cementerios en donde no se podía enterrar a quienes no participaban de la fe católica o el dominio de muy vastas propiedades que esos políticos juzgaban debían pasar a manos seculares o bien el casi monopolio de la educación religiosa, en contraste con la propuesta liberal de una extensa educación (generalmente estatal) laica, entre otros problemas “terrenales”.

Es discutible si esas acciones gubernamentales frente al poder terreno de la Iglesia Católica, que en cierto grado no parecen ser muy liberales, fueron las apropiadas de llevar a cabo. El hecho significativo para nuestro análisis es que en esa era se presentó un importante conflicto entre las autoridades políticas, que se solían denominar liberales, y las autoridades de la Iglesia Católica, que históricamente habían estado fuertemente asociadas con las autoridades imperiales españolas. La Iglesia, en general, era muy cercana a todo tipo de poder monárquico, como fue el caso de Francia, por ejemplo, pero es necesario señalar que, en algunas otras naciones europeas, el conflicto fue entre gobiernos de tipo liberal y autoridades religiosas distintas de la iglesia Católica.

Este fenómeno latinoamericano (y de Francia) puede, entonces, explicar la aseveración de que “El liberalismo es anti-religioso”, pero en realidad era una disputa de poder entre gobernantes de partidos liberales y una Iglesia Católica que había estado profundamente ligada a los gobernantes imperiales que habían perdido la lucha por mantener la Corona Española en América Latina. No hay duda que la lucha de los liberales por la libertad de los individuos los enfrentaba directamente con el poder religioso conservador y ligado a los reyes de ese entonces.

Más interesante de analizar, en mi criterio, es si el liberalismo, como orden político y abstrayéndolo de circunstancias históricas particulares, adversa las creencias religiosas concretas que puedan tener los individuos dentro de ese orden extendido, a lo cual respondo con un significativo no, como intentaré explicar.

Ciertamente hubo destacados pensadores que contribuyeron a definir lo que se puede denominar como el pensamiento liberal clásico y quienes se opusieron a movimientos religiosos, principalmente a la Iglesia Católica, pero reitero que surgía de la fuerte relación entre monarcas absolutistas y esa corporación religiosa, principalmente, pero que también fue un conflicto que se presentó con otras agrupaciones religiosas. Ejemplos de aquellos intelectuales son Voltaire y Montesquieu, ilustrados franceses, quienes criticaron fuertemente la relación entre la Iglesia Católica y los reyes totalitarios, así como el inglés John Locke, acerca de quien de seguido me referiré con algún grado de detalle.

John Locke, uno de los más importantes pensadores germinales del liberalismo clásico, siempre consideró a la iglesia como “una sociedad libre y voluntaria y que los asuntos religiosos estaban lejos de los intereses del gobierno”. Señaló que “la tolerancia que le extendía a otros se la negaba a los papistas y a los ateos… pero es claro que Locke hizo tal excepción no por razones religiosas sino con fundamento en políticas de Estado. Miró a la Iglesia Católica como un peligro para la paz pública porque le había otorgado obediencia a un príncipe extranjero; y excluyó al ateo porque, desde el punto de vista de Locke, la existencia del Estado dependía de un contrato y la obligación del contrato, como de toda ley moral, dependía de la voluntad Divina.” (W. R. Sorley, “John Locke” en The Cambridge History of English and American Literature, Vol. VIII: The Age of Dryden, XIV: John Locke, 13: Locke’s View on Church and State, par. 27, New York: Putnam, 1907-1921).

Como orden político, el liberalismo pretende garantizar la libertad de los individuos para que puedan satisfacer sus expectativas ante la vida, pero ello requiere de un Estado cuyo poder sea limitado. Como señala Cubeddu, este objetivo del liberalismo, si se traslada al campo religioso, “se concreta en la reducción de la religión a fenómeno privado y en la tolerancia” (Raimondo Cubeddu, Op. Cit., p. 32). Esta idea refleja la posición de Locke acerca de que la iglesia, de la cual escribió que, “Veamos lo que es una iglesia. Considero que ésta es una sociedad voluntaria de hombres que se reúnen de mutuo acuerdo para rendir culto público a Dios en la forma que ellos juzguen que le es aceptable y eficiente para la salvación de sus almas.” (John Locke “Carta sobre la Tolerancia”, en Estudios Públicos, 28, Santiago, Chile: Centro de Estudios Públicos, 1987, p. 8), y en lo que se refiere a la tolerancia, transcribo un párrafo de la Carta de Locke que, al conjuntarla con el papel del Estado ante la religión, me parece resume adecuadamente la posición liberal ante este tema: “que todas las iglesias se obligaran a proclamar que la tolerancia es el fundamento de su propia libertad y a enseñar que la libertad de conciencia es un derecho natural del hombre, que pertenece por igual a los disidentes como a ellos mismos, y que nadie puede ser obligado en materias de religión, ni por ley ni por fuerza.” (Ibídem, p. 34).

Desde el punto de vista del individuo, es posible considerar que de alguna manera desea practicar algún tipo de religión y, por tanto, aprecia la libertad de practicarla (o de no hacerlo). Es un asunto de la conciencia de cada individuo el desear ejercitar (o no ejercitar) su práctica religiosa. Lo importante es que su práctica (o no práctica) no ocasione un daño a los demás individuos. Así, asevera David Conway, que “En virtud de la medida de libertad que otorga a sus miembros, una organización política liberal debe proveerles con la libertad de practicar (o de no practicar) la religión sin daño alguno… (ese) hecho de poder practicar la fe de su elección en sí mismo no establece que tal forma de organización política sea la mejor para cada miembro… pues mucha gente preferiría que tan sólo fuera su propia religión la practicada si se compara con que se permitiera a otros practicar otras formas de fe o el ateísmo… el precio que cada miembro de la sociedad debe pagar para que se le permita vivir de acuerdo con su propia fe particular es la extensión de la tolerancia religiosa a otros. La medida de libertad que se concede a todos los miembros dentro de una organización política liberal le permite a cada uno de ellos practicar o no practicar su religión de acuerdo con sus propias luces.” (David Conway, Classical Liberalism: The Unvanquished Ideal, New York: St. Martin’s Press, Inc., 1995, p. p. 17-18).

Espero que con esta exposición de principios pueda haber desnudado la falacia de que el liberalismo es opuesto a la religión. La religión es, en esencia, un asunto privado en lo que nada tiene que ver el Estado. De aquí la importante idea liberal de la separación entre la Iglesia y el Estado. Al creyente, como al ateo, lo que les interesa es poder ejercitar cualquier creencia que su conciencia considere deseable. Y la sociedad abierta le garantiza el ejercicio (o el no ejercicio) de la fe, en tanto que con ello no dañe a los restantes individuos.

El ensayo que Locke escribió en 1689, y que he venido citando, es crucial en el desarrollo del pensamiento liberal. En su Letters Concerning Toleration (Carta sobre la Tolerancia), trata del derecho de cada individuo a escoger su propio camino hacia la salvación, así como acerca de la ilegitimidad de que el Estado empuje a la gente a mantener ciertas creencias religiosas: el gobierno civil no debe tener incidencia en los asuntos religiosos de las personas.

Termino el comentario de la presunción de que “el liberalismo es anti-religioso” con una cita de Locke, que me parece resume la correcta posición liberal ante el tema de la fe de los individuos, en donde enfatiza el límite del área pública del área privada en cuanto a la religión: “toda jurisdicción del gobernante alcanza sólo a aquellos aspectos civiles, y que todo poder, derecho o dominio civil está vinculado y limitado a la sola preocupación de promover estas cosas; y que no puede ni debe ser extendido en modo alguno a la salvación de las almas… el poder del gobierno está sólo relacionado a los intereses civiles de los hombres; está limitado al cuidado de las cosas de este mundo y nada tiene que ver con el mundo que ha de venir” (John Locke, “Carta sobre la Tolerancia”, en Estudios Públicos, Op. Cit., p. 6 y p. 8).

AFIRMACION No.7: EL LIBERALISMO DISCRIMINA CONTRA LAS MINORÍAS.

EXPLICACION: La mejor forma de entrarle a esta aseveración que se formula acerca del liberalismo es refiriéndose al debate intelectual en torno al multiculturalismo, fenómeno que si bien se relaciona con que muchas sociedades están abiertas al ingreso de gentes provenientes de otras culturas, conceptualmente permite también incorporar el tema de culturas de poblaciones indígenas como formas de vida “diferentes” de la tradición mayoritaria o más poderosa que hay en una nación (o bien de la minoría más poderosa). Así queda planteado el asunto de cómo las sociedades deben acomodar otras culturas diversas y diferentes de la propia y permite que analicemos la aseveración de que el liberalismo, como tal, discrimina contra las minorías en una sociedad.

El llamado problema del multiculturalismo generalmente se ha referido a las necesidades de integración de culturas extranjeras o forasteras a la nacional mayoritaria, pero dicho tema nos permite analizar acerca de la posición liberal clásica ante la diversidad cultural, pues en principio es aplicable a grupos que sean objeto de discriminación en una sociedad, tales como la racial, sexual, tribal, de preferencia sexual, entre otros análogos, que en realidad son semejantes en cuanto a la aceptación de la diversidad y de cómo las sociedades deberán acomodarla.

Señala Chandran Kukathas, “el liberalismo es una doctrina profundamente simpática con el multiculturalismo porque proclama la importancia de la libertad individual de vivir una vida propia para él o para ella, aún si la mayoría de una sociedad desaprueba la forma en que se vive esa vida. De acuerdo con las tradiciones del liberalismo, debe tolerarse los hábitos o las diferencias de una minoría en vez de ser suprimidas.”

(Chandran Kukathas, “Anarcho-Multiculturalism: The Pure Theory of Liberalism,” en Geoffrey Brahm Levy, editor, Political Theory and Australian Multiculturalism, New York: Berghahn Books, 2006, p. 37).

En el orden liberal una minoría no es obligada a que valores de una sociedad que no pueda acatar ni tampoco se le prohíbe que viva según sean sus valores. El punto esencial de la idea liberal es lograr formas en las cuales los grupos o minorías puedan vivir en sociedad sin entrar en conflicto con los otros grupos o con los valores de la sociedad; esto es, cómo lograr una coexistencia pacífica. Ello puede ser muy difícil de lograr en la práctica, pero la idea es que, en una sociedad en la que hay diversas culturas, cada persona podrá asociarse libremente con quien le plazca, sin tener que aceptar valores que no reconocen o bien que no puede obedecer, pero ello siempre en cuanto se respete el derecho a otros a hacer lo mismo. Lo podemos llamar tolerancia con los demás, que en el caso extremo puede ser llevado a ser tolerante aún con quienes no simpatizan con el liberalismo. Como dice Kukathas, “una sociedad multicultural liberal clásica puede contener dentro de ella muchos elementos iliberales.” (Chandran Kukathas, Ibídem, p. 38), pero también ningún grupo o cultura particular puede recibir un tratamiento especial diferente de las otras que componen la sociedad liberal. En resumen, ni favores ni temores.

Esta visión de Kukathas no es enteramente compartida por otros pensadores liberales, quienes, por ejemplo, cuestionan el principio de si se puede ser tolerante con quienes son intolerantes hacia los principios liberales. Este tema ha sido objeto de constante debate entre pensadores liberales, aunque, como dice Kukathas, “si algo es característico de la tradición liberal es su cautela ante la concentración del poder y de los esfuerzos de los poderosos por suprimir el disentimiento. Los regímenes liberales han sido notables por su compromiso con la dispersión del poder y con la tolerancia hacia el disentimiento en las ideas –ya sean ellas conservadoras, socialistas, fascistas, teocráticas o simplemente anti-liberales.” (Ibídem, p. 41).

Por considerarla una referencia relevante, me permito citar a Ludwig von Mises: “…el liberalismo debe ser intolerante ante cualquier tipo de intolerancia… El liberalismo exige la tolerancia como un asunto de principio, no de oportunidad. Demanda tolerancia aún de las enseñanzas obviamente más sin sentido, de formas absurdas de heterodoxia y de supersticiones tontamente infantiles. El liberalismo demanda tolerancia por las doctrinas y opiniones que considera van en detrimento y arruinan a la sociedad y hasta para con los movimientos que él combate infatigablemente. Porque lo que impulsa al liberalismo para demandar y estar de acuerdo con la tolerancia no es consideración por el contenido de la doctrina a ser tolerada, sino por el conocimiento de que sólo la tolerancia puede crear y preservar la condición de paz social, sin la cual la humanidad debe retroceder a la barbarie y penurias de siglos que hace mucho pasaron.” (Ludwig von Mises, Liberalism in the Classical Tradition, Irvington, New York: Foundation for Economic Education, 1985, p. p. 55-56).

En el marco de la crítica de que el liberalismo clásico discrimina contra las minorías, en ocasiones se le ha acusado de ser racista, por lo que, a pesar de lo descabellado de la aseveración, me referiré brevemente a este caso concreto, señalando la idea liberal de que no hay amos naturales, ni esclavos naturales, pues, como señaló Adam Smith, “La diferencia entre los caracteres más desemejantes, como entre un filósofo y un esportillero (mozo que hace mandados de puerta en puerta), parece proceder no tanto de la naturaleza como del hábito, costumbre o educación.” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo I, San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 55. El paréntesis es mío).

En torno a la discriminación racial y a su situación más extrema, como lo es la esclavitud, John V. Denson señala que: “Una de las metas principales y de los grandes logros del liberalismo clásico fue la abolición de la esclavitud –que ocurrió en toda la Civilización Occidental durante el siglo diecinueve -sin que la guerra fuera necesaria -excepto por la revuelta en Haití- a pesar del hecho de que la esclavitud había sido una importante y bien aceptada institución mundial durante miles de años. La gran tragedia para el liberalismo clásico, y para el pensamiento político de los Estados Unidos, fue que las ideas de un gobierno limitado y de los derechos de los estados, que eran ideas del liberalismo clásico que habían sido adoptadas por el Sur, se entrelazaron con la idea de la esclavitud, a la cual el liberalismo clásico se oponía.” (John V. Denson, editor, Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom, Auburn, Alabama: The Ludwig von Mises Institute, 2001, p. xvii).
William Lloyd Garrison fue uno de los líderes más destacado del movimiento en favor de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y un connotado liberal. En su Declaration of Sentiments of the American Anti-Slavery Convention, escrita en 1833, señaló que “El derecho a disfrutar de la libertad es inalienable. Invadirlo es usurpar la prerrogativa de Jehovah. Todo hombre tiene derecho a su propio cuerpo –a los productos de su trabajo propio- a la protección de la ley- y a las ventajas comunes que tiene una sociedad. Es piratería comprar o robarse a un nativo de Africa, y sujetarlo a esclavitud. Con certeza, el pecado es tan grande cuando se esclaviza a un africano como a un estadounidense.” (William Lloyd Garrison, “Man cannot hold property in Man,” en David Boaz, editor, The Libertarian Reader: Classic and contemporary writings from Lao-Tzu to Milton Friedman, New York: The Free Press, 1997, p. 78).

Frederick Douglass planteó, creo mejor que nadie, el caso liberal en contra de la esclavitud y la servidumbre racial en los Estados Unidos. El escapó de la esclavitud en 1838 y escribió Letter to His Old Master (Una carta a su antiguo amo), que en parte dice: “Desde ese momento resolví que algún día me fugaría. La moralidad del acto lo resuelvo de la manera siguiente: Yo soy yo: usted es usted; somos dos personas distintas, personas iguales. Lo que es usted, lo soy yo. Usted es un hombre, y yo también lo soy. Dios nos creó a ambos, y nos hizo cosas separadas. Por naturaleza no estoy atado a usted, o usted a mí. La naturaleza no hace que su existencia dependa de la mía, o que la mía dependa de la suya… Somos personas distintas, y cada cual está igualmente provisto con las facultades necesarias para su existencia individual. Al dejarlo, no tomo nada que no me haya pertenecido, y de ninguna manera disminuyó los medios para que usted logre una vida honesta. Sus facultades le continúan perteneciendo, y las mías se convirtieron en útiles para el dueño correcto. Por lo tanto no veo que haya daño a alguna parte de la transacción.” (Frederick Douglass, “Letter to His Old Master”, en My Bondage and My Freedom, New York: Arno, 1969, y reproducida en David Boaz, editor, Ibídem., p. 82).

También contra el liberalismo clásico se ha lanzado la acusación de ser anti-feminista, afirmación que debe analizarse a la luz de los principios liberales básicos de respeto a la diversidad de las personas y de la igualdad ante la ley. Esto es, tanto la mujer como el hombre tienen el derecho a la libertad sin que la persona sea objeto de coerción. El principio de igualdad ante la ley implica que las mujeres no deben ser tratadas de manera diferente ante ella; esto es ni favoreciéndolas ni afectándolas, pues las mujeres tienen el derecho a ser tratadas iguales que los hombres (y viceversa).

Deseo ampliar algunas otras ideas que creo pueden reflejar adecuadamente la posición liberal clásica. En primer lugar, no parecen existir razones suficientes como para sugerir que el orden político del liberalismo clásico no brinda derechos suficientes como para que la mujer pueda desarrollar la vida que desea. La clave para tal resultado está en asegurarse la vigencia del principio de igualdad ante la ley. En segundo lugar, en una sociedad liberal no hay razones para suponer que dicho orden impide que las mujeres desempeñen un papel diferente del tradicional familiar y natural o que, asimismo, puedan desempeñar este último rol social, si así lo escogen libremente Los acuerdos privados con familiares, con sus esposos o esposas, y patronos, permiten que esos papeles puedan ser llevados a cabo. Finalmente, en un orden liberal clásico “no hay razón para suponer que, en caso de que los patronos hombres estuvieran prejuiciados en contra de emplear mujeres con base en los méritos, aquellas mujeres que no fueron empleadas debido al prejuicio no estarían en capacidad de lograr ser tan exitosas como lo ameritan sus talentos”, debido a la existencia de mercados competitivos que imponen un costo con aquellos quienes desean seguir prácticas discriminatorias. (David Conway, Classical Liberalism: The Unvanquished Ideal, Op. Cit., p. p. 63-64).

En una respuesta al libro de Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, Mary Wollstonecraft, inspiradora de muchas feministas liberales clásicas, escribió lo siguiente: “Considere si, y se lo dirijo a usted como legislador, cuando los hombres luchan por su libertad y se les deja juzgar por sí mismos en lo referente a su propia bienestar, ¿si no es inconsistente e injusto subyugar a las mujeres, aún cuando usted cree firmemente que actúa de la manera mejor calculada de promover su libertad? ¿Quién hizo que el hombre fuera juez exclusivo, si la mujer comparte con él el regalo de la razón?... Que no haya coerción establecida en la sociedad, y si prevalece la ley común de la gravedad, los sexos descansarán en sus lugares correspondientes. Y, ahora que leyes más equitativas están formando a sus ciudadanos, el matrimonio puede llegar a ser algo más sagrado: los hombres jóvenes pueden escoger esposas por motivos de afecto y las mujeres jóvenes permiten que el amor destierre la vanidad…” (Mary Wollstonecraft, “The Subjugation of Women”, en David Boaz, editor, The Libertarian Reader: Classic and contemporary writings from Lao-Tzu to Milton Friedman, Op. Cit., p. 62).

Lo que los liberales deben hacer en este campo es luchar por el orden competitivo que implique costos a quienes discriminen, así como que el Estado de ninguna manera trate a la mujer diferente del hombre en cuanto al principio de igualdad ante la ley, pero dando el campo adecuado para decisiones privadas libres en cuanto al desempeño de papeles tradicionales femeninos de cuidado de los niños, así como de los papeles sexuales o bien ante decisiones que signifiquen una vida diferente que las mujeres puedan desear llevar en busca de su felicidad propia.
El principio básico del liberalismo clásico en torno a la diversidad me parece que radica en el deseo que tienen las personas de vivir en una sociedad que permita vicios personales que no causan daños a terceros, en contraste con un sistema en que el Estado puede prohibir dichas conductas con fundamentos morales o de que constituyen un peligro cuando así no lo es. Porque el gobierno, ante la posibilidad de restringir conductas privadas que no dañan a terceros, no tiene en principio un límite que le impida limitar tales conductas por inmorales o porque les causan un daño. Así las personas libres podrían verse limitadas en aquello que valoran al máximo simplemente porque alguien, por medio del poder coactivo del Estado, logró que éste la restringiera. A fin de asegurarse que su libertad propia no sea objeto de restricción estatal arbitraria, la persona debe estar de acuerdo en aceptar conductas de otras personas con las cuales no se está de acuerdo o bien cuya práctica constituye un peligro pero para esas otras personas, y no que le ocasionen un daño a él o ella. Este es, como dice Conway, “en esencia, el caso del liberalismo clásico a nombre del orden político liberal como una forma de régimen que es el mejor para todos los seres humanos.” ((David Conway, Classical Liberalism: The Unvanquished Ideal, Op. Cit., p. 20). La sociedad libre es el orden que mejor puede acomodar la diversidad innata de los individuos.

AFIRMACION No. 8: EL LIBERALISMO ES ANTI-SOLIDARIO.
EXPLICACION: Puede considerarse que, de cierta manera, esta explicación es una ampliación de la respuesta a la afirmación previa (la No. 7) de que el liberalismo discrimina contra las minorías. Efectivamente, para responder esta nueva afirmación (la No. 8) debemos referirnos al carácter individualista, entendido apropiadamente, del orden político liberal.

Tal vez lo más apropiado es referirse a la forma en que el liberal se considera un individualista; es decir, haciendo ver que el aporte del individualismo a un orden social espontáneo “enfatiza… que el estado debería de ser… tan sólo una pequeña parte de ese organismo mucho más rico que llamamos ‘sociedad’ y que el estado únicamente debería de brindar un marco general en el cual tiene la extensión máxima la libre colaboración entre los hombres (y por tanto no ‘dirigida conscientemente’).” (Friedrich A. Hayek, “Individualism: True and False,” en Chiaki Nishiyama y Kurt R. Leube, editores, The Essence of Hayek, Stanford: Hoover Institution Press, 1984, p. p. 145-146).

Para Hayek, el individualismo verdadero implica ciertos corolarios como que “el estado organizado deliberadamente… y el individuo… están lejos de vislumbrarse como las únicas realidades, en tanto que todas las formaciones y asociaciones intermedias deben ser deliberadamente suprimidas, siendo que las convenciones no obligadas de intercambio social son factores esenciales para preservar la operación ordenada de la sociedad humana… El individualismo verdadero afirma el valor de la familia y de todos los esfuerzos conjuntos de las comunidades y grupos pequeños, cree en la autonomía local y en las asociaciones voluntarias y, de hecho, el caso en su favor descansa fuertemente en el argumento de que mucho por lo cual usualmente se pide la acción coercitiva del estado, puede lograrse mejor mediante la colaboración voluntaria.” (Friedrich A. Hayek, Ibídem, p.146).

La creencia liberal se sustenta en que el individuo es quien mejor conoce sus intereses y toma sus decisiones en función de ello, pero ello no lo convierte en voraz, ávido, codicioso, egoísta, avaricioso, metalizado, ególatra, pues, como dice Michael Novak, para ello se tendría que “partir de la premisa de que los seres humanos son tan depravados que nunca efectúan otra clase de elección… (en efecto) los fundadores del capitalismo democrático no creían que esa depravación fuera universal. Aparte de las limitaciones que se impone el propio individuo, el sistema limita la codicia y el interés personal… los verdaderos intereses de los individuos muy rara vez se limitan a la preocupación y cuidado por sí mismos. Para la mayoría de las personas, los intereses de su grupo familiar significan más que los propios y con frecuencia estos se subordinan a aquellos. También sus comunidades les importan.” (Michael Novak, El Espíritu del Capitalismo Democrático, Argentina: Ediciones Tres Tiempos, 1983, p. p. 96-97).

Esta interpretación de la conducta del individuo en sociedad no es algo nueva en el pensamiento liberal clásico, como lo muestra la siguiente cita de Adam Smith: “En una sociedad civilizada (el hombre) se ve siempre obligado a la cooperación y concurrencia de la multitud... En casi todas las demás castas de animales cada individuo de la especie, luego que llega a estado de madurez, principia a vivir en uno de entera independencia, y en este estado natural puede decirse que en cierto modo no tiene necesidad de otra criatura viviente. Pero el hombre se halla siempre constituido… en la necesidad de la ayuda de su semejante… y aun aquella ayuda del hombre en vano la esperaría siempre de la pura benevolencia de su prójimo, por lo que la conseguirá con más seguridad interesando en favor suyo el amor propio de los otros, en cuanto a manifestarles que por utilidad de ellos también les pide lo que desea obtener… (pero) no de la benevolencia del carnicero, del vinatero, del panadero, sino de sus miras al interés propio es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. No imploramos a su humanidad, sino acudimos a su amor propio… Solo el mendigo confía toda su subsistencia principalmente a la benevolencia…” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo I, Op. Cit., p. 54).

Dado lo expuesto y a que, al tratar de responder otras afirmaciones negativas previas que se hacen del liberalismo, se ha hecho recurrente el tema de la insolidaridad del liberalismo, lo que he intentado responder adecuadamente, me permito hacer una exposición que tal vez podrá sorprender a aquellos quienes acusan al liberalismo de no ser solidario.

Whilhelm Röpke fue un destacado economista liberal, concretamente de la corriente de pensamiento alemana llamada del Ordoliberalismo, que influyó en la conformación de la Economía Social de Mercado. Asimismo fue un gran admirador de las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica y un cristiano dedicado.
Por ello, me imagino que causará cierto ardor a los críticos del liberalismo de que es insolidario, el señalamiento de Röpke de que, en la lucha por resolver el problema de la pobreza, hay tres métodos mediante los cuales los individuos pueden obtener aquellos bienes escasos. Un primer método, que llama “éticamente negativo”, el cual consiste en obtener bienes de otros por medio de la violencia y del fraude. Un siguiente método, que llama “éticamente positivo”, es aquel en el cual se obtienen bienes y servicios sin tener que dar algo a cambio y un tercer método, que Röpke califica como “éticamente neutral”, que “no se basa en el egoísmo si ello implica que el bienestar individual se logra a expensas de aquél de otro. Ni tampoco se basa en un altruismo desinteresado, si eso implica que el bienestar individual es desatendido, de forma que otros se puedan beneficiar. Es [un] método mediante el cual, en virtud de una reciprocidad contractual de intercambio entre las partes, se logra un aumento en el bienestar propio por medio de un aumento en el bienestar de otros. Este método, que puede ser llamado “de solidaridad” (ojo al término exacto que utiliza Röpke) significa que un aumento en mi bienestar se logra de manera tal que no priva a otros del suyo sino que más bien les brinda, como producto de mi ganancia, un incremento de su propio bienestar.” (Whilhelm Röpke, Economics of the Free Society, Chicago: Henry Regnery Co., 1963, p. p. 20-21. El paréntesis es mío).

El sistema de mercado, que es parte consustancial del liberalismo, es precisamente solidario en cuanto a que no depende del despojo egoísta de los bienes de otros para obtener los bienes y servicios que satisfagan los deseos o necesidades de la persona, ni tampoco de un comportamiento altruista en donde el individuo se despoja del bienestar propio con tal que otros se beneficien. El sistema de mercado depende del intercambio de bienestar de las partes, pero no hay nada que excluya la posibilidad de que el aumento de bienestar que una de las partes perciba, pueda usarse para los fines “éticamente positivos” del altruismo a que se refirió Röpke. Por supuesto que también podría usarse para fines “éticamente negativos”, de despojo de la propiedad de otros, pero, como dice Röpke, “tan sólo las poderosas influencias de la religión, la moral y la ley parecen capaces de inducir en nosotros una adherencia escrupulosa al tercer método”; o sea, al éticamente neutral. (Ibídem., p. p. 21-22). Por esta razón destaco la función segunda del estado en una sociedad liberal a la cual se refería Adam Smith, cual es la de “proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad”. (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo III, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 23).

Finalmente, ante la asistencia a aquellos en necesidad que se puede considerar como deseable en un orden liberal, es bueno preguntarse si ella puede ser mejor brindada por medio de organizaciones privadas que por el estado. No en vano se observó, en momentos de auge del liberalismo político una proliferación de agencias privadas dedicadas a la caridad, que bien pueden haber sido siendo paulatinamente disminuidas por la pretensión estatista de que el ejercicio privado de la caridad es mejor desempeñado por el estado que por las personas. Uno puede suponer que esas personas conocen mejor cuáles son sus intereses en cuanto al ejercicio de la caridad en comparación a como lo haría un burócrata.

AFIRMACION No. 9: EL LIBERALISMO ES ANTI-EMPRESA PÚBLICA.
EXPLICACION: El liberalismo clásico suele considerar que no es función del estado llevar a cabo aquellas actividades productivas que el individuo privado puede llevar a cabo. Pero el liberalismo no es sinónimo de anarquía, pues considera indispensable la existencia del estado, si bien es cierto que hay diversos criterios entre los pensadores liberales acerca de cuáles son los alcances o roles concretos que puede desempeñar en una sociedad liberal. Señala Razeen Sally, que “la función del gobierno en la conducción de la política pública es análoga a aquella de un árbitro o un réferi del futbol, la de aplicar ‘las reglas del juego’ pero no la de interferir o ‘jugar’ con ‘el juego’ en sí, mucho menos pre-programar o alterar y adulterar los resultados del juego. En otras palabras, la tarea del gobierno es regular el ‘orden’ de las actividades económicas, a la vez que se refrena en convertirse en un participante del proceso de mercado.” (Razeen Sally, Classical Liberalism and international Economic Order: Studies in the theory and intellectual history. Londres: Routledge, 2002, p. 27).
Adam Smith definió lo que se puede considerar como las tres funciones básicas del estado. La primera, la defensa de la nación ante los enemigos externos. La segunda, la administración de la justicia; esto es, hacer cumplir las reglas generales sobre la propiedad y los contratos, de manera que se impida el fraude y la coacción. En tercer lugar, la provisión de obras que “aunque ventajosas en sumo grado a toda la sociedad, son no obstante de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su costo a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo no debe esperarse se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos.” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo III, Op. Cit., p. 36).

Es interesante señalar que esta última función Sally la considera que comprende lo que hoy se podría denominar como bienes públicos, que incluyen “la provisión de estabilidad macroeconómica y de servicios que van desde iluminación de las calles y facilidades sanitarias, hasta salud, educación, transporte público esencial y una red de seguridad básica para los indigentes (aunque esto no implica que el gobierno deba administrar, ni mucho menos monopolizar, los servicios que financia parcial o totalmente)” (Razeen Sally, Op. Cit., p. 28).

Con esta referencia quiero destacar que en el amplio pensamiento liberal hay muy diversas concepciones de hasta qué grado el gobierno debe desempeñar alguna función concreta. Eso sí, concuerdo con Richard A. Epstein, al señalar que “los mercados dependen de los gobiernos; los gobiernos dependen de los mercados. La cuestión clave no es excluir uno u otro sino asignarle a cada uno su papel apropiado.” (Richard A. Epstein, Skepticism and Freedom: A modern case for classical liberalism, Chicago: The University of Chicago Press, 2003, p. 1), y menciona luego que es necesario “fusionar una fuerte protección de las libertades de los individuos con la provisión estatal de bienes públicos claves, incluyendo la infraestructura necesaria para que el sistema funcione.” (Richard A. Epstein, Ibídem., p. 9). Por infraestructura, Epstein no sólo se refiere a infraestructura física, tales como carreteras, puentes o muelles, sino más bien al marco legal, político y social que faculta la protección estatal de los individuos, su propiedad y la ejecución de los contratos.

El tema del alcance del estado en un orden liberal sigue siendo polémico, si bien debo señalar dos aspectos. En primer lugar, algo que bien puede caracterizar a los liberales clásicos es su escepticismo acerca de la habilidad del estado para llevar a cabo funciones que los individuos pueden llevar a cabo. Por ello, es cierto que, por lo general, los liberales clásicos se oponen a que el estado sea quien las realice y, si se considerara que su provisión es una función pública, tal criterio no requiere que ese estado sea quien deba administrar tales funciones (lo que a veces se llama concesión pública refleja esta idea). Así, “el gobierno no deberá interferir en la esfera delimitada de los individuos, incluyendo en su propiedad, e ipso facto deberá abstenerse de intervenir en el proceso del mercado dejando que los productores y los consumidores sean libres de efectuar sus propias elecciones de acuerdo con los precios que se forman libremente.” (Razeen Sally, Op. Cit., 27).

En segundo lugar, hay un escepticismo natural entre los liberales hacia la concentración del poder. Por ello muchos se ven inclinados hacia minimizar el papel del estado en ese balance necesario o marco jurídico en el cual se maximice la colaboración libre entre individuos que menciona Epstein. Me parece que dicho escepticismo explica por qué para el liberal es preferible que sean las partes (los individuos) y no el estado las que definan los términos y las condiciones en que contratan libremente, pues “las partes conocen mejor que nadie cuál es su interés propio, de manera que el dictado público de los términos de los contratos es una limitación a la libertad de ambas partes, dando lugar a una transacción que necesariamente daña su bienestar económico.” (Richard Epstein, Op. Cit., p. 35). La historia del intervencionismo estatal es pródiga en ejemplos de daños a las libres relaciones que individuos desean llevar a cabo. Por ello el liberal clásico suele oponerse a la intervención del estado, pues afecta el bienestar de las partes.
El liberalismo clásico no se opone a que el estado desempeñe ciertas funciones.

Repito que no es anarquista. Si bien acepta que hay funciones que pueden corresponder a la esfera pública, tampoco acepta que ellas necesariamente deban ser administradas por el estado. Bien podría ser mejor que fueran llevadas a cabo por los individuos, no sólo por razones de eficiencia económica, sino en cuanto a que se refrena el poder del estado para restringir la libertad. Este es el caso frecuente de empresas públicas monopolísticas, cuya existencia se da precisamente gracias al impedimento legal de que surja una competencia de parte de individuos privados. Aún cuando se exhiban argumentos de fracaso del mercado para promover la acción del estado a fin de presuntamente lograr mejores resultados, lo cierto es que los gobiernos no son dirigidos por omnisapientes individuos, quienes a la vez son benevolentes en su conducta. Lo contrario suele ser lo observado, al ver cómo los intereses de los buscadores de rentas capturan al estado para que tome medidas que, en última instancia, además de a ellos, también beneficia a los maximizadores del poder y de prebendas dentro del sector público. La actuación del Estado no es gratuita, como algunos consideran; por el contrario, suele ser más onerosa que el costo que alguien podría considerar que resulta en un mercado competitivo en el marco de un orden político liberal.

AFIRMACION No. 10: EL LIBERALISMO CONDUCE AL LIBERTINAJE.
EXPLICACION: Esta apreciación acerca del liberalismo suele proceder de círculos conservadores, los cuales señalan que esa posición política conduce a conductas privadas que contrastan fuertemente con las convenciones morales vigentes, aunque también en ocasiones la crítica viene de círculos de la izquierda. Señala Tibor Machan que el liberalismo clásico es “acusado de promover la disipación, el libertinaje, el hedonismo y el subjetivismo moral. Leo Strauss desde la derecha, Herbert Marcuse desde la izquierda, así como muchos de sus epígonos, han formulado repetitivamente este punto. Defendiendo la libertad individual, el liberalismo no ha tomado muy en cuenta a la ética.” (Tibor Machan, “Two Kinds of Individualism: A critique of ethical subjectivism,” en Philosophical Notes, No. 29, 1993, p. 1).
Por libertinaje podemos entender un comportamiento de los individuos que no está restringido por códigos formales o informales acerca de costumbres o modales y por la moralidad. Algunos críticos han considerado que el liberalismo clásico da lugar a que los individuos actúen como si no tuvieran restricción moral alguna en cuanto a su conducta personal y en sociedad.

Deseo formular varias consideraciones al respecto. Los liberales clásicos no son anarquistas y por ende reconocen funciones al estado, que bien se pueden resumir, en general, en que son aquellas que permiten asegurar un orden de libertad. Desde Adam Smith el pensamiento liberal clásico definió funciones esenciales que debía desempeñar el estado. En esencia, un marco legal que permita el funcionamiento adecuado del orden social basado en la libertad. Lo importante en cuanto a la crítica que estamos analizando, es si se requiere, a partir de tales funciones públicas generales, que el estado defina cuáles serían las reglas morales que deberían regir en un orden establecido en un momento dado. Debe tenerse presente al analizar este tema lo que una vez dijo Margaret Thatcher: “La libertad es una criatura de la ley o es una bestia salvaje.” (Margaret Thatcher, discurso pronunciado en Corea del Sur el 3 de setiembre de 1992, conocido como “Los Principios del Thatcherismo”).

De acuerdo con la concepción Hayekiana de un orden social “nos comprendemos mutuamente, convivimos y somos capaces de actuar con éxito para llevar a cabo nuestros planes, porque la mayor parte del tiempo los miembros de nuestra civilización se conforman con los patrones inconscientes de conducta, muestran una regularidad en sus acciones que no es resultado de mandatos o coacción y a menudo ni siquiera de ninguna adhesión consciente a reglas conocidas, sino producto de hábitos y tradiciones firmemente establecidas.” (Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Madrid: Unión Editorial, S. A., 1975, p. p. 78-79). Es decir, la tradición y la costumbre, que surgen evolutiva y espontáneamente en una sociedad, son un factor crucial para entender el comportamiento de los individuos en un orden concreto y no el diseño deliberado de una política estatal que pretenda asegurar que con ella la sociedad funciona en beneficio de sus integrantes. La importancia de la tradición y la costumbre en los órdenes sociales, y que ellas no son objeto de creación deliberada, descansa en la idea clave de ese prominente pensador liberal clásico, David Hume, acerca de que “la moral… no puede derivarse de la razón” (David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Tomo III, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. 211), sino que “nuestros esquemas morales y nuestras instituciones sociales… surgen como parte de un proceso evolutivo inconsciente de auto-organización de una estructura o un modelo.” (Friedrich A. Hayek, La Fatal Arrogancia, Op. Cit., p. 193).

Tal como expusimos al analizar en el boletín anterior la segunda afirmación crítica de que “los liberales son conservadores”, tal creencia no tiene fundamento, sino que la conformidad voluntaria, que en cierto momento existe en un orden libre, bien puede variar. Al contrario del conservador que cree en la inmutabilidad de las reglas morales de una sociedad, el liberal clásico considera que éstas pueden ser objeto de cambio; concretamente, que pueden evolucionar. Escribe Hayek que “Tal evolución solamente es posible con reglas que ni son coactivas ni han sido deliberadamente impuestas; reglas susceptibles de ser rotas por individuos que se sienten en posesión de razones suficientemente fuertes para desafiar la censura de su conciudadanos, aunque la observancia de tales normas se considera como mérito y la mayoría las guarde.” (Friedrich A. Hayek, Ibídem., p. 79). Es decir, la sociedad liberal da posibilidad al cambio y la evolución, que sin duda se dificultaría enormemente si el estado coaccionara o impusiera reglas específicas que se asumirían son inviolables.

Aquí surge un elemento esencial que Hayek expone acerca de la sociedad abierta: la tradición constituye una limitante a la acción individual en cuanto a las reglas que existen en una sociedad en un momento y lugar concreto, pero dicha limitante debe ser flexible en cuanto a permitir el cambio que los individuos deseen llevan a cabo, si los costos de hacerlo son más que compensados con el beneficio que obtienen del cambio. En el orden de libertad dicho cambio es gradual y experimental (piecemeal) contrario a la forma en que varía en un orden en el cual el estado es el que define las reglas morales. Aún más, señala Hayek, “La existencia de individuos y grupos que observan simultáneamente normas parcialmente diferentes proporciona la oportunidad de seleccionar las más efectivas.” (Friedrich A. Hayek, Ibídem., p. 79).

No se observa, por tanto, que en sociedades políticamente liberales prime la anarquía y el libertinaje, sino, por el contario, un orden al cuál se arriba espontáneamente sin que medie la coerción que pueda imponer el Estado en cuanto a reglas morales que deberían de seguir los ciudadanos. Esa espontaneidad y el aprecio por las reglas de conducta probadas y reflejadas en tradiciones y costumbres que aceptan los individuos en un momento dado no significan que estas sean inamovibles, pues la tolerancia propia del sistema liberal clásico permite que los mismos individuos con su conducta vayan definiendo las reglas morales con el paso del tiempo.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 08:46
2009-10-31-ALGUNAS AFIRMACIONES Y EXPLICACIONES ACERCA DEL LIBERALISMO-PARTE III

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COLUMNA LIBRE: OTRAS CINCO AFIRMACIONES Y EXPLICACIONES ACERCA DEL LIBERALISMO: PARTE III

Boletín de ANFE, 31 de octubre del 2009. Este comentario fue integrado con ligeras variaciones como parte del libro “Mitología acerca del Liberalismo” (San José, Costa Rica: Asociación Nacional de Fomento Económico, 2010), así como también en el sitio de ElCato del Cato Institute, de Washington, D.C., en el período 13-08-2010 a 23-09-2010.

En esta edición del Boletín de ANFE se prosigue con respuestas a objeciones que a menudo se le formulan al liberalismo. En este tercer artículo de la serie se valorarán cinco nuevas objeciones, adicionales a las diez previas ya comentadas en los dos Boletines inmediatos anteriores.

Es necesario recordar que la expresión liberalismo en estos ensayos se refiere al llamado liberalismo clásico, que, en palabras de David Conway, “en el fondo de las cosas, lo que lo distingue de todas las otras, esa forma de orden social que los liberales clásicos mantienen como el mejor para todos los seres humanos, es la magnitud del grado de libertad que le brinda a todos los miembros adultos sanos. Esta forma de sistema político es el único que le otorga la libertad a las personas para hacer lo que deseen, provisto que nadie, sino en el caso extremo ellos mismos, sea afectado cuando se actúa en consonancia.” (David Conway, Classical Liberalism: The Unvanquished Ideal, New York: St. Martin’s Press, Inc., 1995, p. 8). Esto lo llamó Adam Smith el “orden natural”, en el cual “Todo hombre, con tal de que no viole las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le parezca a los fines de buscar su modo de vivir.” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo II, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 454).


AFIRMACION No. 11: EL LIBERALISMO ES ANTI-DEMOCRÁTICO.
EXPLICACION: En cierta manera el liberalismo clásico no endosa como tal al sistema político conocido como democracia, pero, más que rechazarlo, le reconoce méritos propios que hacen que muchos liberales se sientan como tales, además de demócratas. Los liberales suelen formular importantes observaciones acerca de la forma en que el sistema político democrático puede distorsionarse y dar lugar a daños imprevistos.

Como punto de partida es necesario aclarar el ámbito conceptual del liberalismo, diferente de aquél de la democracia. Mientras que el primero trata acerca de las funciones que debe realizar el gobierno y en particular de las limitaciones de los poderes públicos de todo tipo de gobierno, la democracia trata acerca de quién debe dirigir el gobierno. Bajo la concepción liberal, la democracia no puede considerarse como ilimitada, sino que, como cualquier otra forma de gobierno, debe ser objeto de limitación en sus poderes. Por tanto, la apreciación de algunos de que una mayoría -que en una democracia es la que procedimentalmente define la toma de decisiones gubernamentales- no debe tener limitación alguna, es rechazada por el liberalismo, el cual señala que hay principios, ya sea establecidos en una Constitución o bien mediante su aceptación general, que limitan la legislación que puede aprobar una mayoría. Señala Hayek que “los liberales consideran muy importante que los poderes de cualquier mayoría temporal hállense limitados por principios. Para el liberal, la decisión de la mayoría deriva su autoridad de un acuerdo más amplio sobre principios comunes y no de un mero acto de voluntad de la circunstancial mayoría.” (Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Madrid: Unión Editorial S. A., 1975, p. p. 120-121).

Popper destaca la característica más positiva que tiene la forma de gobierno democrática, al señalar que “Personalmente, prefiero llamar ‘democracia’ al tipo de gobierno que puede ser desplazado sin violencia y ‘tiranía’ al otro”. (Karl Popper, Conjeturas y Refutaciones: El Desarrollo del Conocimiento Científico, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S. A., 1967, p. 413). Años después amplía esta idea al escribir que la “única justificación moral (de la democracia es hacer todo lo posible para evitar que ocurra una dictadura). Las democracias… no son soberanías populares, sino, por encima de todo, instituciones equipadas para defendernos de la dictadura. No permiten el gobierno dictatorial, una acumulación del poder, sino que buscan limitar el poder del estado. Lo que es esencial es que una democracia… debería mantener abierta la posibilidad de deshacerse del gobierno sin derramamiento de sangre, si no logra respetar sus derechos y sus obligaciones, pero también si nosotros consideramos que su política es mala o es errónea.” (Karl Popper, “Reflexiones sobre Teoría y Práctica del Estado Democrático,” conferencia dada en Munich, Alemania, el 9 de junio de 1988, y reproducida en Karl Popper, La Lección de este Siglo, Argentina: Temas Grupo Editorial SRL, 1998, p. 108. El paréntesis es mío).

De paso, es por opiniones como ésta de Popper de donde surge mi aprecio personal por los sistemas democráticos basados en el parlamento (o parlamentarismo), bajo el cual es más fácil reemplazar gobiernos que prosigan políticas malas o inconvenientes, en comparación con democracias no parlamentarias, en que el poder ejecutivo puede ser cambiado tan sólo mediante elecciones formalmente convocadas con cierta periodicidad preestablecida. Si alguien duda de esta gran virtud del parlamentarismo, puede pensar en lo sucedido recientemente en Honduras, pues, de haber existido un sistema democrático parlamentario, podría ser que el cambio de gobierno conveniente se hubiera realizado sin mayores dificultades institucionales, como las experimentadas recientemente. Incluso la posición asumida por naciones europeas, en donde hay sistemas de gobiernos parlamentarios, ante lo que han denominado como golpe de estado en Honduras, tendría que variar, pues, como suele suceder en muchos de esos países, cambian con frecuencia sus gobiernos sin que se considere un golpe de estado.

Un destacado pensador liberal considera que el gran mérito de la democracia de sustituir al gobierno sin que medie un derramamiento de sangre es “un ideal por el cual vale la pena luchar hasta el máximo, porque es nuestra única protección… contra la tiranía.” (Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 3: The Political Order of a Free People, Chicago: The University of Chicago Press, 1979, p. 5).

Los liberales no somos anti-democráticos en cuanto el sistema de gobierno democrático esté sujeto a limitaciones. Apreciamos que la opinión expresada por una mayoría debe servir como guía para la toma de decisiones públicas y que la legitimidad de tal poder de coerción deviene de un principio que ha sido aprobado por al menos una mayoría, pero ello no le otorga un poder ilimitado a una mayoría. Es decir, los principios generales aprobados por una mayoría definen para los individuos los mandatos que deben acatar de forma que se mantenga la viabilidad de un orden social. El punto esencial es que el gobierno debe tener un número delimitado de acciones que puede llevar a cabo, de forma que permitan la formación de un orden espontáneo. La lucha del liberalismo ha sido por lograr instituciones que prevengan todo tipo de ejercicio arbitrario del poder, de forma que definen el grado de coerción aceptable para los individuos, como son “la separación de poderes, la regla de la soberanía de la ley, un gobierno sujeto a las leyes, la distinción entre el derecho público y el derecho privado y las reglas de los procedimientos judiciales. (Estos principios) sirvieron para definir y limitar las condiciones bajo las cuales era admisible cualquier coerción a los individuos. Se pensó que la coerción se justificara tan sólo en términos del interés general… de acuerdo con reglas uniformes aplicadas a todos por igual.” (Friedrich Hayek, Ibídem, p. p. 99-100).

Hay dos puntos adicionales a los cuales deseo referirme en torno a la relación entre un gobierno democrático y un orden liberal. El primero se refiere al principio democrático de que la mayoría es la forma de decisión aplicable a los asuntos públicos. Eso no significa que lo que puede ser la mayoría en un momento dado, deba ser el punto de vista de la generalidad de los ciudadanos; por el contrario, en un sistema democrático lo que en un momento dado se puede considerar como un punto de vista minoritario, el día de mañana puede bien convertirse en la posición mayoritaria. Esta es la esencia de la toma de decisiones en un sistema democrático: que la minoría pueda convertirse libremente, en cierto momento, en una mayoría.

La segunda observación que deseo comentar parte de una cita del pensador liberal católico, Lord Acton, acerca del riesgo de que la democracia degenere en totalitarismo, riesgo que se presenta cuando “El verdadero principio de la democracia, de que nadie tendrá poder sobre la gente, es tomado para dar a entender que nadie estará en capacidad de limitar o escapar de su poder. El verdadero principio democrático, que la gente no será obligada a hacer lo que no le gusta, es tomado para dar a entender que nunca se le requerirá que tolere lo que no le gusta. El verdadero principio democrático, que el libre albedrío de todos los hombres será tan libre como sea posible, es tomado para dar a entender que el libre albedrío del pueblo como colectividad no será encadenado de forma alguna.” (John Emerich Edward Dalberg, Lord Acton, “Sir Erskine May’s Democracy in Europe,” en The History of Freedom and Other Essays, editado por John Neville Figgis y Reginald Vere Laurence,
Londres: Macmillan, 1907, p. p. 93-94).

El peligro de tal degeneración puede descansar en que, si sus poderes no se limitan, en vez de servir al objetivo determinado por una mayoría que se presume es generalmente aceptado, más bien se dedican a servir las demandas que pueden ejercer multiplicidad de intereses específicos. No hay duda de que la democracia está expuesta a la presión para que otorgue beneficios particulares, de forma que la mayoría del momento, a fin de preservarla, está dispuesta a otorgar privilegios a cada grupo particular que así lo demande.
El freno puede estar en que la mayoría del momento esté vedada de otorgar beneficios discriminatorios a grupos o individuos específicos, pero, como resume Hayek, “la raíz del conflicto está en que en una democracia ilimitada quienes poseen poderes discrecionales se ven forzados a usarlos, ya sea que lo deseen o no, para favorecer grupos políticos particulares de cuyo voto cambiante dependen.” (Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 3, Op. Cit., p. 139). Por ello, un buen principio liberal me parece que es valorar al sistema político democrático como la forma más eficiente actualmente descubierta para poder cambiar un gobierno sin que medie la violencia, pero teniendo siempre muy presente la posibilidad de que, si no se le limita en sus poderes, degenere en un gobierno totalitario.



AFIRMACION No. 12: EL LIBERALISMO ES ANTI-ECOLÓGICO.
EXPLICACION: Un fenómeno interesante políticamente surgido a finales del siglo pasado fue un incremento en la demanda de calidad del tema medioambiental, asunto que ha logrado preeminencia en diversos círculos de opinión. Para nuestros efectos, interesa destacar que esta demanda de calidad del medio ambiente en sus distintas expresiones (aire y agua más limpias, preservación de especies en peligro de extinción o áreas de conservación medioambiental) no es distinta de la demanda que las personas ejercen sobre otros bienes o servicios: conforme aumentan sus niveles de ingresos, la gente desea adquirir más bienes asociados con un medio ambiente de calidad, al igual que sucede con muchos otros bienes y servicios. La relación empírica encontrada entre tales bienes medioambientales y el ingreso per cápita sigue lo que se llama un patrón “J”, en donde “a niveles de ingresos muy bajos, la calidad del medio ambiente puede ser muy elevada porque no se producen emanaciones. Después de que los ingresos se elevan por encima de cierto mínimo, los contaminantes aumentan y se deteriora el medio ambiente. Pero luego, al llegar los ingresos per cápita a aproximadamente unos $5.000 al año, la calidad del medio se convierte en un bien de lujo.” (Terry L. Anderson y Donald L. Leal, “Enviro-Capitalism vs. Environmental Statism,” en Regulation, Vol. 17, No. 2, Primavera de 1994, Sección Letters, p. 3. Los economistas definen “un bien de lujo” como aquél que, ante un aumento porcentual en el ingreso, se da un aumento superior a dicho porcentaje en la demanda del bien.

En este caso, un 10% de incremento en el ingreso da lugar a un aumento entre el 30 y el 50% de la demanda de calidad del medio ambiente).

El crecimiento en los ingresos generados por las economías de mercado es uno de los factores más importantes que explican el incremento en la demanda de bienes medioambientalmente limpios, al igual que ha sucedido con muchos otros bienes que tal vez no son objeto de atención similar.

Otro aspecto que se debe señalar es que el “medio ambiente” no es un bien que se consume del todo o nada; esto es, la gente difiere fuertemente en sus gustos acerca de la magnitud de sus preferencias acerca de bienes medioambientales. Es decir, hay implícito un intercambio (trade-off) en las preferencias de las personas. Por ello, no puede considerarse a priori que haya una preeminencia de los bienes medioambientales sobre otros de su misma naturaleza o bien en comparación con otros bienes no ambientales, por los que los individuos pueden tener una mayor o menor preferencia. Los valores son múltiples, no únicos. Como dice Lynn Scarlett, “La gente busca abrigo, alimentación, salud, seguridad, aprendizaje, justicia, compañía, libertad, y comodidad personal junto con protección al medio ambiente. En algunas ocasiones, incluso puede buscar bienes medioambientales que compiten entre sí.” (Lynn Scarlett, “Evolutionary Ecology,” Reason, Mayo de 1996, y reproducido en David Boaz, editor, The Libertarian Reader: Classic and Contemporary Writings from Lao-Tzu to Milton Friedman, New York: The Free Press, 1997, p. 401).

A partir de los años noventas ha tomado fuerza intelectual lo que se conoce como “medio ambientalismo de libre mercado” o “ecología evolucionaria”, que es un aporte interesante de ideas básicamente liberales aplicadas al caso concreto de la contaminación medioambiental. Uno de los libros más interesantes al respecto es el de Terry L. Anderson y Donald R. Leal, titulado Free Market Environmentalism (Medio Ambientalismo de Libre Mercado), en donde presentan un punto de vista alternativo basado en el uso de los mercados para tratar de resolver los problemas del medio ambiente. Parten de la necesidad de disponer de un sistema bien definido de derechos de propiedad sobre los recursos naturales. Este punto de vista contrasta con otro bastante aceptado, que suele considerar que la causa de los problemas ambientales es precisamente la excesiva utilización en los mercados de los recursos naturales y que, para su solución, se requiere de una activa participación estatal.

No hay una oposición entre la visión liberal de la sociedad y la solución a los problemas que se presentan por el uso excesivo de recursos naturales. Por el contrario, la utilización de las reglas del libre mercado, tan afines al pensamiento liberal, brindan herramientas que contribuyen a resolverlos. En contrapartida, debe señalarse que no sólo en muchas ocasiones no es necesaria la participación gubernamental para mejorar la calidad del medio ambiente, sino que incluso aquélla puede constituir un obstáculo que impida su logro. De seguido expongo algunos de los principios básicos del “medio ambientalismo de libre mercado”.

El punto de partida yace en reconocer que “La clave… para que los mercados sean efectivos, en general, y del medio ambientalismo de libre mercado, en particular, radica en el establecimiento de derechos de propiedad bien especificados y que sean transferibles.” (Terry L. Anderson y Donald R. Leal, Free Market Environmentalism, Boulder, Colorado: Westview Press para el Pacific Research Institute for Public Policy, 1991, p. 20).

La definición de los derechos de propiedad es crucial, pues deben ser medibles, a fin de que puedan intercambiarse con otros derechos de propiedad diferentes. Esos derechos de propiedad deben hacerse valer o cumplir, pues de otra manera surgirían conflictos que hacen imposible su intercambio. También está su transferibilidad, para lo cual se requiere de un marco jurídico que la faculte o que no imponga restricciones al intercambio de esos derechos.

Además de lo citado en torno a los derechos de propiedad, la propuesta del medio ambientalismo de libre mercado requiere la existencia de un sistema jurídico que resuelva problemas de daño, así como de vigencia y aplicación de contratos, en donde compradores y vendedores puedan seguir un curso de libre intercambio de sus derechos. La libre acción de intercambio individual, mediante un sistema de precios, permitirá que los individuos puedan cooperar a fin de satisfacer sus intereses en común. Es decir, que haya mercados que brinden los incentivos para que los individuos vislumbren que el medio ambiente puede ser considerado como un activo que vale la pena generar, crear e intercambiar, en vez de impulsar problemas que deben ser enfrentados si se trata al medio ambiente como un pasivo.

Lo expuesto es un cambio radical ante aquella actitud que mira a los mercados como un mecanismo para la avaricia y la comercialización de la vida. Los mercados constituyen procesos mediante los cuales los individuos intercambian valores de forma que obtienen un beneficio neto con dicho intercambio. En el caso concreto de los bienes medioambientales, puede surgir un mercado en donde se intercambian esos bienes, de forma que se logre una mejora en la calidad, en comparación con una situación en donde no se da tal intercambio.

Se trata de que haya incentivos para que los individuos usen eficientemente los recursos y el manejo de la tierra, a través de inversiones que tengan como objetivo aumentar el valor de sus propiedades a través del tiempo. Se pretende aprovecharse del hecho de que, como dicen Anderson y Leal, “los dueños de propiedad individual, quienes están en una posición y tienen un incentivo para obtener información específica en tiempo y lugar, acerca de sus dotaciones de recursos, están mejor adaptados en el manejo de los recursos que los burócratas centralizados.” (Terry L. Anderson y Donald R. Leal, Ibídem, p. 5).

La existencia de incentivos adecuados, aunada a la naturaleza humana por la cual el individuo, al buscar su propio interés, logra el bienestar del resto de la colectividad (A. Smith) mediante el proceso de intercambio en los mercados, así como por posibilitarse una buena utilización del conocimiento disperso entre los individuos y que es mayor que lo que mente alguna pueda concentrar (F. Hayek), constituyen los pilares sobre los que descansa la aplicación de la idea liberal de los mercados libres a los problemas medioambientales.

El empresario, en busca de nichos u oportunidades que permitan el logro de utilidades, puede así ser dirigido a solucionar problemas en el medio ambiente. El interés propio y la buena administración de recursos se unen dentro de un proceso que permite ligar los buenos resultados de decisiones con la obtención de ganancias. En un sistema de decisión burocrática centralizada no se logra tal beneficio, ya sea porque se rompe el ligamen entre el buen manejo y las ganancias o bien porque la intervención política altera las señales (precios) que brindan información o porque las decisiones que se toman dentro del sector público no implican costos para quienes las efectúan.

Lo expuesto es una guía adecuada cuando se trata de analizar el tema medioambiental, pero no se debe descartar la necesidad, en ciertos casos limitados, de tomar decisiones en el área política, si bien debe tenerse presente el costo que tienen en cuanto a su carácter punitivo y regulatorio, comparado con una posible solución que considere incentivos en el manejo de bienes que tienen que ver con la calidad del medio ambiente, con mejorar los flujos de información para la toma de decisiones y, sobre todo, con ampliar las posibilidades (y la evolución) de acuerdos negociados entre las partes involucradas en conflictos sobre derechos relacionados con el medio ambiente.

Haciendo uso de la teoría de la elección pública, esta guía debe tener presente que “Desafortunadamente ni el control político ni el burocrático brinda suficiente información o los incentivos adecuados a fin de que los productores y los consumidores lleven a cabo escogencias que sean eficientes para la sociedad. Se pueden resumir cinco problemas con la propiedad y su administración por parte del estado: 1. En una democracia los votantes inteligentes tienen un incentivo para ser racionalmente ignorantes acerca de los candidatos y de los temas de políticas públicas… 2. Puesto que la mayoría de los votantes son racionalmente ignorantes acerca de la mayoría de los temas, los grupos de intereses especiales pueden tener una influencia tremenda… 3. Los altos funcionarios gubernamentales tienden a actuar de una manera miope, debido a que, a diferencia de los dueños privados de un recurso, no pueden capturar los beneficios futuros esperados a causa del uso eficiente del recurso… 4. Dentro del gobierno hay poco incentivo para que se sigan políticas eficientes o para un comportamiento operativo eficiente… 5. Un votante debe escoger un candidato que lo represente en cientos de asuntos. Aún un votante bien informado tiene un problema para expresar sus preferencias acerca de diferentes aspectos de política pública.” (Richard L. Stroup y John Baden, “Endowment Areas: A Clearing in the Policy Wilderness?,” en Cato Journal, Vol. 2, No. 3, invierno de 1982, p. p. 698-700).

El problema con el esquema de toma de decisiones privadas como método eficiente para asignar recursos se da cuando los recursos no son propiedad de alguna persona; esto se conoce como “la tragedia de las propiedades comunes” (en inglés, “tragedy of the commons”). Si no hay un dueño (“o lo es todo mundo”), cada persona tiene un incentivo para consumir de él lo más que pueda y lo más pronto posible, de manera que no hay incentivos para proteger esos recursos en su uso futuro. Esto es, hay un derecho ejercido por todos los miembros de la colectividad en donde se le impide a cualquier persona de ella que ejercite un derecho individual ante aquel derecho comunal de todos los individuos de esa colectividad. Aquí surge un asunto importante: más que individuos “malos” lo que hay son instituciones defectuosas; en este caso, falla la institución del mercado por no haber propiedad de los recursos.

Robert J. Smith resume adecuadamente el caso al señalar que “la experiencia y las implicaciones lógicas de la teoría de la propiedad comunitaria de los recursos sugiere que los derechos privados de la propiedad son muy superiores a los derechos de propiedad estatal o pública, en parte por la exclusividad sin ambigüedades de los derechos privados de propiedad y ante el difícil problema de prevenir que demasiados usen el dominio público bajo un sistema de propiedad estatal. Es más, los dueños privados de propiedad tienen un incentivo directo e inmediato para no mal-administrar su propia propiedad, en tanto que los administradores o propietarios estatales no poseen los mismos incentivos, ni tampoco hay muchos incentivos que prevengan a todos para que no sobre-utilicen los recursos mantenidos bajo el dominio público.” (Robert J. Smith, “Resolving the Tragedy of the Commons by Creating Private Property Rights in Wildlife,” en The Cato Journal, Vol. 1, No. 2, Otoño de 1981).

El meollo del asunto es hasta qué grado resulta posible generar derechos privados de propiedad en donde no los hay, dada la diferencia entre un sistema de propiedad privada y uno comunal, caracterizado este último por la utilización excesiva, el desperdicio y la extinción, en tanto que el primero resulta en un uso que se extiende a través del tiempo y que preserva el recurso en consideración.
Gracias a Hayek (Friedrich A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” en American Economic Review, Vol. 35, No. 4, 1945) podemos concluir en que los conocimientos específicos de tiempo, lugar y la experiencia son a menudo los más importantes para entender y resolver los problemas medioambientales, si bien no es algo exclusivo de estos bienes, sino propio de la vida humana, que afecta a la gente todo el tiempo. Para resolver el problema del conocimiento, el ser humano ha desarrollado mercados que funcionen y que transmitan la información necesaria entre las partes, en un proceso de descubrimiento que faculta resolver los problemas de valor y conocimiento así como que estimulen mejoras de esos mercados con el paso del tiempo. Sin embargo, en el caso de bienes medioambientales, “las cosas no están tan claramente definidas. Hay fricciones: bienes que no son separables o difícilmente divisibles, dificultades para identificar o definir las numerosas partes que pueden estar involucradas, información vital que no es asequible a todas las partes o que no es fácilmente conocida, líneas de propiedad borrosas”, lo cual requiere una evolución institucional permanente que permita tratar estos casos difíciles de resolver. (Lynn Scarlett, “Evolutionary Ecology,” Op. Cit., p. p. 404-405).

Una institución es el derecho consuetudinario (common law en inglés), sustentado en la costumbre y la tradición y sobre todo fundamentado en el seguimiento de casos precedentes, de forma que hay un proceso de descubrimiento que permite clarificar y redefinir los límites de las propiedades que se vean involucradas en un conflicto medioambiental. No estoy en capacidad de decir si un sistema jurídico basado en el derecho romano (como el nuestro) tiene esa capacidad de ajuste y enriquecimiento según sean los casos que vayan resolviendo las cortes en estos temas de límites de derechos. Pero soy optimista y espero que el sistema basado en el derecho romano tenga la misma flexibilidad de adaptación que aquel sustentado en el derecho consuetudinario.

La institución del derecho consuetudinario es especialmente útil “para ir aclarando los derechos e ir refinando lo que significa ‘el uso y disfrute’ de la propiedad de uno. Es tanto un mecanismo para la resolución de conflictos como un medio para descubrir el alcance y el límite de los derechos… Al hacerse la ley mejor y mejor para maximizar el bienestar de las partes en un caso particular, menos y menos casos serán presentados ante la corte. Como resultado, la ley consuetudinaria tiende a basarse en unas cuantas reglas eficientes –aquellas que hacen que el valor del ‘pastel’ sea el mayor.” (Lynn Scarlett, Ibídem, p. 405).

También es importante que haya instituciones privadas de negocios que permitan resolver algunos temas de conflictos de calidad del medioambiente. Por ejemplo, desarrollar mercados de reciclaje que permitan la coordinación entre compradores y vendedores, entre muchos otros que se podrían citar.

El problema surge al considerar que tan sólo mediante mandatos públicos acerca de la utilización de recursos y el empleo de ciertas tecnologías concretas, se puede solucionar el problema de ciertos tipos de contaminación, sin tener en cuenta que es posible desarrollar mecanismos basados en la información descentralizada, para entender la naturaleza de los problemas del medio ambiente y desarrollar caminos para que la gente pueda enfrentar la toma de decisiones acerca de valores medio ambientales que compiten entre sí. Como dice Scarlett, “lo que ante todo se requiere es un alejamiento fundamental de un enfoque que es primariamente regulatorio y punitivo hacia uno que enfatiza la negociación, la mejoría de los flujos de información y los incentivos para la buena administración.” (Lynn Scarlett, Op. Cit., p. 411). En el fondo, se trata de abrir las máximas posibilidades institucionales para que las partes involucradas puedan establecer mecanismos de negociación, al surgir conflictos entre partes en torno a impactos negativos que sobre el medioambiente pueden tener ciertas acciones humanas.

Este enfoque considera la posibilidad de que el estado tenga un papel en ciertos casos, pues, como asevera Scarlett, “a menudo los bienes medioambientales son indivisibles y presentan desafíos a los mercados ordinarios… el problema de la indivisibilidad –en especial en el caso de contaminación del aire- hace inevitable algún tipo de fijación colectiva de las metas. El número de partes afectadas hace que los enfoques basados en el derecho consuetudinario o en negociaciones voluntarias sean engorrosos… Para algunos problemas, los impactos son estrictamente locales y estrechamente circunscritos. Otros problemas medioambientales pueden tener impactos regionales y hasta globales. La ubicación del impacto deberá ayudar a determinar en dónde reside la autoridad para tomar las decisiones.” (Lynn Scarlett, Ibídem, p. 407).

Por ello se debe considerar la posibilidad de la intervención gubernamental que, bajo
ciertas circunstancias, imponga restricciones sustitutas de la posibilidad de un proceso de negociación entre partes involucradas. Pero, para empezar, debe ser un caso en donde hay un amplio consenso de que las restricciones a la actividad contaminante son apropiadas, “casos raros en que”, como señala Scarlett, “todo mundo estaría mejor si se terminara con una práctica dañina al medio ambiente, en la que siempre habría incentivos para ‘hacer trampa’ a menos que haya una ley que imponga la restricción.” Con gran sentido práctico indica Scarlett que, “considerar reglas uniformes será una función del grado de consenso acerca de si cierta acción deberá de tomarse; la claridad del conocimiento acerca de la causa del problema y el nivel de riesgo asociado con el problema. En caso de que los problemas no sean divisibles, en donde los riesgos derivados del problema son extremadamente altos y que se entiendan bien las causas de esos problemas, las regulaciones públicas ofrecen una solución plausible.” (Lynn Scarlett, Ibídem, p. 409).

Pero la intervención gubernamental para solucionar las imperfecciones del mercado no es gratuita; tiene un costo. Por ello es esencial que las soluciones públicas sean objeto de comparación con soluciones privadas plausibles. Es sabido que las burocracias no dan la más eficiente respuesta a votantes con información pobre y que apenas tienen incentivos débiles para servirles, además de que suelen ofrecer bienes públicos que se adaptan a sus intereses propios más que a los de la ciudadanía. Es indispensable comparar imperfecciones de los mercados con imperfecciones de los gobiernos. (Tyler Cowen, “Public Goods,” en The Concise Encyclopedia of Economics, editada por David R. Henderson, Liberty Fund Inc.: Library of Economics and Liberty, sin fecha).

Por lo expuesto, es claro que el liberalismo no es antagónico a un medioambiente de calidad y que es consciente de que la elección de las personas por más bienes ecológicamente limpios es resultado de una valoración que ellas hacen entre una gama infinitamente amplia de bienes y servicios. La discusión se centra en el grado en que, bajo un sistema de decisión descentralizada (mercado), se generan problemas de oferta de esa calidad medioambiental y si, en la mayoría de los casos, una adecuada provisión de bienes ecológicamente limpios se logra mediante una serie de instituciones que el mercado ha ido generando a través de los años.

Asimismo, la controversia gira alrededor de si la solución privada a estos conflictos, que enfatiza la negociación entre las partes y el uso del derecho (principalmente consuetudinario), es suficiente para lograr una solución adecuada o si se requiere una intervención estatal. Dado lo expuesto, si bien no se excluye esta última posibilidad, la experiencia histórica (aquí no mencionada por limitaciones de espacio) parece mostrar que la intervención estatal más bien ha impedido una solución a estos problemas medioambientales y que, en caso de seguirse el camino de las restricciones públicas, los costos de dicha acción pública –que pueden ser sumamente altos- deben compararse con los costos derivados de lo que en ciertos círculos se ha llamado como “fracaso del mercado” y ante posibles soluciones privadas.

El reciente otorgamiento del Premio Nobel en Economía 2009 a Elinor Ostrom es un reconocimiento de que “grupos descentralizados pueden desarrollar diversos sistemas de reglas que permitan que surja la cooperación social por medio de la asociación voluntaria… (Ostrom) estudia la toma de decisiones colectivas pero no estatales en el caso de recursos colectivos… que logran lo que habría logrado un sistema de propiedad privada. Aparecen reglas que limitan el acceso que hacen que los individuos en el grupo sean responsables por el mal uso del recurso. (Peter Boettke, “Elinor Ostrom’s Nobel Prize in Economics,” en Foundation for Economic Education, Articles, 15 de octubre del 2009), lo cual muestra que, si bien las soluciones de mercado puede que no funcionen como es el caso de la ‘tragedia de las propiedades comunes’, las soluciones gubernamentales puede que tampoco funcionen, como lo hemos discutido, pero si la asociación voluntaria colectiva no estatal.

Después de todo, como dice Boettke, “El fundamento del orden social de la gente libre es auto-gobierno, no la autoridad gubernamental y el poder centralizado. Es mediante la toma descentralizada de decisiones metida profundamente en los dilemas locales que encaran las personas reales, que moviliza los incentivos dentro de una estructura de reglas local y que utiliza el conocimiento vecinal, cómo el proceso de desarrollo institucional asegura que el auto-gobierno sea una gobernanza efectiva, que permita que seres humanos falibles manejen razonablemente los recursos escasos y las relaciones entre ellos.” No hay duda que ello se hace dentro de ese espíritu que caracteriza el sistema u orden liberal que hemos venido exponiendo.

AFIRMACION No. 13: EL LIBERALISMO ES SÓLO UNA ACTITUD.
EXPLICACION: Hay quienes se consideran liberales porque asumen una actitud tolerante ante otras opiniones. Este rasgo sicológico es importante, no hay duda, además de ético. El liberalismo aprecia la diversidad y de forma natural está dispuesto a escuchar las opiniones de otros e incluso hasta reconocer cuando pierde una disputa intelectual, si fuere el caso. Dice Pedro Schwartz: “el talante del individuo liberal es el de procurar gobernarse a sí mismo según los mandatos de sus creencias y su moral, y respetar la moral y las creencias de sus congéneres.” (Pedro Schwartz, “Presentación: Sísifo o el Liberal,” en Pedro Schwartz, Nuevos Ensayos Liberales, Madrid: Espasa Hoy, 1998, p. 19). Pero no es suficiente tener tal disposición o modo de hacer una cosa (talante lo llama Schwartz) para considerarse un liberal. Ello porque el liberalismo clásico es más que una actitud: es también una doctrina política que otorga el máximo valor al individuo y que considera que la sociedad funciona de la mejor forma posible si se dispone de la mayor libertad social y económica.

Los rasgos fundamentales del liberalismo clásico son expuestos claramente por Schwartz en la obra citada, en la que empieza por exponer el carácter supremo del individualismo, entendido como la soberanía que se tiene sobre la persona y sus propiedades. Dice: “no entiendo la vida moral sin autonomía personal, ni la vida social sin plena libertad de suscribir contratos voluntarios con otras personas. El liberalismo es… mucho más que una aceptación cortés de la diversidad de opiniones y formas de vida. Es una ética de la dignidad personal basada en la auto-disciplina y el auto-gobierno.” (Pedro Schwartz, Ibídem, p. 20).

La gran defensa de la posición individualista fue expuesta por John Stuart Mill, quien señaló el fundamento por el cual el individualismo conduce a una organización social que genera las mayores posibilidades de progreso individual. Dice: “Para que los seres humanos se conviertan en nobles y hermosos objetos de contemplación, es necesario que no degasten por medio de la uniformidad todo lo que hay de individual en ellos, sino que lo cultiven y permitan su desarrollo dentro de los límites impuestos por los derechos e intereses de los demás. Y de igual modo que sus obras comparten el carácter de sus autores, mediante ese mismo proceso también se enriquece, diversifica y anima la vida humana, proporciona bastante alimento para los exaltados pensamientos y los elevados sentimientos y refuerzan los lazos que unen a todo individuo con la raza, si se considera que es infinitamente mejor pertenecer a ella. En proporción con el desarrollo de su individualidad, cada persona se hace más valiosa para sí misma y, por consiguiente, es capaz de ser más valiosa para otros.” (John Stuart Mill, Sobre la Libertad, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. 99).

El liberalismo como organización social se basa en el respeto a la intimidad de la persona, en asegurar la vigencia de los contratos en que incurre libremente y, por supuesto, de la propiedad, a la vez que prohíbe el uso de la fuerza (excepto en defensa propia), la coacción y el engaño, de forma que exige a los individuos obedecer reglas generales en el marco del principio de legalidad, como medio asegurar la convivencia social. En dicho orden social no sólo se respeta la autonomía individual, sino que se busca minimizar la coacción, que puede ser aplicada tan sólo mediante la fuerza legalmente instituida; esto es, por el estado.

El ser liberal va mucho más allá de ser tolerante con la opinión de terceros y de estar dispuesto a ser convencido por opiniones que se le presentan en contrario. También se requiere el aprecio de la supremacía del individuo, principalmente a partir de la falibilidad del conocimiento, como nos lo ha recordado Schwartz. Ello exige aprender de la crítica y de darnos cuenta de que, para la humanidad, es conveniente que los individuos disputen acerca de ideas, en vez de dedicarse a guerrear entre ellos. Pero, además de eso, es necesario reconocer que hay un marco institucional que define al liberalismo.

Para referirme a esto último acudo nuevamente a Schwartz, quien expone con gran precisión que “la libertad individual está garantizada cuando se cumplen cinco condiciones:
-respeto de los derechos humanos;
-reconocimiento de la igualdad de las personas ante la ley;
-división de los poderes del estado;
-defensa de la propiedad privada y del cumplimiento de los contratos, y
-paso franco a la emulación económica.”
(Pedro Schwartz, “Conceptos del Liberalismo,” en Pedro Schwartz, Op. Cit., p. 51).

Este marco ideológico básico de la doctrina liberal no únicamente se refiere a una actitud ante terceros, sino a la necesaria apreciación de las condiciones que debe satisfacer un orden socio-político, a fin de que los individuos puedan prosperar, ser libres, felices y vivir seguros; en síntesis, un sistema que les permita progresar.

Para concluir, como explica Hayek, “tan sólo hasta que se averiguó que la incuestionablemente mayor libertad personal que Inglaterra disfrutó durante el siglo dieciocho había producido una prosperidad material sin precedentes, se hizo un intento de desarrollar una teoría sistemática del liberalismo… (Este) se deriva del descubrimiento de un orden espontáneo, o que se genera a sí mismo, de los asuntos sociales… un orden que hizo posible utilizar el conocimiento y las habilidades de todos los miembros de una sociedad, en un grado mucho mayor que el que hubiera sido posible bajo cualquier orden que hubiera sido creado por una dirección central, y con el deseo, en consecuencia, de hacer un uso pleno de estas poderosas fuerzas ordenadoras espontáneas tanto como fuera posible.” (Friedrich A. Hayek, “Principles of a Liberal Social Order,” en Chiaki Nishiyama y Kurt R. Leube, editores, The Essence of Hayek, Stanford, California: Hoover Institution Press, 1984, p. 365).

AFIRMACION No. 14: EL LIBERALISMO ES ANARQUISTA.
EXPLICACION: Esta crítica al liberalismo fue objeto de análisis en el Boletín de ANFE inmediato anterior, al comentarse la afirmación No. 9 de que “el liberalismo es anti-empresa pública.” Allí concluimos en que “el liberalismo no es sinónimo de anarquía, pues considera indispensable la existencia del estado, si bien es cierto que hay diversos criterios entre los pensadores liberales acerca de cuáles son los alcances o roles concretos que puede desempeñar en una sociedad liberal”. De acuerdo con eso, no se le puede adscribir al liberalismo la creencia en un sistema político con ausencia del estado o el gobierno (definición sencilla de anarquía), si bien se expuso que había una gama amplia de posiciones de pensadores liberales acerca de las funciones propias que puede desempeñar el estado o el gobierno. Se enfatizó en que los liberales suelen creer en un gobierno limitado, en donde el grado de restricción aplicable es un tema aún abierto a diferentes criterios entre pensadores liberales clásicos.

Dicha limitación la expuso claramente Hayek, al señalar que “a partir de darse cuenta de las limitaciones del conocimiento individual y del hecho de que ninguna persona o grupo pequeño de personas puede saber todo lo que es conocido por alguna otra persona, el individualismo también puede derivar su conclusión práctica más importante: su demanda de una limitación estricta de todo el poder coercitivo o exclusivo.” (Friedrich Hayek, “Individualism: True and False,” en Chiaki Nishiyama y Kurt R. Leube, The Essence of Hayek, Op. Cit., p. 141).

El hecho es que distintos pensadores liberales clásicos sostienen diferentes posiciones acerca de cuáles son los papeles que debe desempeñar el estado en un orden social liberal. Casi que cada pensador liberal sobresaliente tiene su propio elenco de funciones propias de un estado en la sociedad abierta. Por ello, como preámbulo al desarrollo de esta discusión, me refiero a la definición notable que hace Adam Smith de los papeles que el estado debe desempeñar: “La primera obligación del Soberano… es la de proteger a la sociedad de la invasión y violencia de otras sociedades independientes…La segunda… consiste en proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad… (y) la tercera…la de erigir y mantener aquellos públicos establecimientos y obras públicas, que aunque ventajosos en sumo grado a toda la sociedad, son no obstante de tal naturaleza que la utilidad nunca podrá recompensar su coste a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo no debe esperarse se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos.” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo III, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 5, 23 y 36).

Hay algunos pensadores, a quienes se les suele considerar como parte del elenco de “liberales clásicos”, que consideran que no hay un papel para el estado en cuanto a la administración de justicia (por ejemplo, David Friedman, cuyo pensamiento anarco-capitalista será luego mencionado) o también el caso de una nación, como Costa Rica, que ha acudido a una declaración de neutralidad perpetua como razón para no disponer de un ejército que defienda al país frente a la amenaza externa. Este último ejemplo puede no necesariamente reflejar una posición liberal ante las funciones del estado, pero es interesante en cuanto a que el estado no está “protegiendo a la sociedad de la invasión y violencia de otras sociedades independientes” por medio de la fuerza militar, como lo plantea Smith, sino que es una “aceptación” de otras sociedades del carácter neutral o “amilitar” de la defensa costarricense ante la agresión externa.

Para dar una idea de la gran dispersión de funciones concretas que un estado puede desempeñar en un orden liberal clásico, me permito exponer, como ejemplo, la propuesta de un connotado pensador liberal clásico de la actualidad, Richard Epstein, quien escribió que “el liberalismo clásico huye de cualquier afecto por la anarquía en nombre de la libertad individual. Reconoce la necesidad de la fuerza del estado no sólo para prevenir la agresión y mantener la vigencia de los contratos, sino también para obtener impuestos (“flat”; bajos y uniformes), suplir infraestructura y limitar al monopolio… El liberal clásico trabaja para diseñar instituciones políticas y reglas jurídicas que le permitan al gobierno preservar el orden social sin asumir decisiones que pueden ser mejor tomadas por instituciones y actores privados. (Richard A. Epstein, Forbes, 15 de setiembre del 2008).

La propuesta de Epstein sobre el papel del estado se puede considerar que calza dentro de los cánones liberales y algo similar podría mencionarse en relación con muchos otros pensadores “liberales clásicos”, lo cual pone en evidencia que no parece existir una cancha marcada y definitiva acerca de cuáles son los roles específicos asignados al estado en un orden político liberal, que permitiera, con un alto grado de especificidad, separar al pensador liberal clásico de quienes no comparten esta visión.

No hay un límite o dato requerido pare definir al conjunto, sino que lo que podría estar definiendo al campo liberal clásico es una tendencia o inclinación hacia un menor tamaño (y funciones) del estado en comparación con otras propuestas. Por supuesto que tal demarcación convierte al tema en un asunto altamente discutible.
La diversidad de pensamiento entre liberales clásicos acerca de la amplitud que debe tener el estado en una sociedad liberal no nos ha de sorprender. Friedrich Hayek en una ocasión fue acusado de socialista porque propuso ciertas regulaciones urbanas como deseables, al haber escrito que “Los conceptos básicos de propiedad privada y la libertad de contratación… no facilitan solución inmediata a los complejos problemas que la vida ciudadana plantea… (p. 368) (y que se pueden adoptar) “medidas prácticas conducentes a que el mecanismo (de precios) aludido funcione de modo más eficaz y a que los propietarios tomen en consideración todas las posibles consecuencias de sus actos” (Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Op. Cit., p. p. 368 y 376). Walter Block, por ejemplo, acusó a Hayek de “hecho ser tan sólo un tibio defensor de esta filosofía (de libre mercado) y a menudo activamente de patrocinador de todo lo opuesto (¿el socialismo?). (Walter Block, “Hayek’s Road to Serfdom,” en Journal of Libertarian Studies, 122, otoño de 1996, p. 357. Los paréntesis son míos).

Me parece, en cuanto al papel que desempeña el estado en un orden liberal, que la característica general es hacia una minimización del estado, pero la delimitación exacta de hasta dónde llegan las únicas funciones permitidas en ese continuum, está sujeta al debate abierto. Por ello es importante tener presente cuáles son algunas de las posiciones más extremas en cuanto a la no existencia de papel alguno para el estado, tal como lo plantean los llamados anarco-capitalistas como David Friedman (David Friedman, “Law as a Private Good: A Response to Tyler Cowen on the Economics of Anarchy,” en Economics and Philosophy, Vol. 10, No. 2, octubre de 199), quien propone que es factible un orden de mercado en donde no existan reglas públicas (esto es, sin estado alguno que imponga el marco regulatorio necesario), sino que las leyes se dan o surgen en un ámbito totalmente privado. O, más recientemente, como lo expone J. C. Lester, en Escape from Leviathan: Liberty, Welfare and Anarchy Reconciled, New York: St. Martin’s Press, 2000 o como lo hizo mucho antes, Murray Rothbard, quien escribió que “el estado (es) el supremo, el eterno, el mejor organizado agresor en contra de las personas y de la propiedad de la masa del público.” (Murray Rothbard, The State,” en For a New Liberty, New York: Collier, 1978 y reproducido en David Boaz, editor, The Libertarian Reader: Classic and Contemporary Writings from Lao-Tzu to Milton Friedman, Op. Cit., p. p. 36-37).

Quienes he denominado como liberales clásicos de manera consistente le dan algún papel al estado, si bien en grado variable; esto es, no son anarquistas, tal como se define a la ausencia total del estado o del gobierno en el orden político y más bien considero que, en general, se acercan a la idea de un estado limitado y mínimo, necesario para asegurar la vigencia de un sistema liberal. Es decir, la coerción se reduce al mínimo posible, de forma que se impida que otros individuos puedan arbitrariamente ejercerla contra terceros, con lo que se garantiza la libertad (ausencia de coerción) a cada individuo, en tanto acepte los límites conocidos que impone el principio de legalidad.

La posición extrema denominada como anarco-capitalismo cae en el campo de la utopía, pues, en cierta manera, está asumiendo la existencia de mercados perfectos que hacen innecesaria intervención alguna (y existencia) del estado. Contrasta con la posición liberal clásica que descansa en la falibilidad humana y que puede resumirse en la expresión “No es posible una sociedad perfecta”. Los liberales creemos en el método del “ensayo y error”, producto del método crítico, para evaluar los resultados de las acciones y la posibilidad de hacer correcciones cuando el resultado no sea el esperado. Es cierto que en el futuro uno no puede saber si el estado habrá desaparecido por innecesario, pero el hecho es que, al momento, las sociedades abiertas se caracterizan por disponer de un estado que desempeña el papel esencial de brindar el marco jurídico necesario en que aquellas puedan evolucionar y adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes y a la incertidumbre que rodea toda acción humana.

AFIRMACION No. 15: EL LIBERALISMO ES TOTALITARIO.
EXPLICACION: Quiero empezar calificando la afirmación de que el liberalismo “es totalitario”. Si interpretamos al totalitarismo como un sistema político en el cual el estado ejerce todo el poder sin que haya limitación alguna, el liberalismo clásico históricamente siempre se ha opuesto al totalitarismo. Tal vez la mejor expresión del totalitarismo sea lo dicho por Mussolini en el invierno de 1920: “nada fuera del estado, nada contra el estado, todo por el estado”. Evidentemente, en este sentido, el liberalismo clásico ha tenido una lucha histórica en contra del absolutismo estatista tan claramente expresado en el dictum anterior. De forma atinada señala Dalmacio Nero que “el liberalismo, justamente porque su ideal de libertad es total…, puesto que postula la libertad política y, por tanto, no es ‘totalitaria’ al estar delimitada por la responsabilidad, carece, obviamente, de sentido bajo el ‘totalitarismo’…” (Dalmacio Nero, La Tradición Liberal y el Estado, Madrid: Unión Editorial, 1995, p. 235), quien agrega luego que “El Estado Total, más conocido como totalitario, se autodefine como el contrapunto del Estado liberal de cualquier matiz.” (Dalmacio Nero, Ibídem, p. 236).

Nada tiene que ver el liberalismo con el totalitarismo bajo esta concepción. Por otra parte, hay otra idea de “totalitarismo”, que deviene de lo que se denomina como “holismo”, que, según la Enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford, se refiere al “punto de vista de que la agrupaciones sociales humanas son más grandes que la suma de sus miembros, que esas entidades son “orgánicas” por derecho propio y que actúan sobre sus miembros humanos y definen sus destinos, y que están sujetas a sus propias leyes independientes de desarrollo.” (“Karl Popper” en Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford, California: Center for the Study of Language and Information, Stanford University, sin fecha y sin paginación).

Los holistas consideran que los grupos sociales no deben ser vistos como simples grupos de personas, esto es, atomísticamente, sino que “el grupo social es más que la mera suma total de sus miembros, y también es más que la mera suma total de las relaciones meramente personales que existan en cualquier momento entre cualesquiera de sus miembros.” (Karl Popper, La Miseria del Historicismo, Madrid: Alianza Editorial, 1994, p. 31. Las letras en cursiva son del autor).

Lo relevante para nuestro análisis es referirse al holismo aunado al punto de vista sobre las ciencias sociales llamado “historicismo” –a veces referido como “filosofía de la historia”-, que, en palabras de Popper, “supone que la predicción histórica es el fin principal (de las ciencias sociales), y que supone que este fin es alcanzable por medio del descubrimiento de los ‘ritmos’ o los ‘modelos’, de las ‘leyes’ o las ‘tendencias’ que yacen bajo la evolución de la historia.” (Karl Popper, Ibídem, p. 17. Las letras en cursiva son del autor).
Para Popper es la conjunción entre el holismo y el historicismo, en donde el primero aporta la creencia de que los individuos son en esencia formados por los grupos sociales a los que pertenecen, en tanto que el segundo proporciona la idea de que tan sólo se puede entenderse a esas agrupaciones en términos de los principios que determinan su desarrollo –“ritmos”, “modelos”, “leyes”, “tendencias”- lo que da lugar al totalitarismo.

Popper con fortaleza señala que “el punto de vista de que cualquier agrupación social humana no es más (ni menos) que la suma de sus miembros individuales, que lo que sucede en la historia es el resultado (principalmente no planeado e imprevisible) de las acciones de esos individuos y que la planificación social en gran escala, de acuerdo con una heliografía (“blueprint”: esquema) previamente concebida, es inherentemente una formación conceptual errónea –e inevitablemente desastrosa- precisamente porque las acciones humanas tienen consecuencias que no pueden ser previstas.” (“Karl Popper” en Stanford Encyclopedia of Philosophy, Op. Cit. El paréntesis es mío).

La formulación de Marx, en el prefacio de El Capital, es un buen resumen del historicismo, al señalar que “Cuando una sociedad ha descubierto la ley natural que determina su propio movimiento, ni aún entonces puede saltarse las fases naturales de su evolución ni hacerlas desaparecer del mundo de un plumazo. Pero esto sí puede hacer: Puede acortar y disminuir los dolores del parto” (Karl Marx, El Capital, Vol. I, Prefacio a la primera edición en alemán, 1867). Esta encuentra eco en una versión moderna de Karl Mannheim, quien escribió que se trata de remodelar a “toda la sociedad” de acuerdo con un plan determinado al “apoderarse de todas las posiciones claves” y que “el poder del Estado tiene necesariamente que aumentar hasta que el Estado se identifique casi totalmente con la sociedad” (Karl Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction, Londres, 1940 y citado en Karl Popper, La Miseria del Historicismo, Op. Cit., p. p. 81-82 y p. 93).

El historicismo, junto con el holismo, conduce a la planificación centralizada, dado que considera que es posible determinar el desarrollo futuro de una sociedad según las tendencias que se convierten en profecías sobre resultados inevitables. La planificación central no hace sino poner en práctica esa posibilidad.

El liberalismo tiene una concepción diferente. Dice Hayek: “El concepto central del liberalismo es que, bajo la aplicación de reglas universales de justa conducta, protegiendo un dominio privado individual reconocible, se formará a sí mismo un orden espontáneo de actividades humanas de mucha mayor complejidad de la que podría producirse alguna vez por medio del arreglo deliberado, y que en consecuencia las actividades coercitivas del gobierno deberían limitarse a la aplicación de aquellas reglas…” (Friedrich A. Hayek, “The Principles of a Liberal Social Order,” en Friedrich A. Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 162).

Noten, entonces, que no se recurre a la idea de una tendencia preestablecida e inevitable, como arguyen los historicistas, ni tampoco, como lo sugieren los holistas, es necesario abandonar el individualismo metodológico (desde la época de Adam Smith, se menciona que los individuos sin proponérselo logran un orden extendido), y más bien se refiere a la conducta de los individuos y no de entes externos a ellos o por encima de los resultados de sus acciones, ni tampoco el orden liberal acepta la posibilidad de que alguna autoridad central pueda disponer de todo el conocimiento ampliamente disperso que diferentes individuos poseen acerca de sus circunstancias específicas de tiempo y de lugar. La planificación central no tiene una forma eficiente para utilizar todo el conocimiento disperso en la sociedad. Al discutir páginas atrás si el liberalismo es sólo una actitud (Afirmación No. 13), se mencionó a la institución liberal denominada mercado, la cual sirve no sólo para transmitir información entre los individuos sino que también brinda los incentivos necesarios para que actúen en función de dicha información. Precisamente dejar las decisiones económicas de los individuos al mercado es todo lo contrario a la planificación central totalitaria, que, por definición, las deja en manos de una persona o de un grupo relativamente pequeño
Para Schwartz, la institución del mercado “aumenta nuestra adaptabilidad” ante un mundo incierto y en ello radica su mérito: es el mercado la “institución que prima el descubrimiento de soluciones nuevas y la adaptación al cambio…” (Pedro Schwartz, “Un Mundo Misterioso, Mezquino e Incierto,” en Pedro Schwartz, Nuevos Ensayos Liberales, Op. Cit., p. 117). La diferencia entre esta institución, además de estar acorde con la primacía de la libertad que considera el orden liberal, y un sistema de planificación central es que el mecanismo de precios propio de un mercado “economiza conocimiento por la forma en que opera o qué tan poco necesita conocer el participante individual para estar en posibilidad de tomar la acción correcta,” (Friedrich A Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” en Friedrich A. Hayek, Chiaki Nishiyama y Kurt R. Leube, editores, The Essence of Hayek, Op. Cit., p. 219), en tanto que un planificador central nunca estará en capacidad de poseer más que todo el conocimiento disperso que los diferentes individuos tienen en un mercado. Aunque ese planificador o gobernante fuera el regente de un sistema totalitario, ni aún así estará en capacidad de concentrar todo el conocimiento que hay disperso entre la totalidad de los individuos en un orden social.

Ante lo expuesto, podemos descartar la aseveración de que el sistema de mercado es totalitario y, por el contrario, resaltar que el liberalismo descansa en la existencia de un orden espontáneo basado en la reciprocidad y la reconciliación de los diferentes intereses individuales, que, lejos de ser totalitario, permite lograr un orden mucho más complejo que el que se podría obtener bajo la coerción.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:00
2009-12-31-ALGUNAS AFIRMACIONES Y EXPLICACIONES ACERCA DEL LIBERALISMO-PARTE IV

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COLUMNA LIBRE: NUEVAS CINCO AFIRMACIONES Y EXPLICACIONES ACERCA DEL LIBERALISMO: PARTE IV

Boletín de ANFE, 30 de noviembre- 31 de diciembre del 2009. Este comentario fue integrado con ligeras variaciones como parte del libro “Mitología acerca del Liberalismo” (San José, Costa Rica: Asociación Nacional de Fomento Económico, 2010), así como también en el sitio de ElCato del Cato Institute, de Washington, D.C., en el período 08-10-2010 a 07-12-2010.

Al igual que se hizo en las tres partes previas de este ensayo sobre críticas al liberalismo, es necesario definir qué entendemos por liberalismo clásico, movimiento intelectual uno de cuyos puntos culminantes se dio a fines del siglo 18 y principios del siglo 19. Dice Friedman que “ese desarrollo, que era una reacción en contra de los elementos autoritarios de la sociedad previa, enfatizó la libertad como fin último y al individuo como entidad primaria en la sociedad. Impulsó en lo doméstico al laissez faire como forma de reducir el papel del estado en los asuntos económicos y así evitar que interfiriera con el individuo; al exterior impulsó el libre comercio como medio de juntar pacífica y democráticamente a las naciones del mundo. En los asuntos políticos, impulsó el desarrollo del gobierno representativo y de las instituciones parlamentarias, la reducción del poder arbitrario del estado y la protección de las libertades civiles de los individuos.” Milton Friedman, “Capitalism and Freedom,” en New Individualist Review, Vol. 1, No. 1, Abril de 1961, p. 7).

En el Boletín previo enfatizamos la diversidad encontrada en pensadores que se pueden considerar como liberales clásicos. Una aceptación de la existencia de una gama de pensamientos dentro del llamado liberalismo clásico y, al mismo tiempo, de un principio que podríamos llamar unificador de este ideario, podría hallarse en la aseveración de que, “Bajo un común denominador –la creencia y defensa de un orden espontáneo-, el liberalismo económico contiene, sin embargo, gran variedad de enfoques, y, por consiguiente, de posibilidades de análisis y de aplicación práctica… la economía liberal no constituye un bloque monolítico.” (Estudio introductorio a “Problemas Económicos Actuales en una Perspectiva Liberal,” en Revista del Instituto de Estudios Económicos, No. 2, Madrid: 1980, p. vii).

Al analizar cinco nuevas críticas al liberalismo, adicionales a las quince comentadas en tres ediciones anteriores de este Boletín, esperamos que este último artículo de la serie sea de su interés y satisfacción.

AFIRMACION No. 16: EL LIBERALISMO NO ES RESULTADO DE UN DISEÑO.
EXPLICACION: Schwartz señala que “el funcionamiento espontáneo de las sociedades libres” es difícil de comprender y agrega que “muchos intelectuales, en su soberbia, confían ciegamente en el poder de la razón de planificar los mercados y guiarlos hacia objetivos concretos” y que “el público, no por soberbia, sino por instinto básico y dificultad intrínseca, tampoco acepta fácilmente las consecuencias de una sociedad abierta basada en el libre mercado.” (Pedro Schwartz, “La Precaria Naturaleza de la Democracia Liberal,” en Nuevos Ensayos Liberales, Madrid: Unión Editorial S. A., 1998, p. 263).

Estas afirmaciones son buena introducción para analizar la crítica de que “el liberalismo no es resultado de un diseño”, la cual es cierta, y que nos conduce a un tema central de la concepción liberal, al cual amerita referirse: el orden social de mercado no es objeto del diseño deliberado de los hombres, sino más bien el resultado de la acción de los individuos en la sociedad. Nadie ha expresado esta idea tan claramente como lo hizo Adam Ferguson, al escribir que la mayoría de las instituciones sociales son “el resultado de la acción humana, pero no del diseño intencionado de los hombres”. (Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Londres: T. Cadell, 1782 (1767), p. 90).

Para entender la idea conviene señalar que, en el desarrollo del pensamiento liberal durante la primer mitad del siglo XIX, surgieron dos escuelas de pensamiento, una de las cuales se puede denominar como “liberalismo continental”, caracterizado por “el punto de vista constructivista o racionalista que demandaba una reconstrucción deliberada de toda la sociedad de acuerdo con los principios de la razón” (Friedrich A. Hayek, “Liberalism,” en Enciclopedia del Novicento, 1973 y reproducido en Friedrich A. Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. London: Routledge & Kegan Paul, 1978, p. 120).

Esta es la tradición de pensadores como, por ejemplo, Voltaire, Rousseau, Condorcet, Descartes y de otros asociados con la Revolución Francesa, quienes luego se convirtieron en ancestros del socialismo moderno, en tanto que una segunda versión de liberalismo es lo que se conoce como la tradición liberal británica clásica o Whig, la cual se fundamenta en “una interpretación evolucionaria de todos los fenómenos de la cultura y de la mente y en un discernimiento acerca de los límites de los poderes de la razón humana.” (Friedrich A. Hayek, “Principles of a Liberal Social Order,” en Chiaki Nishiyama y Kurt R. Leube, The Essence of Hayek, Stanford, California: The Hoover Institution Press, 1984, p. 364).

Este liberalismo clásico comprende, entre muchos otros pensadores y quienes cito sólo como ejemplos, a Pericles, escolásticos como Domingo de Soto, Francisco Suárez y Luis de Molina, además de otros asociados a lo que se conoce como la Ilustración Escocesa, como Adam Ferguson, Frances Hutcheson, Adam Smith, Lord Kames, David Hume, Gilbert Stuart, Dugald Stewart, Thomas Reid, John Millar, además de pensadores como John Locke, Bernard Mandeville, Edmund Burke, Thomas Macaulay, Montesquieu, Lord Acton, Benjamin Constant, Alexis de Toqueville, Immanuel Kant, Whilhelm von Humboldt, Thomas Paine, James Madison, John Marshall, Daniel Webster, Karl Popper y economistas austriacos modernos como Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek.

Al mencionar que el liberalismo clásico contrasta con el racionalismo constructivista (como el de la tradición liberal continental), no significa que el “irracionalismo” del primero le dispense del uso de la razón para analizar las ideas. El llamado irracionalismo no es contrario al uso de la razón, sino que considera que la razón humana no es ilimitada o capaz de diseñar instituciones sociales de alta significación en la vida social. Es posible aseverar en esta tradición liberal clásica que el liberalismo no es producto de la creación teórica de persona alguna o de un grupo de personas que hacen alguna abstracción de la realidad compleja para diseñar un orden social específico, sino que el sistema liberal espontáneamente “surgió del deseo de extender y generalizar los efectos beneficiosos que inesperadamente habían seguido a las limitaciones impuestas a los poderes del gobierno, debido a una simple desconfianza en los gobernantes.” (Friedrich A. Hayek, Ibídem, p. 365). Liberalismo que, además, ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo.

Esta apreciación acerca de la limitación de la razón para diseñar instituciones complejas tiene una larga tradición en la historia del pensamiento, que en última instancia descansa en la falibilidad humana, que, tal vez inicialmente, fue señalada por Jenófanes, un siglo antes de Sócrates, al escribir que “No ha habido ni habrá hombre alguno que posea un conocimiento cierto de los dioses o de todas las cosas de las que hablo. Pues aunque, por azar, alguien dijera la verdad definitiva, él mismo no lo sabría. Pues todo es una trama de conjeturas.” (Diels-Kranz, Fragmente del Vorsokratiker, B35, citado en Karl R Popper. Conjeturas y Refutaciones: El Desarrollo del Conocimiento Científico, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1967, p. 193).

El pensador liberal Ronald Hamowy escribió, refiriéndose a la Ilustración Escocesa, que “tal vez la contribución sociológica más importante hecha por ese grupo de escritores… es la noción de órdenes sociales generados espontáneamente.” (Ronald Hamowy, The Scottish Enlightenment and the Theory of Spontaneous Order, Carbondale, Ill.; Southern Illinois University Press, 1987, p. 3). Por ejemplo, Adam Smith “utilizó en diversos grados la noción de que podrían surgir sistemas más amplios de órdenes de forma espontánea o sin que hubiera una intención de que existieran, sino más que todo como producto resultante de las acciones o decisiones de gente cuyos intereses individuales tenían que ver tan sólo con asuntos locales.” (James R. Otteson, Adam Smith’s Marketplace of Life, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2002, p. 320).

Smith en su obra La Riqueza de las Naciones no sólo describió ampliamente el orden social ampliado que surge espontáneamente de la interacción de los individuos en los mercados, por medio de una red de intercambio de bienes y servicios en gran escala, sino que también analizó, en La Teoría de los Sentimientos Morales, otra importante institución que no fue objeto de un diseño deliberado, cual es un sistema de moralidad en donde se comparten una serie de reglas y juicios morales. Smith señaló algo similar con el lenguaje como sistema u orden espontáneo no diseñado por persona alguna. Sobre esto escribe Otteson, refiriéndose al tratamiento que Smith hace del lenguaje, que su “formación natural… sucede sin una deliberación consciente –pero eso no significa que lo haga sin ley alguna o completamente al azar. De hecho, si el lenguaje se desarrollara sin reglas que describen su uso apropiado, entonces no podría existir comunicación y por tanto una satisfacción de los deseos –lo cual Smith considera que es la causa final para la existencia de los lenguajes.” (James R. Otteson, Ibídem., p. 265). Smith expuso su teoría de que el lenguaje es una de esas instituciones importantes surgidas de forma espontánea sin haber sido deliberadamente diseñada por persona alguna en su ensayo Considerations Concerning the First Formation of Languages and the Different Genius of Original and Compounded Languages aparecido en 1761 en la revista The Philological Miscellany de Edimburgo, Escocia.

Las ideas de falibilidad humana y de limitación de su conocimiento se conjugan para explicar por qué muchas de las instituciones sociales más importantes no surgen del diseño humano, sino como resultado de la acción de los seres humanos en busca de sus intereses propios, pero, como se indicó antes, ello no es fácilmente comprensible para muchos, por lo cual expondré algunos de los fundamentos de los órdenes espontáneos con la pretensión de contribuir a aclarar las ideas al respecto.

La característica más importante de un orden espontáneo, de acuerdo con Hayek, consiste en que, con base en la regularidad de la conducta de sus miembros, “podemos lograr un orden de un conjunto de hechos mucho más complejo que lo que podríamos lograr mediante el arreglo deliberado… al mismo tiempo ello limita nuestro poder sobre los detalles de ese orden.” (Friedrich A. Hayek, “Principles of a Liberal Social Order,” en Chiaki Nishiyama y Kurt R. Leube, editores, Op. Cit., p. 366). Este carácter abstracto es el que permite que el orden del mercado se sustente, no en la existencia de propósitos comunes sino más bien en la reciprocidad; es decir, mediante una reconciliación de los diferentes intereses. Esto constituye una gran ventaja en comparación con órdenes concebidos deliberadamente, pues permite que los diferentes intereses individuales formen parte de ese sistema, mientras que aquél objeto del diseño requiere la imposición o definición de un único propósito común, ya sea establecido por un grupo pequeño de personas que tienen intereses en común o por alguna autoridad superior.

El sistema de mercado, que se basa en el intercambio y la reciprocidad, es un buen ejemplo de un sistema u orden espontáneo, pues no resulta de la decisión de una autoridad central sino de la conducta de los individuos, en donde se toman en cuenta los intereses diversos de quienes participan en él.
En un sistema liberal clásico no hay una imposición de un orden único de fines concretos, ni tampoco que la visión particular que alguien pueda tener de tales fines sea el que determine cuáles son los objetivos que debe satisfacer la sociedad como un todo. Al contrario, en ese orden espontáneo las personas tienen una mejor oportunidad de utilizar su conocimiento particular para sus propios fines individuales, en donde están sujetos a reglas generales, independientes de propósitos concretos, que les permiten interactuar con otros individuos que poseen propósitos distintos. Es decir, en ese orden espontáneo todos nos beneficiamos de un conocimiento del cual no disponemos como propio, de manera que es posible superar la ignorancia e incertidumbre consubstanciales a la naturaleza humana, al permitir una buena utilización de un conocimiento que está ampliamente disperso en la sociedad.

La única obligación que contraen los individuos en un orden liberal es no infringir en los dominios protegidos de las otras personas, definidos según reglas generales y abstractas, cuyo fin no es determinar una jerarquía específica de valores, sino un orden en donde los individuos están dispuestos a participar de forma que sean libres de usar su propio conocimiento para sus propios fines. De aquí que, como señala Hayek, “el liberalismo es inseparable de la institución de la propiedad privada, nombre que usualmente damos a la parte material de ese dominio individual protegido.” (Ibídem., p. 368), propiedad cuyo “reconocimiento precedió al surgimiento de hasta las culturas más primitivas, y que ciertamente todo lo que llamamos civilización ha crecido tomando como base ese orden espontáneo de acciones que es hecho posible por la delimitación de los dominios protegidos de los individuos o de los grupos.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. I: Rules and Order, Chicago: The University of Chicago Press, p. 108).

Al mismo tiempo, ese liberalismo busca limitar el poder coercitivo del gobierno a tan sólo la aplicación de esas reglas generales de justa conducta; o sea, que el gobierno está estrictamente limitado a la aplicación de las reglas uniformes de legalidad.

Nadie ha diseñado ese orden espontáneo, sino que el orden se autogenera en un universo caracterizado por el azar, surge con el paso del tiempo, en donde los individuos se van “adaptando a las circunstancias que directamente sólo afectan a algunos de ellos, circunstancias que en su totalidad no necesitan ser conocidas por todos, pero que se puede extender a circunstancias tan complejas que ninguna mente las puede entender en su totalidad… la manifestación particular de ese orden dependerá de muchas más circunstancias de las que pueden ser conocidas por nosotros –y, en el caso del orden social, debido a que ese orden utilizará todo el conocimiento que por separado poseen todos sus miembros, sin que alguna vez ese conocimiento tenga que concentrarse en una mente única…” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. I: Rules and Order, Op. Cit., p. 41). Por ello los órdenes complejos suelen ser órdenes espontáneos, pues son los únicos capaces de resolver el problema que tienen los órdenes complejos para transmitir y procesar una información que se encuentra ampliamente dispersa.

Esta coordinación espontánea propia de los órdenes no diseñados deliberadamente y de un proceso evolutivo son los que promueven la complejidad de los sistemas necesarios para la adaptación eficiente del ser humano a circunstancias cambiantes. Es a través del tiempo como se da un proceso de eliminación espontánea de órdenes menos efectivos en cuanto a conciliar los intereses disímiles de sus miembros y que, a la vez, permita el logro de una adaptabilidad necesaria y hasta indispensable. Escribe Hayek que “las instituciones se desarrollaron de una manera particular porque la coordinación de las acciones de las partes en la que se había confiado, probó ser más efectiva que las instituciones alternativas con las cuales había competido y que había desplazado.” (Friedrich A. Hayek, “The Results of Human Action but not of Human Design,” en Studies in Philosophy, Politics and Economics, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 101).

Es correcta la afirmación inicial de que el liberalismo no resulta de un diseño, sino de un orden espontáneo que surge de la adaptación de los individuos a las más diversas circunstancias conocidas para todos ellos en conjunto, pero no como un todo para alguna persona en particular. Cuando se perturba este equilibrio mediante la acción gubernamental, se altera el conocimiento de que disponen los miembros en ese orden espontáneo, con lo cual se afecta la posibilidad de que las personas puedan hacer el mejor uso posible de ese conocimiento para el logro de sus propósitos particulares.

Dicho orden espontáneo puede ser mejorado mediante una revisión de las reglas generales, razón de porqué los liberales “sin complejos ni recelos, aceptan la libre evolución, aún ignorando a veces hasta dónde puede llevarles el correspondiente proceso” (Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Madrid: Unión Editorial S. A., 1975, p. 420).

AFIRMACION No. 17: EL LIBERALISMO ES NAZI-FASCISTA
EXPLICACION: En ocasiones al liberalismo se le ha endilgado la canalla etiqueta de ser nazi o fascista. De entrada me parece evidente la intención maledicente de tal acusación, por lo que parece conveniente hacer tan sólo unos pocos señalamientos para desmentir totalmente la acusación. No sólo el liberalismo clásico y el totalitarismo son en esencia antagónicos (ver el análisis de la Afirmación No. 15 en el tercer comentario de esta serie en el Boletín anterior, acerca de que el liberalismo es totalitario), sino que también el nazi-fascismo persiguió tenazmente a los pensadores y miembros de movimientos políticos liberales, lo cual ocasionó que muchos de ellos tuvieran que emigrar hacia naciones enemigas de los gobiernos nazi-fascistas de Europa en años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos tres de los más grandes pensadores modernos del liberalismo, Karl Popper, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, tuvieron que huir del nazi-fascismo para encontrar asilo en las democracias liberales de Occidente.

El liberalismo por definición se opone al totalitarismo, el cual incluye no sólo al nazismo y su versión suavizada, el fascismo, sino también al socialismo extremo del marxismo. Esto no es casual, dada la gran afinidad que hay, como planteamientos totalitarios, entre el nazi-fascismo y el socialismo marxista, lo que da lugar a que surja una aversión natural al liberalismo clásico. Señala Hayek, refiriéndose al nazismo, que “las doctrinas que guiaron a los sectores dirigentes de Alemania (nazi) no se oponían al socialismo en cuanto marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquél: su internacionalismo y a su democracia. Y a medida que se hizo más claro que eran precisamente estos elementos los obstáculos para la realización del socialismo, los socialistas de la izquierda se aproximaron más a los de la derecha. Fue la unión de las fuerzas anticapitalistas de la derecha y la izquierda, la fusión del socialismo radical con el conservador, lo que expulsó de Alemania a todo lo que era liberal.” Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. p. 207-208).

Esta antítesis entre liberalismo y fascismo se evidencia en la definición que de este último formula Jonah Goldberg: “El fascismo es una religión del estado. Asume la unidad orgánica del cuerpo político y suspira por un líder nacional que esté a tono con la voluntad del pueblo. Es totalitario en tanto mira todo como si fuera un asunto político y sostiene que cualquier acción tomada por el estado se justifica en el logro del bien común. Toma la responsabilidad de todos los aspectos de la vida, incluyendo nuestra salud y bienestar, y busca imponer la uniformidad de pensamiento y de acción, ya sea por la fuerza o por medio de la regulación y la presión social. Todo, incluyendo la economía y la religión, debe estar alineado con sus objetivos. Cualquier entidad rival es parte del ‘problema’ y por tanto se la define como un enemigo.” (Jonah Goldberg, Liberal Fascism, New York; Doubleday, 2007, p. 23. El término “liberal” del título de este libro se refiere al uso que de dicho término se hace en los Estados Unidos, que, a diferencia del liberalismo clásico, se caracteriza por una alta dosis de intervención y participación estatal en las más diversas manifestaciones de la vida política… sin duda que muy, pero muy, cercano al fascismo).

De acuerdo con la definición previa, el fascismo hace del estado una religión, en el sentido de una creencia absoluta, como señaló Augusto Turati, apóstol del fascismo, al proclamar que “tal como uno cree en Dios… aceptamos la Revolución (fascista) con orgullo, tal como aceptamos estos principios –aún si nos damos cuenta de que están equivocados, los aceptamos sin discusión alguna.” (Citado en Ibídem, p. 419, nota 30. El paréntesis es mío).

En contraste con la visión anterior, en la concepción liberal clásica el estado esencialmente cumple un papel restringido destinado a asegurar el funcionamiento del orden liberal espontáneo.

Asimismo, mientras que para el liberalismo clásico el cuerpo político no se considera como un órgano independiente que va más allá de los individuos que lo componen, el fascismo considera al estado como un ente supraindividual.

A la vez, el fascismo es totalitario en cuanto mira todo desde el punto de vista político, mientras que el liberalismo clásico busca minimizar el poder político, de forma que el individuo tenga el mayor campo posible de acción.

Mientras que para el fascismo la acción del estado encuentra su justificación en que al actuar lo hace para lograr el bien común, para el liberalismo clásico el interés público y el interés individual son uno e inseparable. De acuerdo con Linda Raeder, la noción liberal Hayekiana del bien común “consiste en asegurar las condiciones abstractas que permiten las actividades de millones de personas quienes no conocen y no pueden conocer las circunstancias e intenciones concretas de cada una de ellas, para que se ajusten entre sí en vez de derivar en un conflicto… tales condiciones surgen de la observación de ciertas reglas –de percepción, de comportamiento, de moralidad y legalidad- que estructuran la operación del mecanismo ordenador que llamamos ‘mercado’” (Linda Raeder, “Liberalism and the Common Good,” en The Independent Review, Vol. II, No. 4, Primavera de 1998, p. 524).

Para el liberalismo la esencia del bien común radica en asegurar reglas generales que permitan la existencia de un orden espontáneo, en donde los individuos tengan la oportunidad y libertad de hacer el mejor uso de sus recursos para lograr sus objetivos disímiles, mientras que para el fascismo cualquier acción estatal que se lleve a cabo lo es para asegurar tal bien común, en donde los individuos deberán ser dirigidos por el estado –esto es, que le obedezcan y sirvan- en sus esfuerzos por lograr lo que algunos iluminados han definido como bien común.

De la misma forma, en tanto que para el fascismo el estado es responsable de todos los actos de la vida de las personas, en criterio del liberalismo clásico la responsabilidad es fundamentalmente del individuo en libertad de escoger lo que prefiera para el logro de su felicidad propia. “La libertad no sólo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. La libertad y la responsabilidad son inseparables.” (Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Op. Cit., p. 87).

En tanto que el liberalismo estimula la diversidad de toda índole, el fascismo la aborrece y busca la uniformidad de acción y pensamiento, para lo cual acude a la coerción y uso de la fuerza o bien a una regulación que restringe la libertad individual de tomar decisiones propias, así como utiliza la presión social que en su visión siempre define como “nosotros” en contraste con “ellos”. Con tal objetivo en mente fue que Mussolini escribió que, “debemos crear una minoría proletaria lo suficientemente numerosa, suficientemente conocedora, suficientemente audaz como para sustituir por sí misma, en el momento oportuno, a la minoría burguesa… Las masas simplemente la seguirán y se someterán a ella” (Citado en Jonah Goldberg, Op. Cit., p. 38).

Finalmente, de acuerdo con la célebre expresión de Mussolini “todo dentro del estado, nada contra el estado, nada fuera del estado,” todo, como claramente lo señala la definición de Goldberg antes citada, “debe estar alineado” con los objetivos del estado. El papel del estado en el pensamiento liberal clásico, por el contrario, está claramente restringido al máximo posible y de forma que sea consistente con la conservación del sistema espontáneo en el cual descansa el liberalismo, y en donde se asegure la libertad máxima posible a los individuos. Según Goldberg, el fascismo surgió a partir de la creencia de que “la era de la democracia liberal estaba llegando a su fin. Era tiempo de que el hombre dejara de lado los anacronismos de la ley natural, la religión tradicional, la libertad constitucional, el capitalismo, entre otros, y se elevara hacia la responsabilidad de rehacer el mundo a su imagen propia… Mussolini a menudo declaraba que el siglo diecinueve era el siglo del liberalismo y que el siglo veinte sería el ‘siglo del fascismo.’” (Jonah Goldberg, Ibídem., p. 31).

En resumen, la esencia de la diferencia entre el liberalismo clásico y el fascismo fue claramente expuesta por Mussolini al escribir que “en contra del individualismo, la concepción Fascista es por el Estado… El liberalismo negó al Estado en función de los intereses de individuos particulares; el Fascismo reafirma al Estado como la verdadera realidad del individuo.” (Benito Mussolini, “Fascism,” en Giovanni Gentile, editori, Italian Encyclopedia, 1932). Afortunadamente, después de una violenta Segunda Guerra Mundial que culminó con la derrota nazi-fascista, casi de las cenizas ha resurgido el liberalismo clásico, el cual hoy día goza de una enorme reputación tanto en la práctica como el campo de las ideas; sin embargo, cabe preguntarse si muchas de las concepciones políticas actuales no convergen hacia el fascismo en vez del liberalismo clásico. La respuesta que se intente dar a esa pregunta bien puede ser razón suficiente para conocer el verdadero alcance del ideario liberal clásico y de motivar la defensa permanente de la libertad.

AFIRMACION No. 18: EL LIBERALISMO ES ECONOMICISTA.
EXPLICACION: Hay tres formas en que se podría entender el término economicista. Una se refiere a la idea encontrada, por ejemplo, en Marx, al menos burdamente, de que la economía o las leyes económicas determinan el curso de la historia. Es decir, según Marx, al referirse al capitalismo como una forma o sistema de organización de la sociedad, su “dimensión moral/legal/religiosa (lo que él llamó la ‘superestructura’) no puede ser entendida separadamente de la base económica del capitalismo” (o infraestructura) (David L. Prychitko, “Marxisms and Market Processes,” en Peter J. Boettke, editor, The Elgar Companion to Austrian Economics, Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 1998, p. 517).

Otro empleo del término economicista se refiere al llamado “homo oeconomicus” para explicar la toma de decisiones del individuo en el campo económico y, en lo que podríamos considerar como una derivación vulgar de este último concepto, una tercera utilización de la expresión “economicista”, se da al señalarse que los liberales clásicos ponen por encima de todo al comportamiento económico de los individuos que actúan en ese orden espontáneo.

En cuanto a la primera versión de esta crítica, es importante tener presente el comentario formulado a la crítica número 15 analizada en la tercera parte de esta serie de comentarios, presentada en el boletín de ANFE anterior a éste, cuando, en referencia a que “el liberalismo es totalitario”, se hizo un comentario amplio acerca de la idea del historicismo que conduce a regímenes totalitarios antitéticos al liberalismo clásico.

Se debe mencionar algunas partes de ese comentario previo, pues el término “economicismo” en lo que se suele denominar como “materialismo dialéctico” muestra las mismas características deterministas del historicismo. En un intento de síntesis, señala Mises que para el marxismo “en el principio hay ‘fuerzas materiales de la producción’ (el materialismo), es decir, el equipo tecnológico de esfuerzos humanos productivos, las herramientas y las máquinas. No es preciso inquirir acerca de su origen. Están ahí y eso es todo; debemos suponer que han caído del cielo. Estas fuerzas materiales de producción compelen a los hombres a entrar en relaciones específicas de producción independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción determinan más tarde (el determinismo histórico) la superestructura política y jurídica de la sociedad, así como todas las ideas religiosas, artísticas y filosóficas.” Ludwig von Mises, Teoría e Historia, Madrid: Unión Editorial S.A., 1975, p. 101. Los paréntesis son míos).

No es la ocasión para presentar objeciones al materialismo marxista (algunas de las cuales pueden ser leídas en el libro citado de Mises), pero sí de señalar que, si fuera posible, como lo considera el historicismo, “descubrir las leyes de la evolución histórica deduciendo de tal conocimiento las instituciones adecuadas para cada situación,” (Friedrich A Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Op. Cit., p. 263), al hacer afirmaciones concretas acerca del futuro de la humanidad y de pronosticar el cambio histórico, un ente central, con base en tales leyes históricas así descubiertas, podría definir todo el ordenamiento social congruente con tales resultados previstos, como históricamente se pretendió justificar su puesta en práctica bajo el concepto de una planificación centralizada (tanto bajo el fascismo como bajo el socialismo marxista).

Igualmente se podría sustituir el orden liberal basado en la libertad de elegir que poseen los individuos, por un orden autoritario en donde “se impediría que la gente planeara su propia conducta y arreglara sus vidas de acuerdo con sus propias convicciones morales. Debería prevalecer un solo plan… Cada individuo debería ser forzado a renunciar a su autonomía y obedecer, sin hacer preguntas, las órdenes emanadas del Politburo o del secretariado del Führer… La tiranía es el corolario político del socialismo, tal como el gobierno representativo es el corolario político de la economía de mercado.” (Ludwig von Mises, Economic Freedom and Interventionism, Irvington-on-Hudson, Nueva York, 1990, p. p. 183-184).

En lo que respecta a la segunda versión de esta crítica al liberalismo -el tema del homo oeconomicus- sólo deseo destacar que ésta es una presunción acerca del comportamiento humano, al cual se considera que es racional y capaz de escoger el mayor beneficio posible con un costo mínimo. “Muestra un ser humano impulsado exclusivamente por ‘motivos económicos’; esto es, con la única intención de lograr la mayor ganancia material o monetaria posible,” explica Mises. (Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, San Francisco: Fox & Wilkes, 1996, p. 62).
Este supuesto es utiliza en el llamado análisis económico neoclásico acerca del comportamiento del consumidor, pero parece evidente que pocos toman en serio el corolario de que, como tal, exista un ‘hombre económico’, dado que ello sólo refleja una visión parcial e incompleta de la conducta humana. No sólo la “racionalidad” está en discusión, pues el ser humano comete errores de razonamiento y no siempre reacciona en términos que se podrían considerar como perfectos, sino que, como señala Mises refiriéndose a la idea de que se trata de un tipo “ideal” en el análisis neoclásico, “ningún hombre es motivado exclusivamente por el deseo de enriquecerse tanto como sea posible; muchos del todo no son influenciados por ese anhelo sórdido.

Es inútil referirse a tal homúnculo ilusorio al tratar con la vida y la historia. Aún si
realmente fuera éste el significado en la economía clásica, el homo oeconomicus ciertamente no sería un tipo ideal. El tipo ideal no es la encarnación de una parte o un aspecto de los diversos objetivos y deseos del hombre. Es siempre la representación del fenómeno complejo de la realidad, ya sea de los hombres, de las instituciones o de las ideologías.” (Ibídem, p. 62).

A veces se le endilga la idea del homo oeconomicus a uno de los pensadores liberales clásicos –Adam Smith- por lo que vale la pena indicar lo que al respecto dice Hayek: “Por supuesto que Smith y su grupo estaban muy lejos de asumir algo de esa índole. Es más cercano a la verdad decir que desde su punto de vista el hombre era perezoso e indolente por naturaleza, desperdiciado y descuidado, y que tan sólo las fuerzas de las circunstancias podían hacer que se comportara económicamente o que cuidadosamente ajustara sus medios a sus fines. Pero aún ello sería injusto para el punto de vista realista y muy complejo que aquellos hombres dieron acerca de la naturaleza humana.” (Friedrich A. Hayek, “Individualism: True and False,” en Chiaki Nishiyama y Kurt R. Leube, The Essence of Hayek, Op. Cit., p. 137-138).

Las críticas al homo oeconomicus parecer más bien estar dirigidas al liberalismo económico que al concepto previamente expuesto acerca de la naturaleza humana. Es una manera de adjudicarle al liberalismo la ausencia de consideraciones morales debido al egoísmo de los actores en los mercados, que no toman en cuenta más que su propio interés, dejando de lado a los ajenos. Esto último será objeto de un comentario más amplio al analizar posteriormente la crítica No. 19, de que el liberalismo es egoísta. Baste por el momento señalar que la idea de una presunta racionalidad humana no es propia del liberalismo, sino de muchos filósofos previos a quienes podríamos considerar como liberales clásicos, pues tiene sentido pensar que el ser humano busca tomar las mejores decisiones posibles, aunque normalmente puede equivocarse. Como lo expone Leonardo Girandella, los críticos superficiales del homo oeconomicus cometen un error al creer “que los beneficios deseados por este ser son exclusivamente materiales y capaces de ser expresados en dinero. No necesariamente. Es posible, por supuesto, que eso suceda y que una persona calcule beneficios financieros de las inversiones que ha realizado, pero nada hay que indique que eso sea todo lo que puede hacerse. Existen metas personales que no son materiales y que no pueden expresarse en dinero solamente.” (Leonardo Girondella Mora, “Homo Economicus: Definición. Más una reconsideración” Núm. 80, lunes 25 de agosto de 2008 y reproducido en ContraPeso. Info de lunes 19 de octubre de 2009).
La tercera interpretación del término “economicismo” se refiera a un presunto y maligno énfasis del liberalismo en los aspectos económicos de la vida humana. De entrada, es prudente indicar que la importancia que pueden tener los asuntos económicos en la vida de las personas puede ser precisamente el resultado de la libre elección de los individuos. Pero, es un error acusar de economicismo al liberalismo por una tendencia de ver todas las cosas desde el ángulo puramente económico o peor, como dice Hayek, de “querer hacer que los ‘propósitos económicos’ prevalezcan sobre todos los otros,” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. II: The Mirage of Social Justice, Chicago: The University of Chicago Press, 1976, p.
113), dado que, al fin y al cabo, no existen fines económicos, pues, como de inmediato agrega Hayek, “los esfuerzos económicos de los individuos así como los servicios que les brinda el orden de mercado, consisten en una asignación de los medios a los fines últimos que compiten entre sí y que siempre son no económicos. La tarea de toda actividad económica es lograr reconciliar fines que compiten entre sí al decidir para cuales de ellos se usarán los medios limitados. El orden del mercado reconcilia las demandas de los diferentes fines no económicos por medio del único proceso que los beneficia a todos –sin que se asegure que el más importante está antes que el menos importante, por la simple razón de que en dicho sistema no puede existir un único ordenamiento de las necesidades.”

Se trata de la posibilidad de escoger sin calificar la naturaleza de los fines. Por esta razón escribió el economista liberal clásico Lionel Robbins, que “la Economía tiene que ver con ese aspecto del comportamiento que surge de la escasez para lograr fines dados. Se deduce que la Economía es enteramente neutral entre medios… en cuanto a que el logro de cualquier fin depende de los medios escasos…Debe estar claro, entonces, que hablar de algún fin como algo que en sí es ‘económico’ es enteramente erróneo.” (Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Londres: Macmillan and Co., 1945, p. 24. La letra en cursiva es del autor).
Por lo expuesto, la crítica al liberalismo por un presunto economicismo no parece tener fundamento y parte de una interpretación errada y parcial de la naturaleza del ser humano, quien actúa escogiendo entre muchos y muy diferentes fines, no solamente lo que algunos pueden considerar como propósitos económicos. Se trata de un orden espontáneo en donde no existe una escala única de fines concretos impuesta sobre los ciudadanos, ni en donde algún gobernante pretenda imponer su punto de vista acerca de cuáles son los fines más importantes y cuáles los menos, sino de un orden en donde los individuos, a partir de la información de que disponen, puedan actuar libremente en el logro de aquellos objetivos que consideran deseables, basados en la reciprocidad que permite reconciliar los diferentes propósitos, de forma tal que beneficia a todos los participantes. Es un orden basado en la existencia de reglas de justa conducta en donde los individuos tienen diferentes objetivos y persiguen distintos propósitos, pero con prohibiciones para infringir los derechos de los demás y en el cual puedan, bajo un gobierno restringido en sus alcances y potestades, acordar vivir pacíficamente.

AFIRMACION No. 19: EL LIBERALISMO ES EGOÍSTA.
EXPLICACION: Una de las críticas más frecuentes al liberalismo es que descansa en una visión egoísta del comportamiento humano. Para ella se sustentan en un comentario célebre de Adam Smith, que me permito transmitir: “Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común; pero estos mismo esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal.” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo II, San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 189).

De ella deducen que el interés propio del individuo es el centro de la acción económica, el cual no considera el interés de otros ni de la sociedad o de grupos de ella. Simplemente el egoísmo es lo que define la actuación del individuo. Pero, para empezar, tal como se señaló al analizar la crítica al liberalismo por economicista (crítica previa), desde el punto de visto del análisis económico la idea del interés propio egoísta y calculador es en realidad una concepción teórica (el homo oeconomicus) y no un intento de describir el comportamiento humano.

Hume de cierta manera ya había advertido acerca del problema de reducir el comportamiento humano a una sola explicación, al escribir que “por un giro de la imaginación, por un refinamiento de la reflexión, por un entusiasmo de la pasión, parece que tomamos parte de los intereses de otros, y nos imaginamos a nosotros mismos como despojados de todo tipo de consideraciones egoístas: pero, en el fondo de las cosas, el patriota más generoso y el mísero más tacaño, el héroe más valiente y el cobarde más abyecto, tienen, en todas sus acciones, una apreciación idéntica por su propia felicidad y bienestar.” (David Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals editado por L. A. Selby-Bigge, 2a. edición, Oxford: Clarendon Press, 1902,.p. 172).

Para Hume el ser humano, además de benevolente y egoísta, es un sujeto de pasiones, pues “no existe hombre quien en ocasiones particulares no es afectado por todas las pasiones desagradables, temor, furia, desánimo, dolor, melancolía, ansiedad, etc.” (Ibídem, Nota 1, p. 213). Otteson señala que Hume considera (al igual que lo hace Smith) que “es entendible que algunos moralistas, por ejemplo Bernard Mandeville, hayan pensado que el ‘amor propio’ es la principal y hasta única motivación para la acción humana, dada la obvia influencia enorme que tiene sobre mucho de lo que la gente hace, pero que, sin embargo, es un error concluir de ello que no hay otros principios que también actúan sobre los seres humanos”, principios que Hume los resume bajo el término “benevolencia o simpatía,” similar a como también lo hace Adam Smith. (James R. Otteson, Adam Smith’s Marketplace of Life, Cambridge,

Inglaterra: Cambridge University Press, 2002, p. 31).
La crítica al liberalismo por la preeminencia del egoísmo en la toma de decisiones humanas es considerada como “imaginaria” por un estudioso del tema, Stephen Holmes, quien expone que “dejando de lado a Bentham, ningún liberal clásico escribió alguna vez que los seres humanos invariablemente se veían comprometidos en la prosecución calculada de la ventaja personal. Ni Locke ni Mill, ni Smith ni Madison, pensaron de esa manera… todos se daban perfectamente cuenta de que el comportamiento emocional y habitual está extraordinariamente extendido y que es obstinado ante el control racional. Asumieron, bastante realísticamente, que las pasiones pueden hacer que los intereses se hagan a un lado. Los seres humanos, pensaron ellos, constantemente se ven involucrados en un rango muy amplio de formas de comportamiento no calculadas y no egoístas.” (Stephen Holmes, Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy, Chicago: The University of Chicago Press, 1995, p. p. 42-43).
Mucha de la respuesta a la crítica del liberalismo como egoísta se puede encontrar en el análisis de la aseveración de que el liberalismo es anti-solidario, crítica No. 8 desarrollada en la segunda parte de esta serie, por lo cual no voy a abundar más, excepto para señalar varios aspectos acerca de los cuales insiste el filósofo liberal cristiano Michael Novak. En primer lugar, que es un error grave asumir que los individuos pueden tan sólo elegir con base en el egoísmo y la codicia. Señala Novak: “Un sistema que se rige sólo por el principio según el cual los individuos son los que están en mejores condiciones de juzgar por sí mismos sus reales intereses puede ser acusado de institucionalizar el egoísmo y la codicia…, pero sólo si se parte de la premisa de que los seres humanos son tan depravados que nunca efectúan otra clase de elección.” (Michael Novak, El Espíritu del Capitalismo Democrático, Buenos Aires: Ediciones Tres Tiempos S. R. L., 1983, p. 96). Me parece aceptable decir que las decisiones que toman los individuos no se basan únicamente en la codicia y el egoísmo, sino que también suelen formar parte de sus intereses, los de sus familias, que incluso con frecuencia superan a los propios, los de amigos cercanos y los de las comunidades en donde suelen vivir.

Además, señala Novak, que “aparte de las limitaciones que impone el propio individuo, el sistema limita la codicia y el interés personal… cuando se producen, pagan su precio” (Ibídem, p. 96), como lo atestigua la importancia que tiene la reputación, la integridad y la equidad en los negocios, pues, de no seguirse reglas generalmente aceptadas, bien pueden verse afectados en su desarrollo a un costo muy elevado. Como dice Mises, “lo que impulsa a cada hombre al máximo en el servicio de sus congéneres y frena las tendencias innatas hacia la arbitrariedad y las malas intenciones es, en el mercado, no la obligación y la coerción de parte de gendarmes, verdugos y cortes penales; es el interés propio…” (Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Op. Cit., p. 283).

Finalmente, deseo enfatizar el elemento cooperativo de los individuos en los mercados, mediante una excelente descripción que del orden espontáneo hace Hayek: “Cuando por primera vez (con las ideas de Mandeville, Gordon, Montesquieu, Hume, Tucker, Smith, Burke) se reconoció el efecto del intercambio, de hacer que la gente, sin proponérselo, se beneficiara mutuamente, se puso mucho énfasis en la resultante división del trabajo y en el hecho de que eran sus propósitos ‘egoístas’ lo que conducía a diferentes personas a brindarle servicios a otras. En esto hay mucha estrechez de miras. La división del trabajo es también practicada dentro de las organizaciones (orden artificial resultado del diseño y diferente de un orden espontáneo); y las ventajas de un orden espontáneo no dependen de que la gente sea egoísta en el sentido ordinario de esta palabra. El punto importante acerca del orden extendido o catalaxia es que reconcilia conocimientos diferentes y propósitos diferentes que, ya sea que los individuos son egoístas o no, diferirán grandemente entre personas. Debido a que en un orden extendido o catalaxia, los hombres, a la vez que siguen sus intereses propios, ya sean totalmente egoístas o altamente altruistas, promoverán los propósitos de muchos otros hombres, la mayoría de los cuales nunca llegarán a conocerlos, hace que sea un orden superior a cualquier organización deliberadamente diseñada: en la Gran Sociedad los diferentes miembros se benefician de los esfuerzos de los demás no sólo a pesar de sino a menudo porque sus distintos objetivos difieren.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. II: The Mirage of Social Justice, Op. Cit., p. 110. Los párrafos entre paréntesis son míos).


Por lo tanto, un orden liberal no requiere de ninguna manera que el individuo sea egoísta ni que dicho principio sea el que rija la conducta humana: lo esencial es que el individuo posee una gama muy amplia de intereses que no se circunscriben a los propios y en un orden no diseñado es cuando más fácilmente se compagina tal diversidad, lo cual beneficia a la colectividad como un todo.

AFIRMACION NO. 20: EL LIBERALISMO ES FUNDAMENTALISTA DE LIBRE MERCADO, LO QUE LO HACE SOCIALMENTE INSENSIBLE.

EXPLICACION: En el transcurso del análisis efectuado en cuatro partes de diecinueve críticas al liberalismo, se ha enfatizado el papel que el mercado libre tiene dentro del ideario liberal, así como del enorme beneficio que le brinda a la totalidad de individuos en la sociedad. A pesar de ello, es necesario insistir en algunas de sus características, pues ha permitido un enorme crecimiento económico que ha dado lugar a una vida sustancialmente mejor para el ser humano, que aquél que podría lograr bajo órdenes alternativos. Crecimiento que, entre otras cosas, se ha caracterizado porque grupos de ingresos relativamente más bajos y que previamente no disponían de ellos, han podido tener acceso a una enorme gama de bienes y servicios nunca antes soñado. Este crecimiento sostenido durante al menos más de dos siglos es uno de los frutos de un orden liberal espontáneo.

La primera parte de esta crítica al liberalismo se refiere a un supuesto fundamentalismo de mercado; esto, es que las decisiones económicas son las que primordialmente se toman dentro de él. Pero, como se expuso al analizar la crítica inmediata anterior, si bien las decisiones económicas son importantes dentro del comportamiento humano en general, eso no significa que sean las únicas y que la gama de decisiones tomadas por el individuo es tan diversa que difícilmente a aquéllas se les puede considerar como primordiales, aunque alguien podría indicar que, más bien, a mayor pobreza, mayor importancia podrían tener esas decisiones de tipo “económico”. Si algo caracteriza al liberalismo es que ha dado lugar a la mayor creación de riqueza en la historia de la humanidad, por lo que podría sugerirse que la satisfacción de necesidades económicas primordiales o básicas ha ido perdiendo importancia con respecto a otro tipo de decisiones que alguien podría decir que no están sujetas a un craso cálculo económico.

Cuando se analizó la afirmación No. 18 acerca de que el liberalismo era economicista, se comentó el error de considerar al concepto simplista teórico del homo economicus como una representación del comportamiento humano. Milton y Rose Friedman, conscientes de la diversidad de elecciones que realiza el individuo en el mercado, señalan que “la disciplina de la Economía ha sido regañada por supuestamente derivar conclusiones profundas de un ‘hombre económico’ totalmente irreal y quien no es más que una máquina calculadora, que sólo responde al estímulo monetario. Este es un grave error. Interés propio no es un egoísmo miope. Es cualquier cosa que interesa a los participantes, lo que sea que ellos valoren, cualesquiera objetivos que ellos prosigan. El científico que busca el avance de las fronteras de su disciplina, el misionero que busca convertir infieles a la fe verdadera, el filántropo que busca allegar alguna tranquilidad a los necesitados –todos están persiguiendo sus propios intereses, tales como los perciben, tales como los juzgan, según sus propios valores.” (Milton y Rose Friedman, Free to Choose, A Personal Statement, New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1979, p. 27).
De ese supuesto “fundamentalismo de mercado” del orden liberal se deriva la crítica de que ello lo convierte en un orden “socialmente insensible”, por lo que, si partimos de que no hay tal fundamentalismo, no se podría deduce que lo hace un orden ausente de sensibilidad, en donde por ello se entiende una despreocupación por los intereses de otras personas aparte de sí mismos, principalmente aquellos de personas con ingresos relativamente más bajos.

La refutación es aún más fuerte al considerar cuáles son las funciones esenciales que un mercado desempeña, en lo que Smith y Hayek llamaron la “Gran Sociedad” (y Popper, ‘Sociedad Abierta’) u orden espontáneo; esto es, un orden abstracto que no tenga como propósito servir intereses particulares, sino que pueda “servir de base para las decisiones de los individuos en condiciones futuras no previstas y que sólo por esta razón puede constituir un verdadero interés común de los miembros de la Gran Sociedad, quienes no persiguen propósitos particulares comunes sino que simplemente desean tener los medios apropiados para proseguir sus respectivos propósitos individuales.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. I: Rules and Order, Op. Cit., p. 121. La letra en cursiva es del autor).

El afán de supervivencia de los seres humanos y el requisito de satisfacer sus necesidades más diversas hace que deban enfrentar el serio problema de la incertidumbre. Según el economista liberal Frank Knight, “los hechos de la vida son, en un sentido superficial, entremetidamente obvios y un asunto de observación común. Vivimos en un mundo de cambio y un mundo de incertidumbre. Vivimos tan sólo porque sabemos algo del futuro, mientras que los problemas de la vida, o por lo menos de la conducta, surgen del hecho de que sabemos muy poco. Esto es cierto en los negocios como en cualquier otra esfera de actividad.” (Frank Knight, Risk, Uncertainty and Profit, New York: Harper and Row, p. 199. La letra cursiva es del autor). Y agrega, “La incertidumbre es uno de los hechos fundamentales de la vida. No se puede erradicar de las decisiones de negocios ni de cualquier otro campo.” (Frank Knight, Ibídem, p. 347).

La institución llamada mercado, surgida en las sociedades liberales, contribuye a enfrentar el problema de la incertidumbre mediante la descentralización que lo caracteriza, pues permite que surjan empresas que descubren nuevas oportunidades previamente escondidas y que difícilmente aparecerían a la vista de los planificadores centralizados. Mediante el mercado y su sistema de precios se logra transmitir la información y el conocimiento de cada uno de los participantes en aquél, hacia quienes consideran conveniente obtener dicha información. Con ello se reduce en un grado importante la incertidumbre que rodea toda acción humana, pero también ese mismo mercado, con la flexibilidad que le es propia y requerida -y a diferencia de la planificación central- permite a los individuos adaptarse a nuevas circunstancias, incluso no previstas, de manera que en el proceso de mercado, “cada actor se convertirá en mero eslabón de una cadena a través de la cual serán transmitidas las señales que facilitan la adaptación de cada proyecto personal a ese conjunto de circunstancias que globalmente nadie puede conocer; y sólo así podrá el orden mantener su expansión indefinida.” (Friedrich a Hayek, La Fatal Arrogancia: Los errores del socialismo, Obras Completas de Hayek, Vol. I, Madrid: Unión Editorial, 1994, p. 294.)
El mercado es el seno en el cual las partes realizan el intercambio voluntario de bienes y servicios, de forma que los participantes deben ganar con dicho intercambio, pues, de no ser así, no lo llevarían a cabo. Esto significa que la acción del individuo de intercambiar es efectuada porque aumenta su satisfacción. Por ello es posible afirmar que en el mercado existe una cooperación de las partes para entrar en un intercambio que es mutuamente beneficioso. Esto parece estar muy lejos de la afirmación de que el liberalismo, que descansa en la utilización de los mercados, es socialmente insensible, pues más bien refleja las diversas preferencias individuales en un intercambio en donde todas las partes ganan (y entre más difieren esas preferencias, mayor es el incentivo para intercambiar y más elevado el beneficio derivado de él). Es claro que en dicho intercambio siempre cada parte individual desearía ganar más -lo que parece ser una regla universal del comportamiento humano- pero, si bien desea tal logro, un individuo que participa del intercambio debe tener presente que lo mismo quiere la otra persona. Por ello, para que se realice el libre intercambio, debe serlo porque ambas partes ganan con él.

Note que se enfatiza el término libre intercambio, pues la coerción está excluida de los intercambios: esto es, que las partes sean libres de intercambiar. El uso de la coerción por parte de un individuo contra el ámbito de libertad de algún otro está fuera de consideración. Como dice Hayek, “en un orden espontáneo el uso de la coerción puede se justificado sólo cuando sea necesario para asegurar el dominio privado del individuo en contra de la interferencia por parte de otros, pero esa coerción no deberá ser usada para interferir en esa esfera privada cuando no fuera necesario proteger a otros.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. II: The Mirage of Social Justice, Op. Cit., p. 57).

Interesa destacar que es el deseo individual de mejorar la situación en que se encuentra en un momento dado –algo que se puede decir que es propio de la naturaleza humana- lo que impulsa el proceso de intercambio en el mercado, pues lo hará para mejorar esa situación previa, pues, de no ser así, no lo llevaría a cabo.

Que la persona intente realizar un intercambio en el mercado no significa que necesariamente va a poder hacerlo, pues podría resultar muy costoso hallar con quien practicarlo, pero también porque puede ser que no tenga el conocimiento requerido para encontrarlo. “El mercado no garantiza que todos aquellos quienes quieran realizar intercambios beneficiosos siempre se descubrirán el uno al otro.” (Gene Callahan, Economics for Real People: An Introduction to the Austrian School, Auburn, Alabama: Mises Institute, p. 77). Esto significa que los individuos siempre estarán buscando oportunidades para realizar intercambios beneficiosos y cuyas ventajas en un momento dado podrían no ser logradas. Aquí es donde surge el papel del empresario: buscar nuevas oportunidades de poder realizar un intercambio beneficioso.

Finalmente, deseo destacar, en contraposición a la crítica de “insensibilidad social”, que la institución del mercado conduce a la paz y a la prosperidad. Dada la existencia de un futuro incierto, es muy posible que en su actuar los individuos cometan errores –algo siempre destacado por los liberales- pero un hecho importante de los mercados es que las remuneraciones que en él se determinan “son incentivos que como regla guían a la gente hacia el éxito, pero producirán un orden viable sólo porque a menudo no satisfacen las expectativas causadas cuando las circunstancias relevantes han variado inesperadamente. Los hechos de que una utilización plena de la información que los precios transmiten es usualmente recompensada… son tan importantes como en el caso en que las expectativas no sean satisfechas cuando hay cambios imprevistos. El factor suerte es tan inseparable de la operación del mercado como lo son las habilidades.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. II: The Mirage of Social Justice, Op. Cit., p. 117).

Los individuos cometen errores en el proceso de tratar de lograr sus objetivos, por lo que en muchos casos sus expectativas no son satisfechas parcial o totalmente. Pero el mercado permite, por medio de la información que transmiten los precios y en un proceso de aprendizaje caracterizado por la prueba y el error, que tales correcciones puedan ser efectuadas por las personas. El sistema de mercado ofrece un estímulo para que los diferentes individuos utilicen sus habilidades al máximo, de forma que puedan anticipar aquellos cambios amenazantes de la mejor manera posible. No garantiza ni ganancias ni pérdidas, sólo oportunidades y no resultados particulares.

Es a través del intercambio voluntario cómo los mercados permiten que los individuos puedan satisfacer sus necesidades sin tener que acudir a la violencia y al despojo. Es el beneficio mutuo del intercambio lo que deja que las personas vivan en paz sin por ello verse obligados a estar de acuerdo con los intereses particulares que cada uno de ellos podría buscar. El orden abstracto del mercado faculta que cada individuo se beneficie de las habilidades y conocimientos que poseen las demás personas, a quienes posiblemente ni siquiera conoce y mucho menos que deban tener objetivos iguales; más bien es por la diversidad de objetivos que es posible que surja ese intercambio mutuamente beneficioso. Esta es la razón última por la cual el pensador liberal Herbert Spencer pudo señalar que “Con la disminución de la guerra y el crecimiento del comercio, la cooperación voluntaria reemplaza cada vez más la cooperación forzada… ello hace posible la creación de la vasta organización industrial que sostiene a una nación.” (Herbert Spencer, “The Great Political Superstition,” en The Man versus the State with Six Essays on Government, Indianapolis: Liberty Fund, 1982, p. 155).

Por este hecho no es necesario que un individuo tenga que acudir al despojo de los bienes de otros para satisfacer sus propias necesidades, pues mediante el intercambio es posible lograrlos de forma no violenta, sino a través de una acción cooperativa voluntaria. Con ello se logra la armonía social indispensable para el progreso humano, pues sustituye la explotación y la violencia por la cooperación y la paz entre los hombres.

Gracias a la institución del mercado, los individuos son capaces de participar en un proceso más extenso y complejo que está más allá de su comprensión y a través del cual es capaz de contribuir a fines que no tenía en mente, como son los intereses de otros individuos y cuya satisfacción nunca era su propósito directo. Pero hay más: uno nunca es capaz de saber (con total certeza) quién es la persona que conoce más de algo. La única forma de saber cómo llegar a conocerlo es por medio de la prueba y el error, lo cual significa que continuamente debe realizar transacciones en un mercado que le brinden la información necesaria.

El mercado permite un proceso de aprendizaje que le faculta a la persona ir descubriendo conocimiento que previamente no tenía. Los liberales siempre hemos enfatizado la limitación natural del conocimiento que individualmente posee persona alguna; por ello el mercado permite al individuo superar dicha limitante por un proceso social en donde a toda persona se le permite participar y de ver cómo puede hacer lo máximo dentro de sus posibilidades, con lo cual tiene acceso al conocimiento de todos en conjunto. Esto lo encuentra resumido en los precios. Mediante el sistema de precios, “el todo actúa como un solo mercado, no porque alguno de sus miembros conoce todo el terreno, sino porque sus limitados espacios individuales se sobreponen lo suficiente, de manera que, por medio de muchos intermediarios, a todos se les comunica la información relevante. El simple hecho de que hay un único precio para un bien… da lugar a la solución que (tan sólo conceptualmente posible) podría haber sido arribada por una sola mente que poseyera toda la información que en efecto está dispersa entre toda la gente que está involucrada en el proceso.” (Friedrich A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” en Chiaki Nishiyama y Kurt R. Leube, The Essence of Hayek, Op. Cit., p. 219).

Con esto concluyo el análisis, en cuatro partes en sendos Boletines de ANFE, de veinte críticas que se suelen hacer al orden liberal (tal vez veinte son insuficientes; estoy seguro de que hay muchas otras más), por lo cual deseo hacer una reflexión a partir de la advertencia de Pedro Schwartz acerca de lo que denomina como “la situación de equilibrio inestable” de la democracia liberal, la cual agrupa bajo tres encabezamientos: “(1) Las sociedades abiertas están expuestas a los peligros de la guerra, las luchas intestinas y el terrorismo; (2) las economías libres ven limitada su actuación por coaliciones minoritarias o incluso mayoritarias, que, aprovechando los instrumentos de la democracia, ofrecen a sus seguidores ventajas a corto plazo, más tangibles que los beneficios que supone a largo plazo la libre competencia para la generalidad de los ciudadanos, (y) (3) la mayor parte de la gente no comprende o comprende mal el funcionamiento de un orden social espontáneo, cual es el de las democracias basadas en el imperio de la ley y el libre mercado.” (Pedro Schwartz, “Precario Liberalismo,” en Nuevos Ensayos Liberales, Op. Cit., p. 245. Las palabras y números entre paréntesis son míos).

Como no hay certeza de que un orden social espontáneo basado en la cooperación voluntaria inexorablemente continuará en vigencia, es indispensable que, para conservar la institucionalidad de lo que ha sido el sistema más exitoso en la historia de la humanidad, nosotros los liberales, con responsabilidad -la otra cara de la libertad- debemos estar dispuestos a difundir los principios que garantizan el respeto a la individualidad, el progreso y la modernidad, que son el fundamento del liberalismo clásico. Sabemos que está sujeto a la evolución y al cambio permanente necesario que nuevas circunstancias pueden demandar, pero si partimos de la experiencia social con sistemas alternativos conocidos hasta el momento, podemos estar convencidos de que la defensa del orden de la libertad podrá evitar un retroceso a formas comparativamente primitivas de organización social, basadas en la arrogancia que implica el poder centralizado.

Hoy día los Partidos de la Libertad tienen ante sí un enorme reto, cual es enfrentar a los enemigos de aquélla, que se disfrazan de maneras distintas, pero siempre son desnudados por su pretensión de que saben más que cada uno de nosotros acerca de lo que nos es propio y de que saben más que lo que sabemos el conjunto de personas que participamos de un orden extendido. Somos nosotros quienes tenemos que decidir cómo es que queremos gobernar nuestras vidas. Por ello hemos escogido el orden de la libertad. Somos conscientes de la importancia de la crítica, la cual aceptamos, pero también somos defensores de la libertad ante diversos enemigos.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:01
2010-01-31-INFIERNO LLENO DE BUENAS INTENCIONES

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COLUMNA LIBRE: INFIERNO LLENO DE BUENAS INTENCIONES

Boletín de ANFE, 31 de enero del 2010.

Sé que escribir acerca del tema de los salarios mínimos no es tema fácil, en especial por ser un campo propicio para un análisis más propio del sentimiento que de la razón y porque, al menos los economistas, a veces somos aguafiestas para quienes emplean un análisis sensiblero como justificante de opiniones que más que técnicas son políticas o ideológicas o bien para lograr un interés inmediato particular. Desnudar esta apariencia obviamente que no es bien vista por mercaderes de la sensibilidad social.

En esta ocasión me refiero a dos comentarios, uno el editorial del periódico La Nación del 6 de enero, que lleva por título “La Ley de Salarios Mínimos” y el otro un artículo de Miguel Gutiérrez, director del programa Estado de la Nación, aparecido en ese mismo diario el 20 de enero. Podría estar equivocado, pues en dicho medio los editoriales son anónimos, pero me parece que aquél puede haber sido escrito por el mismo señor Gutiérrez, de gran cercanía a ese medio, pues el editorial desde su inicio se deshace en alabanzas al informe del “Estado de la Nación”, por su “programa sorprendente” que, de seguirse, permitiría reducir la pobreza extrema del país a la mitad, pues para lograr “semejante maravilla”, como dice el editorial, sólo basta con “exigir el cumplimiento universal de la Ley de Salarios Mínimos.”

Si no fue el señor Gutiérrez el autor del editorial de referencia, me imagino que tampoco lo fue alguno de dos destacados economistas quienes suelen escribir en ese medio, los señores Luis Mesalles y Jorge Guardia, pues su alta formación académica estoy seguro que los mantendría aislados de creencias deseadas o de ser movidas por el deseo (wishful thinking), y quienes más bien harían un buen análisis económico de los asuntos laborales. Si don Jorge o don Luis, alguno de ellos, fuera el autor de ese editorial, entonces sí acepto que a la propuesta se le otorgue el calificativo de “sorprendente” que le dio el editorial. Pero casi estoy seguro que no fue ninguno de ellos, por lo que me inclino por el señor Gutiérrez o bien por alguien quien no parece conocer mucho de análisis económico y sí de tentaciones demagógicas que suelen acompañar esas prédicas usual e irresponsablemente expresadas en términos de proteger a lo más pobres, cuando en verdad suelen terminar por afectarlos al máximo y muy directamente.

Vamos al meollo del asunto: lo que el editorial dice es que si la ley de salarios mínimos se pusiera en práctica –que según él “es un imperativo inmediato” el hacerlo- dado que en el país existen cerca de 600.000 costarricenses que el año pasado ganaron menos que ese mínimo, la pobreza del país, en vez de ser un 17.7%, habría sido de un 11.1% y que la pobreza extrema, en vez de un 3.5%, habría llegado a tan sólo un 1.5%. Por lo tanto, para resolver esa “inequidad” en la distribución del ingreso es necesario aplicar la ley de salarios mínimos. Es más, como dice Gutiérrez en su artículo, “los salarios mínimos no es solamente un asunto económico es un asunto de derechos fundamentales”.

Ojalá fuera cierto que, con una política salarial de un salario mínimo por encima de su valor de mercado, fuera posible conservar el nivel de empleo que se tenía con un salario previo inferior, lo cual me imagino es lo deseable desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los trabajadores: un nivel de empleo elevado con “salarios altos”. Así nirvana (el paraíso terrenal) sería posible: que no hubiera desocupación alguna y que los salarios fueran del nivel mayor que uno podría imaginar.

Pero, maldición con esos “insensibles” economistas, a ellos se les ocurre decir que si el salario mínimo fijado es superior a los salarios vigentes en el mercado, lamentablemente el trabajador que desea encontrar trabajo a ese salario mínimo mayor no va a tener empleo. Esos economistas “deshumanizados” lo “deben” decir porque no les gusta que los pobres progresen y más les vale que ignoren lo que ha estado harto documentado en diversas experiencias en todo el mundo: si el salario mínimo se fija por encima del nivel de mercado, aumenta la desocupación. Me imagino que, entre mayor sea esa disparidad, mayor será el efecto sobre el nivel de empleo.

Antes de hacer una explicación de lo que posiblemente ha sucedido en el mercado laboral costarricense ante la existencia de salarios mínimos, debo enfatizar el problema moral de quienes, empujados por su “gran sensibilidad social” proponen legislaciones de salarios mínimos por encima de los niveles de mercado en las economías. Si bien quienes ahora con el salario mínimo más elevado encuentran un trabajo en donde ganan más (y supuestamente así es como bajarían los indicadores de pobreza de acuerdo con los editorialistas), simplemente deben ser comparados con quienes ahora no ganan nada al quedar desempleados por esa medida de política laboral (habría trabajadores que quedan frustrados, pues no encontraron trabajo al salario más alto que fijó la ley, en tanto que, quienes al salario anterior, supuestamente más bajo, tenían trabajo, ahora quedaron desempleados). Eso lo ignoran olímpicamente el editorial y el artículo de referencia, al asumir simplemente que una legislación de salarios mínimos no provoca desocupación.

El comentarista Gutiérrez brinda una respuesta mágica: la evidencia empírica que dice tener, pero que no prueba. Escribe que “la política de salarios mínimos costarricense, en el muy largo plazo, es un caso que documenta el fortalecimiento de un mercado interno en la segunda mitad del siglo XX, que ha permitido combinar el bienestar de las personas con el crecimiento de la economía.”.

Esto suena muy bonito, pero lo que podría indicar es otra cosa muy distinta de lo que alega el analista: la política de salarios mínimos que Costa Rica ha puesto en práctica a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX se caracteriza porque la fijación de salarios mínimos no parece estar muy alejada de los niveles salariales que, de todas maneras, demanda el mercado. Es así como históricamente, excepto en períodos en que cayó violentamente la producción, como sucedió en 1979, al igual que en la actualidad, la tasa de desempleo en Costa Rica ha sido relativamente baja.

Pensar que si aquí se fija el salario mínimo muy por encima del determinado en los mercados sin ocasionar desocupación, equivale a alegar algo así como que la ley de la gravedad no funciona en nuestro país. Si en Costa Rica se fija un salario mínimo por encima de aquel determinado en el mercado, a lo que da lugar es al desempleo, aquí y en la Cochinchina. De otra manera, repito, aquí y en la Cochinchina, a lo que da lugar es a la desocupación, como lo vivimos en 1979 y en la actualidad.

El comentarista Gutiérrez agrega “el crecimiento de la economía” como factor explicativo del crecimiento del mercado interno, en cuanto a su efecto sobre la demanda de mano de obra. Precisamente lo que esto implica es que aumente la demanda de trabajo (es una de las razones por las cuales algunos siempre tenemos en mente asegurar un crecimiento económico sostenido), lo que conduce a que haya salarios crecientes, lo cual permite acomodar una política de “salarios mínimos creciente” sin que haya dado lugar a altos niveles de desempleo.

En otras palabras: es el crecimiento de la economía lo que ha generado salarios crecientes y que la política de salarios mínimos propuesta por ciertos políticos ha sido irrelevante desde el punto de vista de los mercados, pues no han generado altos niveles de desocupación, aunque sí réditos electorales y tal vez algún grado de tranquilidad en las conciencias de los políticos. La mala decisión económica que se tomó no causó un gran daño pues aprobaron salarios mínimos que estaban muy cerca de los salarios crecientes que se demandaban en la economía.

Pensemos, por un momento, otro escenario alternativo. Supóngase que en efecto las políticas de salarios mínimos conducen a una disminución de la pobreza y que, tal como asevera Gutiérrez, es cierto que “existe evidencia histórica robusta para Costa Rica”, de que aquéllas no provocan un aumento en el desempleo. Como no hay un monopolio (ni de La Nación ni del señor Gutiérrez) en el deseo de disminuir la pobreza en Costa Rica (en otras palabras, ni La Nación ni el director del programa del Estado de la Nación son los únicos que se sentirían muy felices si se redujera la pobreza general y la extrema en nuestro país), entonces, la solución al problema es muy, pero muy sencilla: simplemente lo que hay que hacer es aumentar los salarios mínimos en lo que fuere necesario (¡Usted escoja hasta cuánto!). Por ejemplo, sugiero pasar del salario mínimo mensual de los trabajadores de ¢156.625 en el 2009 al equivalente de los $10.000 mensuales que, supongo, podría ganar un director de periódico o de un programa internacional (aunque podría ser un monto aún mayor). Redondeemos ese nuevo salario mínimo mensual a ¢5.700.000 mensuales (a mi me parece un monto muy “justo o digno”; pero no se si también a los directores de referencia).

Si la propuesta de salario mínimo que he sugerido no va a provocar un aumento en la desocupación, me imagino que así quedaría resuelto el problema de la pobreza que tanto aflige al editorialista y al comentarista (y me imagino que también a todos los costarricenses que tengan corazón). Al fin de cuentas, con llevar al absurdo el argumento del editorial y del comentarista, lo que me permite es exhibir la ignominia y demagogia de la proposición que hoy analizo. Si no tuviera efectos negativos sobre los trabajadores empleados, la propuesta de reducir la pobreza mediante un aumento de los salarios mínimos no tendría problema alguno, pero en verdad resulta ser tan sólo la ilusión de un mal economista, de un economista metido a político o de un periódico que decidió tirar por la borda el conocimiento económico acumulado a través de muchas generaciones de estudiosos e investigadores.

Además de estas consideraciones generales a que me he referido, también es importante hacer algunas observaciones en torno a la situación actual de desempleo en nuestro país y con ello ubicar debidamente estas pretensiones del editorialista y del comentarista de referencia.

De julio del 2008 a junio del 2009 la tasa de desempleo abierto pasó de un 4.9% a un 7.8% como resultado del menor crecimiento de la economía en ese lapso (y en general en todo el 2009). Este menor crecimiento económico se reflejó en una disminución de la demanda de mano de obra. Conceptualmente, si se hubiera reducido el salario nominal (y en concreto el salario mínimo), posiblemente la tasa de desocupación no hubiera aumentado a esos niveles; sin embargo, es un hecho inimaginable desde el punto de vista político que el salario mínimo se puede reducir.

Lo que sí puedo afirmar es que, en muchas empresas, principalmente aquellas no ubicadas en zonas francas, aunque también en algunas que sí lo están, hubo despidos de trabajadores, mientras que en otras, por acuerdos internos e imbuidos en ideas de conservar la inversión en mano de obra incurrido por las personas y de las firmas, así como por solidaridad con compañeros de trabajo, muchos trabajadores aceptaron laborar menos horas e incluso ver reducidos temporalmente sus salarios a fin de conservar su empleo y el de algunos de sus compañeros. Por ello es de esperar que, no por la “desvergüenza de quienes pagan salarios de miseria”, como dice el editorial de La Nación, se haya presentado una reducción en los ingresos de los trabajadores y que, en ese tanto, se diera un aumento de la pobreza, tanto general como extrema.
De no haberse dado este episodio recesivo, tanto por razones externas como internas, el continuo crecimiento de la economía que se venía dando se habría mantenido y, por ende, no se habría presentado el aumento en la desocupación ya señalada, ni tampoco que se percibieran salarios inferiores a los mínimos.

Creo que el lector es consciente de que la solución a la pobreza no radica en “el fortalecimiento del equipo de inspectores” del Ministerio de Trabajo ni del “régimen de sanciones aplicables”, como argumenta el editorial del periódico de marras, sino que, por el contrario, está en incrementar los niveles de empleo y de salarios mediante una reactivación del crecimiento económico privado en el país, en mucho postrado por las malas políticas económicas que el gobierno ha proseguido en tal sentido. Hasta el momento el crecimiento del desempleo se ha logrado compensar en algo por la demanda de trabajo en las zonas francas, las cuales gozan de un sistema tributario que no desincentiva la recuperación, así como por un aumento en la demanda de empleo en el sector público, pero que, al no ser algo temporal adaptado a una crisis de idéntica naturaleza, sino de una contratación fija y atemporal, lo único que va a generar es un mayor déficit que tendrá que ser compensado en un futuro cercano con más impuestos. Estos causarán una mayor retracción del crecimiento de la economía y del empleo privados en el país.

El abuso del editorial de La Nación y del artículo del señor Gutiérrez, al ignorar fundamentos de economía que ni siquiera sería aceptable de un estudiante primerizo, tal vez podría ser refrenado si se tuviera muy presente aquella expresión popular de que de nada sirve una mente ardiente si se tiene un corazón frío y sustituirla por otra frase mejor: tener una mente fría con un corazón ardiente. Lo que se ha expuesto señala la gran injusticia que se haría contra los más pobres y los que quedarían desocupados, si se siguieran las sugerencias represivas que proponen el editorial y el artículo bajo comentario.

Las buenas intenciones no pueden ser una justificación adecuada para hacer llamados a favor de adoptar políticas económicas que dañan en última instancia y de forma grave a quienes se pretende ayudar y proteger; en este caso, los trabajadores de ingresos relativamente menores. Ello sucede con la legislación sobre salarios mínimos cuando de verdad se pone en práctica y no se usa tan sólo para cubrir las apariencias.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:02
2010-02-28-PANORAMA TRIBUTARIO POST-ELECTORAL

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COLUMNA LIBRE: PANORAMA TRIBUTARIO POST-ELECTORAL

Boletín de ANFE, 28 de febrero del 2010.

Dicen que no hay que mencionar sonar soga en casa de ahorcado, pero parece casi seguro que el aumento de los impuestos estará presente en este año. No esperen que les diga cuándo, pues no soy un brujo, pero puedo indicar que la situación de las finanzas públicas no es la mejor: a pesar de que ya se observa un ligero crecimiento en los ingresos tributarios, el gasto público se ha disparado, si bien en mucho por el pago extraordinario del aguinaldo escolar en enero, de forma que el déficit sigue creciendo como porcentaje de nuestra producción.

Un indicador del problema en ciernes es la apetencia por repetir el permiso legal obtenido para la aprobación del más reciente presupuesto del Estado, para que pueda de nuevo endeudarse para cubrir gastos corrientes -indicador de un camino al despeñadero, que pocos han advertido- además de las señales que ya se están mandando al mercado de que el Estado incurrirá en fuerte demanda de recursos financieros.

Esto no es lo único. Si bien en campaña sólo el PAC anunció que promovería la aprobación de nuevos impuestos, el PLN en ese momento indicó, como para salir de apuros, que, a menos que la situación económica mejorara, apoyaría tal incremento. Ello abre un espacio político interesante: los posibles afectados enfatizarán que la situación económica es tal que no deben de aprobarse nuevos gravámenes, pero la realidad objetiva del déficit es tan grande que ya se están comentando varias posibilidades. Por una parte, se habla de un impuesto a los casinos, sobre el cual falsamente se dijo que el Movimiento Libertario se oponía, pues más bien el gremio de los casinos ha buscado un régimen tributario similar al de Panamá. Ello les daría una mayor respetabilidad legal en el país. Pero más atrayente es la propuesta de los llamados centros de apuestas, que hoy día operan casi en la ilegalidad, con problemas esenciales para funcionar, y que estarían dispuestos a pagar los impuestos que se han venido proponiendo a cambio de gozar de todos los derechos (y deberes) de empresas legalmente constituidas en el país. El problema será con la aceptación (¿veto?) previa de esa idea por parte del gobierno de los Estados Unidos, que parece aborrecer la competencia en materia de bases tributarias.

Un impuesto a los casinos y a los centros de apuestas se ha mencionado que brindaría los recursos necesarios para poder cumplir con las promesas de campaña en cuanto luchar contra la delincuencia. Aparentemente es algo que se va a llevar a cabo seriamente, a fin de cumplir con un clamor popular que solo quien no quiere oír puede no haberlo escuchado. El problema está en la consecución de recursos frescos. Pero si la fuente para lograrlos son tales impuestos, sería para financiar un nuevo gasto, con lo cual no redundaría en una reducción del déficit.

Otro impuesto que podría entrar en juego es el cobro efectivo de ese barroco gravamen a las viviendas de lujo, pero es muy posible que enfrente serios problemas legales que retrasen su plena entrada en vigencia: como que el Estado ni siquiera es eficiente en diseñar impuestos que se pueden cobrar efectivamente. Me imagino que constituye el mejor mentís de quienes –con la moda- ahora nos hablan de lo bueno que es ampliar el tamaño del Estado.

Creo que fue a un excelente ex Ministro de Comercio Exterior, don Roberto Rojas, lamentablemente algo alejado de la política necesaria, a quien le escuché que para desarrollarnos en serio lo mejor sería que Costa Rica fuera una gran zona franca. En discusiones recientes acerca del impacto de tales zonas en la ligera recuperación de la actividad económica de nuestro país, algunas personas ligadas (y muy interesadas en dicha actividad) casi que hasta cabilderos de ese sector, han enfatizado la generación de empleo que en él ha tenido lugar, incluso en lo más profundo de la crisis. Como de soslayo se refieren al régimen tributario preferencial de que disponen las empresas allí instaladas como lo que hacen atractivo invertir en el país y con ello generar fuentes de trabajo.

Aleluya: esos cabilderos descubrieron el agua tibia. Se dieron cuenta de que los menores tributos que pagan (si bien se vieron aumentados en recientes negociaciones como resultado de las reglas que la Organización Mundial de Comercio OMC impuso a las zonas francas) son un importante aliciente para atraer inversión extranjera en el país.

La triste paradoja radica en que, al menos para los actuales gobernantes y algunos adláteres ubicados en sectores claves de organizaciones del sector privado, con esa reforma acordada ya no se va a poder aumentar los impuestos a las empresas de las zonas francas. Esto impasse me parece tributariamente realista y evitaría que con un nuevo aumento de impuestos, no tanto que se fuera mucha inversión extranjera del país, sino que esas firmas no reinvirtieran sus utilidades en el país o que dejaran de llegar recursos privados externos a ese sector, lo cual sería muy malo para los costarricenses.

Pero el Estado hace aguas en sus finanzas y tendrá que ver de dónde saca plata para financiar su gasto en exceso. Lo que posiblemente sucederá es que el gobierno, si la economía no revierte su ligero crecimiento observado en los últimos meses, acudirá a nuevos gravámenes. Se oirá de nuevo la expresión hipócrita de “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres” para tratar de justificar nuevas o mayores tasas impositivas

Este nuevo proceso impositivo seguirá el mismo ritual de siempre: ampliemos las bases, pongamos mayores tasas a los ricos, pero las cosas se moverán como siempre para que esos gravámenes sean trasladados a los de menores y medianas posibilidades económicas, pues surgirá algún plan nuevo de excepciones o deducciones que hagan que los de mayores ingresos terminen pagando tasas efectivas menores. O hará que disminuya la inversión privada y así se reduzca la generación de empleo. O se propondrá de nuevo la vieja idea de poner un impuesto de $200 a las sociedades anónimas (algo “fácil” de cobrar”), que es un monto muy elevado a las pequeñas empresas, pero cualquier cochinada para las grandotas y grandotes, quienes con gusto aceptarían el sacrificio

Todo igual que siempre. Mi esperanza es que ahora más bien se hable de reducir las elevadas tasas marginales y más bien busquemos impuestos bajos y uniformes, en donde no haya excepciones y privilegios, para así estimular la inversión, el empleo y la generación de riqueza. Es muy difícil, dado el acuerdo reciente que logrado con las empresas de zonas francas, llegar a un tasa única y baja, pero debemos dirigirnos hacia a lo que en mis palabras don Roberto Rojas propuso que el país tuviera desde hace muchos años: una tasa baja general, en todo el país y no sólo para firmas establecidas en zonas francas, evitando una discriminación indebida en el trato al capital (mayoritariamente) extranjero de las zonas francas y el que se invierte en el resto del país.

En su momento ANFE presentará ideas en torno a la propuesta de un impuesto bajo y uniforme, no como dogma liberal con que alguno la ha acusado, sino para promover razonadamente una reforma tributaria que estimule el crecimiento de nuestra economía, sin crear privilegios para algunos y en sentido contrario, mayores impuestos para otros.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:02
2010-03-31-DE TAXISTAS, PORTEADORES, PIRATAS Y EL ESTADO

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COLUMNA LIBRE: DE TAXISTAS, PORTEADORES, PIRATAS Y EL ESTADO

Boletín de ANFE, 31 de marzo del 2010.

Tal vez podría parodiar aquella afirmación de que “todo en política es algo local”, para decir que “todo en economía es algo local”, y con ello poder referirme a cómo el problema local de Costa Rica en torno al servicio público de taxis es en realidad un ejemplo de cómo la intervención del estado termina por crear serios problemas en los mercados. Para este comentario, me referiré al “servicio público de taxis” como el servicio remunerado de transporte básicamente unipersonal (o de pocos pasajeros para verlo como algo distinto del transporte en buses o busetas), que alguien presta públicamente a la ciudadanía.

Este amplio mercado en Costa Rica es servido por tres grupos: los llamados taxistas, quienes poseen un servicio formal de transporte otorgado por una concesión (o placa) que el estado les otorga. Normalmente suelen organizarse por medio de los llamados garajes, usualmente como cooperativas, pero mucho el servicio es brindado en vehículos propiedad de individuos que los subarriendan a choferes, quienes deben cumplir una cuota que pagan a los dueños del vehículo a manera de alquiler.

Otro grupo importante de proveedores de ese servicio público es el llamado de “porteadores” quienes al amparo del Código de Comercio y sin poseer la concesión de taxistas como tales, brindan actualmente el servicio por una especie de contrato entre partes privadas por el cual se transporta a una persona desde algún sitio específico (puerta) a otro lugar concreto. Se suelen organizar como empresas privadas.

Finalmente hay otro grupo importante de proveedores quienes, sin una estructura formal como los anteriores, simplemente dan el servicio de transporte remunerado a quien esté dispuesto a comprárselos por un cierto monto. Están fuera del llamado marco de legalidad y se les suele conocer como “piratas”.

Así encontramos tres grupos de proveedores privados que dan el servicio de taxis remunerados: (1) los taxistas con concesión del estado; (2) los porteadores que operan sin concesión como tal, pero se acogen a la normativa del Código de Comercio que permite tales operaciones y (3) los piratas que están fuera del marco formal legal. Lo importante es que en esencia brindan el mismo servicio de transporte colectivo en la modalidad de taxi a la ciudadanía. Son oferentes que compiten por un mismo mercado.

El estado pretende regular tal mercado, pero eso significa que cualquier medida que tome para favorecer a uno de esos grupos, suele ir en detrimento del mercado servido por los otros dos grupos. Por ello pretende “regular” (la palabreja de moda”) ese mercado, dividiendo de alguna manera al consumidor cautivo entre esos oferentes.

Hasta el momento la política seguida por el estado se caracteriza por otorgar concesiones formales a los taxistas, restringiendo el número de ellos que puede prestar dicho servicio, para lo cual incluso los protege asignándoles lugares públicos en las vías de tránsito en donde los usuarios pueden acudir a encontrar esa modalidad de transporte, (tales como parques, zonas aledañas a importantes edificaciones o sitios, etcétera) sin demérito de que también puedan “levantar” pasajeros en casi cualquier ligar de la vía pública.

El estado no ha podido impedir hasta el momento el servicio de los porteadores, quienes se han agrupado en empresas, que suelen dar el servicio desde sus garajes hasta el sitio en que se lo solicitan los clientes y de allí los trasladan a su destino, pero el hecho es que también con esta modalidad de servicio se suele “recoger” pasajeros en las vías públicas.

Los piratas son totalmente (al menos en derecho) rechazados y perseguidos por el estado, acusados de brindar un servicio ilegal. Muchos piratas han optado por irse integrando como parte de los llamados porteadores, para así evitar su estado de ilegalidad, pero muchos siguen ejerciendo “por la libre” y son capaces de recoger y dejar pasajeros en cualquier sitio.

La política estatal ha sido limitar el número de permisos o concesiones o placas de los llamados taxis en comparación al llamado “mercado”. Es más, el estado de forma ritual, si bien sin periocidad definida, efectúa estudios para “medir” cuántas placas son necesarias en el mercado de taxis para, supuestamente, aumentar el número de permisos en consonancia con los presuntos aumentos de la demanda de servicios.

Pero tal figura es tan sólo una entelequia, pues el hecho es que siempre existe presión para un mayor número de placas que las existentes en un momento dado, como lo atestigua la simple presencia de los porteadores y de piratas.

Dado el anterior privilegio, la renta por la posesión de una placa de taxis es sumamente elevada y, si bien no es este un estudio del tamaño del mercado de taxis, la información que se tiene es que las placas legales para taxis se venden privadamente en varios millones de colones, las cuales fueron obtenidas con un costo relativamente muy bajo por los actuales poseedores de ellas.

Es bien sabido, por otra parte, que muchas de esas placas fueron concedidas mediante influencias políticas, aunque muchos de esos políticos y los funcionarios encargadas de concederlas, así lo niegan: es frecuente escuchar en boca de taxistas (de quienes son propietarios de las placas de taxi y no de quienes los alquilan a los verdaderos propietarios de aquéllas) su agradecimiento con tal o cual político que le ayudó a conseguir “la plaquita”. Es decir, el mercado de concesión de placas está sumamente politizado y termina por generar una “renta” por encima de la que se lograría operando en un mercado libre de servicios de taxis: por ello esas placas son tan buscadas y apetecidas por quienes pretenden ser taxistas. La restricción que significa ese número limitado de placas al tamaño del mercado hace que todas esas ganancias en exceso se capitalicen en el valor de venta en el mercado de esas placas de taxis. El que primero las obtuvo capitaliza esas ganancias al venderlas a un tercero.

Los burócratas alegan que el número de placas de taxis que otorgan es el definido por la demanda en los mercados, pero eso es totalmente falso. El hecho de que en cierto momento hay muchos otros proveedores de servicio de taxis, además de los taxistas “legales”, indica que la demanda total del mercado es insatisfecha por estos últimos. De aquí que, aunque estén expuestos a multas cuantiosas, aparecen numerosos piratas ofreciendo el servicio, además de los camuflados como porteadores.

En momentos en que esto se escribe la situación del mercado de servicios de taxi está en una situación crítica (exacerbada por la llamada prohibición de libre circulación de vehículos en San José, que obliga a una parte de la población que normalmente no usaría el servicio de taxis a hacerlo para poder ingresar a la ciudad en ciertas fechas). El gobierno busca nueva legislación que elimine la posibilidad de que los porteadores continúen brindando el servicio de taxis, con lo cual reforzaría la posición monopólica de los taxistas, medida que obviamente no cuenta con el apoyo de los porteadores.

Estos últimos en su oposición han provocado, no sin cierta justificación, enormes congestiones de tránsito en San José, mientras que los taxistas amenazan con algo similar (algo peor, dicen su dirigentes) si legalmente no se elimina a los porteadores. Para suavizar la cosa, el gobierno, intervencionista injustificado, ofrece a los porteadores que, a cambio de su proscripción, aumentará el número de placas legales de taxis, las que les serían entregadas, como soborno, para que no se opongan a la aprobación de la nueva ley.

En resumen, se está en presencia de un estado que quiere redistribuir el pastel del mercado de servicios de taxis mediante la restricción de la cantidad de oferta de servicios de taxis, en donde los hoy concesionados lograrían conservar su porción de mercado del cual hoy disponen y que se ha visto erosionar gradualmente, al desaparecer la competencia que hoy tienen de los porteadores. Aunque los taxistas aprovechan esta circunstancia no sólo para conservar su posición, sino para aumentarla. Pero los piratas están al acecho… en tanto el servicio de taxis continúe generando las ganancias monopólicas producto de la restricción de placas, continuarán entrando ilegalmente al mercado. Para impedirlo el estado ha propuesto endurecer las penas, como aparece en la nueva ley de Tránsito, pero las necesidades de trabajo y las posibilidades de ganancias seguirán motivando a los piratas (muchos de los cuales son familiares de taxistas y hasta taxistas que se convierten en piratas al terminar “el día” como legales, después de devolver el taxi legal al dueño del taxi que alquilan para trabajar).

La política gubernamental seguida posee las semillas de su fracaso: de hecho los frutos ya se han visto en estos años y hoy con mayor claridad. El estado es incapaz de conocer el tamaño del mercado del servicio de taxis, mercado que varía mucho de tamaño en función de las horas del día, de la situación climática y qué se yo. En tanto en algún momento el servicio ofrecido es inferior al demandado habrá un incentivo para que entren nuevos oferentes al mercado.

Los liberales hemos planteado una propuesta concreta en torno al servicio de taxis, pero hasta el momento los gobernantes han prestado oídos sordos a ella (tal vez porque se les acabaría el poder político que logran con otorgar concesiones). Creo que ha llegado la hora de tomar en serio esta propuesta, pues, de ser soslayada, el problema con los taxis se va a agravar (aunque las autoridades nunca reconocerán que se debe a que sus medidas son contrarias a la naturaleza de los mercados).

Se trata de ampliar las posibilidades de ingreso de oferentes al mercado de servicios de taxis, posibilidad que incluso en la difícil coyuntura económica actual puede cobrar mayor relevancia (circunstancia que ha agravado el problema por una mayor presencia de piratas y porteadores tratando de obtener ingresos). Con la propuesta se satisfaría al consumidor, que es el fin último que se tienen en una economía: llenar los deseos y necesidades de los consumidores. Estos son los verdaderos propósitos de una economía y no generar sistemas de rentas que son instituidas para generar poder político.

En la propuesta hay ciertas reglas que se sugiere sean implementadas para la generalidad de quienes brindarían el servicio, con el objetivo de proteger al consumidor del abuso y del crimen o delito, reglas que se impondrían para todos los proveedores del servicio y que me permito mencionar si bien brevemente. El principio general es que cualquier persona que desee brindar el servicio de taxis pueda hacerlo sujeto a las siguientes restricciones:

(1) Todo vehículo deberá ser pintado de un color específico (rojo, por ejemplo) y deberá tener un rótulo que indique ser un taxi.

(2) En su interior deberá contar con un cartel en que se presenta, visible para el pasajero, la fotografía y nombre del conductor.

(3) Deberá contar con un seguro contra accidentes que cubra al pasajero.

(4) El conductor deberá tener su licencia al día (no se requiere una licencia especial).

(5) El vehículo deberá contar con la revisión técnica generalmente se aplica a los vehículos privados.

El estado no tiene nada que hacer restringiendo la oferta de servicios de taxi que demandan los ciudadanos. Si lo hace, crea privilegios y daña a los consumidores, intereses que, como puede haberlo observado el lector, han estado ausentes en la discusión pública de este tema. ¿Será porque el consumidor de servicios de taxis no está organizado, posiblemente porque el beneficio individual que la competencia le brindaría a ese consumidor es “pequeño” en comparación con el costo que tiene organizarse? Y ahora, ¿quién podrá defendernos de las malas decisiones del estado? Ojalá que la racionalidad prime y que el estado se dedique a hacer aquellas cosas en la cual agrega algo positivo al bienestar ciudadano, cosa que no logra con restricciones innecesarias que sólo conservan o aumentan el poder de los políticos que no toman como primordial el bienestar del ciudadano costarricense.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:03
2010-04-30-LAS NEGOCIACIONES POLÍTICAS

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COLUMNA LIBRE: LAS NEGOCIACIONES POLÍTICAS

Boletín de ANFE, 30 de abril del 2010.

¿Podemos los liberales entrar en negociaciones políticas con otros grupos? En principio sí; es más, me parece que hacerlo reflejaría una actitud muy liberal que se observa en muchas circunstancias políticas de la historia. Al momento tales acuerdos son muy frecuentes en democracias maduras, como por ejemplo en Alemania, en donde el partido liberal ha participado del gobierno tanto con social-cristianos (como hoy) como con social-demócratas (anteriormente). El cuidado que deben tener los liberales está en los acuerdos a que pueda llegar. Me voy a explicar, teniendo presente nuestro marco institucional actual y la situación política del momento, pero tratando sobre todo de mantener mi análisis en torno a si los liberales deben ser partícipes en general de acuerdos políticos y no tanto acerca de un acuerdo particular, de la circunstancia momentánea, como el que se ha fraguado en torno a la elección del directorio legislativo este pasado primero de mayo.

Los liberales siempre hemos sostenido como un gran principio político acudir al diálogo y, como nos lo recuerda Seldon en “Pensamientos de Liberales” en esta edición del Boletín de ANFE, se necesita de una mezcla de sistemas imperfectos -el mercado y la democracia- en donde los liberales optamos por “un uso mínimo del gobierno combinado con un uso máximo del mercado,” lo cual él define como capitalismo. En nuestro sistema institucional gubernamental, si bien no es lo que se conoce como un régimen parlamentario, la Asamblea Legislativa es muy importante en la definición de políticas, por lo cual, por principio, nos debe interesar a los liberales como parte de un aparato institucional en el cual se llega a acuerdos (e imposiciones) acerca de la conducción de la cosa pública.

Si aproximamos como “los más liberales” a los diputados del partido político Movimiento Libertario, además de ellos hay otros relativamente cercanos a principios liberales en otras agrupaciones políticas. Si nos damos cuenta de que no se tiene un número significativo de diputados ciertamente liberales, tal que permita poner en marcha la aprobación legislativa de proyectos que son de su interés primordial, puede ser que se requiera lograr acuerdos entre diversos grupos políticos que permitan impulsar la agenda liberal en la Asamblea Legislativa. Tal coyuntura se ha presentado al requerirse el nombramiento del nuevo directorio político en la Asamblea Legislativa. Los liberales tenían esencialmente tres opciones en cuanto a dicho nombramiento. La primera, llegar a un acuerdo con el partido mayoritario del Congreso, el social-demócrata partido Liberación Nacional; la segunda, integrar a (casi todos) los restantes diputados no liberacionistas en un frente para elegir el directorio en mención y tercera, que los diputados libertarios votaran por su propia lista.

Esta última es la propuesta liberal más “pura”: de ganar se elegiría un directorio supuestamente liberal de hueso colorado, en tanto que la segunda posibilidad, la de un directorio compartido con otros diputados no social-demócratas, pero quienes suelen tener ideas muy diferentes a las de los liberales (como los comunistas y en mucho los diputados de Acción Ciudadana) difícilmente permitiría que se impulsaran los proyectos más acariciados por los diputados liberales. Por ejemplo, no me imagino que estos otros diputados apoyarían la propuesta libertaria de ampliar las posibilidades de producción privada de energía eléctrica, pues iría en contra del cuasi-monopolio actual que detenta el ICE. Esas otras fracciones más bien suelen promover la acción del estado (la “política” que nos menciona Seldon) y que ya de hecho se han manifestado en contra de alternativas amplias a la producción eléctrica proveniente del sector privado.
Si bien la fracción de Liberación Nacional se define como social-demócrata, el hecho es que una parte significativa de sus propuestas políticas la acerca a propuestas liberales (de “vergonzantes” los han calificado algunos anteriores altos dirigentes de ese grupo político). Pero tal atracción no exime de la necesidad de tener el cuidado de que tales propuestas vayan claramente en beneficio de la colectividad y no de algún grupo particular afín a esa agrupación. Siempre existe el riesgo de que aquellos diputados social-demócratas, en vez de estar a favor del capitalismo (usando el término de Seldon que yo comparto) o del mercado, más bien lo están a favor de una versión bastarda, mejor conocida como “crony capitalism” o capitalismo de los amigotes, como suele presentarse, por ejemplo, en algunas economías asiáticas.

Lo importante no es que los liberales estén dispuestos a negociar acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa, sino qué tipo de acuerdos son los que se habrán de negociar. Con una apertura poco tradicional en nuestro medio político, en mucho producto del mayor balance de poderes logrado en la actual Asamblea Legislativa, será, a cambio de sus votos para elegir un directorio encabezado por Liberación Nacional, que los diputados libertarios podrán lograr la aprobación (podrán es el término exacto, pues la Asamblea Legislativa es claramente una caja de sorpresas) de proyectos que son de su interés y que, sin ese acuerdo se tienen muy pocas probabilidades de ser aprobados (no somos nada…)

De lo que he sabido, entre los acuerdos interesantes logrados está la aprobación de una ley moderna que permita la producción privada de electricidad, la posibilidad de que las personas puedan tener propiedad plena en la cercanía de nuestras fronteras, pues hoy es un sistema limitante en donde, a diferencia de una propiedad privada plena, no pueden ser usadas como garantía para préstamos bancarios. Asimismo, parece haberse acordado la discusión (ojo, no he dicho que aprobación) de una propuesta de “flat tax” que hasta el momento ha sido recusada sin posibilidades de que siquiera se llegue a conversar sobre ella en el seno legislativo, idea que incluso ha sido directamente rechazada de entrada por otras agrupaciones políticas diferentes de Liberación Nacional. También se ha acordado la posibilidad de que los ciudadanos tengan alternativas, bajo un marco de regulación y de calidad comunes, a lo que es hoy una concesión monopólica a RITEVE, una vez terminado el contrato vigente, entre otras negociaciones que escapan de mi memoria en este momento. Además, las posiciones importantes esgrimidas durante la reciente campaña electoral por el Movimiento Libertario en torno a la seguridad ciudadana forman parte de estos acuerdos esenciales, así como también alrededor de reformas regulatorias que hagan más viable la participación ciudadana en la economía.

Lo importante es que los diputados liberales no tienen que apoyar ningún proyecto de ley que vaya en contra de sus principios (como, por ejemplo, nuevos y mayores impuestos a la renta), con lo cual pueden mantener la identidad política que los caracteriza. Alguien ha mencionado que con dicho acuerdo “Liberación se comería a los libertarios”, pero eso sucedería si esos libertarios no conservan sus principios y planteamientos. “Trust but verify” (confía pero verifica) es una frase célebre de Ronald Reagan y que debe servir de regla política a los partidarios de la libertad. La oportunidad de llegar a un acuerdo político en la Asamblea Legislativa en ocasión del nombramiento de su directorio parece ser conveniente para la promoción de la libertad en nuestro país, pero es claro que su cumplimiento debe ser observado permanentemente: verificar que se cumpla. La alternativa de oponerse (incluso de oponerse por oponerse) y sin posibilidades de lograr algo a cambio, no parece ser la mejor opción en estos momentos para los diputados libertarios, quienes incluso en ocasiones han sido castigados políticamente por una supuesta obstrucción a cosas que la ciudadanía o un mayoría puede considerar necesarias. Con este acuerdo no se sacrifican principios liberales: quien considere que ello es así tiene una enorme tarea de demostrar que los libertarios están cediendo sus posiciones básicas.

En general, este acuerdo en mención me parece que constituye una excelente posibilidad para aumentar la respetabilidad del ideario liberal en nuestro país y de que nuestros diputados puedan avanzar desde una etapa de freno al ímpetu estatista que hemos vivido y que algunos desearían continuar hacia una propositiva que a todas luces sea de la conveniencia de los costarricenses. Esta actitud negociadora y racional, sin doblegarse en cuanto a principios se refiere, mostraría el elevado grado de madurez política de esa agrupación. Los liberales siempre hemos creído en el diálogo abierto, franco, en donde se pueda convencer de la bondad de nuestras ideas a quienes no las apoyan o no las conocen. Y, también, ¿por qué no?, dadas las limitaciones de conocimiento que nos es propio de los humanos, se nos pueda convencer si es que estamos en el error.

Dadas las limitaciones de nuestro sistema político, tan lejos del parlamentarismo, me parece que este acuerdo de referencia puede significar un paso importante en la dirección correcta: que en el país puedan surgir acuerdos políticos que den sustento a las virtudes del orden del mercado, como claramente lo señala Seldon.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:04
2010-05-31-LOS SALARIOS DE LOS DIPUTADOS

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COLUMNA LIBRE: LOS SALARIOS DE LOS DIPUTADOS

Boletín de ANFE, 31 de mayo del 2010.

No se había acomodado el nuevo gobierno, cuando un socollón político lo despertó del embeleso en que se encontraba: los diputados solicitaron aumentos salariales millonarios en una de sus primeras sesiones de trabajo. Claro, esto alborotó el cotarro y, lo digo con su comprensión, pues es muy, pero muy, fácil atacar esas pretensiones, no sólo porque, a los ojos de los costarricenses, los anteriores diputados habían incumplido con sus obligaciones básicas, sino también porque los entrantes sin haber probado que sí pueden hacerlo, de entrada llegaron solicitando aumentos impensables. Y no voy a referirme a la envidia, como explicación de la reacción popular, pues hay mucho de razón en los dos argumentos previos para oponerse a tal desaguisado.

El cuestionamiento que civilizadamente debemos plantearnos es si en el régimen salarial de los diputados ha surgido un desbalance evidente frente a los de miembros comparables del gobierno. Y aquí las cosas no parecen estar tan en contra de las peticiones laborales de los diputados. Es un hecho de que, desde hace cierto tiempo, los diputados han tenido un rezago en sus salarios respecto a otros funcionarios estatales y que según aquellos deberían de ganar algo similar. Así, arguyen que todos los miembros de los llamados supremos poderes deberían de ganar montos parecidos.

Para simplificar, por miembros de los supremos poderes entendemos a Ministros (dejemos de lado a la Presidenta y sus dos Vice-presidentes), Diputados, Contralores y Magistrados (tanto de la Corte como del Supremo de Elecciones) y también no se haría mal en incluir al Alcalde de San José, quien presuntamente gana más que la Presidenta de la República.

Es cierto que los diputados han perdido posiciones relativamente, pero la primera y evidente pregunta es ¿por qué los miembros de los supremos poderes deberían de ganar lo mismo? No creo que alguien tenga una respuesta contundente que zanjara este problema, pero sí me atrevo a señalar que los diputados, por la forma en que se definen sus salarios y por el principio básico de que no pueden legislar en su propio beneficio, han ido cediendo terreno en la carrera salarial comparativa dentro de los supremos poderes.

Dicho esto, alguien podría pretender acercar “adecuadamente” estos salarios “ya y de una vez por todas”. Pero aquí surge uno de los mayores problemas con esta pretensión de los diputados: se les olvidó que es el ciudadano el que les paga su salario por medio de impuestos a que les somete ese mismo Poder Legislativo. Por ello la reacción ciudadana no se ha hecho esperar: parece que aquella ambición logró lo que no han podido hacer los políticos venezolanos contra Chávez ni los oponentes de Liberación en las elecciones: unificar las fuerzas opositoras de una gama muy diversa y a lo largo de todo el espectro político. No he encontrado, excepto por algunos diputados, persona razonable que acepte “ya” un aumento en los salarios de los congresistas de la magnitud pretendida y más bien una mayoría se inclina hacia no aceptar aumento alguno. Esta última posibilidad no es una solución adecuada a un problema real. Creo que es necesario que el país disponga de una política salarial para los funcionarios miembros de los supremos poderes, política que probablemente lleve varios años en su implementación, a fin de lograr un cierto grado de equiparación.

Paso a señalar varios aspectos relacionados con la definición de estos salarios, que tal vez podrían servir para desatascar el enrarecimiento político que encara el nuevo gobierno, porque, a como van las cosas, posiblemente será necesaria una acción definitoria, tal como un veto por parte de la Presidenta Chinchilla (y que ojalá no lo resellen), dado que los diputados, a la fecha en que esto se escribe, se han recetado un sueldo de ¢4.3 millones mensuales, pues lo aumentaron en ¢1.8 millones a los ¢2.5 millones por mes que ya recibían.

Los salarios de miembros de los altos funcionarios del Estado (los llamados supremos poderes) que más han aumentado en los últimos años (digamos que en la última década) son los de los Magistrados principalmente porque estos, casi sin contrapeso político, han podido lograr tales incrementos, por lo general por encima de la inflación nacional. Tan sólo hace unos pocos años, a pesar de que en su momento se dio una fuerte crítica social y política, lograron un aumento verdaderamente elevado, que dejó fuera de proporción a aquellos otros salarios más o menos equivalentes del resto del sector público. El efecto no se hizo esperar. Para empezar, el sueldo de los contralores suele seguir muy de cerca a los incrementos de los sueldos de los magistrados (hay un larga tradición de ello, tanto en salarios como en otras remuneraciones en especie). Este aumento del sueldo de los contralores es, a la vez, muy apreciado (y objeto de rogativas a los dioses para que se dé) por miembros de otras instituciones gubernamentales, como los integrantes de juntas directivas de los bancos del estado, gerentes de instituciones descentralizadas y otros similares, pues sus remuneraciones están an alguna proporción definidos por los salarios de los contralores. A su vez, sus incrementos disparan otras peticiones de ajuste salarial en los otros rangos de la administración estatal.

¡Que la cascada funciona, funciona! Por ejemplo, no habían terminado los nuevos diputados de cuajar su petición de marras para aumentarse sus salarios, cuando la flamante nueva Defensora de los Habitantes pidió, creo, un 18% de alza a su “bajo” salario (por supuesto, para no verse tan solita en su pretensión, dijo que había que aumentarlo también para los altos funcionarios de la Defensoría).

Por otra parte, en el área financiera del estado se ha venido dando un aumento muy grande de salarios para los principales ejecutivos. No niego la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de los mercados, pero el hecho es que muchas veces son peticiones a partir de estudios encargados por los propios interesados en donde se comparan sus sueldos con aquellos del privado (no quiero ser injusto: piden que alguien independiente haga el estudio comparativo). Pero el hecho es que en el sector financiero privado los altos ejecutivos tienen que competir internamente así como con posiciones comparables internacionalmente, mientras que los ejecutivos de las entidades públicas tal vez no serían contratados a esos sueldos en las entidades privadas (de ser así, ya se los hubieran “llevado”). Tal vez sería mejor dejar que esos ejecutivos públicos se vayan al sector privado, pero se observa, a veces, que ex funcionarios de bancos estatales luego se emplean en bancos privados, pero con sueldos menores a los que tenían.

En todo caso, los aumentos de salarios en el área financiera del estado han incidido en peticiones de sueldos de funcionarios de otras áreas del gobierno. Destaca el caso del ICE en donde, también aunado al argumento de retener a sus altos funcionarios de una competencia que algún día habrá de existir, se han disparado fuertemente los altos salarios, que posteriormente inciden en la cadena interna, así como son imitados en sus aspiraciones salariales por empleados similares en otras entidades públicas.

No omito manifestar que, de darse el aumento salarial a los actuales diputados, tendrá otros efectos que deben señalarse: habrá que aumentar las pensiones de un número importante de ex diputados estimado entre 200 y 300 (creo que aquellos que lo fueron antes de 1994, que todavía hay muchos, gracias a Dios), así como de los ex Presidentes de la República, cuyas pensiones también están en función de los salarios actuales de los diputados. Como esos incrementos dependen de la magnitud del aumento en los salarios de los diputados, habría que esperar que, de lograrse el aumento sustancial pretendido (de cerca de un 80%), se eleven en esa proporción las pensiones de estos otros ciudadanos. Si estimamos en 250 el número de beneficiarios indirectos, ese aumento significaría un gasto adicional en sus sueldos de ¢5.850 millones anuales (250x1.8x13meses), que, sumado a los aproximadamente ¢1.300 millones de aumento a los actuales diputados (57x¢1.8x13meses), nos daría un impacto adicional en el gasto público de aproximadamente ¢7.150 millones por año.
El inicio de un arreglo a la estructura de los sueldos de los diputados actuales vis a vis los de otros miembros de los supremos poderes (principalmente magistrados y contralores) debe pasar por una moratoria a los incrementos de los sueldos de estos últimos, a fin de que gradualmente se acerquen entre sí con cierto grado de razonabilidad.

La petición salarial de los diputados adicionalmente se lleva a cabo en momentos fiscales sumamente difíciles. Algún cínico habría aconsejado que la hicieran en momentos en que hubiera “abundancia” relativa de recursos públicos. Lo cierto es que se estima que, para este año, el déficit gubernamental se acercará a un 5% del Producto Interno Bruto, cifra no vista en épocas recientes, lo cual señala con suma claridad la vulnerabilidad fiscal en que se encuentra el país.

Por ello, ante la pregunta formulada a algunos diputados acerca de dónde provendrían los recursos para financiar el aumento salarial solicitado (los más de 7.000.000.000 de colones anuales, sin tomar en cuenta el efecto cascada antes mencionado en otros sectores del gobierno diferente de la Asamblea, ex diputados y ex presidentes), la respuesta ha sido un ominoso silencio, con la excepción de siempre, que se ha atrevido a desvelar la verdad: habrá que aumentar los impuestos. Lo de recortes “tipo PAC” al gasto de la Asamblea para financiar los aumentos salariales de los diputados son menudencias en comparación con el impacto total de la propuesta sobre las finanzas estatales y en concreto del Congreso. Además de que no sirve de justificación decir que se financiarán con recortes de gastos innecesarios, pues de ser así, desde hace mucho, pero mucho, tiempo deberían haber sido eliminados, sin tener que esperar, haciendo gala de un oportunismo indeseable, a tomárselos ahora para su propio beneficio: malos administradores de los fondos públicos propiedad de todos los costarricenses.

Aquí surge el meollo del asunto. Desde hace ya bastante rato cierta gente ha venido impulsando un aumento de la carga tributaria del país, pero, sin entrar por el momento a discutir tal idea, la aspiración de los diputados entrantes a lograr tal aumento salarial posiblemente signifique que estarán gastando recursos que ni siquiera han ingresado a las arcas del fisco. Por ello me sorprende que los diputados libertarios, pues tengo entendido que esta solicitud de aumento salarial no forma parte del pacto ya conocido con Liberación Nacional, no se hayan opuesto a un alza salarial que va a traducirse en un aumento en los impuestos: ¿con qué cara van después a oponerse a un aumento de los impuestos, si con su disposición a incrementarse los salarios necesariamente impulsan mayores tributos? ¿No es que los libertarios eran el partido de la moderación en el gasto público y la mesura en los impuestos o es que París bien vale una misa? ¿Será acaso que el apoyo incondicional que la fracción libertaria le ha dado a la fracción liberacionista es parte de un pacto conocido entre ellos, pero no por la ciudadanía? Es justo preguntar esto último por alguien quien confió en la sabiduría, oportunidad y conveniencia de dicho pacto legislativo (ver el boletín de ANFE del mes anterior).

Con toda razón la Presidenta Chinchilla ha señalado que los diputados deberán señalar de dónde provendrán los recursos con los cuales financiarían el aumento de sus sueldos. No lo han dicho, pero alguna se ha atrevido a decir que provendrán de gastos que se ahorrarían en el presupuesto actual de la Asamblea Legislativa. Y esto último sólo indica que hay un despilfarro actual: si hay fondos sobrantes o mal utilizados debe arreglarse de inmediato la situación y no correr a gastarlo en algo que los costarricenses objetamos en la forma en que se ha planteado. Ello equivaldría a que, en medio de apuros por falta de ingresos en mi hogar, me encuentre un billete de mil mal parado y corra de inmediato a gastarlo en lo que sea, en vez de ahorrarlo para momentos difíciles o bien cuando sea estrictamente necesario (que no creo sería en los abultados salarios de los diputados). Lo expuesto sólo refleja, no candidez, sino insensibilidad ante la inteligencia ciudadana. Bien ha hecho nuestra Presidenta en pedirle cuentas a los diputados: simplemente protege lo que en impuestos hemos pagado los ciudadanos.

Si fuere necesario que ese incremento salarial de los diputados se dé, deberían entonces tomar en cuenta las circunstancias fiscales del país. El gobierno entrante debe saber que, como ya lo está anunciando su Ministro de Hacienda, la gente no va a recibir bien que un aumento en sus impuestos se use para pagar mayores salarios a los diputados.

Lo preocupante es que, a criterio del actual Ministro de Hacienda, según lo mencionado recientemente en diversos medios de comunicación, ya la situación económica mala del país ha ido pasando y por ello, tal como se había mencionado en la reciente campaña política, sería entonces el momento de preparar proyectos para aumentar los impuestos. Esa visión optimista del Ministro de Hacienda no es muy compartida y más bien lanza un balde de agua fría a la inversión privada de los costarricenses, que cortará cualquier brote de recuperación económica que se pueda estar dando. No es aumentando impuestos como se logra aumentar la producción y el empleo. Esto me parece lo tienen muy presente algunos otros miembros del gobierno, que han indicado que, de aprobarse nuevos impuestos, lo sería cuando haya un recuperación sustancial de la economía. La propia Presidenta Chinchilla lo ha mencionado al señalar que el financiamiento para el aumento en los sueldos de los diputados no provendría de aumentos en los impuestos, propuesta que ella ha indicado es claramente inconveniente y lo cual respaldo con toda firmeza.

Desconozco en qué mundo vivirán algunos funcionarios, quienes dándose cuenta clara de males ajenos, no piensan por un momento acerca de si las decisiones económicas que están proponiendo son las más convenientes. Lo que actualmente sucede en Europa es reflejo de economías que no han sido capaces de ordenar sus finanzas gubernamentales, en donde no se gasten recursos más allá de lo que disponen, como es el caso de Costa Rica y si no, que lo diga el elevado déficit fiscal.

El déficit gubernamental ya previsto en nuestro país, sin esos aumentos salariales expuestos, cercano a un 5% del PIB nos obliga a la moderación y no a gastar superfluamente. En España, Grecia, Inglaterra -y habrá otros países europeos- como parte del costo que se debe pagar ahora por haber vivido en el desorden fiscal en los últimos tiempos, han tenido que reducir sustancialmente los sueldos de los altos funcionarios públicos (digámoslo; de los supremos poderes), mientras que aquí, con debilidades fiscales similares, más bien lo que se pretende es aumentar ese rubro del gasto estatal.

Lo sucedido con los salarios de los diputados es una excelente ocasión para empezar a poner orden en la estructura salarial de los supremos poderes, por lo que, para empezar, es necesario informar a la ciudadanía acerca de la composición de dichos salarios. Como este es un tema muy sensible para los distintos cuerpos políticos (hipersensible si uno se lo plantea directamente a los involucrados), lo conveniente sería que alguno o algunos de los medios “independientes” hagan un análisis comparativo de los salarios en las diversas estructuras gubernamentales, especialmente en los llamados supremos poderes. Este sería el punto de partida para tratar de poner algún grado de orden en lo que parece ser un desmadre, como lo es el aumento aprobado el pasado 24 de mayo: casi el primer acto del nuevo Congreso.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:05
2010-06-30-REFLEXIONES EN TORNO A LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA A CALDERA

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COLUMNA LIBRE: REFLEXIONES EN TORNO A LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA A CALDERA

Boletín de ANFE, 30 de junio del 2010.

Siempre he favorecido el concepto de concesión de obra pública por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es posible esperar mayor eficiencia en la provisión de obra pública si está a cargo de la empresa privada en vez de funcionarios gubernamentales. Ello surge por la naturaleza de la actividad empresarial, pues con una empresa privada, sujeta a la competencia y a las pérdidas o ganancias, la asignación de los recursos será más eficiente que si primaran otros elementos que suelen ser más propios de la burocracia, como son, por ejemplo, la maximización del poder político, la generación de negocios a grupos privilegiados, la colocación de partidarios o parientes en los puestos de mando, evitar la toma de riesgos, entre otros que han sido amplio objeto de análisis en el seno de lo que se conoce como “la teoría elección pública”.

La diferencia entre la gestión pública y la gestión privada así la expuso Ludwig von Mises: “La gestión burocrática se limita a cumplir una reglas detalladas establecidas por la autoridad superior. La tarea del burócrata consiste en ejecutar lo que esas reglas le ordenan hacer. Su discrecionalidad de actuar de acuerdo con su mejor criterio se encuentra seriamente restringida por ellas. La gestión empresarial, por el contrario, se basa en la motivación del beneficio. Su objetivo consiste en ofrecer ganancias. Puesto que es posible, mediante la contabilidad, averiguar el éxito o fracaso en la consecución de este objetivo, no sólo en relación con la empresa en su conjunto, sino también con cada una de sus partes, resulta factible descentralizar tanto la dirección como la contabilidad sin poner en peligro la unidad de las operaciones y la consecución del fin deseado. Es posible una división de la responsabilidad. No hay necesidad de limitar la discrecionalidad de los subordinados mediante ciertas normas o reglamentaciones, a excepción de las que se imponen para cualquier actividad comercial, es decir, hacer provechosas sus operaciones.” Ludwig von Mises, Burocracia, Madrid, Unión Editorial S. A., 1974, p. p. 67-68.)
Además de que con un régimen de empresa privada hay un mejor sistema de incentivos en juego para favorecer al consumidor, la segunda razón por la cual he considerado que la empresa privada es mejor que la pública en la provisión de obra pública, yace en nuestra creencia en la libertad, mediante la cual los individuos pueden ofrecer bienes y servicios a los demás sin que se presente el poder monopólico del estado, que suele ser la forma en que éste brinda los servicios públicos. Como lo expuso Adam Smith en su obra clásica La Riqueza de las Naciones, la tercera función esencial de un estado es la de asegurar la provisión de aquellos bienes públicos (particularmente de infraestructura) que los individuos no pueden llevar a cabo. Esto es, la provisión de esas obras de infraestructura puede ser efectuada por los individuos y el estado tiene un papel en ello si por inopia no surge tal oferta. Al realizar la provisión de un bien una persona debe tener presente la satisfacción y utilidad de aquella otra persona que lo está adquiriendo. Al intervenir el estado alterando dicha transacción libre, se afecta el bienestar de las personas, quienes estaban dispuestas a incurrir en el intercambio sólo porque ambas derivaban beneficios de ello. Caso contrario, no lo hubieran hecho. Es lo que caracteriza a un régimen de libertad.

Deducir del apoyo conceptual al sistema de concesión de obra pública no significa que se tenga que estar de acuerdo con la forma práctica en que se hace: esa es harina de otro costal. Un episodio narrado por Mario Vargas Llosa en torno a la privatización refleja la aseveración que encabeza este párrafo. Escribió que “Una reforma mal hecha, es muchas veces peor que una falta total de reformas, y en este sentido, el caso del Perú es ejemplar… tuvimos aparentemente reformas liberales radicales, se privatizó más que en ningún otro país de América Latina. ¿Y cómo se privatizó? Se privatizó transfiriendo monopolios públicos a monopolios privados. ¿Para qué se privatizó? No para lo que se debe privatizar, según creemos nosotros, los liberales, para que haya competencia y para que la competencia mejore los productos y los servicios y baje los precios y para diseminar la propiedad privada en quienes no tienen propiedad como se ha hecho en las democracias occidentales más avanzadas en los procesos de privatización, como se hizo en Gran Bretaña, donde la privatización sirvió para difundir la propiedad privada enormemente entre los usuarios y entre los empleados de las empresas privatizadas. No, se hizo para enriquecer a determinados intereses particulares, empresarios, compañías, o los propios detentadores del poder.”

Tal fue lo sucedido en la mayor parte de los países latinoamericanos con reformas que “en el fondo no eran liberales, eran una caricatura de las reformas liberales”. (Extracto de una conferencia pronunciada en Madrid, España, el 14 de octubre del 2002, en ocasión del lanzamiento de la Fundación Internacional para la Libertad y que tituló ¿Por Qué Fracasa América Latina?).

Hay razones para preocuparse con lo sucedido con la concesión de la carretera a Caldera, pues sólo parece contribuir a desprestigiar lo que podía haber sido una forma conveniente para que los costarricenses pudiéramos disponer de una infraestructura moderna y adecuada a nuestras necesidades viales.

Lo sucedido parece haber sido previsible. Era conocida la complejidad del terreno sobre el cual se iba a construir, lo cual no sólo iba a requerir la edificación de grandes taludes, sino que también el subsuelo era altamente sensible, además de que el manto freático -elemento crucial en la provisión de agua para gran parte del Área Metropolitana- estaba muy cerca de la superficie en sectores por los cuales se harían las vías. Como parte del proceso de concesión el estado tenía que realizar una serie de expropiaciones pero, por consideraciones de costo, se decidió reducirlas, lo cual incidió en que los taludes a edificar se hicieron con pendientes más altas de las que se podría considerar como necesarias para prevenir fenómenos de erosión y de caídas de piedras a las vías, tal como sucedió después. Durante el proceso de construcción hubo señalamientos de incumplimientos de los contratos en cuanto a las obras y diversos problemas -tales como, por ejemplo, daño a los mantos freáticos, faltas de señalización, obras mal construidas, pendientes sumamente elevadas en los terraplenes, supresión de accesos a propiedades privadas que quedaron aisladas, entre muchos otros (se ha dicho que se indicaron más de 500 “irregularidades”)- tanto por los inspectores iniciales de la obra -quienes en cierto momento fueron luego sustituidos- así como por especialistas de LANNAME, ente especializado de la Universidad de Costa Rica en obras de infraestructura vial, al igual que por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quienes públicamente así lo señalaron (y particularmente así lo expuso este último organismo en ANFE, quien agradece la información técnica por ellos brindada). Es importante destacar que aquella entidad nunca avaló los planos para las obras, los cuales fueron variados en diversas ocasiones durante el proceso de construcción de la vía.

La ilusión de los costarricenses de contar con una vía moderna y sobre todo segura a Caldera se vio lesionada cuando las autoridades aceptaron la apertura de esta carretera en abril pasado, aún cuando muchos problemas que tenía no estaban subsanados. Tal inauguración no debió haberse dado y parece que fue por razones estrictamente políticas que se tomó tal decisión. Incluso en mayo expertos en taludes del ICE advirtieron de que los edificados para proteger las vías no resistirían la primeras lluvias, tal como sucedió.

Hizo bien el nuevo gobierno al suspender el tránsito por la recién inaugurada vía hasta que no fueran subsanados los graves problemas que presentaba. Es de esperar que su reapertura signifique que ya efectivamente se han resuelto de manera definitiva, pues el costarricense no debe estar sujeto a incurrir en elevados riesgos al transitar por ella. Dado que la resolución final de recibo de las obras en concesión por las autoridades gubernamentales aún no se ha dado, debemos esperar que se está satisfaciendo a plenitud lo contratado y que, ante todo, ha primado el bienestar y la seguridad de la ciudadanía que transita por esta vía.

La lección derivada de esta experiencia ha sido clara; lo que sigue ahora es valorar las responsabilidades de diferentes funcionarios que intervinieron en dicha concesión. Ello pasa por evaluar la posibilidad de que en Costa Rica se sigan planteando concesiones de obra pública que por su monto tan sólo atraiga pocos oferentes y que por ende no se tenga el grado de competencia deseable por parte de los oferentes. Los buenos resultados con las concesiones de carreteras en Chile podrían así trasladarse al país, pues allá la magnitud de la obras ha dado lugar a un gran interés de inversionistas internacionales en llevarlas a cabo.

Asimismo, el contrato de la concesión de la vía a Caldera fue objeto de diversas e importantes variaciones durante el proceso. Lo mejor puede ser que, una vez definido el contrato, permanezca invariable para evitar que se tomen decisiones que en medio del camino se afecten los resultados pretendidos inicialmente. La actitud de ahorrar costos indebidamente (como sucedió con las expropiaciones requeridas para que los taludes tuvieran las pendientes necesarias) muestra cómo un proyecto puede ser dañado gravemente y que incluso luego tenga esos mismos o mayores costos que deberán trasladarse a las nuevas tarifas Si creen que estos arreglos de última hora en la vía van a salir de a gratis, se equivocan. La fijación inicial en el contrato de las tarifas -como está en el contrato de Caldera- que percibiría el operador es un estímulo para que no se incurra en costos requeridos indispensables. Esta práctica debería ser objeto de revisión, entre otras formas de valorar los proyectos de concesión.

No hay duda de que en todo este asunto hay grandes responsabilidad de las autoridades encargadas del proyecto. Muchos de los obstáculos se dieron por no contar con un buen sistema de expropiación, que no se atrasara en sus objetivos de cumplir con lo pactado y evitar que así se beneficiara al concesionario, mediante ahorros falsos en los costos, así como también a quienes lucran indebidamente con el encarecimiento de las tierras alrededor de la obra. La falta de gente experimentada en este tipo de concesiones puede explicar muchos de los errores experimentados.

Lo sucedido debe ser la base para que entidades especializadas, como la Contraloría General de la República, encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos, evalúen lo sucedido en todas las implicaciones -de principio a fin- no sólo para evitar una repetición de hechos similares, sino para que los responsables de su gestión lo asuman como corresponde. Afortunadamente, es por la actuación de entidades civiles, como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de inspectores calificados, de órganos especializados dentro del sector público, como LANNAME y el ICE, que en esta oportunidad los ciudadanos hemos podido enderezar parte del entuerto, pero antes de que finalmente las autoridades de gobierno acepten recibir la carretera en mención, deberán de asegurarse que la seguridad ciudadana está en su lugar, que no se abusa de los costos cuando son ocasionados por el concesionario, que así pretenden ver incrementada la tarifa que percibe, así como también que se cumple con lo pactado en el contrato original y que las variaciones dadas, en particular a los planos, estén acordes con esos principios de seguridad necesarios. Y, por supuesto, que los responsables de no cuidar con lo pactado y con el interés público la asuman efectivamente.

Hemos estado a favor de la concesión de obra pública como medio para mejorar y aumentar la provisión de infraestructura, pero no podemos estar de acuerdo con el sainete expuesto. Cuando las cosas se hacen mal, las buenas ideas fracasan y los enemigos de la libertad lo expondrán, no como una mala gestión estatal abierta al abuso privado, sino como una muestra de un fracaso de la libertad.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:05
2010-07-31-DOLARIZACIÓN COMO RÉGIMEN CAMBIARIO ALTERNATIVO PARA COSTA RICA

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DOLARIZACIÓN COMO RÉGIMEN CAMBIARIO ALTERNATIVO PARA COSTA RICA*

Boletín de ANFE, 31 de julio del 2010.

I.- INTRODUCCION

Desde ya deseo aclarar que no hay nada en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Centro América, República Dominicana y los Estados Unidos, que requiera dolarizar nuestra economía. Digo esto para frenar cualquier intento de tergiversación de los profetas del negativismo, quienes, no me extraña, podrían aseverar que se oponen al TLC, porque éste exige una Costa Rica dolarizada.

Sí, yo propongo que los residentes de Costa Rica usemos extensivamente el dólar estadounidense como moneda (u otra moneda extranjera) al lado del colón, que se emplearía como moneda fraccionaria. Al igual que Panamá.

Voy a exponer el principio general dentro del cual enmarco mi propuesta. Una moneda tiene valor si es objeto de demanda; si la gente la desea para realizar transacciones o como un almacén de valor. Creo que la experiencia reciente con la moneda de Costa Rica nos indica que su demanda declina en comparación con la que los costarricenses hacemos de otras monedas, tales como el dólar o el euro. La prueba de la existencia de tales demandas es si permitimos que los costarricenses escojan libremente cuál moneda usar para sus transacciones (esto es, que puedan sustituir la moneda nacional) o bien para mantener sus acervos de riqueza (es decir, que nos proteja de los riesgos macroeconómicos y, principalmente, contra la inflación interna).

Recientemente veníamos observando un país que gradualmente sustituía al colón por el dólar y como cada día más y más transacciones se realizaban en moneda estadounidense en vez de hacerlo en colones. Esto no sólo se daba en transacciones de alto valor, principalmente tierras y otras propiedades, sino también en activos duraderos o semi-duraderos, como vehículos y cierta línea blanca, pero, además, era la forma frecuente con que se pagaba el salario para ciertas posiciones relativamente altas o escasas en la actividad privada, lo que incluso provocaba la sorpresa y el deseo de trabajadores remunerados en colones, para que también a ellos se les cancelara en dólares. Costa Rica estaba experimentando una dolarización extraoficial.

Sobre este tema nada más permítaseme citar tres fuentes que lo corroboran: una es el Fitch Ratings del 2006, que manifiesta su preocupación por la dolarización financiera del país; otra es el informe del Fondo Monetario Internacional del 2003, el cual señala que el 60% del crédito al sector privado estaba dolarizado, indicando una importante vulnerabilidad de la economía y, en tercer lugar, más recientemente, el Country Report del Fondo Monetario del 2006 para Costa Rica, que señala que “la dolarización de los depósitos y el crédito en el sector financiero son aún altos (aunque parece que se han nivelado).” Por supuesto que el FMI insiste en que las autoridades económicas nacionales tomen acciones para des-dolarizar la economía, tal como las autoridades del Banco Central lo han venido intentando hacer, si bien ciertamente la fijación actual del tipo de cambio al piso de la banda cambiaria hace muy poco por estimular una des-dolarización del país.

Esencialmente propongo que Costa Rica inicie un proceso de dolarización como paso previo a una libre tenencia de monedas.

II.- BENEFICIOS Y COSTOS DE DOLARIZAR
Los expongo a fin de que, y al menos como un principio, se ponderen los pros y los contras de una dolarización para los costarricenses.

A.- POSIBLES BENEFICIOS
Por lo general, cuando los países dolarizan oficialmente es cuando se encuentran inmersos en serias crisis financieras. Alguien de inmediato me va a decir. “Costa Rica no sufre una crisis financiera. Entonces, ¿para qué dolarizarnos?” Esta pregunta tan razonable me permite señalar lo que es uno de los principales beneficios que se esperaría de una dolarización, en especial porque, de hacerlo en una situación de relativa estabilidad financiera, disminuyen los enormes costos del ajuste económico que usualmente se requiere para salir de una crisis: es mejor hacer la dolarización en una situación de relativa tranquilidad, que hacerla cuando nos encontramos inmersos en una grave crisis financiera-cambiaria.

1.- Inflación menor y bajan riesgos de inflación en el futuro.
Cuando un país se dolariza es de esperar que su tasa de inflación se aproxime a aquella del país cuya moneda aceptó. Al hacerlo implícitamente se asume que la inflación del país es superior a la inflación del país por cuya moneda optó. El dolarizado Panamá es el único país de América Latina que no ha sufrido una inflación elevada, aún en el difícil período del gobierno del general Noriega. La menor inflación da más seguridad a los derechos de propiedad sobre el dinero, lo que estimula el ahorro y los préstamos a largo plazo con bajos intereses, pues disminuye la incertidumbre, desaparece el riesgo cambiario y el cálculo económico es más predecible. Sigo con Panamá: a diferencia de Costa Rica, allá son usuales los préstamos para vivienda a 30 años plazo, con tasas muy cercanas a las vigentes en las principales plazas financieras del mundo.

Deseo destacar que, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, desde la desafortunada administración Carazo, en la que en 1982 hubo tasas de inflación cercanas a los 3 dígitos, el país bajó gradualmente la inflación pero, rara vez y sólo ocasionalmente, logró que fueran tasas inferiores a un dígito, en tanto la inflación en los Estados Unidos, a excepción de la mala administración económica de Carter, nunca ha superado, en época reciente, el 5% anual (hoy es cerca de un 2 o un 2 y medio por ciento). Una Costa Rica dolarizada probablemente hubiera tenido tasas cercanas a estos niveles y no las elevadas tasas anuales de inflación sufridas en los últimos 25-30 años.

Pero, ¿y que podría esperarse en el futuro? Tengo la impresión de que uno esperaría que, dada la experiencia histórica, la inflación en los Estados Unidos será menor que la de Costa Rica, por lo que una dolarización del país se espera que rinda réditos en el campo de la inflación. Sin embargo, no hay certeza de que Estados Unidos no va a sufrir altas tasas de inflación. Frente a ello, baste decir que una dolarización no es una estrategia sin salida: se puede perfectamente usar otra moneda distinta del dólar, por hipótesis, el euro o alguna otra, que no tenga esos eventuales problemas. Esto lo determinará el libre uso de los costarricenses. Una dolarización no debe ser vista como un matrimonio de por vida, necesariamente, aún cuando me parece que el Sistema de Reserva Federal es más confiable que el Banco Central de Costa Rica o el de Venezuela, entre muchos otros. Claro, eso está por verse a través de los tiempos. La libre demanda de los ciudadanos será la que determine la moneda que considere como la más adecuada para realizar sus transacciones. Me parece que, al momento, escogería el dólar.

2.- Reducción de las tasas de interés
Íntimamente ligado con lo expuesto y al hecho de que la dolarización elimina el riesgo de devaluación del colón, es posible que se reduzcan los intereses en el país que dolarice, pues las tasas tenderían a converger, si bien es posible que para ello se requiera de un tiempo relativamente amplio. Siempre habrá diferencias en las tasas por lo que se denomina como “riesgo-país” o “riesgo soberano”, pero observen cómo, y de nuevo me remito al caso de Panamá, allá las tasas internas de interés suelen ser superiores a tan sólo un 2 o un 2 y medio por ciento sobre las de Estados Unidos. La dolarización no elimina la prima por riesgo soberano de un país (esto es, el riesgo de incumplimiento de pagos de un país por sus deudas denominadas en dólares), pero, evidentemente, sí reduce el riesgo derivado de una devaluación, que por definición con una dolarización ya no se daría.

No omito mencionar el efecto positivo de tal baja en las tasas de interés por el costo del servicio de la deuda externa privada y pública del país que dolarice, así como para que aumente la inversión y con ello su crecimiento económico.

3.- Reducción de las posibilidades de crisis
Debo ahondar sobre los costos que las crisis generalmente ocasionan a los países menos desarrollados y señalar que la dolarización contribuye a amortiguar el impacto negativo que aquéllas suelen ocasionar. La dolarización no elimina la posibilidad de que haya una fuga de reservas ocasionada por la existencia de un sistema financiero débil o un mal manejo fiscal del país, pero sí elimina de tajo el riesgo cambiario del país. En la historia de Panamá, que de nuevo uso como ejemplo, hay períodos de crisis a causa de debilidades financieras o por disturbios político-militares, pero no por la posibilidad de que se devalúe “su moneda” para corregir las típicas crisis financieras de nuestros países. Recordemos que éstas se caracterizan porque al inicio suele haber una fuga súbita de capitales y luego viene una significativa devaluación de su tipo de cambio, la cual es usualmente seguida por una crisis financiera y una caída sustancial de la producción.

Con la dolarización y la consecuente eliminación de la volatilidad de la moneda con respecto al dólar, lo que excluye la posibilidad de crisis en el tipo de cambio, es posible para el país lograr mayor estabilidad; al eliminarse el riesgo cambiario, se limita la incidencia y la magnitud de las crisis y los casos de contagio. Al alejarse el incentivo para la fuga de capitales por temor a una devaluación, es menor el posible efecto negativo de los grandes movimientos de capitales sobre la economía doméstica.

Es oportuno señalar que, al surgir una crisis en su balanza de pagos, muchos países suelen acudir al expediente del control de capitales, en vez de devaluar, creyendo que así resuelven el problema de la volatilidad de los capitales. Esta suele ser una política errada, pues prolonga las políticas económicas equivocadas que inducen a la crisis en mención, sino que, también, introduce fuertes costos no sólo de control, sino de evasión tributaria, de corrupción, así como frena la inversión necesaria y la transferencia de tecnología.

4.- Reducción en los costos de transacción
La primera reducción obvia en los costos de transacción se da al eliminarse el costo de cambiar una moneda por otra; es decir, elimina la diferencia entre el precio de compra y el de venta de convertir moneda doméstica por la extranjera. Asimismo, hace innecesarias operaciones que cubran el riesgo cambiario entre monedas. Ambos efectos estimulan la inversión y el intercambio entre los países de la zona unificada. Asimismo, si hay operaciones cambiarias múltiples; digamos, por ejemplo, intercambiar colones por dólares para luego cambiar esos dólares por yenes, ya no es necesario tanto costo de transacción, pues sólo sería entre cambiar dólares por yenes, lo cual puede ser una economía sustancial en un comercio internacional entre tan diversas naciones.

Asimismo, se reducirían los costos de transacción cuando en los países se tiene leyes bancarias que exigen reservas legales diferentes dependiendo de la moneda. Con la dolarización oficial, tal como sucede en Panamá, puede obtenerse una tasa de reserva legal inferior a la que se tendría con la moneda nacional, por un lado y, por el otro, con la moneda extranjera. Estimaciones de Moreno-Villalaz para Panamá señalan que las reservas legales de los bancos comerciales son 5 puntos inferiores a las que tendrían si Panamá tuviera una moneda doméstica distinta del dólar.

Otra posible reducción importante en los costos de transacción se da al facilitar el comercio internacional, a lo cual me refiero de seguido.

5.- Mayor integración con el comercio mundial
Gracias a esa reducción en los costos de transacción, así como por asegurarse la estabilidad de los precios en dólares de los Estados Unidos, la dolarización facilita al país integrarse al comercio mundial y, específicamente, con los Estados Unidos (o con cualquier otro país cuya moneda se adopte). Hay evidencia empírica de que las provincias canadienses están más integradas entre ellas (medido por un volumen de comercio hasta 20 veces mayor) en comparación con los estados geográficamente más cercanos de los Estados Unidos. El uso de una moneda común (aquí es el dólar canadiense) puede ser la explicación de esta mayor integración comercial, pues, de hecho, el comercio trans-fronterizo entre Estados Unidos y Canadá se caracteriza por sus bajos costos de transacción y por restricciones comerciales relativamente menores.

Por otra parte, a lo interno de la economía nacional habría un claro incentivo para que sus exportaciones se den por su eficiencia relativa en el uso de los recursos y no por un premio inconveniente originado en una política cambiaria, que, como hoy sucede en Costa Rica, incluso podría sobrevalorar a la divisa.

Es importante destacar que con la dolarización el comercio internacional se haría en términos de una moneda (asumamos que es el dólar), que goza de aceptabilidad generalizada, en vez de introducir una moneda relativamente desconocida en el comercio internacional que posiblemente casi no tiene aceptación. Siempre me he cuestionado ¿qué pasaría si Jorge Corrales llega a un banco comercial en Zambia o Bolivia, sosteniendo en una mano cincuenta mil colones y en la otra, digamos, diez dólares, e intenta cambiar esas monedas por la moneda nacional de esos países? Posiblemente al cajero no le interese ese dinero parecido al del “monopoly” que tengo en una mano, mientras que rápidamente reconocería a los dólares. ¿Cuál moneda creen ustedes que aceptaría el cajero? La diferencia está en que una de ellas sí tiene aceptación universal (o casi universal), mientras que la otra es tan sólo conocida en un lugarcito del universo. ¿Con cuál moneda creen ustedes que será más fácil realizar el comercio internacional o invertir en algún proyecto dado en algún lugar del mundo?

6.- Mejora en la integración financiera
No sólo se estimula a que crezca el comercio, sino también esperaría que haya una mejora en la integración financiera entre el país y los Estados Unidos, tanto porque ahora el Banco de Reserva Federal de hecho se constituye en el Banco Central de Costa Rica (lo que probablemente en sí mismo significaría un ahorro de recursos escasos, si bien posiblemente menor), como porque es de esperar una mejora sustancial en los regímenes regulatorios y supervisores del sector financiero, cuyo desarrollo es crucial para el crecimiento económico del país.

B.- POSIBLES COSTOS
Los siguientes costos han sido señalados como causados por una dolarización:
1.- Pérdida del señoriaje
Por señoriaje, en términos simples, se entiende al ingreso que obtiene el estado por el poder de emitir dinero fiduciario. El Banco Central denomina como señoriaje al resultado de emitir dinero en efectivo que no devenga intereses y que es invertido en activos que sí los devengan, lo cual se refleja en utilidades brutas para el Banco. Si deja de emitir colones, se dice que pierde estos ingresos, los que se trasladan al banco emisor de la moneda que cursa en el país (por hipótesis el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos).

Creo que a veces se sobredimensiona este argumento, por las siguientes razones: (1) En muchas ocasiones la dolarización es de hecho muy extendida, por lo que, antes de una dolarización oficial, ya el Banco Central había perdido muchas de sus facultades sobre el señoriaje (recuperar el señoriaje que estaba perdiendo puede ser una hipótesis para explicar el actual comportamiento de nuestro Banco Central). (2) La hipotética de pérdida de señoriaje se suele computar al momento de dolarizar, pero, en realidad, debería ser a la nueva supuesta menor tasa de inflación debido a la dolarización. Esto porque, si un país ha decidido dolarizar para bajar su tasa de inflación, significa que valora más su reducción que el posible ingreso que el Banco obtiene por la inflación, por lo cual la pérdida de señoriaje por la dolarización se debería de medir a la tasa de inflación menor que se tendría sin que se tuviera una dolarización. (3) También es factible que el país que dolariza negocie con los Estados Unidos recibir parte del señoriaje adicional que éste obtendría si Costa Rica dolariza. (Esa podría ser una función que asuma el Fondo Monetario Internacional, el cual, de paso, con la dolarización hace innecesario su papel en cuanto a la política cambiaria; posiblemente esta pérdida de razón de ser nos explica cierta animadversión mostrada hacia la dolarización). (4) Al dolarizar se da una mayor confianza en la economía nacional, lo cual se traduce en mayor inversión y, por ende, crecimiento, por lo que se esperaría que los ingresos fiscales aumenten, compensando en algo la posible pérdida del señoriaje. (5) Si existen monedas nacionales en circulación (tal como el balboa en Panamá), siempre habría algún grado, si bien relativamente menor, de ingresos por señoriaje.

2.- El costo de convertir precios, contabilidades, cajas registradoras y similares, a la nueva moneda
Este sería un costo de una sola vez por todas; sin embargo, si el país está experimentando una fuerte inflación, también se incurriría en tales costos, pero de forma continua. Con la menor inflación ocasionada por la dolarización, más bien habría una economía de costos.

3.- Se perdería la función del Banco Central como prestamista de última instancia.

Esta función del Banco Central consiste en la posibilidad de rescatar un banco comercial de una situación de insolvencia, que puede ser importante en una situación de crisis financiera. El Banco Central al emitir dinero puede otorgarle préstamos al banco comercial para enfrentar una incapacidad temporal de pagar sus pasivos, con activos que usualmente tienen un plazo de recuperación mayor al que tiene para el pago de sus obligaciones.

No voy a extenderme sobre si, debido al problema de riesgo moral que implica la función de prestamista de última instancia, más bien ella puede contribuir a agravar la volatilidad de los mercados financieros y cambiarios de las economías menos desarrolladas, por lo que una dolarización sería preferible al introducir mayor disciplina en el mercado. En cambio, sí puedo señalar que el presunto costo por la pérdida de la función de prestamista de última instancia puede ser mitigado con el uso de alternativas tales como crear un fondo especial o una línea de garantía con un prestamista internacional de última instancia, que brinde los recursos necesarios en circunstancias en que se exceda la capacidad interna de suministrarlos. Podría encargarse al Estado que obtenga los recursos necesarios mediante préstamos externos o creando un fondo interno especial para tales acontecimientos, mediante un aporte de los entes financieros domésticos objeto de su regulación en tal sentido.

De hecho, como señaló Guillermo Calvo (“Capital markets and the exchange rate, with special reference to the dollarization debate in Latin America,” Journal of Money, Credit and Banking, mayo del 2001), los bancos centrales de los países industrializados no llevan a cabo su función de prestamista de última instancia mediante la emisión de dinero, sino que lo hacen pidiendo prestado.

4.- Se pierde flexibilidad en la política monetaria doméstica
No es que se “pierde flexibilidad”. Es que ya no va a haber flexibilidad alguna. Precisamente de lo que se trata es que no haya una política monetaria doméstica. Los episodios desafortunados de inflación y devaluación y grandes pérdidas en la riqueza de los ciudadanos, es lo que impulsa el argumento a favor de la dolarización. Me da la impresión de que en nuestras naciones las prédicas que uno puede agrupar bajo el rimbombante título de “soberanía monetaria” no son para defender buenas prácticas monetarias, como podrían ser medidas anti-cíclicas apropiadas, sino más bien es un nacionalismo nefasto reflejado históricamente en muchos períodos de inestabilidad monetaria y cambiaria de nuestras economías. Esto, más que “soberanía monetaria”, me suena a “soberbia monetaria”.

III.- CONCLUSIONES
Concluyo con dos ideas. La primera es agradecer al Dr. Juan Muñoz Giró por su tiempo tan escaso dedicado a la lectura de este comentario y, sobre todo, por sus sugerencias, que de ninguna manera significa que evada mi responsabilidad por ellas y, en segundo lugar, decirles que se avecina el momento adecuado para que el país valore la conveniencia de que los ciudadanos costarricenses podamos proteger el valor de nuestro trabajo y de nuestros ahorros, con una moneda que, a largo plazo, nos brinde confianza. Hoy día nuestro trabajo es subvaluado en colones simplemente por el diseño del Banco Central de Costa Rica, como una muestra más de que nuestros haberes en colones están determinados por la buena o mala voluntad, conocimiento o pericia de quienes emiten una moneda de curso legal en el país. El Banco Central le puede fijar a nuestra moneda un valor que es totalmente ajeno a aquél que los ciudadanos estamos dispuestos a darle.

Se avecina el momento más adecuado para discutir tranquilamente el tema de la dolarización en Costa Rica. No tenemos, al momento, temor de una escasez de reservas ni se percibe una crisis financiera cambiaria con una posible devaluación del colón, sino que hoy se da lo contrario. Es por esto que, además de la, en mi opinión, inminente aprobación por Costa Rica de un área de libre comercio entre Centro América, Republica Dominicana y los Estados Unidos, cuya ampliación del comercio se hará básicamente en una moneda común, el dólar estadounidense, en vez de dolarizar en un momento de crisis, con lo angustioso y oneroso que resulta todo ello, lo podamos hacer en el mejor momento posible o como ahora. Tal vez así podríamos evitar repetir aquí lo que dijo el Presidente Woodrow Wilson en 1919, después de haber firmado en 1913 la creación del Banco de Reserva Federal: “Sin proponérmelo he arruinado a mi país.”

Por Jorge Corrales Quesada

*Exposición en el Seminario de Ecoanálisis del 31 de agosto del 2007

Elisa
15/05/2012, 10:06
2010-08-31-COMENTARIOS PRIMEROS SOBRE EL PANORAMA FISCAL

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COLUMNA LIBRE: COMENTARIOS PRIMEROS EN TORNO AL PANORAMA FISCAL

Boletín de ANFE, 31 de julio del 2010.

Es posible que este comentario sea tan sólo el primero de varios que tratarán acerca de la política impositiva que el actual gobierno pretende imponer. El tema apenas empieza a deshojarse en la palestra económico-política y es posible que requiera de una amplia discusión que tome varios meses. Es por ello que en esta oportunidad sólo formularé algunas pinceladas en torno al panorama fiscal de nuestro país, que las autoridades gubernamentales consideran como la base para proponer un aumento sustancial en los impuestos: como dice la ciudadanía, de un nuevo paquetazo.

Es pertinente señalar que en la campaña política recién pasada, la candidata ganadora y hoy Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, siempre fue bastante esquiva en cuanto a que, de llegar a tal posición, enviaría un nuevo paquete tributario a la Asamblea Legislativa y sólo dio visos de que presentaría un nuevo impuesto a los llamados casinos, que al momento no tienen gravamen alguno sobre sus actividades, a diferencia de como suele suceder en muchos países en donde operan legalmente. Es más, doña Laura enfatizó que el Movimiento Libertario se oponía a dicho gravamen, pero más bien parece que estaban de acuerdo con que, si se guardaran proporciones similares a las aplicadas en Panamá, no se opondrían radicalmente a dicha propuesta (al menos algo así expresó su candidato de entonces en una oportunidad). Por su parte, en apariencia los casinos aceptaban un gravamen similar, pues ello les daría cierto grado de “legalidad” de la cual carecen a la fecha y lo cual les imposibilita, por ejemplo, para abrir cuentas corrientes en los bancos comerciales.

Parece que siempre ha habido un “buen ambiente” para que los casinos sean objeto de un nuevo impuesto. Más discutible en cuanto a su viabilidad política es si tal gravamen se aplicaría también a los llamados casinos virtuales (conocidos como “sportbooks”) que operan en nuestro país por medio de la Internet y que, como es conocido, son ampliamente rechazados por las autoridades tributarias de los Estados Unidos, quienes consideran que deberían de ser objeto de regulación y gravámenes en ese país y, posiblemente, no en Costa Rica. Este último no parece ser un tema tan resuelto en cuanto a una posible aprobación legislativa, pues, si bien el gobierno de Costa Rica podría obtener algo de gravámenes, el control del flujo de fondos en dichas empresas es difícil, además de que posiblemente tal medida irritaría al IRS (Internal Revenue Service) de los Estados Unidos, que vería reducirse la base tributaria que siempre ha aspirado a gravar para sí.

He empezado por referirme a este gravamen, porque es el más difundido como posible parte de un paquete tributario que aún se desconoce, pero hay otros componentes que tienen más elementos que deberán ser objeto de una discusión más amplia. Pero antes que todo debo empezar por analizar cuál es el problema con los ingresos tributarios de nuestro país, de forma que sea fácilmente comprendida por el lector.

Si vamos un par de años atrás, en Costa Rica nos encontrábamos relativamente satisfechos con el comportamiento tributario. Es cierto que había algunos grupos y personas que continuaban impulsando un aumento en la carga tributaria -de aproximadamente un 13.5% del PIB- en dos puntos porcentuales adicionales. Sus propuestas, entre otras, eran las de aumentar las tasas marginales más elevadas del impuesto sobre la renta de empresas y personas, ampliar la base del impuesto a las ventas, que se transformaría en un impuesto al valor agregado, aplicando además este gravamen a una serie de servicios hoy exentos (principalmente brindados por profesionales), la eliminación del impuesto de renta actual a ciertos ingresos, tales como los intereses de certificados bancarios, pero que se incorporarían como parte de los ingresos sobre los cuales se aplica el impuesto sobre la renta -creo que lo llaman universalización de la renta-, así como incorporar como renta imponible en el país a los ingresos de los costarricenses obtenidos en el extranjero y que no pagan impuestos en los países de origen -creo que a esto le llaman “renta mundial”- y, finalmente, un impuesto de $200 a las sociedades anónimas. Afortunadamente, en su momento, la Asamblea Legislativa no aprobó esta cascada de impuestos.

La presión de grupos por una aprobación de esos nuevos gravámenes fue disminuyendo conforme la economía costarricense mostraba un crecimiento económico favorable, pues el déficit programado, en vez de aumentar, como era el temor de algunos, más bien disminuyó notoriamente en el penúltimo año de la administración Arias. La buena economía nacional fue la mejor medicina contra el paquete tributario que se proponía, sin dejar de lado que las autoridades del Ministerio de Hacienda tomaron algunas medidas apropiadas de tipo administrativo para evitar la evasión. Esto último también impulsó los ingresos tributarios, a pesar del relativo fracaso en cuanto a su recaudación de un impuesto nuevo que se llamó “sobre las viviendas de lujo”, el cual presentó serios problemas de viabilidad para lograr los recursos que inicialmente te estimaron. Fueron algunas medidas para “evitar la evasión”, que adicionadas al enorme crecimiento tributario ocasionado por el crecimiento económico de esos años lo que produjo recursos suficientes para que, por mucho tiempo, casi no se volviera a hablar de nuevos y mayores impuestos para evitar el “enorme” déficit que se preveía.

En eso nos alcanzó la recesión y la economía dejó de crecer a las tasas relativamente altas a que venía haciéndolo. La recesión tuvo dos efectos importantes sobre las finanzas gubernamentales: por una parte, los ingresos tributarios crecieron a tasas mucho menores a las previas y, por otra parte, con desempolvado espíritu Keynesiano, el gobierno propuso un plan llamado Escudo, mediante el cual, como medida presuntamente anti-recesiva, se aumentó fuertemente la inversión pública, pero notoriamente el empleo en el sector público (se argumentó que era para compensar la caída del empleo en el sector privado). Estos dos elementos ocasionaron que, lo que se consideraba como un déficit “manejable” de aproximadamente un 3.5% del PIB, en estos momentos ya se estime que se elevará hasta un 5% del PIB, e incluso puede que supere esta última cifra.

En apoyo a estas cifras, indico las que expresamente expuso la Presidenta Chinchilla: “Yo creí que el déficit iba a ser para este año del 3% y quizá 4% para el próximo, pero ya hablamos de que cerraremos este año en 5% y el próximo, si no hacemos nada, podríamos estar cerrando en un 6%.” (Laura Chinchilla, Chinchilla y diputado Zúñiga difieren sobre el déficit fiscal,” en La Nación, p 8). Obviamente es un comercial a favor de más impuestos y nunca señala reducciones en el gasto público, en un gobierno en el cual más bien lo que se observa es un crecimiento de nuevos proyectos de gasto estatal: ¿logrará romper ese 6%? A como van las cosas, si logran más recursos de los costarricenses, dados sus propósitos de gasto, lo único que nos señala es que necesitan fondos para gastar más. Por ende, el déficit nunca se va a reducir y más bien los nuevos recursos podrían impulsarlos a seguir gastando más y más… pero, luego, se trataría de proponer otro nuevo paquete tributario, y así sin fin.

Fue en medio de ese aumento en el gasto público y de la caída en la recaudación de impuestos, cuando la candidata Chinchilla indicó que no aumentaría los impuestos, dada la difícil situación en que se encontraba la economía, principalmente por el efecto negativo que más gravámenes tendrían sobre el sector productivo. Me parece que esta fue una muy buena razón, pero ahora observemos cómo es que ya intenta dejar de lado tan inteligente propuesta. (El cínico en muchos de nosotros señalaría que hubo muchos despistados que no se dieron cuenta de que se trataba de un oportunista juego electoral).

La actual situación económica del país no parece mostrar un repunte tal como para que se considere que se ha recuperado de la recesión sufrida en los años 2009-2010. El mayor crecimiento comparativo reciente es inducido por la mejora relativa de la economía estadounidense, que ha permitido que el sector exportador doméstico ubicado en zonas francas haya tenido una ligera pero importante mejoría. El resto de la economía nacional no parece estar creciendo a tasas que se podrían considerar siquiera como satisfactorias y menos aún como evidencia de una reversión importante de la tendencia de los últimos dos años.

Por ejemplo, es claro el retroceso que aún experimenta el sector de construcción y el sector exportador nacional no ubicado en zonas francas tampoco se ha recuperado significativamente, en parte por la vigencia de una política cambiaria poco estimulante, hecho al cual espero tener la oportunidad de referirme en un comentario futuro. La actividad del turismo, si bien ha salido de la marisma en que se encontraba, tampoco muestra una recuperación importante, pues tanto el turismo nacional como el extranjero han crecido lentamente e incluso recientemente te ha anunciado el cierre posible de diversas instalaciones hoteleras. La industria dedicada a la producción para el mercado interno (y el regional) muestra índices de una ligera recuperación, pero nada que pueda semejarse a haber “salido de la crisis”. Nuestra economía, si bien ya da muestras de haber frenado el declive sufrido en los dos años anteriores, no se ha recuperado y menos aún salido de la mala situación comparativa de los años previos. La mesura con que doña Laura indicó que no pondría más impuestos ante el pobre crecimiento de nuestra economía en el 2009-2010, sigue siendo tan pertinente ahora como antes. No hay un crecimiento dinámico en nuestro país que nos permita apechugar con nuevas cargas tributarias sin que ello afecte la recuperación. Poner nuevos impuestos pone en peligro cualquier viso de recuperación económica del país.

Si alguien considera que esta apreciación general que de la economía hace este economista, es producto tan sólo de su imaginación y de un deseo de que las cosas no vayan bien, me permito transcribir lo que dijo muy recientemente el Dr. Rodrigo Bolaños, Presidente Ejecutivo del Banco Central: “ La economía no se está recuperando tan rápido como para que por el lado de los ingresos (tributarios) haya más entradas y, por otro, el ajuste que hizo el Gobierno para tratar de usar la política fiscal en la crisis fue aumentar el gasto y aumentó un gasto que no es reducible fácilmente.” (Rodrigo Bolaños, “Banco Central espera baja paulatina en tasas de interés”, La Nación, jueves 26 de agosto del 2010, p. 20A. El paréntesis es mío). A confesión de parte… relevo de pruebas.

En un comentario próximo me referiré con mayor detalle a uno de los gravámenes que ciertos círculos han impulsado, principalmente para allegarse recursos presuntamente indispensables para enfrentar el serio problema con la seguridad en el país. Me refiero a la propuesta de poner un impuesto de $200 (y ya algunos han propuesto que sea de $300) anuales a las sociedades anónimas.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:07
2010-09-31-NUEVAS REFLEXIONES SOBRE EL PANORAMA FISCAL

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COLUMNA LIBRE: NUEVAS REFLEXIONES SOBRE AL PANORAMA FISCAL

Boletín de ANFE, 31 de agosto del 2010.

En cierto momento pensé que mi segundo comentario en torno al panorama actual de las finanzas públicas trataría acerca de la propuesta de un nuevo impuesto a los costarricenses de $200 o $300 sobre las sociedades anónimas. No sé exactamente de cuánto; tan sólo recuerde que el Estado suele ser insaciable. Sin embargo, el demoledor artículo que en contra de dicho gravamen publicó el vicepresidente de ANFE, Dr. Juan Muñoz, en La Nación del pasado jueves 2 de setiembre -y que se reproduce en este Boletín- ha provocado que varíe mi propósito inicial y en esta ocasión trate de un tema más general que me ha venido preocupando bastante durante los últimos tiempos.

En una ocasión, hace ya buen rato, el Ex Ministro de Comercio Exterior, don Roberto Rojas, expresó ante un pequeño grupo de personas que a él le parecía conveniente que todo Costa Rica fuera una zona libre. Algunos le miraron incrédulo: yo estaba muy de acuerdo con esa idea. Y sigo pensando que para bien de los costarricenses disponer de un sistema tributario unificado, no dos sistemas como sucede en la actualidad, puede ser muy conveniente.

Tiempo después y más recientemente el entonces Presidente de la Junta Directiva de CINDE y asimismo Ex Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, señaló en medios de prensa, ante la idea que ese entonces circulaba de aumentar fuertemente los impuestos sobre la renta que pagaban las empresas ubicadas en las zonas francas, que de ponerse en práctica tal medida podría provocar una salida de la inversión extranjera ya ubicada en las zonas francas, pero principalmente afectaría el arribo al país de nueva inversión. Y con razón enfatizó la importancia que tenía una política tributaria de gravámenes bajos para explicar el enorme crecimiento que se había venido dando en las exportaciones provenientes de nuestras zonas francas.

Lo cierto es que, si bien ese tratamiento preferencial a las empresas de zonas francas es sumamente conveniente para consolidar nuestro esfuerzo exportador y para generar fuentes de empleo calificadas en el país, indirectamente -tal vez una consecuencia no prevista- se ha creado un tratamiento dispar a la inversión en el país que debe ser corregido, a fin de eliminar lo que ya es una seria distorsión en nuestra economía. Mientras que la inversión de una empresa privada en el país paga tasas del impuesto sobre la renta de un 30% en el margen, una empresa que se ubique en la zona franca en la actualidad no pagaría impuesto sobre la renta alguno, si bien hay hace poco más de un año se presentó un proyecto de ley para que pagara -redondeando- un 6% después de estar operando cinco años en el país. El hecho es que aún con este nuevo impuesto que nunca se aprobó y que parece estar agazapado en las sombras legislativas para dar el salto en cualquier momento, pone en evidencia una diferencia tributaria para la inversión que se ubica en el país de un 24%
En mi opinión el país debe evolucionar, con el paso del tiempo, hacia un sistema tributario sobre la renta en que cualquier empresa ubicada en el país pague las mismas tasas de impuestos sobre la renta. Por supuesto que el estatista de siempre correrá a decir que entonces de inmediato habría que elevar las tasas que pagan las firmas ubicadas en las zonas francas, pero tal visión es miope u omisa ante lo que anteriormente se refirió don Alberto Trejos: las empresas ya ubicadas aquí tenderían a irse a mejores rumbos, pero sobre todo Costa Rica dejaría de ser un lugar deseable para invertir si los gravámenes sobre la renta empiezan a aumentar sin ton ni son. Todo lo contrario: la idea que propongo se medite significa ir reduciendo gradualmente las elevadas tasas impositivas que afectan relativamente a la inversión nacional.

No hay razón para discriminar para efectos tributarios en cuanto al origen del capital: tanto las empresas de zonas francas como las domiciliadas fuera de éstas utilizan recursos propios del país. Ambas utilizan el factor trabajo en el cual han invertido los costarricenses (en buena hora), emplean una mano de obra que goza de buena salud, en mucho, en mi opinión, por un sistema de salud pública que todos los costarricenses sufragamos de una manera u otra, así como emplean los caminos -o vías que se les parezcan- que también todos los ciudadanos hemos contribuido para su existencia, aunque ya sabemos del déficit que caracteriza nuestra red vial. Y así sucede con muchas otras cosas que con gusto ofrece la ciudadanía para su utilización rentable por medio de empresas, cualquiera sea su procedencia. Es más la paradoja es tal que incluso la inversión extranjera que se ubica en una zona franca es tratada relativamente mejor que una misma inversión extranjera que se ubica en otra parte del país, fuera de dichas zonas. No veo razón para diferenciar tal trato. Ambas empresas, la ubicada en la zona franca como la que está fuera de ella generan riqueza -afortunadamente- mediante la buena utilización de recursos nacionales y extranjeros.
El meollo del dilema está en ver como se concilia un país que necesita de la inversión extranjera para generar empleo y riqueza tanto para los costarricenses como para los extranjeros con la equidad básica de que la inversión que genera empleo y riqueza, independientemente de dónde se ubique, pague impuestos similares.

La propuesta tributaria que ha estado circulando en los últimos días es simplona: aumentar los impuestos sobre la renta, pero de hecho sería sólo sobre aquellas empresas que se ubican fuera de las zonas francas, con lo cual se aumentaría la disparidad entre firmas que inviertan en el país como un todo. Pero si aumentan los gravámenes sobre la renta (o se ponen del todo), bien podría ahuyentar la inversión extranjera ya localizada en zonas francas dentro del país o, tal vez peor aún, se convertiría en un freno para atraer nueva inversión al país.

La solución, a plazo podría estar en dos vías: tener una aumento ligero en la imposición a las empresas ubicadas en las zonas francas -tal vez después de unos años de operar en el país, de manera que puedan descontar la inversión inicial, lo que podría ser tal vez unos cinco años, que implicaría una tasa de rendimiento del 20% anual, que es nada inusual, y así contribuirían a sufragar el gasto del estado que hoy día recae sobre el resto de los domiciliados en el país. La segunda vía sería ir reduciendo gradualmente las tasas marginales exageradamente altas de un 30% que hoy día paga el resto de empresas (grandes) no ubicadas en zonas francas. Habrá una especie de convergencia que me parece deseable ir llevando a cabo.

Como liberal desearía tener un país totalmente libre de impuestos, si ello fuera posible, pero los liberales no somos anarquistas y requerimos de un estado, que si bien buscamos minimizar, permita que funcione un sistema de libre mercado, visión que es muy distinta del estatismo que ha caracterizado nuestra economía durante los últimos tiempos. Parte del costo de ese estado debe ser sufragado por empresas que hoy día no pagan impuestos y sí utilizan recursos del país, a diferencia de cómo exagerada y desproporcionadamente lo hace el resto de firmas que se ubican en el país. Sé que es un tema difícil, pero por ello no debe ser soslayado de la discusión seria.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:08
2010-10-31-PLATA, MÁS PLATA-PARTE I

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COLUMNA LIBRE: PLATA, MÁS PLATA- PARTE I

Boletín de ANFE, 31 de setiembre del 2011.

Una vez que había terminado este artículo, que originalmente era uno sólo, me di cuenta que era muy extenso y que sólo lograría que la gente se aburriera con su lectura. Por ello decidí dividirlo en dos partes, la primera trata sobre el concepto general del déficit en nuestro país y las propuestas de impuestos que se están formulando para eliminarlo, en tanto que la segunda expone quince posibles usos de gasto público que se podría llevar a cabo, si es que se recaudan mayores recursos provenientes de los bolsillos de los costarricenses.

Cada vez que el gobierno se acerca a límites en su gasto -esto es, a situaciones de déficit considerados como insostenibles- lo primero que los políticos nos dicen es que los costarricenses pagamos relativamente pocos impuestos en comparación con otros países del mundo, para agregar de inmediato que, además, el país tiene una serie de necesidades que deben ser satisfechas a través del gobierno; esto es, por más gasto público.

No sólo no parecen ser enteramente ciertas las afirmaciones de que pagamos relativamente pocos impuestos si se toman en cuenta las llamadas cargas sociales, que no son más que gravámenes a los salarios, sino que, una vez más, el gobierno, inmerso en un proceso de anunciación de nuevos impuestos, nos repite el sainete de las necesidades insatisfechas para justificar su angurria. En realidad lo que tal pretensión debería provocar es que prestemos mayor atención a los gastos que se propone financiar: que pensemos cuál será el uso posible que el gobierno le dará a esta plata que nos quitarán con mayores impuestos. Es cierto que uno siempre encontrará el cinismo en el camino de ese ejercicio mental: me acuerdo, cuando ya hace varios años, un amigo empresario me reclamó por mi posición firme a favor de reducir el gasto público, en vez de aumentar los impuestos, como en aquella ocasión también proponía el gobierno para bajar el déficit. Me dijo que estaba de acuerdo con mi planteamiento siempre y cuando el gobierno no redujera el gasto que hacía comprándole productos a su empresa. Por supuesto que no les diré ni el santo ni la limosna; ni el nombre ni el producto, pues de inmediato casi que adivinarían y en estos casos es mejor que exista, al menos en vida, cierto misterio elegante acerca de los verdaderos motivos que a veces aparecen tras los deseos de las personas.

En la actualidad la economía mundial sufre de una grave crisis económica y para enfrentarla se han seguido básicamente dos enfoques gubernamentales contrastantes en lo referente a la política fiscal. Por una parte, y como ejemplo, está el del gobierno de Obama, que, como ningún otro antes, ha endeudado a su país en el monto más elevado de su historia, arguyendo que si el gobierno no gasta recursos, ante la insuficiencia de gasto de parte del sector privado, la economía se sumiría en una enorme depresión con niveles trágicamente altos de desempleo. En esta forma de enfrentar la crisis le acompañan, como ejemplos, otras naciones de Europa, como podría ser el caso de Francia, Italia, Grecia, Portugal, entre otras.

El otro camino que se ha seguido -o intentado, al menos- para enfrentar la crisis es reducir el enorme gasto público y la consecuente deuda fiscal, dejando que las economías se ajusten y que la recuperación retorne principalmente por la acción de los agentes privados, junto con una política monetaria expansionista, que afortunadamente también la han seguido las naciones señaladas en la alternativa previa. Este parece ser el caso de Inglaterra y, tal vez sorprendentemente, en algún grado y de manera reciente España, la cual, si bien aún continúa embarrada por las prácticas anteriores proclives al gasto, parece ahora parece que se ha visto forzada a reducir el aparato estatal.

Inglaterra está en un proceso un reducción del 20% de la fuerza de trabajo empleada en el sector público y no hace mucho redujo sustancialmente los salarios de los altos funcionarios estatales, lo cual también incluyó que a los miembros del gabinete se les quitaran sus vehículos de uso discrecional. Creo que tan sólo al Primer Ministro se le conservó ese privilegio. Los otros altos funcionarios, si ahora requieren transporte dado su cargo oficial, deben utilizar los vehículos regulares del parque del Ministerio correspondiente -nada de llevárselo a casa... En España, ante el desmadre fiscal de ese país, a pesar de la enorme cantidad de impuestos que había implantado durante los últimos años, el socialista Zapatero se vio obligado a recortar en un 10% los salarios de los altos empleados públicos, así como eliminar numerosas dependencias que duplicaban sus funciones dentro del gobierno.

En cuanto a la economía estadounidense, a la fecha en que esto se escribe -octubre del 2010- presenta la tasa de desocupación más alta de su historia reciente: un 9.6% de su fuerza de trabajo. Por ello vale la pena recordar que cuando la administración Obama propuso aumentar enormemente el gasto estatal como programa anti-deflacionario, dijo que, de no tomarse tales medidas, para esta época el desempleo llegaría a un 9% desde el previo 7% que existía en aquellos momentos. Pero logró romper un récord: en vez de ese 9% de desempleo que auguró se presentaría si no se tomaban las medidas de expansión del gasto que proponía, una vez que fueron tomadas, en vez de lograr reducir el desempleo, éste es hoy un 9.6%. Vale la pena, entonces, preguntarse, ¿de qué valió todo ese aumento del déficit gubernamental de casi un 1.3 trillones de dólares (tal como se mide en los Estados Unidos) sólo en el 2010, si más bien la recesión -expresada por el desempleo- terminó por ser mayor? ¿De qué valió llevar al gobierno (al país) a una deuda de más de $13.600 millones de dólares? El monto exacto de la deuda del gobierno federal de los Estados Unidos al 22 de octubre del 2010 es de $13.672.149.113.835, 15 y crece a un monto diario de $4.17 billones.

Cada ciudadano de ese país hoy debe más de $43.800.

Ante este panorama ajeno, ¿cómo se compara la situación del déficit en nuestro país? Hace unos tres años, cuando la economía venía creciendo, se generaba suficientes recursos para no tener un déficit inmanejable y las autoridades de ese entonces así lo destacaron. Pero la cosa se jodió, una vez más. Asustado el Presidente Arias ante la recesión norteamericana y aprovechando que la circunstancia servía como justificación para su clara inclinación previa por aumentarle los impuestos a los costarricenses, siguió el llamado Plan Escudo que, en síntesis, consistió en incrementar enormemente la planilla estatal mediante puestos fijos, permanentes, de forma que, cuando la economía cesó su caída, mas no una recuperación plena, los ciudadanos hemos tenido que seguir pagando esa nueva burocracia y la cual el nuevo gobierno no pudo -o no quiso- quitar. El gasto estatal aumentó, mientras los impuestos se cayeron al reducirse la actividad económica y, en consecuencia, el déficit aumentó. El camino estaba abierto una vez más para el nuevo pedido de más y más plata… simplemente obtener más recursos para poder seguir gastando.

Entendamos una cosa: en asuntos de platas, el estado debe ser visto como un todo. Para nuestros efectos, la plata que gasta una institución descentralizada proveniente de nuestros recursos es la misma ya sea que lo haga el gobierno central o la Asamblea Legislativa u otro órgano público. Al fin de cuentas, de algún lado el financiamiento de ese gasto sale del bolsillo del costarricense. Si el gobierno considera que cierto tipo de gasto es prioritario, generalmente es capaz de, por ejemplo, dejar un puente sin mantenimiento, con tal de que los recursos que quedan así liberados puedan emplearse en alguna otra cosa, como por ejemplo, aumentar los sueldos de los empleados públicos o financiar un nuevo programa estatal. Por tanto, debemos ser vigilantes de todo este tipo de procesos y en su momento formularnos una pregunta crucial: ¿para qué quieren más plata los políticos?

No subestime el amigo lector la inteligencia de aquellos que van a apropiarse de sus ingresos por medio de impuestos. De tontos no tienen un pelo. Si Usted les pregunta ¿en qué van a gastar esos recursos?, lo primero que le responderán, ante la angustia real de los ciudadanos y porque la justicia y la represión siguen siendo una función esencial del Estado, es que serán usados para combatir la delincuencia. Y para ello es que ahora le atragantan nuevos gravámenes, cualesquiera que sean, porque las propuestas para quitarnos nuestro dinero que han ido apareciendo en estas últimas fechas son de la mayor variedad y a veces hasta lucen hasta folklóricas. Es más, dichas propuestas hoy día no han sido enteramente definidas, pues se está en cabildeos con grupos de presión, lo que posiblemente significa es que cada uno de ellos, por separado, posiblemente luchará porque a ellos no les toque -al menos directamente- y que sea “otro” el que pague. Esta es una razón muy poderosa para que existan tales grupos de presión.

Ante este panorama, tal vez lo mejor para nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, podría ser mostrar algunos de los usos posibles que los políticos podrían tener en mente con los fondos nuevos que esperan recaudar. Ello a sabiendas de que alegarán que se usarán para otros fines que podrían ser muy necesarios ante nuestros ojos, pero también teniendo presente que, al disponer de más y nuevos fondos para estos “buenos objetivos,” se liberarían recursos antes usados para esos fines loables, que ahora podrían emplearse en otros que tal vez no serían tan bien vistos por los ciudadanos, aunque sí deseables para los intereses propios de los políticos. Esta es la esencia del jueguito fiscal al que nos estamos enfrentando. Una lista de ejemplos será analizada en el Boletín del próximo mes.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:08
2010-11-31- PLATA, MÁS PLATA-PARTE II

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COLUMNA LIBRE: PLATA, MÁS PLATA-PARTE II

Boletín de ANFE, 31 de octubre del 2011.

En esta segunda parte de mi comentario “Plata, Más Plata“, analizo una lista de 13 gastos estatales que podrían ser sufragados si el gobierno dispusiera de más ingresos por mayores impuestos. Es una lista personal que de ninguna manera es excluyente de la que cada uno de ustedes puede tener. Aprovecho para hacer pequeños comentarios sobre cada parte de ella.

Número 1: ARESEP, que forma parte del Estado, podría mandar un nuevo presupuesto a la Asamblea Legislativa para adquirir o alquilar un nuevo edificio, pues para eso “habría plata”. No tendría que pensar (hoy día tampoco lo hace) que en estos momentos difíciles la frugalidad es necesaria y que ciertas incomodidades en los traseros podrían ser un sacrificio, en vez de resolverlas sacándoles plata a los ciudadanos. Ah, y también la nueva contratación se haría con toda transparencia, como siempre.

Número 2: Con más plata (si el Estado no se lleva la sorpresa de que la gente decide dejar de pagar los mayores impuestos), el Consejo Nacional de la Producción (CNP) podría mandar a la Asamblea un nuevo presupuesto para financiar lo que hoy no hace, excepto generar empleo. Hace años algunos políticos desusadamente francos nos dijeron que el CNP ya había cumplido sus funciones y que debería cerrarse. No cumplieron. Si hay más plata, podría continuarse malgastando recursos en el CNP y cumplir con una vieja ley de la burocracia: “una vez creada una institución de gobierno, aunque no sirva para nada, no puede cerrarse“.

Número 3: Si hay más plata, podría seguirse subsidiando a ciertas concesiones públicas. Las concesiones son una forma adecuada y tal vez hasta única de brindar obras y servicios públicos a los ciudadanos, pero no como el desastre que estamos viendo con la carretera a Caldera. La obra en concesión tiene un costo que debe cubrirse con el paso del tiempo -al igual que en cualquier negocio privado. En ocasiones el gobierno “aporta” ciertos costos que no se incorporan como parte del monto total que define la tarifa que recuperaría la inversión privada. El Estado puede aportar un puente o expropiaciones que abaraten el monto total que aporta el concesionario. No es una práctica inusual: la experiencia exitosa chilena así lo muestra. Lo sucedido para bajar los costos de la carretera a Caldera trasciende este enfoque inteligente y justificable, cayendo en ámbitos que prefiero dejar para mi fuero interno. Ahora para habilitar la carretera tendrá que invertirse una enorme cantidad de recursos adicionales. Si hubiera más plata con los nuevos impuestos, el MOPT (por la vía del Ministerio de Hacienda) podría mandar a la Asamblea una apropiación de más recursos para reducir el costo ahora mayor que deberán pagar los usuarios de la carretera. Esa solicitud podrá favorecerlos, pero todos nosotros la habremos pagado con esos nuevos impuestos.

Número 4: El nuevo estadio nacional es otro gran ejemplo de “prioridades” estatales. Los “chinitos”, como aprecio por nuestra ruptura de relaciones con Taiwan, estaban dispuestos a darnos una obra importante que recordara tan “desinteresada” hazaña. El estado costarricense podría haber pensado en que se financiara una obra productiva para los costarricenses. Imagínense, por ejemplo, carreteras a San Carlos, a Puntarenas o a la frontera norte. Terminada la vía podría cobrarse un peaje suficiente para asegurar su mantenimiento y desarrollo. Se optó porque nos “compensaran” con un estadio. ¿Cree alguien que generará suficientes recursos para conservar tan bella donación? Guardo mis dudas al ver cómo este gobierno pidió fondos al gobierno chino para poder terminar las instalaciones, pues no tiene plata. Si a los costarricenses se les extrae más fondos por la vía de impuestos, habrá lo suficiente para mantener la dignidad nacional y de paso la estabilidad financiera del nuevo estadio. Si no hay más plata, no habrá más camino que seguir guardando silencio sobre los derechos humanos en China, aunque alguien podría preferirlo a tener que pagar más impuestos.

Número 5: En comparación con otros sueldos de altos funcionarios públicos, los diputados se han quedado atrás. No justifico la pretensión inolvidable al inicio de la nueva Asamblea Legislativa, que desnudó una vez más tanta falsedad de los políticos hacia la ciudadanía. Que sus salarios se hayan rezagado ante los de otros burócratas, lo más que podría implicar es que se revisen esos “otros” sueldos, que han crecido sin ton ni son en los últimos años, muy lejos de los incrementos a los ciudadanos privados. Entrarle a esos disparadores de aumentos de todo el aparato burocrático es políticamente suicida. La bendición caería del cielo si hay un aumento de ingresos con nuevos impuestos: se podría meter una “partidita” que aumentara los salarios -si bien gradualmente, pues algo aprendieron del intento fracasado. ¿Por qué creen ustedes que esos mismos diputados aumentaron recientemente los sueldos de gran parte del personal de la Asamblea? Pobrecitos: ahora se quedaron más rezagados…

Número 6: ¿Se olvidaron las declaraciones del entrante Ministro de Relaciones Exteriores acabadas las últimas elecciones, quien señaló que los sueldos de nuestros funcionarios en el exterior eran muy bajos comparados con los de otros países y que debería resolverse ese problema para que mejores funcionarios aceptaran esos puestos? Bueno, les caería de perlas que al fisco le entrara más plata para así programar aumentos a tan desafortunados funcionarios, aunque posiblemente tan sólo provocaría que los “escogidos” y “políticamente aceptables” vean engrosar sus ingresos.

Número 7: Un subsidio groseramente regresivo es el otorgado a los arroceros. Veamos en forma sencilla en qué consiste. Suponga que el precio del arroz en el mercado internacional es de $100 la tonelada (las cifras no importan, son sólo para el ejemplo). Si esa tonelada se produjera en el país, costaría, digamos, $220. El gobierno hace lo siguiente: permite que se importe la mitad de la producción demandada en el país a esos $100 y permite que luego se lo vendan al consumidor como si el costo fuera de $220. El consumidor de arroz, que suele ser relativamente más pobre y para quien el consumo de ese grano es muy importante en su presupuesto familiar, termina pagando un precio mayor que el que pagaría si se permitiera importar todo el arroz libremente al precio mundial de $100. Lo extra que pagan esos pobres va a manos de unos pocos productores -pues quienes más producen en el país son quienes más subsidio reciben. Se ha alegado que no es un subsidio directo, sino una transferencia forzada de recursos (de pobres a ricos). Cierto, pero para nuestros efectos presupuestarios, dado que esa práctica es ilegal según la Organización Internacional del Comercio (OMC), el gobierno, con plata en efectivo por los nuevos impuestos, podría introducir otro subsidio sustituto de la actual práctica ilegal de transferencia forzosa y salir de su apuro ante la OMC.

Número 8: No es fácil oponerse a un plan gubernamental que busque cuidar a los niños de madres trabajadoras mientras ellas laboran. Uno podría empezar a cuestionar tal idea señalando si es conveniente que sea el estado el que “cuide” a nuestros niños, que para muchos podría no ser deseable, pero de inmediato los proponentes de guarderías señalarían que se emplearían “madres” que los cuiden mientras trabajan las verdaderas. Ello no excluye la posibilidad de que esas nuevas “madres” se burocraticen y surjan los problemas usuales de la provisión estatal de casi cualquier cosa. La discusión podría extenderse, por lo que, sin aceptar su bondad, sino para facilitar mi argumentación, aceptemos en principio que es un proyecto deseable. Aparte de si la prestación del servicio debería hacerse con “madres públicas” o contratando empresas privadas que lo brinden y den cuentas ante los padres de los niños, la primera pregunta es si usar fondos públicos para guarderías la mejor alternativa. Acuden a mi mente muchos otros posibles usos con fines sociales que hoy día están para el tigre. Por ejemplo, la atención a los ancianos en los hospitales, incluso para cotizantes de muchos años a la seguridad social. Otra opción podría ser fortalecer los EBAIS, en donde cada vez es más difícil recibir buena atención médica local, amén de la falta de ellos en muchos lugares e incluso no siempre hay las medicinas requeridas. El estado, en éste como en muchos otros casos, se ve obligado a escoger dentro de su presupuesto, pero si tuviera más plata, no lo pensaría dos veces en utilizar los nuevos fondos en guarderías, aunque otros programas tal vez más importantes seguirían ayunos de recursos.

Debe mostrarse que es la mejor opción del gasto llamado social, eufemismo que encubre nuevas erogaciones y que puede poseer incentivos inconvenientes que den lugar a consecuencias no previstas, como fomentar la irresponsabilidad paternal. Siempre he creído que la crianza de los hijos es responsabilidad de los padres y si tal deber lo ejerce el estado, hay un incentivo es para una mayor procreación irresponsable y, de paso, una pérdida de la libertad ciudadana.

Número 9: ¿Es necesario recordar el subsidio que se da a los políticos? Si bien se ha reducido un monto groseramente abusivo, lo cierto es que las recientes liquidaciones de los partidos muestran la degeneración de la financiación de los partidos políticos mediante la deuda política adelantada. Muchos gastaron más de lo que ahora le corresponde poner al estado -más claro; a todos nosotros. Si hay más plata con los nuevos impuestos, los políticos podrían hacer peticiones para aumentar su buchaca electoral, pues ni lerdos ni perezosos verán como agarran su tajada.

Número 10: Costa Rica es un país sujeto a emergencias. Son ya rutinarias. Siempre habrá alguna nueva. Y al darse surge la cantaleta de siempre: no hay fondos suficientes para resolver los problemas del momento. Si hay más plata con los nuevos impuestos que algunos proponen, habrá de dónde obtener esos recursos. La inquietud surge al tenerse presente que en los últimos tiempos los fondos de emergencias no han sido bien administrados. Hace un par de años el país se conmocionó por una serie de denuncias de un mal uso en la Comisión Nacional de Emergencias. A la fecha no se sabe en qué paró la investigación. Siendo cierto aquello de que “no hay escándalo que dure tres días”. ¿Por qué si era tan claro el desorden, las contrataciones indebidas y otras cosas menores, los supuestos responsables ya casi han pasado al olvido impune? Si el estado tiene más plata con los nuevos impuestos, simplemente ante una emergencia pedirán más recursos, en vez de ser cuidadosos y moderados en el gasto. Simplemente habrá plata para las nuevas “emergencias”.

Es rutinario que en ciertos lugares ya conocidos siempre hay emergencias: no hay inventivos para buscar lugares más seguros pues humanitariamente se dan recursos para que sigan en esos mismos lugares. El ser humano no es tonto; si hay más plata y se les dan recursos por los sufrimientos de las emergencias, no hay un inventivo para alejarse de los lugares riesgosos.

Número 11: ¡Qué necio, dirá más de uno, continuar refiriéndose al episodio de la avioneta en la Asamblea Legislativa anterior! Me doy cuenta de que simplemente es un capítulo más del grueso fardo de impunidad en nuestro medio. Lo que me preocupa es si a algún diputado se le puede ocurrir legislar para adquirir una avioneta (o un helicóptero, para hablar de otro similar) que transporte -ya legalmente- a los diputados de zonas alejadas de San José. Si hay más plata con los nuevos impuestos previstos, nada costaría impulsar una idea como esa. No estoy muy seguro de que nadie propondría tal cosa; en la Asamblea Legislativa se ha visto cada intento de legislación en beneficio propio, que uno como éste ya no asustaría.

Número 12: Similar a lo antes expuesto es la reciente decisión de los diputados de adquirir nuevos vehículos de lujo para el transporte de los diputados, pues los anteriores sólo tenían entre 2 y 3 años de vejez. No se necesitan muchos recursos nuevos para hacer este “choricillo”: simplemente el vehículo viejo se adquirió exento de impuestos. El comprador privado que ahora lo compraría tendría que pagar los altos impuestos, con lo cual se repone algo de los recursos para pagar el nuevo vehículo, que a su vez estaría exento de impuestos. Más plata proveniente de nuevos impuestos reviviría aquel viejo anhelo de los diputados de que todos tengan asignados vehículos exclusivos para su transporte personal.

Número 13: Gran parte de la crisis reciente en la economía de los Estados Unidos se originó en el sector vivienda, debido a políticas populistas del Congreso de ese país mediante las agencias conocidas como Fannie Mae y Freddie Mac. Ellas descansaban en la premisa de que hay un derecho de los ciudadanos a tener casa que debería estimularse con una política de “vivienda para todos“. Para ello, redujeron los requisitos previos producto de la experiencia de años, de que quien quisiera vivienda aportara al menos un 20% del costo total. También el estado, por medio de la Reserva Federal, redujo arbitrariamente las tasas de interés, lo que desató adquirir casas (no sólo una primera, sino hasta segundas y “de campo“). Además, se financió las primas iniciales para adquirir vivienda y se redujeron los requisitos de elegibilidad para la adquisición de hipotecas, entre muchos otros “estímulos” a fin de que todos pudieran tener casa.

Hay que estar atentos a los programas estatales nuestros de estimulo a la adquisición de vivienda, principalmente para grupos de personas de menores ingresos: hoy casi que se financia la totalidad de la construcción a quienes quieren comprar casa y hasta se subsidian los intereses. Esas políticas tienen un costo, de manera que, si hubiera más plata con los mayores impuestos que se proponen en la Asamblea Legislativa, se podría impulsar más esos programas irresponsables. Tales programas existen porque son fuente de apoyo político de quienes los reciben hacia quienes lo dan: de quienes son favorecidos hacia los diputados, quienes así reparten el dinero de sus impuestos.

He expuesto 13 posibles usos de fondos públicos con los nuevos impuestos que la Asamblea Legislativa podría imponer. Usted tal vez no estará de acuerdo con el fondo o la forma de mis alternativas. Mi propósito es que piense en los fines que, según Usted, el gobierno podría satisfacer si se le da más plata. Es posible que algún gasto del gobierno lo beneficie directamente. Pongo sólo tres ejemplos, además de aquel del empresario que cité en mi comentario del mes anterior. Si Usted es maestro de la educación pública, claro que le gustaría que el mayor gasto fuera en sus salarios. Si es médico de la Caja, que lo sea en sus sueldos. Si es policía, en mejores pagas. El problema es que los recursos limitados no alcanzan para todo. Si al estado se le da más plata que luego gasta en lo que aparezca por delante, de ninguna manera se disminuye el déficit, razón inicialmente esgrimida por el gobierno para poner estos mayores impuestos. Para bajar el déficit nunca proponen reducir los gastos estatales, sólo aumentar los impuestos, lo cual viene junto con el descaro de impulsar nuevos gastos, con lo cual el déficit nunca va a disminuir.

Lo único que logran las propuestas de aumentos de impuestos es empobrecer a las personas que los pagan, aumentar en algo los ingresos de los favorecidos con el gasto estatal y enriquecer a los políticos intermediarios en este sacar de la bolsa de unos ciudadanos para meter en los bolsillos de otros, pero, por supuesto, incluyendo en los de quienes reparten.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:09
2011-01-31-QUE PAGUEN IGUAL

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COLUMNA LIBRE: QUE PAGUEN IGUAL

Boletín de ANFE, 31 de enero del 2011.

La interesante columna de don Jorge Guardia del pasado 18 de enero se sustenta en uno de los fundamentos que definen la llamada equidad tributaria. Es el principio de la habilidad o capacidad de pago, que consiste en que las personas deben pagar los impuestos en proporción a su habilidad para pagarlos. Don Jorge resume su interesante crítica a la actual propuesta tributaria del gobierno en que “todos (los 4 ejemplos de personas con ingresos provenientes de diferentes fuentes que él citó) tienen la misma capacidad de pago y deberían de pagar igual:” Muestra cómo el paquete tributario que formula el gobierno no cumple con este principio, pues trata de forma diferente, para efectos del pago de los impuestos, a quienes reciben un ingreso igual.

Hay otro principio tributario importante que fundamenta la equidad en el pago de los impuestos. Es lo que se conoce como el principio del beneficio, el cual afirma que las personas que se benefician de los gastos que hace el gobierno son las mismas que deberían de pagar por aquellos. El tema de principios tributarios no es sólo “paja“: ha sido afirmado durante muchos años por eminentes tratadistas de asuntos tributarios, a quienes hoy no mencionaré, pero me sirve para señalar que, al exponerlos en esta ocasión, nadie “está descubriendo el agua tibia“.

A fin de poner en práctica de forma adecuada el principio de la habilidad de pago, se fundamento en dos importantes criterios o principios. Uno de ellos, denominado de equidad horizontal, se satisface cuando un individuo que tiene cierta habilidad de pago termina pagando lo mismo que otro que tiene la misma habilidad de pago. El otro criterio se denomina de equidad vertical, en donde la persona con mayor habilidad para pagar el impuesto termina pagando una cantidad adecuada mayor que la que paga la persona con menor capacidad de pago.

La aplicación del principio de equidad horizontal, que es el que me interesa analizar en este comentario, presenta problemas que deben estar en mente al diseñar los sistemas tributarios, a riesgo que, de no hacerlo, podría conducir a situaciones totalmente indeseables desde el punto de vista de la equidad con que se percibe a aquel esquema tributario. Como ejemplo, podría haber dos personas con un mismo ingreso, pero con diferentes tamaños de familia a la cual debe proveer. Un gravamen igual para quien tiene una mayor familia sería inaceptable. Este problema se ha resuelto más o menos equitativamente, pero, como ejemplo, podría darse otro caso en que dos personas tienen un mismo ingreso, pero una de ellas lo gasta en mantener a su familia mientras la otra lo hace en “viajes, viejas y vino”. ¿Debería de tratarse tributariamente igual a estos dos tipos de gastos y con un ingreso igual? Los códigos tributarios, por razones como éstas, no aplican el mismo impuesto a quienes tienen los mismos ingresos (por ejemplo, se suelen deducir los gastos médicos). Lo que deseo señalar es que, aplicar a rajatabla estos principios, puede dar lugar a sentimientos de que en el país se tiene un sistema tributario “injusto”.

¿Y qué decir acerca de que la aplicación única del principio de equidad horizontal podría ir en contra de aquél primeramente mencionado -el de beneficio? Considere el ejemplo dos familias con igual ingreso, pero en una de ellas hay un padre de familia con numerosos hijos que los envía al sistema de educación pública de la que deriva beneficios. Contrástelo con la otra: un padre sin hijos. De acuerdo con los principios de la habilidad de pago y de equidad horizontal, este último pagaría lo mismo que el primero, quien obtiene beneficios que no son recibidos por el padre sin hijos.

Con esto quiero señalar las dificultades que enfrenta todo sistema tributario. En esta oportunidad no profundizaré en el principio de equidad vertical, pues quiero hacer unos señalamientos acerca de cómo el paquete tributario propuesto (al igual que como sucede en la actualidad) deja de lado evidentes y significativas violaciones al principio de equidad horizontal y que también don Jorge, quien no puede en un columna periodística cubrirlo “todo“, omite mencionar. Sólo me referiré a cuatro ejemplos o casos en que es obvia la ruptura del paquete tributario (por omisión) con el principio de equidad vertical.

Caso 1: Que paguen impuesto por los ingresos de alquileres o intereses, tal como sucede con los asalariados.

De acuerdo con lo que el gobierno nos ha venido diciendo, ahora las personas que reciben ingresos por alquileres o intereses estarían gravadas con un 15%. Si, por ejemplo, una persona recibe ¢651.000 al mes, ya sea en intereses o en alquileres, tendría que pagar un impuesto sobre la renta de ¢97.650 al mes, en tanto que un asalariado que recibiera mensualmente esa misma suma de ¢651.000, no pagaría nada (y en realidad el beneficio es aún mayor, pues el asalariado no paga el impuesto sobre la renta del treceavo mes). Además, en el paquete tributario propuesto hay un nuevo gravamen de ventas de un 15% por los alquileres (dicen que no se aplicará a la vivienda, sino a los de cualquier otro tipo), con lo cual, si el contribuyente no puede trasladarlo al inquilino, aquel propietario -“ricacho” según el estado costarricense- estaría pagando otros ¢97.650 al mes. Creo que es evidente la injusticia (¿social?) que se practica comparativamente contra quien no es asalariado. Vean que no digo que a los asalariados se les debería cobrar un impuesto igual a quienes reciben esos montos como ingresos iguales pero provenientes de intereses o alquileres, sino que, si se aplicara el criterio de igualdad horizontal, tanto asalariados así como rentistas y ahorrantes que generen ingresos de hasta ¢651.000 al mes deberían de pagar lo mismo y que no se ponga el impuesto de ventas a quien alquila una propiedad.

El horror expuesto (algo mitigado por la posibilidad de deducir lo que se paga por el impuesto de ventas del pago del gravamen sobre la renta) radica en que, mientras es “pobre” para efectos tributarios quien recibe una cierta suma, como es el caso del asalariado, no lo es quien recibe un ingreso IGUAL, si en vez de salarios lo percibiera por intereses o alquileres. ¿Acaso no conocen ustedes muchos pequeños ahorrantes y muchas personas que viven del alquiler de una casa, negocio u oficina? El ejemplo muestra cómo la propuesta gubernamental viola claramente el principio de equidad horizontal.

Caso 2: Hoy hay doble imposición para pensionados.

Cuando usted recibe ingresos mensuales como pensionado por más de ¢651.000, paga impuestos sobre la renta como cualquier otro asalariado. Esa pensión se forma de dos partes: una, llamada el principal, consiste de la devolución mensual de los fondos que en el pasado se le habían quitado de su salario del cual se tuvo que pagar impuestos sobre esa renta, pus fue del sobrante que se tomaron ingresos suyos a fin de conformar el fondo de pensiones y la otra, llamado rendimiento, es la parte de la pensión mensual integrada por los intereses obtenidos por los fondos comunes ahorrados en el pasado. Es decir, una pensión tiene una parte que es simplemente una devolución de sus ahorros sobre los cuales ya había pagado el impuesto sobre la renta y la otra el rendimiento que usted ha logrado con esos ahorros (que pueden ser tanto forzados como voluntarios). Lo importante es que sobre aquella primera parte ya usted en el pasado pagó el impuesto sobre la renta, por lo cual, al aplicar hoy el impuesto sobre la renta que recibe como pensión, debería de serlo tan sólo por los intereses que ahora se le devuelven. Pero no es así: el impuesto sobre la renta que le clavan hoy, lo es sobre la totalidad de la pensión recibida. ¿Qué más violatorio del principio de equidad horizontal que a una persona se le cobre dos veces el impuesto sobre su ingreso, en tanto que a otra persona que recibe un ingreso igual, se le estaría cobrando la mitad? Evidentemente quienes nos hablan de “justicia social tributaria” deberían de atragantarse, no sólo por su voracidad, sino también por su descaro. No estoy proponiendo que, en aras de la equidad horizontal, a alguien se le cobre el impuesto sobre la renta dos veces. Por ello, al pensionado se le debería cobrar el gravamen sobre la renta únicamente por el componente de intereses y no sobre el principal. ¿Será la actual práctica tributaria posible tan sólo porque los pensionados actuales, principalmente los de la Caja, han sido sumamente pasivos ante este abuso?

Caso 3: Unas empresas sí pagan el impuesto sobre la renta, mientras otras están totalmente exentas.

Este tercer caso se divide en dos partes o ejemplos interesantes que comentaré de seguido. Uno es la exoneración del pago del impuesto de la renta a las llamadas empresas cooperativas y el segundo el otorgado a las firmas ubicadas en zonas francas. Ambos ejemplos tienen similitudes, pero cada uno posee características propias que vale la pena recalcar, pues ayuda a comprender parte de los serios problemas que posee nuestro esquema tributario y que con el paquete que el gobierno propone en estos momentos, sólo los profundizará.

Por mucho tiempo se ha eximido del pago del impuesto sobre la renta a las empresas llamadas cooperativas. En criterio de algunos, cualquier imposición a las empresas y en donde simultáneamente se graven los dividendos, constituye un caso de doble imposición y, por tanto, arguyen que debería omitirse el pago del impuesto a la renta de las empresas y gravar tan sólo a los dividendos como parte de la renta global de las personas. Esto significaría que, para efectos de este comentario, se dejaría de gravar a la empresa, ya sea cooperativa o no, y se acudiría tan sólo a gravar la renta de las personas.

Sin embargo, si dejamos de lado la posición acabada de exponer y suponemos, por la razón que sea, que es deseable gravar tanto a la empresa como a las personas por las utilidades distribuidas y recibidas como dividendos, entonces, y tomando como fundamento al principio de equidad horizontal, debería de gravarse tanto a la empresa cooperativa como se hace con cualquier otro tipo de sociedad o firma. Esto es, la exención del pago del impuesto sobre la renta a las utilidades de la cooperativa (llámenseles como se les llame) viola el principio tributario de equidad horizontal.

El caso es aún más interesante, pues el tratamiento tributario preferencial que se le da a la empresa cooperativa en mucho se fundamenta en la idea de que son empresas pequeñas. En la realidad de nuestro país algunas de sus empresas más grandes (afortunadamente) son cooperativas, las cuales, tal vez por no tener que pagar esas onerosas cargas del impuesto sobre la renta, son a la fecha participantes exitosas en el ambiente empresarial transnacional. Esto es, en el país hay cooperativas que son firmas transnacionales, que compiten eficientemente en ese ambiente, y que hoy están exoneradas de cualquier de impuesto sobre la renta, a diferencia de las empresas conocidas como sociedades.

La esencia del problema es si esa exoneración del impuesto sobre la renta a las cooperativas -que alguien, posiblemente sin pelos en la lengua, llamaría “jugosa“- reduce la base imponible de la nación, la cual tiene que ser compensada con impuestos aplicados a otras actividades; en lo particular, a las empresas no cooperativas. Evidentemente ese mayor gravamen a estas últimas firmas las hace menos competitivas en comparación con las empresas cooperativas. El trato tributario preferencial a las empresas cooperativas resulta ser muy claro en cuanto a que se viola el principio de equidad horizontal.

Algo similar ocurre con el segundo ejemplo de este caso: la exención del pago del impuesto sobre la renta a las empresas ubicadas en las llamadas zonas francas. Hay una razón importante que se ha aducido para exonerar totalmente a esas empresas de dicho pago. En una ocasión lo expresó el ex Ministro de Comercio Exterior Alberto Trejos, al escribir que tal exención era necesaria para que esas empresas vinieran a invertir en el país, generando las exportaciones y empleo necesarios.

Hasta aquí todo me parece muy bien: siempre he sido partidario de la idea de que lo mejor que le podría suceder al país es tener un régimen tributario igual al aplicado a las empresas en zonas francas; esto es, cero gravamen sobre la renta de la firma, pues, al fin y al cabo, una empresa ubicada fuera de las zonas francas también genera inversión y empleo, tal como lo hacen aquéllas. De hecho, el capital invertido en una empresa fuera de zonas francas también podría haber sido invertido en cualquier otro país distinto de Costa Rica. ¿Será que la razón por la cual se le grava, en contraste con la empresa de zonas francas, se fundamenta en la creencia de que es un capital inmóvil y diferente, el cual no reacciona a los incentivos que sí mueven a las empresas de zonas francas? ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, que una empresa extranjera o una nacional se ubique fuera de la zona franca en cuanto a la inversión y a la generación de empleo en contraste con una firma que se instala en la zona franca? Hoy la diferencia esencial está en el régimen tributario preferencial que cobija a la segunda. En lo demás, en esencia son iguales.

Pero la atracción de inversión de propiedad extranjera hacia el país enfrenta una clara competencia por la exoneración que también se ofrece en zonas francas de otras naciones. Claro que esta última posibilidad es aplicable tanto para el capital de terceras naciones como para una empresa nacional que quisiera instalarse en el extranjero. Pero lo importante es tener presente la posibilidad de que, si al capital extranjero no se le ofrece dicha exoneración, no se invertiría en el país, lo cual podría requerir alguna forma de tratamiento preferencial o, mejor alternativa, que el sistema tributario de Costa Rica evolucione hacia tasas bajas y uniformes sin discriminación en contra de la ubicación o procedencia del capital. Pero soy consciente que, en la realidad política del país en el corto plazo, no vamos a evolucionar hacia una reducción de los impuestos, para disponer de un sistema tributario basado en tasas bajas y uniformes, por lo cual la alternativa podría ser la siguiente: un gravamen sobre la renta neta de un 5% aplicable a las empresas de zonas francas después de cinco años de tener esas operaciones en el país.

¿Por qué un 5%? Porque me parece que es una tasa baja y porque los impuestos que pagarían esas firmas transnacionales son, además, deducibles del pago del impuesto de la renta en sus países de origen, con lo cual, en el neto, no habría un aumento del impuesto total que la firma transnacional paga por su renta. Tal vez una tasa más elevada haría que la decisión inicial de invertir en el país no sea tomada o que se considere inaceptable por el país de origen de la firma, al ver reducirse su base tributaria. Además, porque sería un paso para que se converja hacia un régimen impositivo caracterizado por una tasa imponible única y baja.

¿Por qué se aplicaría sino hasta 5 años después de operar en el país? Porque uno espera que la tasa de rendimiento de la inversión inicial sea la “usual” de un 20% anual, lo que permitiría que en cinco años (en realidad un poco menos) se recupere la totalidad de la inversión, haciendo atractiva la decisión de invertir en el país.

¿Por qué cobrar un impuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas? Por dos razones muy poderosas. Primero porque demandan (usan) una serie de recursos públicos que deben ser financiados por la ciudadanía, siendo el más notable, la educación y la salud de la fuerza trabajadora nacional, además de utilizarse facilidades como puertos, aeropuertos, caminos, carreteras, seguridad de la inversión, entre otros, al igual que lo hacen las demás firmas instaladas en territorio nacional. En segundo lugar, porque el origen del problema actual del financiamiento del estado viene por el exceso de gasto público sobre los impuestos y para rellenar ese hueco las autoridades gubernamentales acuden a la misma y repetitiva base tributaria de siempre: los consumidores y las empresas ubicadas fuera de zonas francas. Si se gravara a las empresas de zonas francas no se tendría que aumentar tanto el elevado impuesto que ya hoy paga el resto de la economía. Lo que en síntesis se propone es aplicar el principio tributario de equidad horizontal, algo que lamentablemente don Alberto Trejos tira por la borda, cuando aprueba que el resto de las firmas del país y los ciudadanos sí paguemos con más impuestos la torta del déficit gubernamental, en tanto que se mantengan totalmente exoneradas desimpuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas.

Este asunto de las exoneraciones desnuda la violación del principio tributario de equidad horizontal. Reconozco que no es el único principio que determina la estructura tributaria de un país, pero el deterioro en el manejo fiscal ha llegado a un grado tal que incluso, como lo señala un estudio muy reciente de la Contraloría General de la República, el estado ni siquiera conoce con exactitud a cuánto asciende el monto de las exoneraciones que otorga anualmente. Esto es sólo parte del mal manejo que el estado hace de los recursos de todos los costarricenses.

Por Carlos Federico Smith

Elisa
15/05/2012, 10:10
2011-02-28-UN ESTADO INVIABLE

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COLUMNA LIBRE: UN ESTADO INVIABLE

Boletín de ANFE, 28 de febrero del 2011.

Escuché hace poco en la televisión a una persona aseverar que, con una carga tributaria del 13.5% del PIB, “Costa Rica es un estado inviable“. Esa aseveración hoy me conmina a hacer una serie de reflexiones, pues hasta ahora no había escuchado tal argumentación en favor de la aprobación de impuestos, tal como el gobierno propone actualmente en la Asamblea Legislativa.

El primer punto es valorar qué significa que un país sea inviable. Me imagino que quien así opina tiene en mente la incapacidad del país, con los recursos tributarios de que ahora dispone, para enfrentar las demandas de gasto que del gobierno la gente espera. Si así fuera, es muy posible que tenga razón: en las circunstancias actuales la gente quiere que el gobierno le satisfaga una serie de necesidades que posiblemente requieran de mayores impuestos, pero que parecen ir más allá de lo que esas mismas personas desean pagar. Como tal, la afirmación resultaría ser entonces una perogrullada; esto es, una verdad tan evidente que es una clara bobería formularla como una hipótesis. El hecho de que en la economía en este año habrá un déficit del sector público de un 5% significa que en ese porcentaje hay un gasto gubernamental en exceso de los impuestos. Por lo tanto, la demanda de gasto público estaría excediendo lo que la ciudadanía pagaría en impuestos.

Lo expuesto es algo ya estimado y conocido. Sería un error, ante ese exceso de demanda, dejar de plantearnos por qué se da esa excesiva presión de gasto público, porque si a las personas se les dijera que tienen que pagar más impuestos para sufragar el gasto público que desean, estoy seguro que dudarían en promover el gasto estatal. Pero sólo si ello significa que directamente deben disminuir sus posibilidades de gasto personal ante los mayores impuestos que deberán cubrir.

Estos comentarios parecen formar parte de una “clasecita” de Introducción a las Finanzas Públicas en alguna universidad, pero mi propósito es aclarar la forma simplona con que a veces se afirman ciertas cosas, como el comentario de marras que hoy analizo. Si se le cobrara a esa gente por todo lo que desearía gastar por medio del estado, estoy seguro de que buscaría refrenar esos ímpetus de gasto. Siempre traigo a colación lo que una vez me dijo un “amigo”, quien en ese momento me escuchaba abogar por reducir el gasto público: “cómo proponés reducir el gasto público… entonces, si el gobierno tiene menos plata, quién me va a comprar las medicinas que le vendo a la Caja”. En síntesis: siempre se estará en favor del gasto público financiado con los impuestos que pagan todos los costarricenses, si es que ese gasto me beneficia en más de los impuestos que yo tendría que pagar. ¿O no es este un ejemplo claro de la conducta humana?

La tal “inviabilidad” del país por esa carga tributaria es siempre resultado de que la gente quiere más gasto público y correspondientemente pagar menos impuestos. Un aspecto importante a considerar es quiénes se benefician relativamente más con el gasto del gobierno en comparación con los impuestos que pagan. Otro es si los impuestos mayores que se proponen para llenar el hueco fiscal van a afectar las posibilidades de crecimiento (es decir, de generar más riqueza en el país tal que permita pagar los mayores impuestos), con lo cual habría una pérdida neta para todos los costarricenses. Es muy “sabroso” demandar mayor gasto público si él me beneficia en más que los impuestos que pagaría y mejor si son otros los que tienen que sufragarlo. Pero menos “rico” si ese aumento de impuestos afecta las posibilidades de crecimiento de la generalidad de las personas.

Con tal concepción de “inviable” nunca habrá país que aguante, pues siempre habrá presión para mayor gasto público si no se tiene que pagar impuestos para financiarlo o de los beneficiarios con él, si son otros los que deberán cubrirlo con impuestos. Por ello, para que una nación sea viable es necesario que se limite el gasto que puede realizar el estado y no como sucede ahora que, como hay un déficit, simplemente se deberá cubrir con más impuestos sin plantearse la pregunta antecedente, de si los ciudadanos deseamos que el estado gaste todos los ingresos que logramos o si preferimos que seamos nosotros mismos los que esencialmente lo gastemos según nuestras preferencias.

Alguien me dirá que aquel señor se refiere a que un 13.5% del PIB es una carga tributaria “baja” como para permitir que los costarricenses puedan vivir civilizadamente. De inmediato le respondo que tal creencia es una falacia, pues de hecho hemos vivido con ella “civilizadamente” durante los últimos tiempos. También permítanme responderle con cierto grado de cinismo acerca de si en verdad tal es la carga tributaria en Costa Rica. Me parece que ese porcentaje es mayor a solo entender como “carga tributaria” a los recursos que en impuestos directamente visibles y denominados como “impuestos” paga toda la ciudadanía. Lo que pasa es que hay muchos pagos que se hacen para la manutención del gasto público que no se contabilizan dentro de esa “carga tributaria” del 13.5% de la que hacen mención muchas personas.

Tal porcentaje no incluye como ingresos tributarios a las llamadas “cargas sociales” que se aproximan al 50% del salario del costarricense. Con el pretexto de que forman parte de un esquema de pensiones sociales, se les excluye como impuestos, cuando lo cierto es que son gravámenes cargados contra los salarios nominales que perciben los ciudadanos. Reducen el ingreso neto que el trabajador lleva a su hogar, al igual que sucede con un impuesto a las ventas o el salario neto que queda después del pago de un impuesto sobre la renta. Dicha exclusión me parece equivocada: los impuestos sobre salarios -llamadas cargas sociales- deben formar parte de lo que se denomina como carga tributaria pagada por los ciudadanos.

El asunto de lo inapropiado que es la actual medición de la carga tributaria va más allá: hay otras cargas que simplemente se usan para financiar, de una u otra manera, el gasto gubernamental, como por ejemplo el gravamen que la inflación impone sobre el dinero que demanda el costarricense. Esta carga no aparece como un impuesto, pero el ciudadano sabe que si su salario no aumenta por un plazo de, digamos, un año, y durante ese lapso la inflación es de un 7%, al final del año cada cien colones de ingreso real se habrá reducido a cerca de noventa y tres colones y esa diferencia se la ha apropiado el Banco Central, quien nos entregó papeles por un valor inalterable en el año de cien colones, pero que al final sólo valen noventa y tres, en términos de su poder adquisitivo.

Lo que aparenta ser una puerilidad, no resulta ser tanto al leerse en los periódicos acerca de la reacción de ciertos funcionarios públicos ante la falta de cobro de las recientemente muy elevadas multas de tránsito. En La Nación del martes 18 de enero de este año aparece el siguiente encabezado “COSEVI (que forma parte del gobierno) recauda apenas 37% del monto por infracciones del 2010” y luego se señala que durante el 2010 se recaudaron 10.000 millones de colones de los 26.700 millones en multas. Dice el director ejecutivo de COSEVI que esa partida se reparte entre varias instituciones: la Cruz Roja con un 10% -por decisión de gastarlo así por parte del estado- otro 10% va a las municipalidades y al Poder Judicial -ambas forman parte del estado- le queda otro 10%, en tanto que a la policía de Tránsito -que obviamente son empleados del estado- y a la Dirección General de Adaptación Social que administra las cárceles -la cual también parte del estado- le queda un 5%. Además, hay un recargo sobre las multas de un 30% que va a dar al PANI, que como sabemos también forma parte del estado costarricense. En síntesis, las multas son -para fines loables o no; ese es otro tema- utilizadas como un medio de financiamiento del gasto público. ¿Comprenden ahora por qué la actitud tan firme de parte de autoridades gubernamentales por recolectar plata de las multas? ¿Yo creía que el propósito de esas multas era la disuasión de ciertas conductas antisociales observadas en el tránsito, con lo que hubiera esperado, no una preocupación por la falta de recaudación de platas, sino porque, al no cobrárseles, se afecta el esfuerzo por reducir esos “delitos”? Pero, no: estaba equivocado; parece que el fin último es obtener plata, para los propósitos que sean dentro de la acción del estado.

Sin extenderme mucho sobre estema, también debo citar que las regulaciones que el estado impone para llevar a cabo los negocios privados se pueden considera como una forma de impuestos, lo cual, obviamente, no forma parte de la medición de carga tributaria. El tema es interesante y posiblemente hasta cuantificable, tal como se suele hacer en los estudios sobre competitividad y trabas al comercio internacional, pero en esta ocasión es harto difícil presentar alguna información relevante.

He señalado estos ejemplos para enfatizar que hay más hojas que tamal en la supuesta precariedad de la recaudación tributaria. Y eso que no me he atrevido en esta ocasión a referirme a la calidad del gasto gubernamental, tal como lo he hecho en otras ocasiones.

Como conclusión, la persona que señaló que Costa Rica, con esa carga tributaria, era un estado inviable, está en la obligación de presentar datos que confirmen su aseveración. Por supuesto que no lo hace, simplemente porque no tiene pruebas de ello. Sin lo que en verdad piensa es que un país con esa carga tributaria no crece tanto como otros con una carga tributaria mayor -esto es, aún dándole una interpretación laxa que usa del término “inviable”- es su obligación presentar la información que lo compruebe. Pero no lo hace: lo que en realidad ha hecho es lanzar puras palabras al viento.


Por Jorge Corrales Quesada

Elisa
15/05/2012, 10:11
2011-03-31-LA HERENCIA DEL PODER

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COLUMNA LIBRE: LA HERENCIA DEL PODER

Boletín de ANFE, 31 de marzo del 2011.

En una ocasión, hace ya bastante tiempo, mi amigo Fernando Trejos Zúñiga me llamó la atención acerca de la vigencia de los regímenes monárquicos. Trataba de explicarme cómo los sistemas monárquicos podían ser más civilizados que otras formas conocidas de organización política. Su idea me llamó la atención, pero no como para convencerme de su legitimidad. Primó mi visión liberal-democrática del orden político. Por ello hoy veo con algún grado de interés cómo muchos órdenes políticos de muchas naciones poseen ciertos rasgos o características que más bien podrían ser propias de monarquías. Más que la libre designación de los gobernantes mediante procesos electorales, en donde las nominaciones no provienen de la herencia o sangre, lo que determina quiénes han de ser aquellos es precisamente la relación familiar, ya sea genética o por simples aspectos matrimoniales.

Lo que hoy sucede en el mundo árabe podría ayudarnos mucho a vislumbrar el porqué la gente está reaccionando contra los gobiernos establecidos. En mi opinión una gran parte del origen de estos levantamientos surge del deseo de los ciudadanos de poder elegir sus gobernantes en libertad, sin tener que aceptar indefectiblemente la herencia familiar del poder. No hay duda de que en esta insurgencia hay muchos otros factores importantes que forman parte de una explicación de los hechos, como lo puede ser la religión, los grupos o clanes tribales, la experiencia dictatorial experimentada por los pueblos, entre muchos otros, pero deseo destacar la importancia que el legado hereditario del gobierno tiene en explicar porqué los ciudadanos se sublevan contra el poder vigente.

Hijos, esposos, hermanos, todos los ciudadanos de una comunidad tienen, como tales, el derecho de aspirar a ser gobernantes. Nadie les debe privar de ese derecho por el simple hecho de ser parientes naturales o políticos de algún gobernante. Es el ciudadano que elige sus gobernantes quien debe desechar la creencia de que hay algo innato para que esos parientes sean los mejores gobernantes.

Hay muchas naciones árabes con gobiernos caracterizados por ser horrendas dictaduras. Me permito mencionar a Irán, Siria y Libia, entre otras. Pero también hay países en donde los gobiernos, si bien no respetan en su totalidad los derechos de sus ciudadanos, suelen tener formas parlamentarias que uno podría considerar como abiertas a la existencia de órdenes más libres que los antes mencionados. Básicamente considero que en estas otras naciones hay algún grado de separación de poderes y sobre todo de cierto respeto a la propiedad privada. Me imagino países como, por ejemplo, Marruecos, Túnez y Egipto, entre otras naciones árabes. Mención aparte debe hacerse de algunos reinos en donde el origen religioso -suni o shiita- define el grado de libertad de que disfruta alguno de estos grupos en detrimento de otros, como podría ser el caso de Bahrain, Jordania, Arabia Saudita o Bahrein y de naciones que no son reinados como Irak, Yemen o Djibouti.

Si bien el tema de la herencia del poder no suele ser exclusivo de esos países árabes, en esas naciones en la actualidad el tema del heredero del gobierno parece jugar un papel importante en las revueltas populares. Es notorio cómo en muchas de aquéllas que no poseen sistemas monárquicos se busca mantener el poder de alguna manera “dentro de la familia”, casi siempre transmitido de padre a algún hijo. Esto debe enfatizarse, porque muchas veces a esos países no gobernados por monarquías se les suele considerar como opuestos a sistemas de gobierno basados en esquemas monárquicos. Tal es el caso claro de Egipto, Túnez, Argelia, Yemen del Sur. Pero también uno observa ejemplos diáfanos de naciones como Cuba o Corea del Norte -ambas geográficamente lejos del mundo árabe- en donde rige la herencia familiar del gobierno. En ellos la genética familiar define quién -a veces más o menos disfrazadas de elecciones- heredará el poder. Pero, para no ir muy lejos, hay países centroamericanos y de Sudamérica en donde a los hijos, hermanos o cónyuges de gobernantes se les atribuye cierto poder genético para gobernar, que en realidad no existe, excepto tal vez en la mente de serviles y de amigos palaciegos. El hijo o el hermano o la esposa del “caudillo” o del “líder” o de simplemente el “presidente”, por ese simple hecho familiar, se cree que tiene el merecimiento para ser también gobernante, sin que en verdad sea un atributo posible de heredar. Pretenden elegirse únicamente por esa creencia que tienen ciertos electores de la transmisión de habilidades para ser presidente. Ello, en mi opinión, de ninguna manera es un asunto genético, pero los hay creyentes tan sólo porque permite a esos adláteres (perdonen mi barbarismo) mantener cierta influencia en los centros de poder.

Volvamos brevemente a algunos ejemplos de este tema de la herencia política en las naciones árabes. Empiezo por Egipto. Hosni Moubarak estuvo durante treinta años en el poder y tuvo que renunciar ante una rebelión popular en mucho estimulada por su pretensión de que, al morir, fuera su hijo Gamal el “candidato” que lo heredara. El pueblo no dejó que el poder fuera heredado, aunque se sometiera a una decisión electoral que la disimularía. El pueblo prefiere la transmisión efectiva del poder mediante formas democráticas y no ficciones electorales. Tal vez de esta manera podrán lograr las instituciones políticas que expuso Popper, para resolver “el problema fundamental de la teoría política (cual) es el problema de los pesos y contrapesos, de las instituciones mediante las cuales puede controlarse el poder político, su arbitrariedad y abuso”. Esas formas democráticas por las que aspiran deben de tomar en cuenta que satisfarán sus posibilidades de progreso en el tanto en el estado sea limitado, controlado. Esta es la ilusión que me provoca la lucha por la libertad egipcia. Ojalá no resulte como sucedió con la Revolución Francesa, en donde una amada “Libertad, Igualdad y Fraternidad” se trocó primero en un Reino del Terror y luego en el advenimiento de un totalitario Napoleón. La búsqueda egipcia de la democracia ojalá vaya hacia lo que expuso Popper: “Para nosotros, sólo existen dos tipos de gobierno: aquellos en los que los gobernados pueden librarse de sus gobernantes sin baño de sangre y aquellos en los que los gobernados pueden, si acaso, librarse de los gobernantes sólo mediante un baño de sangre.” (Karl Popper, “¿En qué cree Occidente?, En Busca de un Mundo Mejor, Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1992, p. 278). La elección del pueblo egipcio debe ser hacia un sistema político que garantice la libertad política, hecho que no consideró posible con la simple herencia del poder al hijo de Mubarak.

Otro caso interesante en el ámbito árabe es el de Libia. Muammar Gadhafi desde 1969 es el líder de la Junta Militar que gobierna ese país, sin que se hubieran practicado elecciones libres. En esa nación no se respetan los derechos humanos y la sumisión al gobernante tirano es la regla política establecida. Bueno, y ahora viene el hijo… Resulta que Muammar pensaba heredar el gobierno (como si fuera el gobierno de uno: la monarquía) a su hijo Seif al-Islam, quien hace poco apareció en la televisión estatal dando explicaciones de por qué se reprime al pueblo libio en sus pretensiones de libertad y democracia.

Seif es un carácter que se las trae. En el 2007 obtuvo su doctorado en la Escuela de Economía de Londres, entidad de enorme prestigio académico y en la cual se dado abrigo intelectual a numerosos luchadores por la libertad. A tal grado de cinismo se ha llegado en la política internacional, que se le abrieron las puertas de una buena educación en una entidad afamada y de reputación liberal, al hijo de un tirano que ordenó poner una bomba en el tristemente conocido vuelo de Pan American sobre Lockerbie, Escocia, y del cual no hubo sobreviviente alguno. Este cinismo parece estar presente en todas las formas que uno se puede imaginar, pero el nombre de la tesis de Saif para obtener su PhD en la London School of Economics parece ser épico. Su tesis se titula “El Papel de la Sociedad Civil en la Democratización de las Instituciones de Gobernabilidad Global: De un ‘Poder Suave’ a la Toma de Decisiones Colectivas” (“The Role of Civil Society in the Democratization of Global Governance Institutions: From ‘Soft Power’ to Collective Decision-Making“), con la cual me imagino que sus profesores y tutores y rectores lo han de haber considerado como “apto para gobernar”. Me imagino que lo que puede haber seducido a esos “benefactores” del conocimiento no es lo mismo que ha impulsado a sus conciudadanos a levantarse en armas y a derramar su sangre por el derecho a elegir y ser electos libremente.

Este tema tiene un corolario interesante. A diferencia de los políticos domésticos, en donde el lema es “Cualquier cosa, menos la renuncia”, el director de la London School of Economics, presentó su renuncia al cargo, me imagino que por la vergüenza que este episodio académico con el hijo de Gadhafi causó entre sus colegas].

También en estos asuntos de “herencia” política en el mundo árabe destaca el caso de Siria. Allí otro tiranuelo, Hafez Al Asad, duró 29 años en el poder y cuando vio la necesidad de transmitirlo, tras un infarto, pensó en su hijo Basil para legárselo, si bien un hermano de Hafez, Rifaat, trató de quedarse con el mandado. Rifaat fue eliminado y Basil murió en un accidente de tránsito, de manera que ¿quién en la familia se quedó con el poder? Pues el actual presidente siro Bachar, hijo de Hafez Al Assad, quien desde el año 2000 gobierna esa nación. Así, como en cualquier simple monarquía (totalitaria), en un país formalmente sin ella se escoge que el poder quede enteramente dentro de la familia, como en la Mafia…

Este tema de las herencias políticas me conduce a otro caso aún más grosero, si bien ya no en el Oriente Medio. Me refiero al de Corea del Norte. Allí Kim Il Sung gobernó tiránicamente durante 46 años. Dicen que era, entre otras cosas, un gran “intelectual”. En un cubículo de un profesor de Economía de la Universidad de Costa Rica, admirador suyo, encontré en una ocasión en que se desocupaban sus estantes, una gran cantidad de libros de Kim Il Sung dedicados a una tal “idea zuche”, que nunca pude entender de qué se trataba, excepto la introducción a una nueva forma de tiranía socialistoide. Ese profesor las divulgaba con encomio… Pero lo cierto es que Kim Il Sung heredó “democráticamente” el gobierno a su hijo Kim Jong-Il, quien a la fecha ya lleva 17 años electo “libremente” por su pueblo. Así los Kims suman 63 años en el poder por puro “amor por su querido pueblo“, pero el campo ya está preparado para que -por suerte la muerte sonríe hasta con los peores- sea el hijo de Jong-Il -de nombre Kim Jong-chul, quien asuma el gobierno de Corea quién sabe por cuantos años más. (También tuvo opción su otro hijo Kim Jong-nam, en la mejor tradición monárquica, pero cometió un error y quedó fuera). En todo caso, la monarquía vive: de padre, a hijo, a nieto… ¡Habrase visto realeza más absoluta en tiempos modernos que en la democrática supuestamente anti-monárquica Corea del Norte!

No vayamos muy lejos en esto de las intenciones de los gobernantes de heredar por vías no muy democráticas el poder del cual han disfrutado a sus familiares cercanos. El caso de Cuba está en todas las conciencias de los hombres libres. Después de que nos ilusionáramos con la llegada de Fidel Castro al poder, quien en nombre de la libertad se deshizo del tirano criollo Batista, hemos visto cómo, al igual que cualquier reyezuelo autócrata, simplemente después de 59 años de gobernar su nación con puño de hierro y con elecciones sin opositores permitidos, le cede el poder total a su hermano Raúl. ¿Qué será, que Fidel no tiene hijos varones o que no confía en la sangre de la mujer que les puede haber dado luz? No lo sé, pero sí que Raúl ya lleva 3 años sin que en Cuba se lleven a cabo elecciones democráticas. Ojalá que el aire de libertad del Medio Oriente atraviese el continente africano y el Océano Atlántico, para que renazcan los ideales del hombre libre Martí, quien hoy ha sido reducido a una simple máscara usada por el dictador, como un medio para reprimir a su pueblo. En tanto, la familia sigue en la cúspide del poder, en donde un hermano lo hereda por ese simple hecho: el ser un hermano de sangre.

Hay naciones democráticas en América Latina en las que muchas veces se eligen como gobernantes a parientes -hijos, hermanos, esposos- en una especie de puesta en práctica de un determinismo genético, en donde la herencia es la que determina el acceso al poder y no la decisión libre de un pueblo de escoger sus gobernantes según sus méritos. Es la aureola del nombre o del apellido el que define quién ha de gobernar. Ello es posible porque muchas veces un pueblo cree que el arte de gobernar se refiere simplemente a un atributo genético. No creo que tal escogencia se base en la idea de que “más vale conocido, que bueno por conocer”, ni que se piensa en instaurar dinastías monárquicas, pues sabemos traen aparejadas la corrupción y la dolorosa concentración del poder. Ojalá aprendieran de lo hecho por los modernos gobernantes monárquicos de Europa: irse despojando del poder político que hoy descansa en sus parlamentos libremente escogidos y que son los que definen las políticas de gobierno. Esta lección es particularmente importante para las monarquías absolutas que hoy pululan en Oriente Medio y en donde sus ciudadanos claman por aperturas democráticas.

Me parece que en América Latina el camino que ha seguido esta pretensión hereditaria también exige nuestra atención en cuanto evitar este basamento genético del poder: se trata de que las escogencias se sustenten en el respeto a los méritos que cualquier ciudadano puede tener para optar a tales posiciones, pero dejando de lado cualquier creencia mitológica de que un apellido o una relación familiar es condición suficiente y necesaria para garantizar que se elige a un buen gobernante. Lo sucedido recientemente en Guatemala llama la atención por lo folklórico. Resulta que la esposa del actual presidente decidió lanzar su nombre como candidata presidencial. Sin embargo, la constitución de ese país claramente prohíbe este tipo de candidaturas, por lo cual la señora siguió un inteligente camino: si la constitución impide la candidatura de la esposa del presidente, pues solicitó el divorcio. El fin justifica los medios aunque estos nos parezcan, no por mitos religiosos, sino por respeto a las leyes, indeseables. De cualquier cosa se es capaz con tal de detentar el poder… Lo que sí muestra es cuánto hemos avanzado: de un París bien vale una misa, a un Guatemala bien vale un divorcio.

Lo que hoy vive el Medio Oriente nos ilusiona, pero al mismo tiempo somos conscientes de que esas esperanzas deberán ser atemperadas por la incertidumbre que siempre caracteriza a estas circunstancias políticas, particularmente volátiles en aquél ámbito. Quienes creemos en la libertad y la democracia lo hacemos porque consideramos que son las que permiten que los seres humanos puedan lograr su felicidad por sus propios méritos. Con esto en mente es que deseo que los ciudadanos de Oriente Medio puedan vivir en libertad y que puedan cambiar de gobiernos sin que medie el derramamiento de sangre, sino en democracia. Los aires de libertad que se respiran me alegran, pero, a la vez, me obligan a ser prudente ante la incertidumbre que surge con luz propia en estos episodios cruciales de la lucha del hombre por su libertad.

La lucha contra los tiranos nunca es fácil. No es extraño ver pelear a un pueblo desarmado contra militares fuertemente armados, mostrando las enormes dificultades que los ciudadanos en busca de libertad deben enfrentar en su lucha. La lección es que tal vez la organización es condición necesaria para enfrentar con éxito el poder avasallante de los tiranos. Y tener presente que no se puede contar a plenitud con quienes dicen ser amantes de la libertad de los hombres, pues el diletantismo surgirá al cavilar acerca de sus cálculos políticos y económicos, a fin de no verse obligados a actuar con lo que dicen ser sus creencias y valores, en el momento incómodas. La lucha por la libertad, la mayoría de los pueblos deberán darla solos, sin ayuda de quienes a veces pregonan apoyarla. Y siempre las democracias deberán tener presente que una vez que la libertad se pierde, cuesta mucho, pero mucho, recobrarla.

Por Jorge Corrales Quesada

Elisa
15/05/2012, 10:12
2011-04-30-APRENDIENDO CON LO SUCEDIDO EN PERÚ

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COLUMNA LIBRE: APRENDIENDO CON LO SUCEDIDO EN PERÚ

Boletín de ANFE, 30 de abril del 2011.

De las recientes elecciones primarias en Perú podemos derivar algunas lecciones que me permito exponer. Mi propósito es brindar argumentos en favor de los equilibrios de los poderes en nuestra sociedad, tal como lo he venido haciendo en comentarios publicados en otros medios. Creo que la concentración del poder político que se ha venido dando en nuestro país constituye una amenaza potencial a nuestro sistema democrático-liberal. Si bien lo sucedido en Perú es algo propio de esa nación y responde a una realidad concreta distinta de la nuestra, posee ciertos rasgos que permiten hacer sugerencias para lograr una mejorar en la distribución del poder público en nuestro seno.

Las elecciones primarias se realizaron en Perú el 10 de abril de este año y los principales candidatos participantes y los resultados de la votación fueron Ollanta Humala con 31.7% de los votos; Keiko Fujimori con el 23.5%; Pedro Pablo Kuczynski con un 18.7%; Alejandro Toledo con el 15.5% y Luis Castañeda con un 9.30% de los votos. El resto quedó distribuido entre candidatos muy poco relevantes. De acuerdo con estos resultados, en una segunda vuelta se enfrentarán Ollanta Humala y Keiko Fujimori, en donde la presidencia de la república la ganará quien obtenga una mayoría simple.

Ollanta Humala representa a la izquierda peruana, cuya fortaleza política parece estar en las zonas sur y central rurales del país y entre grupos de menores ingresos relativos. Fue el candidato perdedor en las elecciones anteriores, aparentemente por la estrecha relación de ese entonces con el presidente venezolano Hugo Chávez, relación que parece haber dejado de lado en esta ocasión, en que parece haberse acercado al ex presidente brasileño Lula, lo cual parece lo ha hecho más aceptable
para el votante peruano.

Keiko Fujimori es hija del ex presidente Alberto Fujimori y obtuvo el apoyo de grupos similares a los de Humala, pero al norte del país. Su fuerza electoral es básicamente el mismo bastión de su padre y no parece haber variado de manera significativa en esta ocasión. Dada la historia reciente del Perú, el peso político de Keiko está en el fardo de la dictadura asociada con su padre, quien hoy se encuentra recluido en una prisión.

Pedro Pablo Kuczynski, apodado “el gringo” por su apellido, es un destacado tecnócrata con experiencia no sólo en organismos multinacionales sino también como Ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Belaúnde y Ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros durante la administración de Alejandro Toledo.

Alejandro Toledo, ex presidente del Perú, en su vida política fue un desatacado oponente de Alberto Fujimori y su administración se destacó porque se dio un enorme impulso a la inversión extranjera, la firma de acuerdos de libre comercio y una fuerte inversión en infraestructura y educación, lo cual redundó en un notorio crecimiento de la economía peruana.

Luis Castañeda fungió como Alcalde de Lima entre el 2003 y el 2010 y su labor es generalmente considerada como satisfactoria, lo cual le impulsó a lanzarse a obtener la candidatura presidencial en mención.

La elección, que resultó en que de ella surgieran sólo dos candidatos a la presidencia de la república, Humala y Fujimori, mostró, como una primera lección que podemos derivar, cómo es posible que se pierda una elección cuando candidatos de un grupo con similar talante salen divididos y no unidos, lo cual termina por favorecer a candidatos externos al grupo. El cálculo inicial de ese grupo era que Toledo ganaría las elecciones primarias, seguido de Fujimori, con lo cual los afectos a Kuczynski y Castañeda le darían sin mucho problema el apoyo a aquel en la ronda electoral final. Posteriormente Kuczynski empezó a puntuar en la intención de voto, desplazando a Toledo, pero, de nuevo, la confianza era que, si Kuczynski ganaba, Toledo y Castañeda también sin problemas apoyarían al primero. En ambas posibilidades, se trataba, por tanto, de dejar a Keiko Fujimori con tan sólo el relativo escaso caudal heredado de su padre. Pero esos tres grupos, que poseían esencialmente las mismas tendencias y aspiraciones y que al final de cuentas se habrían unido contra el totalitarismo de Fujimori y el izquierdismo de Humala, decidieron participar cada uno de ellos por separado y eso condujo al fracaso de todos. Como señaló el analista político de la cadena de noticias CNN, Carlos Barrezueta, esos tres candidatos “debieron unirse en una sola candidatura porque su propuesta era la misma”. La simple suma de los resultados así lo muestra. Los tres unidos -todo lo demás constante- habrían logrado el 41.1% de los votos, superior a Humala y a Fujimori separadamente. Esto es, unidos habrían ganado ya sea ante Humala o Fujimori. Y se consideraba políticamente muy difícil que en la segunda vuelta estos dos últimos salieran juntos.

La segunda lección que podemos derivar es cómo malos cálculos pueden dar al traste con una elección en donde alguien pudiera representar la tendencia unida del grupo mayoritario, dejándola al fin de cuentas en manos de dos grupos, que si bien son muy diferentes ambos poseen grandes dificultades de aceptación por aquel grupo. La elección fue lo peor que puede haberles sucedido: en la ronda final ahora tendrán que escoger entre una izquierda, que si bien ha moderado su discurso, sigue siendo poco clara hacia adónde apunta su derrotero político en el mediano plazo, en tanto que la otra candidata representa a una dictadura populista a la cual muchos de los precandidatos hoy derrotados combatieron arduamente en el campo político electoral.

El mal cálculo reflejado en el divisionismo hace que ahora las consecuencias signifiquen grandes imponderables acerca del futuro del país. Ello es especialmente significativo por ser Perú un país que había venido creciendo muy exitosamente, bajo una estrategia económica claramente definida y diferente de la que proponen los dos candidatos que serán contendores en la elección final para la presidencia de la república. El Congreso sí no será controlado por el grupo de Humala, pues ya la coalición de fuerzas que he venido mencionando ha insistido en que controlará su directorio, a fin de lograr algún equilibrio de los poderes políticos.

La tercera enseñanza es que una elección puede ser ganada con una estrategia de moverse desde la posición extrema que se tiene inicialmente e irse acercando a las de las otras posiciones. Es el caso de Humala, quien dice haberse alejado del muy poco querido en Perú, Hugo Chávez, para acercarse hacia el presidente Lula, quien en ese país, al igual que en muchos sectores latinoamericanos, goza de aprecio principalmente por alejarse lo suficiente del populismo chavista y conducir adecuadamente su nación, principalmente en el área económica. Entonces, la pregunta clave es si, en verdad, ¿se habrá alejado Ollanta Humala del presidente Chávez? Humala asegura, cada vez que puede, que tal es la situación, pero es difícil saber si esa es la verdad y que, más bien, se esté en presencia de una especie de caballo de Troya: entrar disfrazado al poder y luego revertir a lo que fue el fundamento inicial de su movimiento político.

Algo parecido sucede con Keiko Fujimori. Ella últimamente ni siquiera menciona a su padre -fuente de su poder político- a quien se espera libere de prisión si accede al poder. El tufo dictatorial de la administración de Alberto Fujimori y su compadre Vladimiro Montesinos no se disipa fácilmente, aunque el discurso político de Keiko es ahora mucho más conciliador y en donde proclama su aprecio por los valores democráticos-liberales. Pero, es difícil saber cuál es la “verdad verdadera”, como decía un amigo hoy desaparecido.

Esa incertidumbre política tan profunda en Perú nos sugiere otra lección. A veces es necesario forjar nuevas alianzas, aunque parezca ser una tarea casi titánica. Es posible que, en tales ocasiones, haya elementos que trascienden los simples intereses momentáneos, puesto que lo que está en juego es mucho más importante. Aquí, en nuestro medio, insisto, lo que está en peligro es la erosión gradual de la vigencia de los principios democráticos y la preservación de la libertad de los ciudadanos, ante la concentración del poder político-económico que se ha venido dando, amén de que hay que tener siempre presentes aquellas sabias palabras de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Las alianzas deben lograrse cuando se comparten objetivos superiores que desplazan lo que puede ser secundario en un orden político. Por ello los peruanos ahora corren a ver cómo logran alianzas alrededor de los dos candidatos resultantes, con la esperanza de que se trate del mal menor, aunque se lamentan por haber dejado pasar la oportunidad de haber impedido esta coyuntura, si hubieran participado juntos en las elecciones primarias.

Se ha mencionado que es posible el apoyo de Castañeda y de Toledo a Humala, pero no hay nada firme aún, en tanto que se ha dicho que Kuczynski apoyaría a Fujimori. Pero lo que todos estos líderes hagan ahora no necesariamente será aprobado y menos seguido por los diferentes participantes que integran sus movimientos políticos. Más bien parece que no será nada fácil para sus líderes entregar el apoyo de sus seguidores a alguno de estos candidatos en las elecciones finales del próximo 5 de junio.

Como última lección derivada de los acontecimientos en Perú mencionados, me atrevo a mencionar la enorme dificultad que tiene el elector de decidir una vez que se llega a situaciones como las expuestas. La acumulación de errores que condujo a esta situación pasa ahora su factura a todo el pueblo peruano (incluso hay ilusos que le han pedido a Humala y Fujimori que renuncien a su precandidatura, para que alguno de los del grupo derrotado sea también un candidato). No sólo no es posible tener una idea clara de hacia dónde se dirigirá el elector, sino que también la incertidumbre es angustiante. Mario Vargas Llosa, quien recientemente criticó a la hija de Alberto Fujimori, su enconado enemigo y se dijo que apoyaría a Humala, criticó que el peruano tenga que optar de esta manera. “Es elegir entre el sida y el cáncer”, dijo. Son decisiones que es mejor nunca tener que tomarlas… si tan sólo se hubiera actuado inteligentemente, pero en política muy a menudo la inteligencia es lo escaso y la ambición por el poder lo más abundante.

Por Jorge Corrales Quesada

Elisa
15/05/2012, 10:12
2011-05-31-INGOBERNABILIDAD

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COLUMNA LIBRE: INGOBERNABILIDAD

Boletín de ANFE, 31 de mayo del 2011.

Con el paso del tiempo, al pensar acerca de todos estos movimientos en favor de la libertad que hoy se dan en el llamado Medio Oriente, derivo, en primera instancia, una lección muy dura: Cada pueblo debe ganar su libertad por sí mismo, con sus acciones. No debe esperar inevitables avalanchas de apoyos físicos, aunque se les diga que se solidarizan con ellos. Si se me permite el símil, su sangre deberá abonar los campos fértiles de sus naciones, para que así pueda llegar a florecer la libertad. De aquí mi enorme admiración por los luchadores sirios, libios, egipcios, yemenitas, iraníes, que ya lo están haciendo, incluso tratan de lograrla una vez más.

Resulta, por otra parte, impactante la adherencia al poder de tanto tiranuelo que vive de la opresión de sus ciudadanos. Una vez entronizados, no pueden concebir un mundo a su alrededor que no gire en torno a sus apetencias y deseos, aunque proclame que lo hace en nombre de su pueblo, al cual somete. Como el poder corrompe, nos lo decía Lord Acton, se hacen rodear de aduladores profesionales y de copartícipes de la represión, obviamente atraídos tanto por el poder como por el real –moneda de plata que se les paga por traicionar los ideales de sus pueblos.

Esos enquistados en el poder no suelen ser capaces de concebirlo sin que ellos lo tengan. En una especie de divinización de su carácter, dicen nunca equivocarse y cuando se ven obligados a reconocerlos, por alguna circunstancia posiblemente tan sólo táctica, nunca los corrigen y más bien fingen hacerlo en tanto pasa la tormenta de ira de sus pueblos. Muchas veces toleran algún grado de disidencia, pero sólo dentro de ciertos límites. Ello porque siempre suele primar un ánimo fascista: todo dentro del estado, nada fuera del estado. Las pocas luces de independencia que toleran son porque con ellas logran algún grado de legitimidad gubernamental, tanto fuera como dentro de sus naciones. Sin embargo, los dientes del omni-poderoso están siempre listos para rasgar el gañote de quien se atreva a salirse de la raya por aquél establecida. Quien participa de ese juego de “disfrute” del poder sabe que, si se brinca esa raya, pues está acabado. Que las palmadas y el premio se dan siempre y cuando sirvan, en última instancia, al bien mayor, cual es preservar el poder de quien lo tiene. Si se portan bien, reciben los premios. Si no, tal vez debería haber tomado en cuenta que le iba costar mucho, pero mucho.

Los pueblos temen a la anarquía –por más que la idealicen algunos muy pocos amigos anarquistas; por ello, nos enseñó Hobbes, acuden a un Leviatán que les depare el orden que requieren para vivir pacíficamente. Tal vez así uno puede entender cómo es que muchos, buscando ese Leviatán que les permita vivir en paz, caen en la tentación de creer en la buena fe del proto-totalitario, de que es necesario ir gradualmente reprimiendo a quienes viven en libertad precisamente para asegurar esa libertad. El proto-totalitario apenas tiene la oportunidad evoluciona hacia el totalitarismo. Gran y doloroso error: Cuando se nos amenaza con una malquerida ingobernabilidad, de parte de quienes no son capaces de conservar libremente el poder al momento detentado, lo hacen tan sólo para asustarnos de los muchos males que podrían surgir si faltara un gobierno. Sin un gobierno el orden de libertad no sería posible, pero se tiene en mente un gobierno limitado, restringido, de respeto a la propiedad privada, de libre contratación, un gobierno frenado por la división de poderes, muy lejos de estados feudales, de señores y de siervos, sino de individuos iguales ante la ley.

Por eso quienes están en el poder siempre tratarán de conservarlo, de mil maneras, a como hay lugar. Desde la represión sangrienta hasta el engaño, la maledicencia, la matrafula y la bajada de piso, todo lo que pueda servir a la conservación de ese poder intocable podrá ser utilizado. Se trata de ver cómo se le corta la cabeza a cualquiera que pueda sobresalir y disputar ese poder, para lo cual se vale hacer lo necesario, lo que se requiera. Lo peor que les puede suceder a esos dueños del poder es que no puedan acabar del todo con el competidor potencial, pero, por lo menos, lo apagan por un rato, en tanto recuperan fuerzas que les pueda permitir seguir conservando el poder. Recuerden quienes se acercan al poder para lograr favores: mientras estén de ese lado, se les permite y facilita la existencia vital, pero si luchan contra el poder, si lo traicionan o no le son enteramente fieles o tan sólo discrepan seriamente, deben estar dispuestos a sufrir cualquier daño. Incluso enfrentar una Justicia, sobre la cual una vez dijo Perón: “Para mis amigos toda, para mis enemigos, ni ella”.

Quienes tienen el poder sólo podrán ser sacados de él por los votos o por la fuerza. Por los votos, en una democracia, en la cual una minoría puede llegar a ser mayoría. En las tiranías, sólo se les quita por la fuerza.

Me interesa señalar que en esas últimas extracciones no estará ausente el dolor y el llanto. Al irlo perdiendo, lloran y gritan clamando por la vigencia de las cosas más nobles propias de los seres humanos. Pero no pasan de ser berridos, como los que hacen los chanchos cuando los llevan al matadero. Si creen que ese destete es placentero, pues lo es aún más al darnos cuenta de que los gritos que escuchamos se deben a que pierden el poder. Pero tratarán de aferrarse a él, como si estuvieran pegados con goma loca. Dejarán uñas, carne y sangre en esa intentona para impedir que se les despegue.

Sabemos que lograrlo no es nada fácil. Para ver si lo pueden impedir alegarán de todo: que el país sin sus amos será ingobernable; que la patria no puede retrasarse, pues no se sabe que es lo que esos ciudadanos quieren ahora; que después de todo vendrán otros ladrones iguales que ellos, y que el costo de cambiarlos luego será muy alto, pues serán ávidos; que la incertidumbre no nos garantiza nada. Todo eso lo podrán decir y más, pero nunca podrán luchar contra los hombres y mujeres libres que buscan igualdad ante la ley, un estado limitado y refrenado, que buscan la posibilidad de lograr vivir mejor, en donde si no se tiene la marca en la frente, usted puede tener oportunidades para lograrlos, sin la existencia de partidos únicos y con frenos y contrapesos en los distintos poderes del estado.

Vean que no estoy escribiendo sobre Costa Rica -¡Dios me libre!-, sino de las naciones de Medio Oriente.

Por Jorge Corrales Quesada

Elisa
15/05/2012, 10:13
2011-06-30-RACIONALIDADES ECONÓMICAS

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COLUMNA LIBRE: RACIONALIDADES ECONÓMICAS

Boletín de ANFE, 30 de junio del 2011.

La disciplina de la Economía nos faculta entender el comportamiento humano en lo que tiene que ver con los problemas derivados de la escasez. Si algo caracteriza la realidad es la escasez; esto es, la insuficiencia de medios para satisfacer todos los deseos y necesidades de las personas.

El sistema de precios es un orden útil que permite a los individuos disponer de conocimiento acerca de lo que hacer con respecto a la escasez. Las personas participan en la economía principalmente de dos maneras: como consumidores y como productores. Pueden alternarse y normalmente lo hacen tanto como consumidores a la vez que productores, pero, por facilidad analítica, supondremos que hay un conjunto de individuos que en un mercado particular actúa como consumidor y otro como productor.

A partir de una situación dada, en que en un mercado hay un precio que brinda información para una serie de actuaciones de parte tanto de consumidores como de productores, supongamos que, por alguna circunstancia, ese precio aumenta. Ello envía una señal clara a los consumidores: Ahora es más caro el producto y, por tanto, debe ahorrar en su consumo. ¿Qué tanto? Lo hará de acuerdo con sus niveles de ingreso, sus preferencias, necesidades y sus posibilidades de reducir su consumo. A veces es poco lo que puede hacer. En ese caso se dice que se trata de bienes inelásticos; es decir, que, ante un aumento en su precio, reduce porcentualmente muy poco su consumo. Voy a dar un ejemplo: Como diabético que soy, si aumenta en un 10% el precio de la insulina, posiblemente no reduciré nada o casi nada mi consumo de insulina, pues, de hacerlo, podría morir. Preferiré, para poder pagar ese mayor precio de la insulina, reducir mi gasto en otros bienes (por ejemplo, lo que hago en periódicos, aunque observe que, tal vez, para alguna otra persona, el consumo de periódicos puede ser altamente inelástico; me imagino, por ejemplo, a copiones radiales, que lo que hacen es retransmitir noticias que aparecieron ese día en los periódicos).

En otros casos -los llamados bienes elásticos- si aumenta su precio, reduciré porcentualmente mucho más mi consumo. Para mí, por ejemplo, si aumentara el precio del nabo, de la brócoli o de la cerveza, reduciría mucho y rápidamente mi gasto en ellos.

En todo caso, ante un aumento en el precio, por lo general, el consumidor reduce su gasto en él y en qué grado dependerá de sus preferencias, necesidades, ingresos y posibilidades de reducir su consumo, ya sea para sustituirlo por otros bienes sustitutos o bien para reducir el gasto en otros bienes y emplear lo liberado en financiar el gasto mayor del producto cuyo precio se elevó.

Para el otro grupo de personas -los productores- el aumento en el precio del bien constituye una señal de su escasez relativa y, por tanto, tratará de ver cómo hace para ofrecer una mayor cantidad de ese producto en el mercado. Me imagino que, al así hacerlo, lo motivará el poder obtener mayores ganancias y en su búsqueda, al hacerlo, servirá a los consumidores, quienes con ello podrán tener una mayor cantidad de ese producto, ahora relativamente más escaso. Para aumentar su producción, el productor buscará atraer nuevos recursos, que ahora posiblemente le costarán más, a fin de poder producir esa mayor cantidad, e igualmente, si fuere el caso, evaluará la posibilidad de obtenerlos si deja de producir algo de otros bienes que no resultan ser relativamente tan rentables en su nueva situación. En síntesis, la señal (el precio más alto) que recibió es para aumentar su producción y con ello satisfacer la nueva demanda de los consumidores.

Pensemos, por un momento, cómo actuarían los consumidores y los productores en caso de que se diera un aumento en el precio de los combustibles. Los consumidores, como hemos expuesto, disminuirán su consumo, pero posiblemente, al menos en el corto plazo, lo harán en una relativamente muy poca cantidad, por lo tanto, ahora incurrirán en un gasto mayor en combustibles. Es cierto que, a largo plazo, podrán reajustar su consumo y sustituirlo por el de otros bienes, pero posiblemente nunca como se podría lograr con otro tipo de bienes. Por ejemplo, en contraste con el caso del combustible, si sube el precio del brócoli casi que instantáneamente el consumidor reducirá su consumo y lo dirigirá hacia el de otras legumbres y verduras que no hayan subido su precio. Por eso se dice que el consumo de combustible, principalmente a corto plazo, es bastante inelástico, si bien en un plazo mayor será algo más elástico, aunque posiblemente no mucho debido a la dificultad de encontrar sustitutos en su consumo.

Por ello, también el comportamiento del consumidor dependerá del uso que hace del combustible. Uno puede esperar que, si alguien utiliza sus vehículos principalmente para viajes de recreación, frente a un alza en el precio del combustible posiblemente reducirá más su consumo que si tuviera que usarlo para dar servicios de taxista o para dirigirse a un hospital o a su trabajo, en general. Esto es, entre más necesario para la persona sea el transporte en un vehículo propio, menos disminuirá su gasto ante un aumento de su precio. Algo similar sucede si el servicio de transporte público que alternativamente podría emplear no es bueno, apropiado, expedito, directo o cómodo, en cuyo caso no lo escogería, aunque ahora deba gastar más usando su propio vehículo.

Parecido sucede cuando los combustibles se utilizan en producir otros bienes distintos de ellos mismos. El empresario buscará como ahorrar los ahora mayores costos, tratando de sustituir al combustible usado tanto en su proceso productivo como para la distribución de bienes finales, pero sabemos que, al menos en el transporte de esos bienes, no es mucho lo que puede hacer y, en el caso de los combustibles usados como fuente de energía productiva, no necesariamente, y más a corto plazo, encontrará sustitutos que le puedan resultar más baratos. A un plazo mayor, sí podría darse alguna sustitución, como, por ejemplo, sucedió en el Hemisferio Norte durante la crisis del alza en el precio de los combustibles en los años setentas, al utilizarse nuevas y mejores técnicas de protección a las viviendas contra el frío, lo cual redujo significativamente el uso previo de combustibles.

Al precio más elevado, los oferentes tratarán de aumentar la cantidad de combustibles disponible en el mercado. Uno de los hechos más impactantes de la crisis mundial de mediados de los años setentas fue el enorme esfuerzo que hubo para determinar la existencia de mayores depósitos de petróleo en la corteza terrestre. Tan exitoso fue dicho esfuerzo que, al final de ese período de crisis, se había confirmado una existencia de reservas tal que sobrepasaba en mucho la cantidad que previamente se había determinado. Analistas de la época señalan que uno de los factores que contribuyó más a la caída ulterior del precio del petróleo, con posterioridad a la enorme alza que se dio en los años setentas, tuvo su origen en este aumento confirmado de la cantidad de reservas de petróleo en el mundo. Además, como es sabido, muchos países productores de petróleo de esa época aumentaron sustancialmente sus niveles de extracción, provocando que los precios revirtieran a sus niveles previos.

En síntesis, tanto desde el lado de la demanda –la reacción de los consumidores- como desde el lado de la oferta –la reacción de los productores- se logró revertir el alza previa en los precios de los combustibles.

La historia, como la lógica del comportamiento humano reflejado en la economía, me dicen que lo mejor que puede suceder ante el alza actual de los precios internacionales de los combustibles, es dejar que la demanda siga su curso, por ejemplo, evitando subsidiar su consumo, a fin de que los consumidores se ajusten a la nueva tendencia, a la vez que se estimula la exploración petrolera y lograr que aumente la producción de combustibles y de sustitutos económicamente rentables, no producidos artificialmente mediante subsidios que ocultan el verdadero costo de los recursos escasos empleados.

En la conversación que actualmente se lleva a cabo en Costa Rica en torno a la exploración y desarrollo de gas natural (y de petróleo), es importante exponer conductas antitéticas al objetivo final de lograr que los consumidores puedan disponer de una mayor cantidad de combustibles en los mercados, a precios menores que los actuales.

La primera de esas actitudes tiene que ver con la oposición a cualquier tipo de exploración y desarrollo de las actividades de gas natural o petróleo, bajo el supuesto de que ambas implican un elevado riesgo para el país. Me imagino que, cuando se habla de riesgo, se refieren a la posibilidad de que se presenten daños al medio ambiente, resultantes de, por ejemplo, derrames o por un deterioro de áreas boscosas en la búsqueda de si la actividad es rentable, entre otros similares. Primero que nada, debo señalar que no hay actividad humana que no lleve implícita algún grado de riesgo, al igual que, desde que el ser humano está presente en la Tierra como ser vivo, su actuar siempre ha tenido un impacto sobre el medioambiente en donde vive y actúa. A fin de enfrentar los más diversos riesgos que encara, se han desarrollado, con el paso de tiempo, instituciones que permitan cubrirlos. La institución de los seguros precisamente busca eso. En ocasiones se ha mencionado que esos riesgos son tan elevados y onerosos, que no existen seguros económicamente viables que estén disponibles, pero lo cierto es que, al fin y al cabo, todo dependerá de la prima que se defina. Es decir, todo es asegurable en función de la prima que se disponga.

Además, si los riesgos ponen en peligro valores esenciales cuya afectación, daño o pérdida resulta ser sumamente costosa, también las sociedades han aceptado la introducción de medidas regulatorias razonables que son normalmente aceptadas por las partes contratantes en este tipo de actividades. Me permito, por ejemplo, señalar el caso de que en una comunidad no se desee la extracción de algún mineral que utilice materias altamente riesgosas para la salud humana (por ejemplo, mercurio). Aunque creo que es posible conseguir un seguro contra eventuales daños provocados por derrames o la simple utilización de compuestos de mercurio, el estado podría prohibir usar este tipo de materiales altamente riesgosos y lograr acuerdos con productores potenciales, en donde se excluya su empleo y se utilicen técnicas alternativas que no tienen tales riesgos (aunque sí posiblemente mayores costos de extracción y producción). Todo radica en la negociación contractual que se lleve a cabo para obtener la concesión de la explotación hipotética a que nos estamos refiriendo, pues difícilmente se puede sostener que hoy vivimos en épocas de imposición imperial de condiciones en que un inversionista (presuntamente extranjero) participaba con sus operaciones en el país. La época de las cañoneras y de las invasiones para imponer inversiones del extranjero bajo ciertas condiciones hoy inaceptables, parece haber pasado desde hace ya su buen rato.

La segunda observación que deseo hacer sobre conductas contrarias a la búsqueda de fuentes de energía y de una posible reducción en sus costos, es la queja que simultáneamente hacen algunas personas ante los elevados precios de los combustibles, al mismo tiempo que se oponen a su exploración y desarrollo. No pueden pretender un descenso en los precios a la vez que se oponen a que fluya una mayor cantidad de esos bienes al mercado nacional, excepto que pretendan, a su vez, reducir coercitivamente la demanda de energía de parte de las personas. El comercio internacional puede ser una especie de salida ante esta pretensión, pues, al tiempo que se quejan de los altos precios y expresan el deseo de que se reduzcan, se puede ampliar el suministro de esos bienes trayéndolos desde el exterior. Por una parte, es posible que tal deseo no se logre, sin que surjan ciertos costos que no necesariamente aparecen reflejados en el precio vigente en el mercado internacional. Como ejemplo está el suministro de petróleo de Venezuela a Nicaragua, que se hace a precios inferiores a los internacionales que otorga el primero de esos países. Hay actos de beneficencia entre países, pero creo que el interés geopolítico de Venezuela es el que mueve a su gobierno para extraer un subsidio proveniente de sus ciudadanos, dueños en última instancia de los combustibles, para dárselo a un país que le apoya en otros sentidos. Creo que si en Costa Rica logramos algún grado de independencia en su suministro de combustibles, podrá sustraerse de este tipo de presiones internacionales indirectas, que suelen presentarse en momentos en que hay aumentos elevados en los precios internacionales de los combustibles. Al no disponer un país como el nuestro de posibilidades internas de provisión de combustibles, dependerá de la provisión que se logre por medio del comercio internacional, pero estoy seguro de que preferirá que haya fuentes que lo inmunicen de posibles presiones políticas para poder asegurar su suministro.

El desarrollo energético petrolero y de gas natural pueden ser un buen negocio para Costa Rica, como es la hipótesis en que descansa este comentario, y lo cual deberá ser determinado después de realizarse amplias exploraciones. Pero, a la vez, le puede generar reservas energéticas cruciales en momentos en que debe buscarse como asegurarse de algún grado de independencia energética, pues ello puede ser vital para poder mantener una sociedad libre y de oportunidades, tal como la conocemos.
En resumen, no se puede aspirar a que se logren menores precios de energéticos si nos oponemos a su exploración y desarrollo, de forma que nos sea posible que, al menos por cierto tiempo, nos asegurarnos de un adecuado suministro de esos bienes.

En tercer lugar, resulta algo fácil decir que lo que se necesita no es explorar y desarrollar nuestros recursos gasíferos y petroleros, sino buscar sustitutos renovables (como, por ejemplo, solar, eólico, de biomasas, de mareas y olas, de algas o de plantas, hidroeléctrico, químicos, entre otros). De ser posibles y sobre todo económicamente viables, no debería existir oposición alguna para que se desarrollen estas fuentes alternativas de energía. Todas deberán vislumbrarse en términos de sus costos y beneficios y, particularmente, sin que haya subsidios artificiales que alteren radicalmente sus verdaderos valores, derivados de su escasez relativa y de las demandas de los consumidores. Es un hecho que algunas de aquellas fuentes energéticas antes citadas aún no son rentables (tal vez, ojalá, lo sean algún día, gracias al empeño de científicos comprometidos con el desarrollo y la conservación del medio ambiente). Pero sabemos que con un subsidio es posible lograr, por hipótesis, producir energía con base en “la recolección y el tratamiento de flatulencias del ganado” (para poner un caso posible), pero el lector podrá imaginarse la clase y magnitud del subsidio que se requeriría y ante todo, a sabiendas de que alguien, normalmente la ciudadanía, de alguna manera tendrá que pagar esos subsidios. Esto aplica a mi ejemplo, pero también a cualquier otra fuente de energía, la cual debe ser rentable por sí sola, para que tenga razón de existir económicamente en el mercado.

En síntesis, debemos estar abiertos a la posibilidad de desarrollar cualquier fuente de energía, renovable o no, siempre y cuando sean más económicas que otras. Con un subsidio cualquier cosa es potencialmente posible. Se trata de no distorsionar las señales de escasez que nos definen los mercados, de forma que se haga aparentar que algo es económicamente eficiente, cuando en la realidad existen sólo gracias a subsidios pagados por toda la ciudadanía y que no se incorporan como un costo en la actividad privada, mas si para la sociedad como un todo.

Por Jorge Corrales Quesada

Elisa
15/05/2012, 10:14
2011-07-31-REDEFINIENDO EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CCSS

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COLUMNA LIBRE: REDEFINIENDO EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CCSS

Boletín de ANFE, 31 de julio del 2011.

Revisando algunos viejos artículos míos que solía escribir en la página 15 de La Nación, decidí ingresar al sitio de dicho periódico tratando de copiarlos. En mucho me frustró la ausencia de información en torno a los periódicos de algunos años específicos, así como de algunos meses y días, además de que la información disponible no es la más clara posible. Ojalá que se logren preservar tantas cosas importantes que se han reseñado en ese diario, pero obviamente hacerlo es una prerrogativa del periódico, si es que desea conservar para el futuro lo que allí se escribió en el pasado.

Al repasar muchos de esos documentos me di cuenta de la periodicidad con que suceden las huelgas en la Caja, pero también tuve la suerte de encontrarme con artículos del Dr. Fernando Trejos Escalante, fundador de ANFE, así como una excelente serie de siete ensayos escrito por el Dr. Jaime Gutiérrez Góngora, Premio a la Libertad de ANFE, en donde hacen un análisis prolijo de acontecimientos del momento, que hoy día tienen vigencia enorme, en especial en cuanto al financiamiento de la Caja.

Por ejemplo, el Dr. Trejos señala –y reseño una cita de una fuente distinta al periódico La Nación en la sección Pensamientos de Liberales de esta edición, que también recoge el espíritu de la opinión expuesta en ese medio- cómo el gran problema que enfrenta el financiamiento de la Caja tiene que ver con la incidencia que tiene sobre el gasto público, en especial en el marco de la concepción tripartita -trabajadores, empresas y estado- como contribuyentes al sistema de seguridad social. (Debe tenerse presente que también el estado participa como patrono de los trabajadores estatales).

Este problema se ha evidenciado durante la última huelga de la Caja. Casi todas las partes involucradas claman por un proceso de saneamiento financiero de la Caja, en el cual es necesario que el Estado costarricense cumpla con el pago de su cuota que, como Estado, adeuda a la Caja. Es más, la presidenta de la República se ufanó en estos días de que se hizo un aporte estatal multimillonario, pero que no cubre ni siquiera la mitad de lo hoy debido. Si bien aliviaría en parte los problemas momentáneos de la Caja, sabemos que no los resuelve ni pagándole todo lo que se le debe a esa entidad. Hay fuerzas institucionales y de operación de la Caja que hacen que, aunque ingresen esos fondos, no se resuelva el problema de la institución, pues no detiene el impulso de un gasto que crece más rápidamente que sus ingresos. Simplemente solventaría las peticiones actuales de mayor gasto.

Esta consideración general me parece que es cierta, pero aún hay varias otras adicionales que deseo profundizar. En primer lugar, el Estado no le entrega dinero en efectivo a la Caja como pago de su deuda, sino que lo hace con bonos del gobierno central que devengan intereses. Esto significa que, en primera instancia, los ciudadanos pagaremos esos intereses por dicha deuda pública y, en segundo lugar, al vencimiento de esos bonos, seremos los ciudadanos (trabajadores y empresas), quienes haremos frente al pago de este principal. Si lo que el gobierno hace, para no pagar estos vencimientos, es pagar con más bonos en una nueva emisión, simplemente ha puesto a andar una movida para ir pateando la bola hacia adelante, pero sabemos que, tarde o temprano, su pago deberá ser enfrentado por todos los costarricenses, principalmente los cotizantes de la Caja.

En segundo lugar, el gobierno de algún lado tiene que obtener los recursos para pagar a la Caja. No es cosa de creer que allí están ociosos y que nada más se trata de pasárselos a la Caja… y listo. No. Los fondo provienen básicamente del sector privado de la economía; esto es, trabajadores y empresas que pagan impuestos, tasas, tarifas, cuotas, etcétera, para allegar fondos al fisco, que lo que el gobierno supuestamente hace es trasladarlos a la Caja. El cuero siempre viene de la misma vaca: el sector privado de la economía –trabajadores y empresarios.
En tercer lugar, en estos día se ha escuchado –no sin un alto grado de razón- la queja de que los políticos han llevado a la Caja a la triste situación en que se encuentra, en mucho por no haber tenido una actitud firme y cuidadosa ante las fuentes de gasto innecesario y abusivo que abunda en la institución, así como de no haber puesto freno a una demanda desproporcionada por los servicios médicos, hospitalarios y de medicinas de la Caja. Incluso se ha mencionado que sólo han servido para colocar “su gente”, políticamente hablando, en vez de cumplir con las obligaciones que demanda la Caja. Lo cierto es que el sistema de gobierno de la Caja, si bien es tripartita –trabajadores, empresarios, estado-, de hecho siempre ha estado presidida por el gobierno (políticos), que en última instancia son quienes han controlado a la institución.

Creo que es el momento para ser francos y honestos con nosotros mismos y de darnos cuenta de que, algunos de quienes piden que el Estado pague lo que debe (como tercera parte), lo que en verdad pretenden es que la institución disponga de más recursos para que se sigan empleando como ellos lo desean, especialmente, más y mejores salarios y mayores privilegios, como lo han evidenciado los hechos recientes. Lo conveniente parece ser olvidarse de estos recursos –que en última instancia de pagarse tendríamos que hacerlo todos los costarricenses cotizantes de la Caja- que así no podrán usarse en financiar el gasto desbocado que hoy se observa. Tengan presente el símil con la droga: entre más se les da (plata), más quieren (plata)… y perdonen mi crudeza, pero creo que es la hora de hablar con toda franqueza.

Mi propuesta es que en la administración de la Caja siga participando el Estado, pero ya no como tercera parte contribuyente, sino como patrono de muchos trabajadores que hoy cotizan para la institución. Su papel dejaría de tener la prominencia que hasta el momento ha tenido y que muchos han considerado –creo que con razón- como la fuente de muchos de los problemas que aquejan a la institución.

La solución al problema del financiamiento de la Caja se orienta hacia quienes efectivamente tendremos que decidir su futuro: los cotizantes, quienes me imagino no estarán dispuestos a que siga el jolgorio observado con los gastos de una institución que se ha burocratizado a extremos sorprendentes (más de 50.000 empleados).

Afortunadamente cada vez se presentan más opciones de salud –lamentablemente sólo para grupos de ingresos medio-altos y altos– y se ha roto en gran parte el monopsonio en la contratación de médicos y otros profesionales que antes tenía la Caja, pero es necesario evolucionar hacia sistemas basados en la competencia y libre contratación dentro de la solidaridad que implican estos regímenes. Tengo fe en que la habilidad de nuestros ciudadanos brindará mejores opciones que las que hoy tenemos.

El Dr. Gutiérrez Góngora escribió siete comentarios hace ya varios años en torno a la situación de la Caja. Ojalá nos refresque a los costarricenses con algunas de sus ideas. Mientras tanto me permito rescatar una de ellas que he apoyado en otros de mis escritos y que pondría algún grado de orden ante el abuso con la consulta externa que enfrenta la Caja. No me refiero tan sólo a quienes acuden a ella sin haber cotizado nunca, sino a que hoy se percibe que la demanda de los servicios de la Caja no tiene costo para quienes los solicitan. Los únicos costos –si bien importantes y hasta elevados en algunos casos– son las largas filas y, sobre todo, citas que se atienden hasta años después de requeridas. En lenguaje cristiano, más de uno va a la Caja por un dolorcito de cabeza o por una uña encarnada o hasta por entretención ante una vida desatendida en sus hogares –ustedes saben de qué estoy hablando. Por ello la demanda de servicios de la Caja ha venido sobrepasando significativamente las posibilidades de oferta de servicios.

El Dr. Gutiérrez, en aquel entonces, y me le uno ahora, al igual que como también lo ha decidido poner en práctica el gobierno italiano en días recientes, ante problemas similares con la Seguridad Social de ese país, propone lo que se conoce como co-pago, mediante el cual el usuario de los servicios de la Caja paga un poco del costo de ese servicio, de forma tal que se desestimula el abuso y sin que se llegue a hacer prohibitiva la consulta. Son ideas prácticas como ésta las que pueden irse adoptando para que el sistema solidario de seguridad social en Costa Rica pueda seguir existiendo razonablemente.

Por Jorge Corrales Quesada

Elisa
15/05/2012, 10:14
2011-07-31-REDEFINIENDO EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CCSS

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COLUMNA LIBRE: REDEFINIENDO EL PAPEL DEL ESTADO EN LA CCSS

Boletín de ANFE, 31 de julio del 2011.

Revisando algunos viejos artículos míos que solía escribir en la página 15 de La Nación, decidí ingresar al sitio de dicho periódico tratando de copiarlos. En mucho me frustró la ausencia de información en torno a los periódicos de algunos años específicos, así como de algunos meses y días, además de que la información disponible no es la más clara posible. Ojalá que se logren preservar tantas cosas importantes que se han reseñado en ese diario, pero obviamente hacerlo es una prerrogativa del periódico, si es que desea conservar para el futuro lo que allí se escribió en el pasado.

Al repasar muchos de esos documentos me di cuenta de la periodicidad con que suceden las huelgas en la Caja, pero también tuve la suerte de encontrarme con artículos del Dr. Fernando Trejos Escalante, fundador de ANFE, así como una excelente serie de siete ensayos escrito por el Dr. Jaime Gutiérrez Góngora, Premio a la Libertad de ANFE, en donde hacen un análisis prolijo de acontecimientos del momento, que hoy día tienen vigencia enorme, en especial en cuanto al financiamiento de la Caja.

Por ejemplo, el Dr. Trejos señala –y reseño una cita de una fuente distinta al periódico La Nación en la sección Pensamientos de Liberales de esta edición, que también recoge el espíritu de la opinión expuesta en ese medio- cómo el gran problema que enfrenta el financiamiento de la Caja tiene que ver con la incidencia que tiene sobre el gasto público, en especial en el marco de la concepción tripartita -trabajadores, empresas y estado- como contribuyentes al sistema de seguridad social. (Debe tenerse presente que también el estado participa como patrono de los trabajadores estatales).
Este problema se ha evidenciado durante la última huelga de la Caja. Casi todas las partes involucradas claman por un proceso de saneamiento financiero de la Caja, en el cual es necesario que el Estado costarricense cumpla con el pago de su cuota que, como Estado, adeuda a la Caja. Es más, la presidenta de la República se ufanó en estos días de que se hizo un aporte estatal multimillonario, pero que no cubre ni siquiera la mitad de lo hoy debido. Si bien aliviaría en parte los problemas momentáneos de la Caja, sabemos que no los resuelve ni pagándole todo lo que se le debe a esa entidad. Hay fuerzas institucionales y de operación de la Caja que hacen que, aunque ingresen esos fondos, no se resuelva el problema de la institución, pues no detiene el impulso de un gasto que crece más rápidamente que sus ingresos.

Simplemente solventaría las peticiones actuales de mayor gasto.

Esta consideración general me parece que es cierta, pero aún hay varias otras adicionales que deseo profundizar. En primer lugar, el Estado no le entrega dinero en efectivo a la Caja como pago de su deuda, sino que lo hace con bonos del gobierno central que devengan intereses. Esto significa que, en primera instancia, los ciudadanos pagaremos esos intereses por dicha deuda pública y, en segundo lugar, al vencimiento de esos bonos, seremos los ciudadanos (trabajadores y empresas), quienes haremos frente al pago de este principal. Si lo que el gobierno hace, para no pagar estos vencimientos, es pagar con más bonos en una nueva emisión, simplemente ha puesto a andar una movida para ir pateando la bola hacia adelante, pero sabemos que, tarde o temprano, su pago deberá ser enfrentado por todos los costarricenses, principalmente los cotizantes de la Caja.

En segundo lugar, el gobierno de algún lado tiene que obtener los recursos para pagar a la Caja. No es cosa de creer que allí están ociosos y que nada más se trata de pasárselos a la Caja… y listo. No. Los fondo provienen básicamente del sector privado de la economía; esto es, trabajadores y empresas que pagan impuestos, tasas, tarifas, cuotas, etcétera, para allegar fondos al fisco, que lo que el gobierno supuestamente hace es trasladarlos a la Caja. El cuero siempre viene de la misma vaca: el sector privado de la economía –trabajadores y empresarios.

En tercer lugar, en estos día se ha escuchado –no sin un alto grado de razón- la queja de que los políticos han llevado a la Caja a la triste situación en que se encuentra, en mucho por no haber tenido una actitud firme y cuidadosa ante las fuentes de gasto innecesario y abusivo que abunda en la institución, así como de no haber puesto freno a una demanda desproporcionada por los servicios médicos, hospitalarios y de medicinas de la Caja. Incluso se ha mencionado que sólo han servido para colocar “su gente”, políticamente hablando, en vez de cumplir con las obligaciones que demanda la Caja. Lo cierto es que el sistema de gobierno de la Caja, si bien es tripartita –trabajadores, empresarios, estado-, de hecho siempre ha estado presidida por el gobierno (políticos), que en última instancia son quienes han controlado a la institución.

Creo que es el momento para ser francos y honestos con nosotros mismos y de darnos cuenta de que, algunos de quienes piden que el Estado pague lo que debe (como tercera parte), lo que en verdad pretenden es que la institución disponga de más recursos para que se sigan empleando como ellos lo desean, especialmente, más y mejores salarios y mayores privilegios, como lo han evidenciado los hechos recientes. Lo conveniente parece ser olvidarse de estos recursos –que en última instancia de pagarse tendríamos que hacerlo todos los costarricenses cotizantes de la Caja- que así no podrán usarse en financiar el gasto desbocado que hoy se observa. Tengan presente el símil con la droga: entre más se les da (plata), más quieren (plata)… y perdonen mi crudeza, pero creo que es la hora de hablar con toda franqueza.

Mi propuesta es que en la administración de la Caja siga participando el Estado, pero ya no como tercera parte contribuyente, sino como patrono de muchos trabajadores que hoy cotizan para la institución. Su papel dejaría de tener la prominencia que hasta el momento ha tenido y que muchos han considerado –creo que con razón- como la fuente de muchos de los problemas que aquejan a la institución.

La solución al problema del financiamiento de la Caja se orienta hacia quienes efectivamente tendremos que decidir su futuro: los cotizantes, quienes me imagino no estarán dispuestos a que siga el jolgorio observado con los gastos de una institución que se ha burocratizado a extremos sorprendentes (más de 50.000 empleados).

Afortunadamente cada vez se presentan más opciones de salud –lamentablemente sólo para grupos de ingresos medio-altos y altos– y se ha roto en gran parte el monopsonio en la contratación de médicos y otros profesionales que antes tenía la Caja, pero es necesario evolucionar hacia sistemas basados en la competencia y libre contratación dentro de la solidaridad que implican estos regímenes. Tengo fe en que la habilidad de nuestros ciudadanos brindará mejores opciones que las que hoy tenemos.

El Dr. Gutiérrez Góngora escribió siete comentarios hace ya varios años en torno a la situación de la Caja. Ojalá nos refresque a los costarricenses con algunas de sus ideas. Mientras tanto me permito rescatar una de ellas que he apoyado en otros de mis escritos y que pondría algún grado de orden ante el abuso con la consulta externa que enfrenta la Caja. No me refiero tan sólo a quienes acuden a ella sin haber cotizado nunca, sino a que hoy se percibe que la demanda de los servicios de la Caja no tiene costo para quienes los solicitan. Los únicos costos –si bien importantes y hasta elevados en algunos casos– son las largas filas y, sobre todo, citas que se atienden hasta años después de requeridas. En lenguaje cristiano, más de uno va a la Caja por un dolorcito de cabeza o por una uña encarnada o hasta por entretención ante una vida desatendida en sus hogares –ustedes saben de qué estoy hablando. Por ello la demanda de servicios de la Caja ha venido sobrepasando significativamente las posibilidades de oferta de servicios.

El Dr. Gutiérrez, en aquel entonces, y me le uno ahora, al igual que como también lo ha decidido poner en práctica el gobierno italiano en días recientes, ante problemas similares con la Seguridad Social de ese país, propone lo que se conoce como co-pago, mediante el cual el usuario de los servicios de la Caja paga un poco del costo de ese servicio, de forma tal que se desestimula el abuso y sin que se llegue a hacer prohibitiva la consulta. Son ideas prácticas como ésta las que pueden irse adoptando para que el sistema solidario de seguridad social en Costa Rica pueda seguir existiendo razonablemente.

Por Jorge Corrales Quesada

Elisa
15/05/2012, 10:15
2011-08-31-QUE LOS RICOS DONEN AL ESTADO

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COLUMNA LIBRE: QUE LOS RICOS DONEN AL ESTADO

Boletín de ANFE, 31 de agosto del 2011.

Hace pocos días una alta funcionaria del gobierno, no de la primera división, como sería la Presidenta y las Ministras, sino un poco más abajo, sugirió que, tal como se había propuesto en Francia por algunos ricos, ellos donaran al Estado fondos voluntariamente o mediante la aprobación de mayores tributos que ellos pagarían, para que pudiera enfrentar su déficit tan alto que dañaba a la economía. Ciertamente, lo que la funcionaria en verdad abogaba era para que le dieran más plata a su institución y poder así gastar más en sus objetivos, cualesquiera que fueran, pero el mensaje fue claro: Ricos donen plata al Estado para cubrir su déficit.

No hay razón alguna para oponerse a que un rico decida donar dinero al Estado, pues es su dinero y por tanto puede hacer con él lo que le dé la gana. Como en los Estados Unido sí se miden las cosas, a diferencia de aquí por razones obvias, tengo algunos datos que muestran algo muy interesante cual es la forma en que los ciudadanos de ese país ejercen la caridad (lo que aquella funcionaria de gobierno pedía a los ricos era que actuaran donando al gobierno como si fuera el ejercicio de la caridad).

Mientras que los ciudadanos de ese país donaron más de $300.000 millones al año ($300 billones en inglés) a organizaciones privadas dedicadas a la caridad y dedican más de 8.000 millones de horas (8 billones en aquel país) a actividades de caridad que se pueden valorar en $158.000 millones, a su vez donaron sólo $3.1 millones de dólares el año pasado al gobierno federal para que con ello redujera su deuda.

De lo anterior se deduce que es posible hacer donaciones al gobierno de los Estados Unidos, tal como propone esa funcionaria que los ricos hagan aquí y lo cual es factible legalmente, pero es obvio que, al poder escoger entre ejercitar la caridad por medios privados y la caridad a través del Estado, los contribuyentes de manera abrumadora escogieron por alguna razón muy poderosa que fácilmente nos podemos imaginar, hacerlo por medio de la primera. La gente prefiere gastar en sus cosas privadas, parte de lo cual es el ejercicio de la caridad, en vez de que lo gaste el Estado, aunque sea un acto tan caritativo como es ayudar directamente a reducir el déficit.

De aquí que pienso que si a las personas ricas de Costa Rica se les invitara donar fondos al gobierno, para que financie voluntariamente o por la vía de un aumento en los impuestos que ellas misma pedirían, el gasto público de toda la burocracia pudiendo optativamente donarlo a instituciones de caridad privada, lo más posible es que escoja la segunda opción y no llenar al arcas de un Estado de por sí gastador de cuanto colón le ingresa.
Esta misma explicación es la que deduzco cuanto me he encontrado en algunos debates con cierta gente quienes de inmediato piden aumentos en los impuestos para financiar el gasto público excesivo y así reducir su déficit, al preguntarles, ¿por qué no donan voluntariamente parte de sus ingresos propios para financiar ese gasto, si nada le impide hacerlo? Se callan de inmediato, porque saben que lo que en verdad desean es forzar a otras personas a que le den más recursos al Estado, aunque ellos mismos serán parte de quienes deberán entregarle más fondos al fisco. O sea, se trata de obligar a terceros, no de obligarse a sí mismos. Si tienen tanto interés en que se reduzca el déficit, ¿por qué ellos voluntariamente no le entregan parte de sus recursos al Estado?

A esa funcionaria, creo que del PANI y discúlpenme si me equivoco, pero me parece que fue en un programa radial en que tuvo que dar cuentas por un gasto inútil, le voy a hacer la misma propuesta que públicamente le he hecho a esta administración: Que rebajen en un 10% el salario a todos los altos cargos nombrados en toda la administración pública, con lo cual lo que se libere de fondos se usaría para reducir el déficit y se darían un ejemplo de sacrificio. Los burócratas piden a los ricos que voluntariamente se sacrifiquen. Pues yo les pido algo similar a los burócratas, tal como se logró en España y creo que también en Inglaterra, como parte de la solución al excesivo gasto público que hay en esos países. Es más, como los ricos suelen ser “malos”, mientras que los burócratas, dicen, son “altruistas”, es de esperar que sea más fácil lograr el sacrificio de estos últimos que de los primeros.

Ha sido noticia que el señor Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, ha dicho que los ricos de su país deberían de pagar más impuestos. Bueno, él no tiene que esperar que esos ricos hagan lo que él puede hacer y decidir por sí mismo, mediante una donación al fisco estadounidense de lo que le sobra de ingresos más allá de los impuestos que hoy tiene que pagar. Pero el señor Buffett es un buen hombre interesado en el bienestar ajeno y ¿saben que ha hecho con su plata?, no donarla al Estado, sino a entidades privadas que se dedican a la caridad. Este señor, uno de los hombres más ricos del mundo, decidió legar su riqueza a la caridad privada hace ya varios años y escogió hacer eso en vez de dárselo al fisco, tal como quiere la funcionaria tica y alguien en Francia quien inspiró su sugerencia.

Pero, además, en los Estados Unidos el tratamiento tributario a la caridad es muy favorable desde el punto de evitar el pago de impuestos a quienes practiquen ese tipo de donaciones, por lo que, me imagino, si los gravámenes no fueran tan altos, posiblemente mucho más iría a dar a caridades privadas.

Para concluir, mejor que esa funcionaria piense en donar parte de sus altos ingresos a la caridad, ya sea privada, mi preferida, o pública. Piense en lo que ella puede lograr, en vez de pedir a los demás que hagan por ella, lo que ella puede hacer por misma.

Elisa
15/05/2012, 10:16
2011-09-30-ALGUNAS PREGUNTAS (POCAS) EN TORNO A LOS NUEVOS IMPUESTOS

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COLUMNA LIBRE: ALGUNAS PREGUNTAS (POCAS) EN TORNO A LOS NUEVOS IMPUESTOS

Por Carlos Federico Smith

Son tantas las preguntas que se podrían formular en torno al sainete de los nuevos y mayores impuestos, que se está fraguando en contra de los ciudadanos, que me debo limitar en mi repertorio y tan sólo hacer algunas pocas, antecedidas por un breve comentario.

Más o menos en promedio cada tres años y medio durante los últimos cuarenta años, el Poder Ejecutivo ha presentado a la aprobación de la Asamblea Legislativa un paquete tributario, con el propósito fundamental de cubrir un exceso de gasto público por encima de los ingresos tributarios. Es decir, según el gobierno de turno, se pone el nuevo paquete tributario para eliminar el déficit del sector público.

PREGUNTA 1:
¿Por qué si en cada una de esas múltiples ocasiones en que se ha pedido la aprobación de un paquete tributario para eliminar el déficit, poco tiempo después, aunque se aprueben los mayores impuestos, resurge ese déficit?

Resulta que los gobiernos de turno obtienen la aprobación de nuevos y mayores impuestos, pero luego los usan en financiar el gasto estatal, provocando que surjan de nuevo los déficit que se prometió eliminar. Simplemente lo que los gobiernos hacen, y éste no tiene por qué ser diferente, es financiar mayor gasto con los nuevos impuestos recién aprobados.


PREGUNTA 2:
¿Por qué el gobierno no ahorra los nuevos ingresos que percibe, en vez de dedicarlos a financiar un gasto adicional nuevo y mayor?
Los políticos son los que siempre prometen resolver el problema fiscal de una vez por todas, si se les aprueban los nuevos impuestos, pero siempre lo han incumplido. Como, por ejemplo, no cumplieron lo prometido en 1988, cuando el presidente Arias dijo que en su administración no se aprobarían más impuestos, para poco tiempo después lograr que la Asamblea Legislativa de ese entonces, pasara un enorme incremento en los gravámenes. Ahora, en La Nación del viernes 30 de setiembre aparecen las siguientes palabras de doña Laura Chinchilla: “Espero que el plan (tributario) se discuta y se vote con respeto y disciplina, según lo que se negoció con el PAC (se refiere al pacto que hizo con Ottón Solís para la aprobación del paquete tributario). La palabra en la política cuenta muchísimo y nosotros dimos la palabra… aquí lo que va a imperar es la palabra dada”.

PREGUNTA 3:
¿Por qué en un debate por televisión entre los candidatos a la presidencia de la República, poco antes de las elecciones en que fue electa, doña Laura prometió que no pondría nuevos impuestos? ¿Será que acaso no empeñó su palabra para ser cumplida de que no tendríamos nuevas cargas tributarias?
Es que los políticos son muy buenos ofreciendo de todo, con tal de que les aprueben los impuestos. Al menos en esta ocasión los firmantes del PACto, doña Laura y don Ottón, nunca dijeron que estaban dispuestos al diálogo y la consulta con los ciudadanos a fin de definir un paquete tributario, acerca del cual los costarricenses hubiéramos tenido algo que decir al respecto.

PREGUNTA 4:
¿Acaso los firmantes del PACto tributario han acordado que ya no es necesario abrir la oportunidad a la ciudadanía para que se manifieste en favor o en contra del nuevo paquete de impuestos? ¿Es que acaso ya no es necesario un diálogo siquiera en la Asamblea Legislativa, por lo cual se ha aprobado, como parte del PACto, la llamada vía rápida, que limita fuertemente la discusión legislativa de algo tan complejo y tan dañino a los bolsillos de las familias?

Siempre he entendido que el tema de los impuestos es un asunto de discusión álgida, sensible, puesto que su nombre lo dice: “impuesto”; o sea que se pone por el Estado y basta, aunque no le guste al ciudadano. Es más, se imponen por la fuerza de la política, más que por el deseo de los gobernados y como el político gobernante es el principal beneficiado de tener la plata que pagan todos los gobernados para poder gastarla, trata de ejercer la fuerza, la coacción. Por esta razón, en los países civilizados siempre se estimula que haya una participación y discusión muy amplia entre los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la carga de impuestos que deseen tener en sus países. El mejor ejemplo es Suiza, en donde los votantes deciden directamente y sin políticos que sirvan de intermediarios, cuáles y cuántos impuestos se “imponen” sobre sus ciudadanos.

PREGUNTA 5:
¿Están dispuestos los políticos actuales a que los ciudadanos, que es en donde reside la soberanía y que somos quienes nombran a esos políticos con sus votos como sus administradores o gobernantes, decidan libre y soberanamente, mediante un plebiscito convocado únicamente con ese propósito, cuáles deben ser los impuestos que se fijen en el país?

Antes del PACto de referencia, el Ministro de Hacienda, debe reconocérsele, había hecho esfuerzos para reducir el gasto gubernamental, cuyo exceso es la causa de los déficit. Si bien es cierto que fue muy poco lo que logró, al menos públicamente había hecho el intento y pidió una reducción significativa a la gastadera de las llamadas instituciones descentralizadas. También allí fracasó, pues sólo unas pocas de esas entidades habían aceptado su pedido para reducir los gastos y tanto sólo en una proporción que, si acaso, llegaba al 30 % de la reducción que don Fernando Herrero les había pedido.

PREGUNTA 6:
¿Dado el PACto Chinchilla-Solís para aumentar los impuestos, ya no se va reducir el gasto público de esos entes descentralizados, que son una de las más significativas fuentes del déficit gubernamental? ¿Se habrá sentido liberado el gobierno de la presión para reducir el gasto público con la aprobación garantizada de recursos, producto del acuerdo Chinchilla-Solís para clavarnos más gravámenes?
Costa Rica se ha caracterizado por la relativamente baja formación doméstica de ahorros. Los ahorros son cruciales para que un país pueda invertir y con ello lograr un mayor crecimiento económico. El ahorro de las personas es simplemente la abstención de la gente por consumir los ingresos que percibe. El interés que percibe el ahorrante es el precio por su ahorro. El nuevo paquete tributario producto del PACto incluye un gravamen mayor sobre todos los intereses que perciben los ciudadanos. Hay así un estímulo para que la gente no ahorre tanto y más bien tienda a aumentar su consumo. Se acuerdan del problema del “consumismo” del tico que tanto critican algunos; pues ahora va a ser mayor. Pero también ese mayor impuesto va causar un menor crecimiento de la economía, con todo el problema que implica de una menor generación de empleo.

Igualmente preocupante es que este castigo al ahorro va a dificultar las cosas principalmente para la gente a que apenas empieza a ser productiva y ahorra parte de sus ingresos para poder adquirir su lotecito o mejorar la casa en que viven o bien poder construir una en donde formar su propio hogar, o también para poder comprarse su primer carrito. Pues se les va a hacer más difícil lograrlo, porque ahora tendrá que pagar un buen impuesto al Estado que sólo busca su dinero.

PREGUNTA 7:
¿Es que acaso este gobierno con el apoyo del PACto para poner mayores impuestos, está decidido a disminuir aún más el ahorro de los nacionales, alentar el consumo y afectar principalmente a la gente joven, que apenas empieza a labrarse un camino en la vida y para ello hacen un enorme esfuerzo, ahorrando lo que pueden de sus ingresos para obtener intereses y ayudarse para poder adquirir ciertas cosas deseables en la vida?

La situación mundial es bastante complicada. Casualmente lo decía un día de estos en La Nación don Eduardo Lizano, quien nos hablaba de nubarrones en el horizonte. Ya hemos vivido desde finales del 2008 los efectos de la crisis mundial, que se ha traducido en graves dificultades económicas tanto para las empresas como para todos los ciudadanos. Incluso algunos de los partidarios del gasto público excesivo se sienten orgullos de llamarse “Keynesianos”, en honor al apellido del economista inglés John Maynard Keynes, quien en los años treinta propuso soluciones para contrarrestar la Gran Depresión de aquel entonces. Para aquella época Keynes, al igual que hoy sus seguidores keynesianos, hablan de la insuficiencia de la demanda agregada que caracteriza a la recesión, como ésta de la cual aún no salimos, y proponen diversas soluciones para recuperar el crecimiento de las economías. Las han puesto en práctica y no han tenido éxito: el mejor ejemplo son los Estados Unidos, en donde todos los esfuerzos por aumentar la demanda agregada (tasas de interés bajísimas, gasto público desaforado, déficit del sector público inimaginables) no han podido lograr que ese país salga de la recesión.

Bueno en Costa Rica, este gobierno y sus aliados del PACto quieren hacer las cosas totalmente al revés de lo que propuso Keynes. Este aseveró que en una recesión, como la actual, a fin de aumentar la demanda agregada deberían de reducirse los impuestos, pero aquí, en medio de la recesión, más bien el gobierno pretende aumentarlos.

PREGUNTA 8:
¿Dado que este gobierno y su aliado del PACto están dispuestos a revisar la teoría económica anti-cíclica, aumentado los impuestos en medio de la recesión, están dispuestos a asumir la responsabilidad por el costo de los daños que van a ocasionar en esta economía hoy en problemas, al aumentar con su paquetazo de impuestos una incertidumbre totalmente inconveniente, provocar un descenso en los rendimientos de la inversión y del ahorro, estimular la desocupación, afectar el crecimiento de la economía y que se reduzcan los ingresos reales de las familias, sin poder justificarse echándole los muertos a la situación económica mundial, por ser la cosecha de sus propias acciones?

Mejor no sigo haciendo preguntas, por ahora. Además lo único que tienen en mente los del PACto es ver cómo les sacan la plata de los bolsillos a los ciudadanos, para poder ellos seguirla gastando en nuestro nombre.

Elisa
15/05/2012, 10:17
2011-10-31-LAS COLABORACIONES EN EL BOLE´TÍN DE ANFE

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COLUMNA LIBRE: LAS COLABORACIONES EN EL BOLETÍN DE ANFE

Boletín de ANFE, 31 de octubre del 2011.

En momentos en que se discute en la Asamblea Legislativa una nueva arremetida tributaria contra los ciudadanos, tal vez mi tiempo y mi mente deberían estar dedicados a referirme al paquetazo que se nos quiere imponer, en vez de hacerlo sobre el tema del encabezado. Sin embargo, tal vez por el cariño que por tanto tiempo he mantenido por este Boletín de ANFE, me mueve a dedicarle esta columna a la política de colaboraciones en nuestras ediciones.

Hago esto en atención de una fina sugerencia que recibimos en ANFE y que transcribo por su interés:

“Muy estimado don Jorge:

Le agradezco mucho el envío regular del importante boletín de la Asociación Nacional de Fomento Económico, el cual contiene importantes planteamientos sobre diversos temas económicos y sociales. Espero continuar recibiéndolo.

Ahora deseo expresarle una observación puntual. Me parece que el boletín debe diversificar aún más el número de columnistas, veo que en un mismo número se repiten muchas veces los nombres de los autores, y que en el transcurso del tiempo casi siempre son las mismas personas las que escriben. Este hecho, por supuesto, limita la influencia de los textos y, sobre todo, restringe el público meta. Mi sugerencia, en definitiva, es diversificar bastante la cantidad de posibles autores, y también los espacios de expresión textual (estructura formal del Boletín).

Un placer comunicarme con usted, y muchas gracias por su atención. Espero que este comentario sea positivo y constructivo para la relevante labor intelectual que usted realiza.

Saludos cordiales
Fernando Araya”

De inmediato respondí lo siguiente:
“Estimado don Luis Fernando:

Nada me haría más feliz que disponer de las colaboraciones de otros pensadores acerca del orden liberal que pudiera incluir en el Boletín. A veces tengo casi que rogar a otras personas para que contribuyan. Personalmente, en mi caso particular, trato por este medio de incluir las que también aporto a ASOJOD, a fin de lograr una mayor audiencia a la cual diseminar ideas. Aprovecho para invitarlo si usted podría colaborar enviándome artículos dentro del área de nuestro interés, que con sumo gusto los incluiría.

Y muchas gracias por su sugerencia tan oportuna.

Con el aprecio de
Jorge Corrales Quesada”

Con ello creo expresar la posición de este editor del boletín en cuanto a las colaboraciones que en él se publican. En realidad está abierto a quien desee publicar en él opiniones que contribuyan a la diseminación de la idea de la libertad. El que sean unas cuantas personas las que repetitivamente suelen colaborar en él, más bien me permite manifestarles mi agradecimiento personal por su valiosa labor, de la cual soy consciente de que tan sólo ha significado un sacrificio pecuniario, una dedicación de un tiempo escaso y de valor, y muy posiblemente distrayendo al colaborador de poder hacer cosas tal vez más valiosas. A ellos sólo los ha movido el amor por el ideario de la libertad y eso merece ser reconocido. En lo personal he escrito 55 columnas (esta es la 56) en igual número de ediciones del Boletín y en ellos he transcrito en cada edición de los últimos meses, al menos 4 de mis comentarios semanales en el sitio de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo (ASOJOD); asjodcr.blogspot.com . Con sumo gusto y en ejercicio de mis creencias es que lo he hecho y me imagino que así sucede con colaboradores regulares y frecuentes del boletín como don Federico Malavassi, don Luis Loría, don Oscar Alvarez, don Alejandro Barrantes, entre otros quienes regularmente han estado dispuestos a colaborar con este esfuerzo y otros que ruego me disculpen por no mencionar sus nombres. Ojalá pudiéramos contar con un mayor número de colaboradores quienes con mayor frecuencia estén dispuestos a hacerlo. De aquí mi invitación a don Fernando Araya para que nos envíe sus colaboraciones bienvenidas.

Es porque creemos que la libertad bien vale ser defendida, que contribuimos con este Boletín, tarea en la cual esperamos también contar con la colaboración del amigo lector.

Muchas gracias.

Jorge Corrales Quesada

Editor del Boletín de ANFE

Elisa
15/05/2012, 10:18
2011-11-31-LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

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COLUMNA LIBRE: LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

Boletín de ANFE, 31 de octubre del 2011.

Hace ya varios años, concretamente en enero de 1988, escribí una columna con este mismo título y, como las cosas siguen hoy igual que siempre, tal vez de nuevo sea oportuno escribir algo al respecto.

Ciertas de las razones para mi sugerencia de aquel entonces, en cuanto a organizar la Asociación Nacional de Contribuyentes, siguen vigentes, como, por ejemplo, que en apariencia tan sólo cuando los grupos se organizan para presionar al gobierno, es posible lograr lo que las personas consideran deseable. Esto es, para desmayo de mis amigos Aynrandianos, hay muy pocas posibilidades de que un individuo sólo, por más razonable que sea su propuesta, por más inteligente que sea su alegato, logre convencer al Leviatán de que eche para atrás en ciertas decisiones. La organización para formar grupos de presión parece ser la única alternativa que permite una sociedad democrática como la nuestra, para que la persona pueda obtener un resultado positivo frente a un acto supuestamente dañino de parte del Estado. Esto es, tan sólo cuando se le golpea en la mesa, el Estado es capaz de reconocer que hay algo de malo en sus decisiones y que, por tanto, debe recular. No digo esto en la hora, en el momento actual, de los motociclistas, ni de los anestesiólogos, ni de los protestantes contra la apertura de la carretera a Villa Colón, ni como tantos otros que sólo así han podido lograr sus objetivos, sino para enfatizar en el hecho de que se han tenido que organizar para luchar por lo que consideran deseable, pues no tienen otra opción que actuar de esa manera

Lo que ha estado pasando con el actual paquete de impuestos, al igual que sucedió con otro paquetazo en aquella ocasión, esa vez con el alza tributaria de rigor de la primera administración Arias Sánchez, con el apoyo de su entonces Ministro de Planificación (ya saben quién), es lo que me impulsa para insistir en la necesidad de que los contribuyentes se organicen como grupo activo, en cuanto a posicionarse frente a la política tributaria que suelen proponer los políticos de turno, que casi siempre significa tan sólo más y más impuestos para quien de todas manera es el que ya paga.

Esto me lleva al segundo argumento para crear dicha asociación. Si una persona, algún individuo, se atreve a oponerse a un paquete de impuestos usando los medios que la ley y la libertad le permiten, suele terminar por atraer la mirada del cobrador de tributos, ya pueden ustedes imaginarse para qué. Así entiende uno por qué un empresario individualmente prefiere mejor callar, antes de que lo pongan en la lista -de cualquier color que sea- en la cual aparecen los enemigos del paquete. Y ya sabe el amigo lector que esas “visitas” no sacan pelo sin sangre; en otras palabras, caen para sacar plata y buscarán todos los medios posibles para lograrlo. Esto muy posiblemente provoque temor, el cual hace que esas personas prefieran no actuar.

Una asociación amplia y libremente constituida, como es la idea de la Asociación Nacional de Contribuyentes, puede constituirse en una voz más -y posiblemente más fuerte- de quienes prefieren la tranquilidad antes que pelear directamente por lo que consideran justo y deseable. En especial si la dirigencia de esa Asociación la constituyen personas preparadas, capacitadas, entrenadas, conocedoras, estudiadas, de los asuntos tributarios y fiscales en general, así como legales, que sean quienes den la cara en estos temas, lo que permite asegurar cierto grado de protección deseable frente el visitador de impuestos y, sobre todo, para que las personas que la apoyan no tengan reparos de que los “jodan” por opinar directamente.

Por ello, reproduzco el artículo de aquel entonces, con la advertencia de que está escrito para ciertas circunstancias de aquella época, si bien, como verán, siguen siendo parecidas a las de hoy. Es cierto que han variado en cuanto a personajes y actores, pero lo que sucede en la actualidad sigue siendo lo mismo de aquellos años atrás.

“ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

Evidentemente que el trabajo doctoral de don Oscar Arias sobre los grupos de presión en Costa Rica, unido a recientes acontecimientos sucedidos en nuestro país, deben servir de inspiración para que los ciudadanos aprendan cómo defender sus derechos y sus haberes.

Se puede observar cómo, a través de los años, los gobiernos social-estatistas negocian sus asuntos casi exclusivamente con los grupos organizados del país; esto es, cuando se dan políticas gubernamentales que afectan a algún grupo particular o concreto, negocian, precisa y únicamente, con esas organizaciones o asociaciones molestas. En esto la experiencia de don Oscar Arias es muy amplia y él lo analiza extensamente y con propiedad en su libro Grupos de Presión en Costa Rica. Pero tal vez mucha mayor es la experiencia de los costarricenses en estos asuntos y, si no la tienen, pues veamos algunos casos recientes.

Los oreros lograron una compensación del Estado costarricense por el desalojo de que fueron objeto en el Parque Nacional de Corcovado, gracias a que se organizaron en un grupo de presión que mantuvo en vilo a la ciudadanía que circulaba por el Parque Central, el Parque Nacional, la Asamblea Legislativa o la Catedral de San José. La organización y la presión funcionaron.

Los taxistas lograron que se les adecuara el pago del impuesto al ruedo ̶ cosa que ni usted ni yo solos podemos hacer ̶ y que se les exonerara del impuesto por la transacción del vehículo exonerado ̶ igualitico que los diputados, sí señores ̶ gracias a que están organizados y se apropiaron de una parte de la ciudad de San José, a vista y paciencia de quienes aseguraron hacer respetar la Constitución, la cual garantiza el libre movimiento de la ciudadanía en el país. (Conozco el caso de una persona quien por dos días casi no pudo salir de su casa a comprar la comedera, pues le era imposible movilizarse, debido a la toma del Ministerio de Hacienda que hicieron los taxistas). En todo caso, la organización y la presión les funcionaron a los taxistas.
Cuando escribo esto los costarricenses estamos sin carne, puesto que un grupo amplio de ganaderos insiste, entre otras cosas, en que se les garantice el crédito suficiente y subsidiado, preferiblemente, y que se les readecúen sin problemas las deudas que tienen con los bancos estatales. Estoy seguro de que tendrán éxito en su paro, pues el gobierno siempre accede ante quien se le planta. Los lectores verán cómo la organización y la presión traerán el éxito para los ganaderos.

Si ya los costarricenses hemos sobrepasado el límite en el pago de impuestos ̶ ¿se acuerdan cuando don Luis Alberto Monge, al poner una fuerte carga de gravámenes al país, dijo que con el paquete de ese entonces los costarricenses llegaban al límite de su carga tributaria? ̶ no les queda otro camino, a fin de poner un freno efectivo a los políticos, que organizarse y ejercer la presión que de ello se deriva. Yo propongo que esa organización se llame la Asociación Nacional de Contribuyentes (A. N. C.). Y con toda honestidad les digo que no soy yo quien quiere crearla, pues no sólo no tengo los recursos financieros para hacerlo, sino que tampoco soy un experto en gestar organizaciones, cuando sé que hay personas muy capacitadas en ello. En todo caso, sin duda alguna, se debe colaborar con quién o quiénes decidan llevar a cabo esta tarea de organización tan importante y necesaria.

Hay varios aspectos que esa organización debe tener muy presente. En primer lugar, no debe convertirse en vocero de un grupo concreto de contribuyentes, el cual pretenda una reducción de sus impuestos a cambio de que se les aumente a otras personas o grupos. El éxito que en los Estados Unidos tuvieron Howard Jarvis y Paul Gann en 1978, cuando lograron que la ciudadanía de California votara una fuerte reducción en los impuestos a la propiedad, se debe a que no se ligó tal reducción de los gravámenes con un aumento en los tributos a otras personas, Simplemente se disminuyeron los gravámenes y que la burocracia estatal, para compensar las pérdidas en sus ingresos, mejorara la eficiencia con que se trabajaba o bien que se redujera el gasto público.

En segundo lugar, es muy importante que la Asociación siempre esté bien informada. Actualmente es bien poco lo que saben los ciudadanos y el mismo Estado acerca de la Finanzas Públicas. Las estadísticas fiscales del Ministerio de Hacienda andan bien atrasadas y hasta una publicación anual que anteriormente se llevaba allí, en la cual se detallaba la información relevante sobre el pago del impuesto a la renta, se dejó de publicar hace cierto tiempo.

En tercer lugar, la Asociación deberá estar muy vigilante de lo que sucede en la Asamblea Legislativa. De esta manera no sólo se puede hacer una labor de cabildeo permanente, para evitar aumentos en los gravámenes cada vez que se le ocurra así hacerlo a cualquier diputado y que muchas veces se hace de manera disfrazada dentro de alguna buena ley, sino que, también, se pueden evitar barbaridades ̶ por así llamarla ̶ como lo es la reciente exoneración que los propios diputados se otorgaron, al mismo tiempo que se ponían fuertes impuestos a todos los demás costarricenses.
En cuarto lugar, muchas veces ciudadanos específicos no pelean contra el aumento en los impuestos, porque temen alguna acción del Estado contra ellos; ya sea porque la deben o porque la escamotean o por cualquier otra razón, ante lo cual deciden actuar de manera sumamente pasiva. Al crearse esta Asociación, surge una entidad con personería tal que pueda actuar con menor temor y, por lo tanto, estará en mayor capacidad de introducir los cambios que se consideren deseables en los asuntos tributarios.

Al observar cómo la organización y la presión parecen ser las únicas armas con las cuales el costarricense puede detener el abuso de los gobernantes, no me queda más alternativa que pedir a la ciudadanía que colabore, de cualquier forma posible, para que vea la luz la Asociación Nacional de Contribuyentes.”

Podrán pasar los años, pero las cosas parecen cambiar y para eso están ahí las ideas, con la esperanza de que puedan ayudar a resolver la cochinada en que estamos hoy envueltos.